Ayer el periodista Federico Jiménez Losantos dedicó su editorial de las 7 de la mañana a criticar un artículo mío y otro de David Mejía en The Objective. El de Mejía tiene fragmentos sensatos y pertinentes como estos: “Tan irracional es afirmar que estamos a las puertas de una dictadura como negar que estamos en un proceso de involución democrática. A corto plazo, el edificio no va a saltar por los aires, pero en poco tiempo ha pasado de ser un hotel de cuatro estrellas con aspiraciones a un dos estrellas con humedades”. En el mío digo que “Sánchez está degradando el Estado de derecho para su beneficio personal y el de sus socios (y es importante el uso de las palabras: la degradación de la democracia no es su fin, y se pueden dar pasos hacia el autoritarismo y seguir siendo una democracia)”.
Para Losantos, esta posición templada le da “náuseas”. Cree que “España va camino de una dictadura evidentemente. Y el que no lo ve es porque le da miedo verlo o porque forma parte de ese tinglado”. “Lo dicen las asociaciones de jueces, de fiscales, los inspectores de trabajo, los inspectores de hacienda, lo dice cualquiera que sepa leer y escribir, y no vaya a pintar la mona y a posar de superferolítico”. Losantos sabe que ninguna de esas asociaciones ha hablado de que España está entrando en una dictadura. Lo que han hecho es mostrar su preocupación por una deriva iliberal y autoritaria. Es perfectamente compatible señalar la degradación de la democracia y, a la vez, matizar que no estamos en una “dictadura”. (A veces, Losantos dice que nos dirigimos a una dictadura y otras que ya estamos en ella: “Claro que es una dictadura, naturalmente que es una dictadura. Es una dictadura como son las modernas dictaduras. Las modernas dictaduras comunistas, no populistas.”).
Eso hace, por ejemplo, Ramón González Férriz en un reciente artículo en El Confidencial: “Esta investidura no convertirá España en una dictadura. La amnistía no supone la abolición del Estado de derecho. El nuevo Gobierno será plenamente legítimo. Pero la decisión del PSOE de firmar documentos en los que se avala la existencia del lawfare, se denuncia una decisión del Tribunal Constitucional o se propone la creación de comisiones de investigación en las que los diputados decidirán si un juez se ha comportado debidamente es un paso hacia una concepción más autoritaria de la democracia. Es un paso que han dado muchos países de nuestro entorno, en los que cada vez más políticos recelan de la independencia judicial y quieren propiciar la transición hacia una democracia más plebiscitaria y dominada por la voluntad de sus líderes de centralizar el sistema.”
Son declaraciones muy duras. ¡Pero no son suficientes! Hace falta unirse al coro que no matiza. Los matices no movilizan, sino que despistan. Cuando algo es malo, debe serlo de manera absoluta. La maldad no puede tener matices. El que matiza es sospechoso. Para Losantos, rechazar la etiqueta “dictadura” implica, en cierto modo, una especie de connivencia con ella.
Si Sánchez es un dictador, ¿qué fue Franco? No lo menciono gratuitamente. La invocación del franquismo en debates contemporáneos suele ser tramposa. Pero es que después de hablar del “dictador” Sánchez, Losantos habló de Franco. “En la dictadura de Franco había muchos espacios de libertad. Por ejemplo, la propiedad estaba mucho más segura que ahora. Y la propiedad es una libertad muy seria. Tú te retirabas a tu casa y no te perseguían. Y prácticamente no había impuestos directos. Y además había superávit en las cuentas, no déficit.” Franco, me queda claro entonces, fue un dictador, sí, pero bueno; Sánchez es un dictador malo.
