Las elecciones democráticas, cuando funcionan eficientemente, son auténticas fábricas de legitimidad: permiten seleccionar, entre una pluralidad de aspirantes con proyectos e intereses encontrados, a los gobernantes, dotándolos de una amplia aprobación popular y del reconocimiento de todas las fuerzas políticas contendientes.
A la luz de esta premisa, las pasadas elecciones se desarrollaron en un contexto paradójico. A pesar de contar con uno de los sistemas de escrutinio electoral más sofisticados del mundo, la sociedad mexicana destaca por su desconfianza generalizada hacia los procesos electorales. La confiabilidad del primero es bien conocida por los expertos, pero ampliamente ignorada por la opinión pública. La segunda tiene profundas raíces históricas y está, ahora, en el centro del nuevo conflicto postelectoral. No solamente se relaciona con la proporción de ciudadanos que dudan de la calidad de las elecciones. Es alimentada por muchos medios de comunicación que, empezando con las mismas televisoras, se han dedicado a desacreditar al IFE desde la reforma electoral de 2007, responsabilizándolo de fallas que frecuentemente rebasan sus atribuciones legales.
En este contexto, se ha vuelto a poner en duda la certeza del cómputo de los votos, asumiendo que las inconsistencias registradas en numerosas actas de casilla comprueban la irregularidad de los comicios presidenciales. Ante las impugnaciones presentadas por la coalición PRD-PT-MC, cabe interrogarse sobre la calidad técnica de las elecciones en México: ¿cuán extendidas, y de qué naturaleza, son dichas inconsistencias? ¿Se deben siempre a manipulaciones? ¿Se limitan a ciertas regiones particulares, o caracterizan al conjunto del país? ¿Qué efectos tienen sobre los resultados electorales?
Para profundizar en estos interrogantes, estamos realizando una exhaustiva exploración estadística y geográfica de las distintas inconsistencias registradas en las 143,435 casillas instaladas, relacionándolas con otros indicadores de la calidad y competitividad de los comicios, y controlando por los conocidos efectos de las variables sociodemográficas y contextuales. A la espera de los resultados, algunos hallazgos preliminares.
Para empezar, es imprescindible partir de una distinción y de un hecho empírico básicos: resulta imposible organizar el conteo de más de 150 millones de boletas (presidenciales, para senadores y diputados) sin cometer errores humanos, sobre todo cuando ello exige la cooperación de más de un millón de ciudadanos seleccionados al azar. Un proceso de tal complejidad inevitablemente se refleja en inconsistencias, pero eso no significa que todas ellas se deban a irregularidades. Mientras que las primeras se distribuyen de manera aleatoria (por lo que no suelen tener efectos políticos), las segundas sí remiten a manipulaciones –coordinadas e ilegales– en vistas de alterar los resultados electorales.
De ahí la posibilidad de identificar, mediante un análisis minucioso de los comportamientos desviados, aquellas casillas que rompen con las tendencias normales, de relacionar las distintas anomalías entre sí y de contrastarlas con otros indicadores de la calidad de los comicios, para detectar eventuales irregularidades.
En efecto, existe una gran diversidad de inconsistencias que pueden indicar –pero no se traducen mecánicamente– en irregularidades. Muchos de los errores que se cometen al reportar el número de “boletas sobrantes”, “personas que votaron” y “boletas sacadas de la urna” se deben simplemente a confusiones conceptuales. Pero también existen incongruencias que pueden revelar anomalías electorales: por ejemplo, cuando tasas excepcionalmente elevadas de participación se asocian con la hegemonía de un solo partido, o cuando la parte de boletas anuladas rebasa el margen de victoria en una casilla particular.
Las reformas electorales de 2007 ya consideraron algunas de estas anomalías, permitiendo ahora la apertura de 68,384 paquetes durante el cómputo distrital. El recuento de 27.7 millones de sufragios que realizó el IFE los días 4, 5 y 6 de julio nos permitirá analizar con precisión el tipo de errores que se cometieron en el escrutinio, y su relación con posibles irregularidades. Por lo pronto, llama la atención el reducido efecto que tuvo el recuento del 48% de las casillas sobre los resultados electorales: incrementó en 4,102 los 19.2 millones de votos a favor de Enrique Peña Nieto, y en 3,461 los 15.9 millones de votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, e hizo pasar la diferencia de 6.62% a 6.78% entre ambos (+ 0.16%).
Para evaluar la calidad de las elecciones federales, habrá que contrastarlas, también, con la calidad de los comicios locales que se organizaron el mismo día en dieciséis entidades de la república. Preocupan los desfases observados en el funcionamiento de los PREP federal y locales. Mientras que el IFE logró procesar 98.95% de las actas y solamente reportó 3,517 casillas sin datos (2.5%), los organismos locales reportaron entre 71.4% y 98.9% de las casillas, con tasas de exclusión inusitadas en las legislativas locales de Sonora (28.6%), el Estado de México (18.7%) y Chiapas (20.7%), donde el IFE no logró computar apenas 5%, 1.6% y 2.3% de las casillas en las presidenciales.
Sorprende, sobre todo, la lentitud y la escasa transparencia de algunos organismos electorales estatales. Hasta la fecha (13 de julio), solamente se habían publicado los cómputos distritales completos en Nuevo León y Colima, siguiendo el ejemplo del IFE, que los colgó en su página web el 9 de julio. Curiosamente, tres de los dieciséis organismos locales ni siquiera difundieron sus PREP desagregados hasta el nivel de casillas. La publicación de dichos datos dista mucho de ser un detalle: constituye un requisito mínimo para la credibilidad de cualquier contienda democrática.
Finalmente, los últimos comicios tienen que situarse en una perspectiva diacrónica, dentro de las tendencias registradas desde 1991. Ello implica resolver considerables problemas metodológicos y técnicos, para hacer inteligibles miles de millones de datos. Solamente así se podrá evaluar rigurosamente la calidad técnica del escrutinio electoral de 2012.
En suma, se requiere un conocimiento detallado y preciso de la considerable diversidad de inconsistencias, y de su relación con posibles irregularidades. Con ello, no se agota la discusión sobre la calidad del proceso electoral. Esta incluye el periodo previo y posterior a la jornada, las características de las campañas, la cobertura de los medios de comunicación, las cuestiones de financiamiento, los conflictos e impugnaciones, y hasta los contenidos antropológicos del voto (que puede remitir a lógicas de convicción, de identidad y/o de intercambio).
Las evaluaciones de todas estas dimensiones de las elecciones serán heterogéneas y dependerán de nuestras concepciones de lo que es –o debería ser– una democracia. Implican reflexiones que rebasan ampliamente la calidad técnica del escrutinio electoral, sobre asuntos complejos que merecen ser debatidos de una forma plural e informada. Se trata de debates fundamentales para el futuro del país, que no deberían de ignorar la distinción elemental entre inconsistenciase irregularidades. ~
Los votos y la ley
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