La política cultural y sus reyertas

La política cultural es la parte de gestión de gobierno que se orienta a preservar el patrimonio cultural y fomentar las artes de un país. No parece haber mayor problema para justificarla: se supone que el arte es significativo para el solaz, la formación y la sociabilidad del individuo; que el patrimonio cultural común y determinadas creaciones refuerzan la cohesión social y brindan orgullo a los ciudadanos, y que la producción y el consumo cultural pueden contribuir al desarrollo económico. Este consenso aparente se complica por diversas razones: ya sean las discrepancias que generan los diferentes conceptos de cultura, ya sean los cuestionamientos desde distintos enfoques a los recursos destinados a este rubro, ya sean las demandas excesivas a las que se ve sometida la política cultural. Así, bajo el acuerdo idílico que genera la palabra “cultura”, existe un enconado debate sobre la legitimidad y las orientaciones de la política cultural.

La política cultural se inscribe en los organigramas y adquiere valor estratégico en el siglo XX. Dicha política cumple diversas funciones que van desde la simple afirmación de la especificidad cultural de un país hasta el proselitismo y se vuelve relevante en los regímenes autoritarios, o en las naciones en formación, donde se utilizan los poderes persuasivos de la historia y de las artes para inducir lealtades en torno a un proyecto político. Después de la Segunda Guerra Mundial, la política cultural adquiere mayor importancia en los esquemas de gobernabilidad interna, diplomacia y seguridad de las naciones; refleja el equilibrio geopolítico de la Guerra Fría y el clima de la descolonización y es utilizada como instrumento en la lucha ideológica al interior y entre los países. Por ejemplo, en Estados Unidos la política cultural llega a concebirse como una defensa de la democracia frente al totalitarismo; en Francia, como una defensa de la cultura clásica europea no sólo frente al totalitarismo sino frente a la cultura de masas norteamericana; y en muchas naciones del entonces llamado Tercer Mundo, como un instrumento para combatir el imperialismo y promover cohesión en torno a proyectos nacionalistas.

En México, después de la Revolución, el Estado encarnó como el protagonista mayor de la cultura y la usó como un medio de cohesión social, legitimación y proyección del régimen. Con la impronta del discurso vasconcelista, que combina el activismo educativo, la movilización y la propaganda con el fomento a las artes, la política cultural posrevolucionaria tuvo logros importantes. Es de pensarse que si el concepto de cultura no hubiera adquirido un papel tan importante en la generación del consenso y la construcción de imagen no se hubieran logrado la edificación de instituciones e infraestructura culturales sin paralelo en otros países de desarrollo similar. Durante mucho tiempo subsistió la retórica vasconcelista en la política cultural: el Estado era el regenerador del alma nacional, el gran productor de cultura y el único empresario cultural que no aceptaba competencia (lo que sin duda influyó en la atrofia de las empresas culturales privadas). Esto se refleja en la longevidad del discurso nacionalista, en la filia por los proyectos faraónicos y por las dinámicas farandulescas y en las fallas en los circuitos más modestos de promoción, difusión y creación de públicos. Por lo demás, como política pública, la cultura fue mucho menos racional y sujeta a escrutinio que otras, lo que implicó arbitrariedad en la asignación y ejercicio de los recursos, falta de dirección de los esfuerzos y formación de leyes de hierro burocráticas.

Después del 68, el discurso cultural comenzó a fragmentarse, y frente a las grandes síntesis culturales que se esbozaban en pos de la unidad nacional, se consolidó la tendencia a representar la pluralidad y diversidad de identidades, nacida de la nueva realidad de la urbanización, los movimientos étnicos y los cambios poblacionales. Igualmente, hacia los ochenta, en parte por las crisis económicas, tiende a instaurarse gradualmente una perspectiva de las posibilidades del consumo y la inversión cultural en el desarrollo económico. Adicionalmente, la evolución de las industrias culturales y el auge de las nuevas tecnologías introduce nuevas prácticas y agentes en el medio cultural. Actualmente, por la diversidad cultural del país, por la profusión de grupos de interés, por la emergencia de nuevas expresiones y prácticas artísticas, la política cultural mexicana está sometida a demandas múltiples y muchas veces contradictorias.

La creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en 1988 implica un pacto institucional que nace, paradójicamente, del intento de un régimen cuestionado para promover una nueva visión de la cultura y generar un acercamiento con el estamento intelectual. El Conaculta surge para coordinar las políticas y los organismos culturales y administrar los patrocinios que otorga el gobierno federal en esta materia. El actual Conaculta coordina un emporio cultural formado por instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y su amplio patrimonio arqueológico y artístico. Además, coordina la televisión y la radio culturales de Estado, estudios y escuelas de cine, sistemas de bibliotecas, una dirección de publicaciones y una red de librerías, festivales, centros de educación artística y otros espacios culturales.

El Conaculta ha servido para mejorar la coordinación y actualizar el discurso del Estado en materia de instituciones culturales; fortalecer la descentralización; establecer una administración menos discrecional de los apoyos y subvenciones a la creación a través del Fonca; avanzar gradualmente en la profesionalización y modernización administrativa y crear nuevas modalidades de política cultural en conjunto con otros actores privados y sociales. Sin embargo, muchos de los añejos lastres de la política cultural aún no han logrado superarse. Más allá de errores monumentales, como la Biblioteca José Vasconcelos, persisten problemas para la preservación e investigación de los patrimonios; los rezagos en la sistematización y competitividad de la educación artística; la concentración de la infraestructura y oferta cultural y la carencia de esquemas modernos para estimular e incorporar la actividad cultural al mercado. Así, disciplinas y tradiciones creativas (el cine, la actividad editorial) pierden presencia y se estancan, en parte por la falta de reglas de competencia e incentivos para su autosustentabilidad en el mercado; se estrecha el espectro de oferta de propuestas y disciplinas y se reducen públicos culturales. Por supuesto, estos fenómenos no pueden atribuirse únicamente a una política cultural y responden a las sucesivas crisis económicas, al impulso avasallador de las grandes empresas culturales y a las deficiencias generales de la política educativa. Sin embargo, un mejor diseño de la política cultural podría mitigar el impacto de estos hechos sobre la cultura. A continuación, cabe mencionar, sin ánimo de exhaustividad, algunas de las que considero las principales tribulaciones de la política cultural.

Patrimonio. De acuerdo con las visiones más radicales de los estudios culturales, el patrimonio sería la porción selecta de un conjunto de monumentos, obras, lenguas y costumbres que el Estado escoge para que represente una idea de nacionalidad. El patrimonio cultural mexicano comprende múltiples herencias, no pocas veces conflictivas, y su rescate mismo genera dilemas y polémicas e implica una obligación de reconocimiento, apertura y tolerancia. El patrimonio cultural, tangible e intangible, aparte de su importancia histórica y política, es un recurso intergeneracional muy rentable. Si se atiende a las cifras, el país cuenta con un considerable acervo del activo llamado patrimonio y, por ejemplo, México posee el sexto lugar en la lista de patrimonio mundial de la unesco. A ello se suman los más de mil museos, los más de 100 mil monumentos con valor histórico y artístico y el amplio catálogo de lenguas, tradiciones, músicas, gastronomías, artesanías, indumentarias y otras expresiones de diversidad. Con todo, el anacronismo y la maraña jurídica de la organización cultural, propician un inconcebible atraso en tareas de inventarios, registros, investigación, difusión y promoción del patrimonio. El propio Conaculta reconoce la dificultad del INAH para resolver conflictos de territorialidad, protección jurídica, sustentabilidad ecológica, conservación técnica y actualización museológica. Igualmente, el INBA enfrenta problemas para consolidar su tarea de registro y catalogación y para proteger el patrimonio histórico y artístico, sujeto al ritmo y los intereses de un desarrollo urbano acelerado.