No deja de ser curioso que la demanda contra Letras Libres que La Jornada perdió el día 23 en la Suprema Corte haya estado fundada en el rechazo a la calumnia. En el derecho de terceros “a la honra y al buen nombre”(La Jornada,Editorial,24 de noviembre). Es paradójico, porque La Jornada ha hecho de la calumnia su modus operandi. Cualquiera que sostenga puntos de vista contrarios a ese periódico, lo critique o disienta públicamente de sus opiniones, candidatos o santones, ha recibido siempre el dudoso privilegio del descalificativo calumnioso que atenta, precisamente, contra la honra y el buen nombre.

Yo he recibido en varias ocasiones ese dudoso privilegio. Analizar lo más objetivamente posible el conflicto palestino israelí me convirtió en agente del imperialismo “transnacional”(todos los enemigos de La Jornada son sospechosamente “transnacionales”).Y en agosto del 2006, un profesor me dedicó un larguísimo artículo en ese diario acusándome de “protofascista” y otras descalificaciones por el estilo. Había cometido el crimen “fascistoide” de criticar a López Obrador.

En días pasados –y en los por venir, como es fácil pronosticar dado que La Jornada es el periódico más conservador de México (lea un ejemplar de ayer, o de hace seis años, y encontrará los mismos criterios, descalificaciones y análisis osificados de hoy)– los calificativos calumniosos han estado dirigidos a los colaboradores de Letras Libres. “Propagadores de la derecha, la más atrincherada, tramposa o reactiva al cambio” (agradezcamos esto último de “reactivos al cambio”); intelectuales “orgánicos de la derecha transnacionalizada” (no podía dejar de serlo, porque los calificativos calumniosos perderían fuerza sin globalizarlos) y, claro, “neoliberales”. Ahora les ha tocado a los cuatro jueces de la Suprema Corte que votaron a favor de la posición de Letras Libres.

Como botón de muestra, Linares Zapata abrió la página editorial de La Jornada el 23 de noviembre (des)calificando a la Suprema Corte como terreno fértil para los argumentos de los “cabilderos de la derecha”. Una institución dominada por “personajes imbuidos de neoliberalismo”. Como los Ministros no avalaron la demanda de La Jornada, la descalificación calumniosa ha sido inmediata. Son, según Linares, Ministros ”de poca monta jurídica”. Y, de acuerdo con el resto de los encabezados de La Jornada al día siguiente del fallo, Ministros que cometieron un “yerro monumental” y abrieron la puerta a la “impunidad”.

Tan o más grave que la descalificación, en lugar del respeto a una resolución del más alto tribunal del país (¿de nuevo ”al diablo con las instituciones”?), es la vena antidemocrática que se desprende de la voz editorial de La Jornada del 24 de noviembre. Para el diario, la libertad de expresión es la “ley de la selva”. “Establecer un derecho prácticamente absoluto, el de la libre expresión, en detrimento de otros”, dictamina, es un “absurdo jurídico, que erosionará la democracia y degradará severamente la vida política de México”.

La Jornada se equivoca por partida doble: la historia ha demostrado que la democracia y el debate florecen en la misma proporción en que se fortalece la libertad de expresión y declinan cuando se condiciona y somete a otros principios, como propone el periódico. Olvida que en una democracia plena las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, tienen prioridad sobre cualquier otro valor político. Son su fundamento y su raíz. La libertad de expresión (de hablar, de imprimir, de distribuir, leer y manifestar preferencias políticas en los medios) no puede hipotecarse ni siquiera en aras de una supuesta mayoría, de creencias religiosas, ideologías, o de conceptos tan vagos como “la reputación”. Su único límite es el terreno del delito penado legalmente como la incitación a la violencia.

En una democracia, los terceros que tanto menciona y pretende defender La Jornada, pueden acudir a la ley si sienten que el ejercicio de la libertad de expresión de otro medio afecta sus intereses, ”reputación y honra”. Eso es lo que hizo La Jornada. Pero en una democracia, el demandante tiene también la obligación de acatar y respetar la resolución de los tribunales. Y eso es lo que La Jornada se ha negado a hacer. Eso sí “degrada” la democracia.