La experiencia mexicana en los últimos seis años ha demostrado el desafío que es contar con precisión el saldo de la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado, así como lo insuficiente que han resultado las bases de datos disponibles hasta ahora. En este sentido, el caso mexicano no es único. Como bien lo señala Alison Brysk, la medición de las consecuencias de la violencia política no es una experiencia neutral u objetiva, sino que está llena de factores y obstáculos políticos. La revisión de algunas de las experiencias latinoamericanas puede ayudarnos a entender mejor la complejidad de los procesos de medición y considerar posibles lecciones derivadas de estos casos para mejorar nuestras mediciones actuales.
Argentina
Tomemos en cuenta la experiencia argentina durante la transición democrática en la década de los ochenta. Una técnica recurrentemente utilizada por el régimen militar argentino fueron las desapariciones, las cuales usualmente eran seguidas de tortura y asesinato. Una de las principales demandas de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos durante el periodo de transición fue la investigación de dichas desapariciones[1]. Cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia en diciembre de 1983, se instituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para investigar las desapariciones forzadas realizadas por sus predecesores militares. La información recabada por esta comisión, junto con los registros de las organizaciones de derechos humanos, fue fundamental para los juicios a las juntas militares. Las fuentes de información sobre dichas desapariciones fueron múltiples, incluyendo testigos de los hechos y familiares de los desaparecidos, registros militares, relatos de los sobrevivientes, registros de cremaciones y exhumaciones de cuerpos no identificados.
La combinación de todas estas fuentes resultaba esencial ya que, como Brysk advierte, cada una de estas fuentes tiene sus limitaciones. Primero, recurrir solo a reportes de testigos implica que si no hubo un testigo, no se tomará en cuenta el suceso. Segundo, utilizar únicamente los registros de las juntas militares tiene también enormes problemas de subestimación ya que muchos de esos registros fueron destruidos antes de la transición democrática. Sobra decir que la CONADEP no recibió respuesta a las solicitudes de información que hizo a la milicia y la policía. Tercero, los relatos de sobrevivientes tienen la complicación inherente de que pocos fueron los que sobrevivieron esta experiencia de desaparición. Cuarto, si bien los registros de cremaciones pueden ayudar a dar un número aproximado de posibles casos por investigar, la identificación de las víctimas y los victimarios se vuelve imposible. Este no es un aspecto menor. Por el contrario, la identificación de las víctimas y sus agresores es fundamental para una verdadera rendición de cuentas y la eventual administración de justicia. Una situación parecida surge con las exhumaciones, las cuales no permiten identificar a los perpetradores de la violencia y por tanto no se puede consignar a los responsables.
Si bien la multiplicidad de fuentes le da mayor credibilidad a la cifra provista por la CONADEP de 8961 desaparecidos, las estimaciones de las organizaciones de derechos humanos son más elevadas (15,000 a 30,000) ya que la Comisión no tomó en cuenta los reportes de activistas sociales en comunidades marginadas[2]. Aún más importante para el movimiento de derechos humanos en Argentina era la identificación de los desaparecidos, relatar los abusos y asociar a los respectivos agresores. En este sentido, es muy importante señalar que la sociedad civil argentina y las organizaciones de derechos humanos fueron fundamentales para movilizar a la opinión pública y recolectar información.
Colombia
Una de las consecuencias más significativas de la violencia en Colombia ha sido el fenómeno del desplazamiento forzado[3], el cual ha estado presente en dicho país desde mediados del siglo XX y alcanzó una magnitud insospechada en la década de los noventa. Es así que en 1992, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) comenzó su labor de documentación del desplazamiento forzado. CODHES utiliza un sistema de referencia cruzadas para estimar el número de personas desplazadas. Se recolecta información de organismos de gobiernos locales (defensorías del pueblo, procuradurías), organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, instituciones académicas, medios de comunicación y la iglesia católica, entre otras fuentes.
Por su parte, la iglesia católica en Colombia también ha hecho esfuerzos por recolectar información de los desplazados. En 1997, la Conferencia Episcopal de Colombia estableció el Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia, RUT[4]. Este se basa en la aplicación de una encuesta que se ha distribuido en las parroquias católicas para ser contestado por las familias que se acercan a la Iglesia en busca de ayuda en medio de su situación de desplazamiento. Esta encuesta ha permitido analizar el perfil sociodemográfico de los miles de hogares de que han sido desplazados, así como su evolución a lo largo del tiempo. No obstante, por su naturaleza misma, RUT subestima las cifras de desplazamiento interno ya que no incluye a los miembros de otros credos religiosos.
