Cómo mejorar el sistema electoral mexicano: Trampas, dinero y castigo

Aunque sea un cliché, no deja de ser cierto que la desconfianza es la base sobre la que se ha construido nuestro sistema electoral. Las reformas electorales, por lo menos a partir de 1990, han tenido (de manera explícita o velada) la intención de combatir o abatirla.

Así, la plenamente justificada desconfianza en los encargados de organizar y calificar las elecciones, derivó en la construcción del IFE y del TEPJF, y en el diseño de un complejísimo y detallado aparato normativo para regular todas las etapas del proceso electoral.

Desconfiar que la competencia fuera equilibrada y desconfiar de los contrincantes ha llevado, en aproximaciones sucesivas, a diseñar reglas claras para el financiamiento de los partidos y su acceso a medios; y no tan claras para normar los distintos actos de campaña, la propaganda, el financiamiento privado y la participación de otros actores en los procesos electorales.

A la distancia, debe reconocerse que ha habido grandes avances. Los partidos reciben puntualmente sus ministraciones y tienen el acceso que les corresponde a radio y televisión; la conformación del listado nominal está fuera de toda sospecha y, a diferencia de otros países, la delimitación de los distritos electorales se hace sin sesgos partidistas; las casillas se instalan en los lugares previstos y sus mesas directivas se constituyen, en casi todos los casos, con ciudadanos seleccionados aleatoriamente y debidamente capacitados; los ciudadanos cuentan los votos, estos se publicitan en tiempo real y, donde hay dudas, se vuelven a contar públicamente. Por eso no sorprende que, aún con la sacudida del 2006, el IFE continúe siendo una institución confiable.[1]

El problema radica en que, por más esfuerzos que se hagan, la desconfianza en las instituciones y, sobre todo, en los actores políticos –sustentada en hechos o soportada en prejuicios—, es un enemigo imposible de derrotar.

Antes de iniciar otra ronda de reformas electorales, habría que aceptar dos hechos: por una parte, que la inmensa mayoría de la gente (incluidos, claro, los políticos), dada la oportunidad, estará dispuesta a hacer trampa (aunque sea un poquito);[2]  y, por la otra, que las formas de hacer trampa son casi infinitas y sus manifestaciones impredecibles, por lo que legislar sobre las trampas ya conocidas, pensando que ello cerrará definitivamente la puerta a ese problema, es una ruta destinada al fracaso.[3]

Por eso, sería mejor concentrar la discusión sobre las herramientas más adecuadas para desincentivar los comportamientos indeseables. Van tres propuestas:

1. Hacer más difícil ocultar las trampas. En el tema de gastos de campaña, la legislación actual señala que los partidos deben presentar su informe 60 días después de la jornada electoral, tiempo suficiente para hacer ajustes y maniobras (clasificar gasto de campaña como gasto ordinario, transferir los gastos de la campaña presidencial a la de diputados o senadores) para que, por lo menos en los libros, nadie rebase sus topes de gasto. Aunque se ha avanzado algo con la obligación de presentar informes preliminares, podría adoptarse además lo que ya es obligatorio para las instituciones de gobierno (y que está previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental): generar, en tiempo real (y públicamente), estados financieros y del ejercicio del presupuesto, con información de cada operación que se realice. Así, todos los interesados, incluidos los propios partidos, podrían en cualquier momento hacer sus análisis y verificar la veracidad de la información que los otros proporcionan.
2. Sancionar donde verdaderamente duela. Actualmente, el COFIPE prevé sanciones que, o no son realistas (es casi inimaginable que la autoridad castigue a un partido con la pérdida de su registro), o no son disuasivas (multas)[4]. Una alternativa, suponiendo que los partidos políticos tengan interés en proteger su imagen, podría ser exhibir públicamente a los infractores, utilizando sus propios tiempos en radio y televisión para informar a la población sobre las faltas cometidas[5], otra alternativa, más radical, sería sancionar con una disminución –en futuras elecciones—de la asignación de diputados de representación proporcional.[6]
3. Motivar el uso responsable de estas herramientas. Para los partidos políticos, no tiene costo alguno presentar impugnaciones, lo que ha sobrecargado a las autoridades electorales con recursos que, en su mayoría, no están debidamente fundamentados o son notoriamente improcedentes[7]. Podría, pues, establecerse un tope para el número de recursos que puedan interponer los partidos políticos, asociado a su tasa de efectividad (mientras más serias sean sus quejas, más oportunidades tendrían de quejarse), permitiendo así que el IFE y el TEPFJ destinen más tiempo a lo realmente importante: hacer que se cumpla cabalmente la ley.