Crónica de un suicidio anunciado

Al unirse a la izquierda para apoyar ciertos artículos que limitan el poder de los sindicatos charros, los senadores panistas estaban actuando conforme al ideario histórico del partido. 
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El PAN y la Reforma Laboral

En “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, Marx describió una situación paradójica: después de haberse esforzado en desplazar del poder al resto de las clases sociales, durante los tumultuosos años que mediaron entre la Revolución de 1848 y el golpe estado bonapartista de 1951, la burguesía financiera e industrial francesa debió renunciar a su poder político a fin de garantizar la consecución de sus intereses económicos, y se rindió incondicionalmente ante el avasallador avance del futuro emperador Napoleón III. Resumiendo muy apretadamente el relato histórico, se recordará que la obra reseña cómo durante los primeros años de la Segunda República francesa, establecida tras la Revolución de Febrero de 1848, los enfrentamientos entre el Parlamento y el presidente Luis Bonaparte, así como entre facciones parlamentarias, llegaron a tal punto de algidez que las élites económicas desautorizaron a sus representantes del Partido del Orden para permitirle al segundo de los Bonaparte restablecer la paz a punta de latigazos y garantizar la buena marcha de los negocios.  

En El 18 Brumario, Marx esbozó su teoría de la distinción entre la forma externa y el contenido “real” de la acción política, la cual conlleva la hipótesis de la relativa autonomía de lo político con relación a los intereses económicos de clase. Dicho de otra forma, contrario a las visiones reduccionistas de la vulgata marxista que ven una expresión automática del interés “objetivo” de clase en cada acción política, Marx percibió desde el principio que existe una brecha entre la acción centrada en el control de las instituciones del Estado, por un lado, y la reproducción de las condiciones materiales para la dominación de clase, por el otro. Bajo ciertas condiciones, el mantenimiento del poder político a toda costa socava directamente la consecución de los intereses económicos de la clase en el poder, por lo que ésta prefiere replegarse a la esfera económica. Sucede entonces que los representantes políticos de la clase dominante se quedan colgados de la brocha, sin piso firme ni nada en qué apoyarse, flotando a la deriva en la corriente inercial de la lucha política, hasta que se consumen en el ostracismo y la irrelevancia, como le sucedió al formidable tribuno republicano y villano favorito de Marx, Adolphe Thiers, durante la primera década del Segundo Imperio francés.

Todo esto viene a colación porque me parece que la actuación del Partido Acción Nacional en el proceso de aprobación de la reforma laboral recuerda en gran medida este modelo teórico de la relación disfuncional entre la defensa de los intereses económicos y la defensa del poder político. Después de doce años de chantajes priístas, promesas traicionadas, torpes negociaciones y parálisis legislativa, la dirigencia del PAN debió enfrentarse a la inocultable realidad: jamás lograría la aprobación de ninguna de las reformas económicas de fondo que se propuso impulsar desde el triunfo de Fox mientras mantuviera el control del Poder Ejecutivo. Así de simple. Recordemos cómo en noviembre de 2002, cuando el equipo de la Secretaría del Trabajo tenía ya instalados los reflectores para presentar el llamado “Proyecto Abascal” como iniciativa conjunta del Congreso del Trabajo y el Consejo Coordinador Empresarial, en una llamada de último minuto el finado cetemista Leonardo Rodríguez Alcaine le exigió al secretario Carlos Abascal el retiro de todos los puntos relativos a la transparencia sindical bajo la amenaza de retirarse de la presentación y dejar al gobierno con la mesa puesta. Abascal cedió al chantaje y ni así logró la aprobación de la iniciativa en el Congreso.[1]

La situación no fue diferente en los diez años transcurridos desde entonces; mientras el PAN fue una fuerza política competitiva y trenzada en una lucha feroz con López Obrador y  la izquierda, el PRI implementó la estrategia doble de legitimar al gobierno en los conflictos postelectorales para luego maniatarlo en el Congreso. Como resultado, las administraciones panistas estuvieron marcadas por una aguda debilidad presidencial y una gestión de los asuntos públicos concentrada en el día al día, sin lograr implementar las reformas de largo alcance que el partido les prometió a sus patrocinadores del mundo empresarial.

No es casualidad que la impaciencia patronal se haya hecho escuchar en innumerables ocasiones, la más reciente durante la campaña electoral de 2012. Si a la parálisis legislativa se le suma el problema de la violencia y la inseguridad en el país, no es de extrañar la tibia recepción que los candidatos panistas tuvieron este año entre el empresariado. Ante tal situación, el primero en darse cuenta de las posibilidades que se abrían con la derrota electoral debió ser Felipe Calderón; por ello se apresuró a enviar la iniciativa preferente de reforma laboral. Con ello, el presidente, jefe natural del panismo, enarboló la bandera blanca. El mensaje para el PRI era claro: “está bien, ustedes ganan, nos rendimos, ahora por favor dejen de bloquear aunque sea esta iniciativa.” Allanado el camino a Los Pinos, los priístas no tenían ya nada que temer del PAN y no desaprovecharon la oportunidad de congraciarse con los empresarios. Y así, todos están de plácemes entre la patronal y la nueva coalición reformadora.

