Mes con mes, semana con semana, dรญa con dรญa, la situaciรณn en Venezuela se vuelve mรกs peligrosa. Lo que ha sucedido en las รบltimas horas era un desenlace previsible desde que, en el verano de 2017, el gobierno de Nicolรกs Maduro decidiรณ romper el orden constitucional por medio de la imposiciรณn de una Asamblea Constituyente perpetua, que reemplazรณ al poder legislativo legรญtimo, de mayorรญa opositora. Antes de aquella decisiรณn existรญa alguna posibilidad de distender el conflicto por medio de una negociaciรณn entre el gobierno y la oposiciรณn. Ahora tal vez sea tarde, si no se parte del compromiso de unas elecciones anticipadas y con plenas garantรญas para todos.
A pesar de que los mรกrgenes de la negociaciรณn se estrecharon desde 2017, algunas figuras de la oposiciรณn y sectores de la comunidad internacional, como la Uniรณn Europea y el Grupo de Lima, insistieron en que el diรกlogo no era totalmente descartable. Pasaron meses y el autoritarismo del gobierno y la represiรณn del movimiento opositor continuaron. Todos los protocolos de diรกlogo, incluyendo el del expresidente espaรฑol Josรฉ Luis Rodrรญguez Zapatero en Repรบblica Dominicana, se clausuraron. El rรฉgimen venezolano, sin embargo, avanzรณ incรณlume hacia una reelecciรณn de Nicolรกs Maduro en la primavera de 2018, sin las condiciones mรญnimas para un proceso confiable.
Dado que tanto la oposiciรณn como el parlamento eran desconocidos por el gobierno, la realizaciรณn de la contienda presidencial solo podรญa aspirar a una base electoral minoritaria pero predominantemente oficialista. Si la elecciรณn de la Asamblea Nacional Constituyente, en 2017, se realizรณ a partir de normas electorales ad hoc, la nueva contienda se llevรณ a cabo con menos de la mitad del censo electoral. A pesar de que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Uniรณn Europea, la OEA y la mayorรญa de los gobiernos latinoamericanos rechazaban esas elecciones por burlar la propia constitucionalidad venezolana, Maduro se aferrรณ a su reelecciรณn.
De una poblaciรณn de mรกs de 30 millones y de un padrรณn electoral de mรกs de 20, a Maduro, segรบn cifras oficiales que ponen en duda organismos independientes y la propia oposiciรณn, lo votaron poco mรกs de 6 de millones de venezolanos: apenas el 67% del 46% de los electores. Quienes equiparan ese escenario a elecciones ejecutivas con altos grados de abstencionismo en Estados Unidos, Europa o Amรฉrica Latina, se equivocan, ya que no es lo mismo retirarse de un proceso electoral por considerarlo ilegรญtimo y abstenerse voluntariamente.
Las consecuencias de aquella reelecciรณn forzosa fueron las esperadas: la comunidad internacional la considerรณ ilegal y solo los aliados incondicionales de Maduro (Rusia, Corea del Norte, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Turquรญa, Irรกn), que no se caracterizan por la confiabilidad electoral, la asumieron como vรกlida. Todavรญa mediaban varios meses entre la reelecciรณn de mayo y la toma de posesiรณn de enero de 2019 y el gobierno venezolano no los aprovechรณ para ofrecer alguna salida negociada. Es cierto que a esas alturas las credenciales del diรกlogo ya estaban mรกs devaluadas que nunca, pero tampoco hubo gestos mediadores desde el madurismo.
Finalmente, vino la toma de posesiรณn de enero y sus lรณgicos efectos: desconocimiento por la Asamblea Nacional, la Corte Suprema venezolana en el exilio y, otra vez, la mayor parte de la comunidad internacional. El pasado 23 de enero, dรญa en que se cumplieron mรกs de seis dรฉcadas de la caรญda de la dictadura militar derechista de Marcos Pรฉrez Jimรฉnez, la oposiciรณn venezolana saliรณ a las calles a mostrar su rechazo al gobierno de Nicolรกs Maduro, que considera espurio, y a jurar lealtad al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidรณ, como mandatario โencargadoโ.