Finalmente, en el 2000, el gobierno colombiano instituyó el Registro Único de Población Desplazada (RUPD). En teoría, el registro podría proveer un conteo preciso, como un censo, del fenómeno del desplazamiento. Sin embargo, el RUPD no refleja el número real de desplazados debido al enorme nivel de subregistro. Las razones de una familia desplazada para no inscribirse en el registro son diversas: temor a entregar información a entidades públicas, deseo de mantener el anonimato por cuestiones de seguridad o bajas expectativas sobre la posibilidad de recibir asistencia[5]. A diferencia de CODHES, el gobierno solo registra el desplazamiento entre ciudades, sin tomar en cuenta el desplazamiento causado por las fumigaciones aéreas para la erradicación de coca. Por consiguiente, hay una diferencia sustancial en sus mediciones. Mientras que CODHES estima un total de 4.9 millones de desplazados, el gobierno registra 3.3 millones.
Guatemala
En julio 2005, la explosión de un depósito militar en la ciudad de Guatemala reveló el escondite del archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala con documentos que dicha institución negó tener durante el proceso de paz, pero que contenían información crítica sobre los procedimientos policiales durante las tres décadas de conflicto interno en este país. Se ha estimado que dicho conflicto armado dejó más de 200 mil muertes. Afortunadamente, la Corte Civil de Guatemala autorizó la inspección del archivo, lo que abrió la posibilidad de empezar a llenar vacíos que la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala había dejado atrás. Dada la complejidad que los investigadores del archivo enfrentaban para analizar los documentos sin causar mayores daños, se invitaron a varias organizaciones no gubernamentales a colaborar. Entre dichas organizaciones estuvo el Programa de Derechos Humanos de Benetech, una organización sin fines de lucro dedicada a crear “tecnología social”, como un software llamado Martus, una herramienta que ayuda a los defensores de derechos humanos ya que permite a los usuarios generar bases de datos encriptadas y guardar una copia de seguridad en servidores remotos disponibles públicamente. El resguardo de este tipo de información resulta fundamental dados los grandes obstáculos políticos que esta tarea de medición implica. El equipo de Benetech desarrolló un plan para recopilar una muestra aleatoria en varias etapas de los documentos, preservar los datos con Martus y así empezar el análisis de la información. Benetech también entrenó a un grupo de codificadores para seleccionar los documentos de la muestra y buscar información específica necesaria para empezar a responder algunas preguntas cuantitativas de investigación.
El Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional continúa hasta la fecha. De hecho, Benetech realiza esfuerzos similares en 60 países, 13 de ellos en colaboración directa con ONGs locales. Actualmente realizan un proyecto en conjunto con investigadores en Colombia, usando información de cementerios para buscar y cuantificar desaparecidos en Rionegro, Antioquia, Colombia.
Las lecciones
Este texto no pretende de ninguna manera se exhaustivo en cuanto a la revisión de las experiencias latinoamericanas en la medición de las consecuencias de la violencia política. No obstante, la breve exploración de los casos argentino y colombiano nos deja al menos tres lecciones importantes. Primero, es fundamental utilizar múltiples fuentes de información para la construcción de medidas multi-dimensionales de la violencia. Segundo, es esencial reconocer las limitaciones de cada una de las fuentes que utilizamos para conocer también los límites de nuestros argumentos y afirmaciones. Tercero, es de suma importancia que en estos ejercicios participen todos los actores sociales y políticos en conjunto. Solo así es posible mejorar nuestras mediciones, exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las distintas autoridades de gobierno y estimar con mayor precisión el impacto de la violencia. Finalmente, la reciente experiencia guatemalteca, con el archivo de la Policía Nacional, nos debe enseñar la utilidad que pueden llegar a tener los avances tecnológicos tanto para diseminar información, como para preservarla con mayor seguridad pese a los obstáculos políticos inherentes al proceso de medición de la violencia y de las violaciones de derechos humanos. Cabe señalar que estos procesos de mediciones y conteos no deben de ninguna manera dejar de lado la importancia de la identificación de las víctimas y sus agresores. Por el contrario, junto con la preservación de la memoria histórica, un propósito esencial de esta labor de recolección de información es la de administrar justicia, sin importar la naturaleza del agresor.
[1]De acuerdo con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las desapariciones definitivas fueron 8961.
[2]Por ejemplo, Brysk reporta que tan solo en la diócesis de Buenos Aires, un obispo registró 2800 casos de desaparición.
[3]De acuerdo con el gobierno colombiano, “es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”. Artículo 1º de la ley 387 de 1997. Mayor información aquí.
[4]Rut es un personaje bíblico que la iglesia católica colombiana retomó para ejemplificar su acompañamiento a los desplazados del país.
Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke e investigadora visitante en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame.