Todos felices excepto la izquierda, por supuesto, pero de la izquierda no nos ocuparemos mucho en esta entrega. Más interesante, desde la perspectiva de esta línea argumentativa, es la confusión que el proceso de la reforma laboral ha generado entre los propios panistas. El conflicto interno en el PAN se presenta entre los legisladores que han abordado la reforma laboral desde una perspectiva integral, fundada en una concepción político-ideológica de las relaciones laborales, y el resto de los panistas que han despolitizado su interés de clase hasta dejarlo en un estado de pureza que Marx solo pudo concebir teóricamente.

Vayamos por partes; la demanda de flexibilización en el empleo, entendida como la remoción de las restricciones para contratar y despedir trabajadores, así como el alivio de las cargas de la seguridad social, es una demanda histórica del empresariado desde la aprobación del artículo 123 constitucional. Es, pura y llanamente, una reivindicación de clase. El panismo histórico convirtió esta reivindicación de clase en parte de su ideario social al enmarcarlo dentro de su concepción liberal (en el sentido económico clásico) de las relaciones laborales y la vinculó con su propuesta política que defendió la libre concurrencia de los sindicatos en la negociación colectiva, así como la desvinculación entre sindicatos y partidos, explícitamente definida en su permanente denuncia del corporativismo sindical del régimen priísta. En pocas palabras, el panismo siempre propugnó por el retiro del Estado tanto de la tutela de los derechos de los trabajadores como de la vida interna del movimiento obrero. Y denunció lo segundo desde un punto de vista pragmático, puesto que los sindicatos eran un pilar fundamental de la maquinaria electoral del PRI. Eran tiempos de prístinos contrastes ideológicos porque la izquierda comunista, entre los años 30 y 40 del siglo pasado, defendía precisamente lo contrario: tanto la activa intervención del Estado en la defensa de los derechos de los trabajadores como el sistema de controles y monopolios que garantizaban la unidad sindical. Hasta los años 70, muy pocas voces se alzaron dentro de la izquierda para denunciar su complicidad con la consolidación del régimen corporativo del PRI, entre ellas los restos dispersos del anarcosindicalismo de los años 20 y la muy valiente pluma de José Revueltas en su clásico “Ensayo sobre un proletariado sin cabeza”, de 1962.  Esta posición anti-corporativa es la que representan los panistas del Senado, que lo mismo votaron consistentemente con el PRI para aprobar la flexibilización laboral que se aliaron con la izquierda para introducir unos pocos artículos de alcance muy limitado, pero que de todas formas van en la dirección de la transparencia y la democracia sindical.

Al unirse a la izquierda para apoyar cuatro o cinco artículos que limitan el poder enorme de los sindicatos charros, los senadores panistas actuaron políticamente en el sentido descrito por Marx en El 18 Brumario: trataron de mellar uno de los flancos del poder del PRI para los años por venir y asegurarse un mínimo de espacio político, con cierto nivel de autonomía respecto a su programa económico, del cual ya no son los principales representantes. Pero este panismo senatorial está perdido. Fue sacrificado por su contraparte en la Cámara de Diputados que capituló completamente ante el PRI de Peña Nieto cuando la minuta de la reforma laboral regresó del Senado a la cámara de diputados y los panistas se unieron al PRI para desechar la propuesta de voto directo y secreto para la elección de dirigentes sindicales, la rendición de cuentas y el combate a los contratos de protección. Los diputados panistas, guiados por la urgencia de aprobar la iniciativa laboral dictada por la patronal, han enterrado las bases de su propio resurgir político. No solo le han permitido al PRI congraciarse con el empresariado al aparecer como el factor que hizo posible el triunfo de la reivindicación histórica de la clase patronal mexicana, sino que han dejado intacto uno de los pilares más corruptos y sólidos del poder del PRI. Los grandes perdedores, por supuesto, son los trabajadores, quienes ven desaparecer varias medidas que garantizaban un mínimo de estabilidad en el empleo y no tienen capacidad de organizarse en el centro de trabajo porque siguen a merced de una clase mafiosa de dirigentes sindicales y de la infame simulación de los contratos de protección.

La reforma laboral está ahora en manos del Ejecutivo quien, habiendo perdido ya toda opción e interés de actuar políticamente a favor de su partido, la promulgará sin demora. Los diputados panistas recibirán nuevamente la oportunidad de pronunciarse en favor de esas mínimas medidas que solían ser parte de su ideario más preciado, como la transparencia sindical. Las condenarán a la congeladora y con ello se darán el tiro de gracia. De aquí en adelante, solo la izquierda podrá constituirse en una alternativa viable a la restauración completa del viejo PRI. Y esas son buenas noticias, si se las ve desde el ángulo correcto. Pero de eso hablaremos en la siguiente entrega de esta saga.


[1]Escribí mi tesis de Licenciatura sobre el tema de la Reforma Laboral y de ahí provienen los datos y hechos, los cuales están debidamente referenciados en el trabajo.

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Politólogo, egresado de la UNAM y de la New School for Social Research.


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