La crisis venezolana es producto de la deslegitimaciรณn mutua entre el gobierno y la oposiciรณn. El gobierno desconociรณ la elecciรณn de la mayorรญa opositora en 2015 y la oposiciรณn ha desconocido tanto la elecciรณn de la Asamblea Nacional Constituyente como la reelecciรณn presidencial de Maduro. Las dos partes justifican sus acciones en el texto constitucional, pero la ruptura del orden propiamente dicha se produjo con la instalaciรณn, por fuera de las normas electorales y sin el referรฉndum previsto por la Carta Magna chavista de 1999, de un poder legislativo paralelo que usurpรณ las atribuciones del parlamento.
Como siempre sucede en las izquierdas bolivarianas, leales todas al estilo retรณrico aunque no al modelo institucional cubano, el origen y el curso de la crisis se ocultan bajo un discurso ideolรณgico que presenta el conflicto como dilema binario entre โla Revoluciรณnโ y โel Imperioโ o entre la derecha y la izquierda. Ante la deliberada subordinaciรณn de un conflicto domรฉstico al choque geopolรญtico del siglo XXI, es necesario recordar que esta crisis comenzรณ tras la muerte de Hugo Chรกvez y se agudizรณ luego del ya citado desconocimiento de la mayorรญa legislativa en 2015. Entonces casi todos los gobiernos de la regiรณn eran de izquierda y en la Casa Blanca vivรญa Barack Obama, quien impulsaba una normalizaciรณn diplomรกtica con Cuba, mal vista por Maduro y sus aliados en la regiรณn.
El deterioro de las condiciones de vida, el aumento de la violencia criminal, la represiรณn sistemรกtica, la estampida incontenible de migrantes venezolanos e, incluso, las sanciones econรณmicas de Estados Unidos contra algunos funcionarios, no son el origen sino las consecuencias de una crisis polรญtica precisa. Cualquier gestiรณn de diรกlogo o intermediaciรณn diplomรกtica que se intente deberรก tomar en cuenta la historia de las negociaciones frustradas en Repรบblica Dominicana o en el Grupo de Lima, pero tambiรฉn la legitimidad negada de la Asamblea Nacional.
En una declaraciรณn conjunta de las cancillerรญas de Mรฉxico y Uruguay, que circulรณ el 23 de enero en la noche, se defendiรณ una โsoluciรณn pacรญfica y democrรกticaโ al conflicto venezolano y se llamรณ a las โpartes involucradas, tanto al interior como al exterior del paรญsโ a un โnuevo proceso de negociaciรณn incluyente y creรญble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanosโ. Se trata de una posiciรณn que pasa de la defensa del principio abstracto de โno intervenciรณnโ al trazado de una hoja de ruta mรกs visible para evitar una catรกstrofe mayor en Venezuela.
La nota menciona a la ONU y a la Uniรณn Europea, a Espaรฑa y a Portugal, como actores con una posiciรณn similar. Pero lo cierto es que hay matices entre las posturas de unos y otros. La ONU, por ejemplo, cuestionรณ la reelecciรณn de Maduro y la Uniรณn Europea, a la que pertenecen Espaรฑa y Portugal, โreconoce plenamenteโ la legitimidad de la Asamblea Nacional y llama a una convocatoria de โelecciones anticipadasโ. Mรฉxico y Uruguay, hasta el momento de redactar este texto, no han dado ese paso indispensable para acreditarse como interlocutores de las โpartes involucradasโ.
Es comprensible que el gobierno de Andrรฉs Manuel Lรณpez Obrador no quiera sumarse a la estrategia de las nuevas derechas latinoamericanas, al hostigamiento diplomรกtico del rรฉgimen de Maduro y, mucho menos, a una intervenciรณn militar que repita las pesadillas de la Guerra Frรญa. Pero tampoco puede cerrar los ojos a un diferendo interno que ha conducido a la impunidad del autoritarismo madurista y a una evidente crisis humanitaria. Si la apuesta es el diรกlogo, el reconocimiento de la Asamblea Nacional se vuelve impostergable.
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crรญtico literario.
