El 25 de julio pasado, cuando un Beechcraft King Air cruzó el río Bravo para aterrizar cerca de El Paso, donde Ismael “El Mayo” Zambada descendió de la aeronave y fue puesto bajo custodia estadounidense, surgieron múltiples teorías para explicar la captura. ¿Zambada había sido engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, quien lo habría convencido de subir al avión con el pretexto de inspeccionar pistas clandestinas en México, con el verdadero propósito de que fuera trasladado a Estados Unidos, como afirmaron inicialmente los agentes (Guzmán López iba también a bordo)? ¿O Zambada, de más de 70 años de edad, que ha traficado drogas durante medio siglo y nunca antes había estado en prisión, decidió entregarse? ¿O más bien, como finalmente indicó la evidencia, Guzmán López secuestró a Zambada para entregarlo a los gringos?
Cualesquiera que sean los detalles exactos, una cosa está clara: el arresto de Zambada fue la captura más importante de un capo mexicano durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se llevó a cabo sin ninguna ayuda de su administración. Los agentes estadounidenses parecen haber utilizado a un narcotraficante dispuesto a cooperar y detuvieron a Zambada porque se rindió, no porque fuera extraditado. No se trata precisamente de una destacable colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles de la droga.
Las tensiones fueron en aumento y el gobierno mexicano se puso a la defensiva. Zambada emitió un comunicado, a través de su abogado Frank Pérez, en el que afirmaba que fue secuestrado luego de acudir bajo engaño a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, miembro del partido gobernante, Morena. López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunieron con Rocha en Sinaloa y se fotografiaron juntos como una muestra de apoyo. La fiscalía general ordenó una orden de arresto contra Guzmán López por el secuestro de Zambada y dijo que lo acusaría de “traición a la patria” por entregarlo a agentes estadounidenses.
Cuando finalmente, en septiembre, estalló la guerra entre la gente del Mayo y los hijos del Chapo como reacción a la captura, López Obrador culpó a Estados Unidos: “Nada más que ellos vayan internalizando de que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México. No puede haber una relación de cooperación, cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso,” dijo.
El caso Zambada es indicativo de una relación de seguridad entre Estados Unidos y México que ha sido generalmente tensa durante el gobierno de López Obrador, que finalizará el 1 de octubre. Esta alianza se ha visto afectada por dos factores: la explosión del tráfico de fentanilo a través de México –que ha provocado un número récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos– y la corrupción ligada al narco. Esto, a su vez, llevó al partido Republicano a pedir que se autorizara la fuerza militar estadounidense al sur de la frontera y a que los agentes filtraran denuncias de dinero derivado del narcotráfico.
Del lado mexicano, López Obrador arremetió contra las agencias y periodistas estadounidenses y firmó una ley (dirigida particularmente a la DEA) que limita las operaciones de agentes extranjeros en territorio nacional. Además, su gobierno tomó la histórica iniciativa de demandar a las empresas armamentísticas de Estados Unidos por traficar armas con los cárteles, una significativa medida que ha tenido un impacto positivo.
Con todo y que la relación ha sido pedregosa, se ha evitado el conflicto abierto y se ha mantenido cierta cooperación. López Obrador se ha reunido con el presidente Joe Biden tres veces en tres años y se comprometieron a trabajar juntos contra el tráfico de drogas y de armas. Después de ser obligado por sicarios a liberar a Ovidio Guzmán, otro hijo de El Chapo, en 2019, el Ejército mexicano lo recapturó en 2023 y fue rápidamente extraditado al norte. Asimismo, la Guardia Nacional ha puesto freno al número de migrantes que se dirigen a través de México hacia la frontera con Estados Unidos, lo que podría ser clave para mantener a los demócratas en la Casa Blanca.
Aun así, a poco de terminar el gobierno de AMLO ha surgido una diferencia entre ambos países: la reforma del poder judicial que postula la elección por votación popular de todos los jueces federales. En respuesta a las quejas de Estados Unidos respecto a que la reforma podría afectar el comercio, López Obrador dijo el 27 de agosto que la relación con la embajada entraba en una pausa. “Tienen que aprender a respetar la soberanía de México”, dijo. La embajada de Estados Unidos respondió asegurando que respetaba la independencia de México, al tiempo que criticó tibiamente la propuesta.
Cuando Sheinbaum asuma el poder el 1 de octubre, tendrá el desafío de sacar la cooperación en materia de seguridad de este punto bajo, al tiempo que el fentanilo y la corrupción no dan señales de desaparecer como temas espinosos.
Una relación con altibajos
La alianza de México con su vecina superpotencia para combatir el crimen siempre ha sido como una montaña rusa. En 1969, Richard Nixon lanzó el Operativo Intercepción y cerró efectivamente la frontera con el fin de presionar a México para que erradicara los cultivos de marihuana. El asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, por traficantes vinculados a agentes federales corruptos, se consideró el momento más oscuro.
El gobierno de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, fue un punto culminante de la cooperación e impulsó la Iniciativa Mérida, por la que Washington dio miles de millones de dólares a México para luchar contra los cárteles. “Había muchos puentes rotos entre las agencias estadounidenses y las instituciones mexicanas, así que comenzamos a repararlos considerando la magnitud del problema”, me dijo Calderón en una entrevista en 2019. Sin embargo, en 2023, un tribunal de Nueva York terminó juzgando a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Calderón, por tráfico de cocaína.