Si Sánchez está degradando el Estado de derecho (como creo que está haciendo), quizá la mejor manera de explicarlo o criticarlo no es defendiendo que en el franquismo había “muchos espacios de libertad” (me he acordado de Enrique Ruano, que fue asesinado por el régimen tras ser detenido por repartir propaganda de Comisiones Obreras, y de la campaña que hizo Manuel Fraga desde el Ministerio de Información para ocultar ese asesinato, con amenazas a su familia incluidas) o que la “propiedad estaba mucho más segura que ahora” (en un régimen tan corporativista e intervencionista y arbitrario). Pero quizá lo que realmente le interesa no es el Estado de derecho.
En los años sesenta hubo interesantes debates en el franquismo sobre el Estado de derecho. En 1962, la Comisión Internacional de Juristas publicó un Informe sobre el imperio de la ley en España en el que indicaba que el Estado franquista no era un Estado de derecho. El régimen, preocupado por su imagen exterior, encargó en 1964 una respuesta al Instituto de Estudios Políticos, que se llamó España, Estado de derecho. Réplica a un informe de la Comisión Internacional de Juristas. El texto, delirante, menciona el derecho natural, el derecho público cristiano y la “tradición de la Jurisprudencia española”, que forma “parte esencial de la civilización del mundo libre”. El libro también defiende el golpe militar de 1936 como un “plebiscito armado” (un concepto maravillosamente siniestro) y defiende que “el Alzamiento fue el uso de un legítimo derecho de defensa por las fuerzas sociales del país que no estaban comprometidas en la vasta conspiración revolucionaria que, en los primeros meses de 1936, había logrado sumir a España en un caos revolucionario”. Esto es un texto del franquismo tardío, de esos años desarrollistas tan estupendos de superávit.
Un par de años después, en 1966, el jurista Elías Díaz escribió el libro Estado de derecho y sociedad democrática. En él afirmaba que “todo Estado es un Estado con Derecho”, pero “no todo Estado es un Estado de Derecho”. La tesis de Elías Díaz era, como explica el filósofo Manuel Toscano, que “Todo Estado moderno hace leyes y funciona como un orden jurídico, pero eso no significa que sea un Estado de Derecho”. Elías defendía el “imperio de la ley, como expresión de la voluntad general; división de poderes y legalidad de la Administración como mecanismos jurídicos antitotalitarios; y, finalmente, respeto, garantía y realización material de los derechos y libertades fundamentales”. Quizá para demostrar las tesis del libro, la Dirección General de Información del régimen franquista secuestró su publicación y Díaz compareció ante el Tribunal de Orden Público. Cuando en 1978 se reeditó, Díaz dijo: “¡Al fin mi Estado de Derecho se publica en un Estado de Derecho!”
Es ridículo escribir sobre el franquismo en un debate sobre el Estado de derecho en la España de 2023. Ha sido Losantos quien ha invocado su espectro. Y siempre que hablamos de dictadura en España, obviamente la que nos viene a la cabeza es la franquista, no la dictadura del proletariado.
En esta era de hiperpolarización, matizar significa ser equidistante. Losantos tiene razón en criticar a quienes hablan de “la derecha casposa y la izquierda equivocada. A la derecha hay que insultarla, a la izquierda hay que arreglarla”. Hay muchos individuos así, que cuando la izquierda comete una tropelía reparten las culpas entre izquierda y derecha. La prensa oficialista está llena de repartidores de culpa que fiscalizan por igual a la oposición y al gobierno, como si tuvieran las mismas responsabilidades. No creo que sea mi caso ni el de Mejía. En el debate público se pueden tener muchas opiniones a la vez, y eso no significa que tengan todas la misma importancia.
Mientras, la polarización sigue su curso. El presidente ha creado un nuevo gabinete de ministros de “alto perfil político” porque la investidura tendrá un “alto perfil político”. Esto, viniendo de él, significa que profundizará más aún en la politización y privatización de las instituciones. Nada nuevo, pero siempre peor.
En fin. Da igual. A mí lo que realmente me ha molestado del monólogo de Losantos, lo que me ha motivado a escribir esto, es que me llame “novelista”.
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).
