Desde hace más de un año nos hemos tenido que adaptar a los cambios drásticos que trajo la llegada del SARS-CoV-2. Las aulas fueron sustituidas por pantallas, las oficinas reemplazadas por espacios en casa, los abrazos por emojis y los síntomas de una gripe ligera se convirtieron en una profunda señal de alarma.
Lo que comenzó como la noticia lejana de un nuevo virus proveniente de Asia rápidamente se tornó en una emergencia mundial, que para un sector privilegiado de la población ha significado quedarse en casa, y para otros ha tenido consecuencias más serias, como la pérdida de seres queridos, la falta de ingresos o la necesidad de arriesgarse a un contagio ante la necesidad de buscar un sustento económico.
Sin embargo, desde un inicio, la emergencia fue minimizada por el gobierno federal, que sería corregido una y otra vez por la cruda realidad.
En primera instancia, el gobierno insistió en que el nuevo coronavirus no era un tema de gravedad e instó a la gente a no cancelar eventos y a “abrazarse”. Posteriormente, afirmó en repetidas ocasiones que el país ya había “domado a la pandemia”, y mantuvo una absurda resistencia a promover el uso del cubrebocas.
Si bien en tiempos de crisis los mensajes de serenidad y esperanza pueden ayudar a mantener un buen ánimo social, el discurso se vuelve peligroso cuando se refleja en las acciones de gobierno. Y en el caso de México y la atención del covid-19, la serenidad y pasividad del discurso oficial fueron acompañadas por la parálisis de la administración en momentos clave.
Un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad muestra que las compras que realizó el gobierno para atender la emergencia durante el último año fueron tardías, opacas y con irregularidades.
El IMCO, con datos de Compranet, señala que durante los meses de enero y febrero de 2020 el gobierno no adquirió medicamentos, insumos y equipo médico para atender la pandemia. Es decir, desaprovechó el tiempo de gracia para dotar a los hospitales públicos de los recursos necesarios para atender los contagios y proteger al personal médico. Al tiempo que las escenas de confinamientos y saturación de hospitales comenzaron a surgir en países de Europa y Asia, el gobierno mexicano optó por desdeñar la llegada de la inminente crisis sanitaria.
Las compras de cubrebocas, guantes, batas, respiradores, medicamentos, equipo de intubación, gel antibacterial, entre otros, se efectuaron en marzo y abril; semanas después del registro de los primeros contagios en el país. Por ejemplo, la primera compra realizada por el IMSS con une referencia explícita a la atención del covid-19 se realizó el 21 de marzo, tres semanas después del primer caso conocido del nuevo coronavirus en México.
Sin embargo, esta reacción tardía ocurrió no una, sino dos veces. Aun cuando se esperaba un repunte de casos durante invierno debido a las bajas temperaturas, la temporada de influenza, las fiestas decembrinas y la relajación de las medidas sanitarias, las compras para afrontar la pandemia se redujeron significativamente durante septiembre, octubre y noviembre, y fueron realizadas, de nuevo, cuando los contagios estaban sucediendo.
En este sentido, la política de compras fue un fiel reflejo del discurso oficial: no se consideró pertinente realizar compras de preparación porque el nuevo coronavirus, según esa narrativa, no era una situación alarmante. Y después de mayo se actuó de manera acorde a los señalamientos de que la pandemia había sido domada, sin la necesidad de prepararse para una nueva ola de contagios.
¿Cuánto cuesta minimizar una emergencia? Cada compra tardía implica medicamentos, equipo especializado y material médico que no estuvo disponible para pacientes que requerían tratamiento, o bien, en equipo de protección que no fue entregado de manera oportuna al personal médico de primera línea que día a día está expuesto a un contagio.
No sorprende entonces que el personal médico del IMSS, ISSSTE y de hospitales de la Secretaría de Salud se haya manifestado ante la falta de material de protección que les permitiera atender pacientes contagiados de covid-19 de manera segura.
De acuerdo con un estudio de Amnistía Internacional, México es el país en donde se han reportado más muertes de personal médico a causa del covid-19. Según datos de la propia Secretaría de Salud, 1 de cada 10 contagios de covid-19 han ocurrido entre personal médico.
Además, el estudio del IMCO muestra que una vez que las compras fueron realizadas, estas se caracterizaron por su opacidad e irregularidades. El 45% de los contratos fue publicado de manera tardía, entre 1 y 327 días después de que iniciaron, mientras que más de 4 mil millones de pesos destinados a la atención de la pandemia no cuentan con un solo documento publicado que permita conocer qué se compró y a qué precio.
La falta de planeación y coordinación en las compras del gobierno también ha resultado en contrataciones, por decir lo menos, dudosas. El 47% de los contratos fue asignado a empresas que no cuentan con información en el Registro Único de Proveedores y Contratistas.
Por su parte, la Sedena compró paracetamol a sobreprecio a una empresa de transporte, y antibióticos a una empresa de muebles. A río revuelto, ganancia de pescadores.
La pandemia no solo llegó al país con un sistema de salud deficiente, sino que, como lo documenta el IMCO, las carencias en el sistema de compras ponen a México en una situación vulnerable y limitan su capacidad de prepararse y reaccionar para atender esta o cualquier otra emergencia.
Por esta razón, son especialmente relevantes las recomendaciones incluidas en el estudio, muchas de las cuales fueron propuestas desde el mes de julio.
Entre ellas, destacan la creación de planes de compras a corto y mediano plazo ante el surgimiento de una emergencia; la elaboración de contratos marco que establezcan rangos de precios aceptables e identifiquen proveedores aptos para surtir la demanda; la posibilidad de denunciar desde Compranet la ausencia de información en las compras públicas, y la generación de identificadores que permitan detectar de manera oportuna los recursos destinados a atender una emergencia.
Estas recomendaciones deberían ser implementadas independientemente del discurso político del momento. A pesar de las campañas de vacunación, en varias regiones del mundo han regresado las restricciones y confinamientos ante la posible llegada de una tercera ola de contagios, e incluso, debido a los efectos de las mutaciones en el SARS-CoV-2, se ha llegado a hablar de una “nueva pandemia”. Si en México las deficiencias en las compras públicas no son atendidas, seguiremos tropezando una y otra vez con la misma piedra.
Es coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
