Pocos sistemas electorales en el mundo encuentran en su marco regulatorio un espacio tan fértil para la confusión como el mexicano. La raíz del problema es dual. En primer lugar, un sistema electoral basado, como muchas otras facetas de la vida pública en nuestro país, en la más pura y pertinaz de las desconfianzas. Y, dos, una creencia casi espiritual de que los problemas estructurales del país se resuelven mediante la constante adecuación de las reglas para competir por el poder político, y no en la manera en la cual éste se ejerce.
Esta combinación de desconfianza y compulsión por modificar cíclicamente la ley electoral ha quedado ilustrada por un malogrado contrapunto legislativo. Entre más reglas y atribuciones le son asignadas a la autoridad electoral administrativa, mayores son las oportunidades para descalificar al árbitro y mantener viva la llama de la desconfianza. Este ciclo de desconfianza-regulación-descalificación hace mella en la credibilidad pública del INE, a pesar de las buenas cuentas que entrega.
No puedo pensar en un solo partido político o candidatura independiente que, al ver afectados sus intereses, no haya descargado su ira hacia alguna consejera o consejero, cuestionando su parcialidad y acusándole de ser “correa de transmisión” de sus contrincantes.
El próximo 4 de abril, la Cámara de Diputados tendrá que renovar a 4 de los 11 integrantes del Consejo General del INE, un año antes de que más de 96 millones de electores vayamos a las urnas para renovar la Cámara de Diputados y distintos cargos locales en 32 entidades de la República. Una vez más, aparecerá el eterno dilema de quién y cómo se elige a las y los consejeros que integran el máximo órgano de dirección del INE.
Históricamente, el principal factor que ha descarrilado el proceso de designación no han sido las negociaciones entre bancadas para elegir perfiles propuestos por cada bando, sino la exclusión deliberada de alguna fuerza política. Es decir, cuando la imposición ha atropellado al consenso.
De ahí la importancia de que este proceso de designación se lleve a cabo de manera transparente y de cara al escrutinio público. Las decisiones que toman las y los consejeros tienen consecuencias muy concretas en la operación del instituto (no así en los resultados electorales, como muchos quisieran pensar) y deben brindar certeza y garantizar imparcialidad a todos los jugadores.
Tenemos un muy buen ejemplo a la mano. El pasado 6 de febrero se confirmó el nombramiento, por seis años más, del secretario ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo Molina, votado a favor por 8 de los 11 integrantes del Consejo General. Su designación es crucial para garantizar la gobernabilidad del INE de cara a la elección intermedia de 2021, cuyo proceso de organización comienza en septiembre próximo. La secretaría ejecutiva está a cargo de toda la operación del INE y, si bien responde jerárquicamente a los consejeros electorales, dentro de su ámbito de responsabilidad se toman infinidad de decisiones operativas cruciales para la administración y organización de elecciones a nivel local y federal. Es, sin más, el cuarto de máquinas que mueve la operación del instituto.
Aunque una mayoría calificada del Consejo General votó a favor del nombramiento, este ha sido cuestionado. Para algunos, ratificarlo antes de que concluya el periodo por el que fue designado, el 10 de abril, tuvo como fin evitar que la designación de los cuatro nuevos consejeros incidiera en la definición de ese puesto clave en la organización del INE. Sin embargo, los críticos de este nombramiento olvidan tres cosas.
Primero, que el actual secretario ya participó en la organización de los comicios de 2018, en donde fueron electos con un amplio y legítimo margen el actual presidente de la República y ambas cámaras del Congreso. Esto es, su imparcialidad ha quedado demostrada. Segundo, que si bien su nombramiento se hace a propuesta del presidente del Consejo, para designarlo se requirió del voto mayoritario de consejeros con apreciaciones y posturas muy diversas, que están lejos de considerarse un bloque. Basta revisar el sentido de sus votos en el pasado sobre multiplicidad de temas para apreciar la divergencia en sus posturas.
Tercero, que Jacobo Molina está siendo designado por segunda vez dentro del marco legal del actual INE. Diversas voces han buscado cuestionar la legalidad de esta designación recurriendo al marco normativo del antiguo IFE, que limitaba a dos el número de veces que una persona puede ocupar la secretaría ejecutiva. Pero el IFE y el INE son dos instituciones distintas legal y operativamente hablando, por lo que el tiempo que Molina ocupó el cargo en el IFE no se suma al que ha pasado ocupándolo en el INE. Esta objeción, entonces, carece de sustancia. La designación del secretario ejecutivo fue plenamente legal y transparente y en ella prevaleció la opinión de quienes piensan que nombrarlo hoy fortalece la operación del instituto. En suma, representa la pluralidad de voces que caracteriza a un órgano colegiado.
Regresemos a la próxima designación de los cuatro nuevos consejeros. La corta historia de nombramientos de titulares de órganos autónomos durante el sexenio en curso –el más impresentable de ellos, el de la CNDH– da cuenta de que la afinidad política de quienes han sido finalmente elegidos ha pesado más que su independencia y prestigio. Hacer de la honradez una categoría mutuamente excluyente de la autonomía de una persona es una falsa disyuntiva. Esta lógica puede justificar el arribo de perfiles militantes y ajenos a la función electoral. Y eso puede salirle muy caro a una ciudadanía que, en 2021, buscará que sus votos se cuenten bien, como ya ha sucedido en el pasado.
es investigador del CEIICH-UNAM y especialista en comunicación política.