López Obrador, ferviente nacionalista, ha sido siempre cauteloso en el tema de trabajar demasiado estrechamente con Washington. Sin embargo, también ha reconocido lo importante que es mantener el comercio entre Estados Unidos y México, que ha crecido hasta llegar a más de 800 mil millones de dólares al año.
La explosión del fentanilo ha agriado la relación. Los traficantes en México comenzaron a fabricar el opioide sintético, del que se dice que es 50 veces más letal que la heroína, aproximadamente a partir de 2013. Pero el crecimiento más importante se produjo en los últimos cinco años. Las incautaciones de fentanilo por parte de la Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza de E.U. se han disparado de menos de mil 400 kilos en 2019 a un récord de más de 12 mil kilos el año pasado. Al mismo tiempo, el total de muertes por sobredosis en Estados Unidos aumentó de 70 mil en 2019 a 107 mil en 2023.
Este crecimiento del fentanilo puede no ser directamente culpa de López Obrador; los traficantes siempre han cambiado de producto para aumentar sus ganancias. Pero sucedió bajo su mando y tuvo que reaccionar.
Los fiscales estadounidenses dicen en las acusaciones, incluyendo las adelantadas contra los Chapitos (los hijos de El Chapo), que los traficantes compran los precursores químicos del fentanilo en China para producir la droga en México. Felipe de Jesús Gallo, titular de la Agencia de Investigación Criminal, reconoció que “México ha sido el campeón en la producción de metanfetaminas y ahora de fentanilo”. López Obrador negó por un largo período que México fuese productor de esta sustancia.
El fentanilo ha sido una poderosa razón por la cual los agentes estadounidenses decidieron ir tras los capos del Cártel de Sinaloa, y por la cual los políticos republicanos presionaban por acciones más extremas. El representante Dan Crenshaw presentó un proyecto de ley para autorizar al ejército estadounidense a usar la fuerza contra los cárteles al sur de la frontera. Me dijo al respecto: “Creo que en el caso del fentanilo, debido a que a todos nos preocupa hasta dónde ha llegado, se requiere algún tipo de disuasión. Los traficantes de México tienen que saber que por fin han enfurecido a los gringos. ‘Finalmente lo hiciste. Te hemos estado ignorando durante 15 años y finalmente los enfureciste’”. Esa postura podría traducirse en acciones reales si Donald Trump ganara la presidencia.
Las acusaciones de corrupción ligada al narco también han sido motivo de controversia. En 2020, el general Salvador Cienfuegos Zepeda fue arrestado al aterrizar en Los Ángeles y acusado de trabajar con traficantes. La acusación se refería al período de Cienfuegos como secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. López Obrador dijo inicialmente que esto demostraba cuán malos fueron los gobiernos anteriores pero, después de hablar con los altos mandos militares, hizo un esfuerzo diplomático tan exitoso que logró que Estados Unidos retirara los cargos contra Cienfuegos y lo enviara a México, donde fue liberado. (Esto le valió a López Obrador muchos puntos con el Ejército.)
El hecho de que los agentes de la DEA levantaran un caso contra un general mexicano llevó a López Obrador a impulsar una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que el Congreso aprobó en diciembre de 2020. Según las nuevas reglas, los agentes tendrían que compartir todo lo que hicieran con sus homólogos mexicanos, y perdieron su inmunidad diplomática. No son términos poco razonables pues los agentes de la DEA llevaron a cabo actividades en México que rozan el espionaje y que muchos gobiernos no tolerarían. “En otros países, en Estados Unidos, hay reglas, hay normas. Entonces queremos resolver esto de una vez por todas”, dijo López Obrador.
Sin embargo, la ley obstaculizó seriamente las operaciones estadounidenses y muchos agentes se enojaron por tal motivo. Esto puede haber contribuido a las filtraciones de antiguas investigaciones de la DEA sobre López Obrador y de una acusación de que un cártel financió su campaña presidencial de 2006, recogida en enero y febrero en medios como ProPublica y el New York Times. López Obrador reaccionó publicando el número de teléfono de la corresponsal del New York Times y acusó a agencias estadounidenses de librar una guerra sucia en su contra por motivos políticos. “¿Qué autoriza a un país el meterse en la vida interna de otro? Además ¿Qué le autoriza hacer espionaje?”, dijo.
Sheinbaum podría reparar la relación de seguridad con Washington volviendo al objetivo básico y, al igual que López Obrador, usar la detención de inmigrantes para compensar estas decisiones. Pero hay riesgos por delante. Si el número de muertes por sobredosis no disminuye, esto le dará más argumentos a los partidarios de la línea dura en Estados Unidos. Una segunda presidencia de Trump podría convertir la fantasía de ataques militares al sur de Río Grande en una sangrienta realidad. Y los fiscales estadounidenses, que ahora tienen en sus manos a muchos traficantes, incluido el propio Zambada, podrían sopesar la idea de actuar con más dureza respecto a la narcocorrupción, lo que podría incluir a algún expresidente. Sin embargo, un proceso judicial de esta naturaleza sería un gran riesgo político que Washington debería considerar: podría descarrilar completamente la montaña rusa que ha sido la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México. ~
(Brighton, Reino Unido) es periodista, escritor y productor de televisión. Su libro más reciente es Blood Gun Money: How America Arms Gangs and Cartels (2021).
