Once días después de haber enviado a un grupo de asaltantes armados para ocupar la antena transmisora del Canal 40, el propietario de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, justificaba ese despojo delante de dos secretarios de Estado. Tengo derecho a actuar de esa manera, dijo, porque si los tribunales no funcionan, entonces alguien tiene que poner orden en este país.
Ese relato de la autojustificación de Salinas Pliego lo ofreció el propietario de Canal 40, Javier Moreno Valle, en la reconstrucción que la revista Proceso (12-1-2003) hizo de las negociaciones de ambos empresarios ante los secretarios de Gobernación y Comunicaciones y Transportes. Aquella reunión se realizó una semana y media después del asalto que Televisión Azteca emprendió la madrugada del 27 de diciembre contra las instalaciones transmisoras ubicadas al norte de la ciudad de México, en el Cerro del Chiquihuite. La versión no había sido desmentida varios días más tarde y es congruente con la autodefensa que Televisión Azteca hizo de ese incidente.
El asalto a la antena y la usurpación de la señal del Canal 40 ocurrieron de madrugada, el último viernes del año. Un comando integrado por guardias de seguridad ataviados con pasamontañas y pertrechados con armas de fuego burló las alambradas que protegían el transmisor y sometió a los vigilantes e ingenieros que custodiaban la antena. De inmediato, Azteca comenzó a difundir, por esa frecuencia, una programación distinta de la del Canal 40.
A pesar de que fueron amenazados y los quisieron sobornar, esos trabajadores del 40, sorprendidos aquella madrugada, dieron testimonio del asalto. Su versión contradice la que propagó TV Azteca, cuyos esbirros escenificaron una pantomima que la televisora difundió en un intento para ocultar el carácter violento del atraco en el Chiquihuite.
La mascarada que montó, pero sobre todo la decisión misma de enviar un grupo armado a ocupar las instalaciones de otra empresa televisora, indican un inusitado desprecio de los directivos de Televisión Azteca por el orden jurídico. La explicación de Salinas Pliego describe con cruda nitidez la prepotencia y el desprecio a la legalidad y las instituciones que domina en el comportamiento de esa empresa. Esa idea de que si los tribunales no funcionan entonces cada quien ha de tomar la ley por su propia mano, indica la desorbitada concepción que esa televisora tiene acerca de su poder y su papel en la sociedad.
Además es signo de los tiempos. La decisión de TV Azteca para adueñarse de las instalaciones y la señal de otra televisora no es sustancialmente distinta del comportamiento de los comuneros que, machete en mano, se opusieron a la construcción del aeropuerto en San Salvador Atenco, ni de la de los exaltados que hace cuatro años secuestraron a la UNAM durante diez meses. Regidos por la ley del machete —o de la selva, o del asalto de madrugada—, esos episodios han subrayado el afán por subordinar el interés público y la vigencia del orden jurídico a intereses particulares. Los propietarios de Televisión Azteca no tenían más derecho a asaltar las instalaciones en El Chiquihuite que los macheteros de Atenco a impedir la realización de una obra de la mayor importancia para el país. En ambos casos la respuesta del gobierno, al menos varias semanas después de los acontecimientos del 27 de diciembre, era similar. De la perplejidad ante la presión política, ha transitado a la convalidación de actos ilícitos.
Televisión Azteca ha sostenido que el apoderamiento de bienes de otra empresa es consecuencia del incumplimiento de un convenio que tenía con la empresa propietaria del Canal 40. Hace cuatro años ambas televisoras pactaron el comienzo de una alianza que podría llevar a la adquisición, por parte de Azteca, de los bienes y los derechos de transmisión del 40. Dos años más tarde, el propietario del Canal 40 consideró que Azteca no había cumplido con el convenio y se inició un prolongado litigio, que después de los tribunales mexicanos llegó a una corte internacional en materia de asuntos comerciales.
La interpretación de las decisiones judiciales acerca de los contratos entre las dos televisoras resultó incierta y no necesariamente significaba un mandato de inmediata aplicación en nuestro país. Sin embargo, Azteca consideró que los acuerdos de esa corte le daban derecho a ocupar las instalaciones del 40. Esa postura fue, en aquellos días, relativamente eficaz. Hubo quienes consideraron que el incumplimiento del dueño del Canal 40 a sus compromisos con Azteca era una falta equiparable al asalto en El Chiquihuite. Incluso, en los últimos días de diciembre, varios medios electrónicos y no pocos diarios informaron de esos acontecimientos diciendo que Azteca había “tomado el control” de las instalaciones del 40. Se trataba de un ramplón eufemismo para no decir que la empresa de Ricardo Salinas Pliego había cometido un asalto con todas las agravantes. Aunque las coordenadas legales de ese asunto estuviesen enmarañadas, se trataba de dos infracciones distintas. Una era el litigio de carácter mercantil. Otra el abuso, de consecuencias penales, que se cometió contra una televisora a la que se privó de su derecho a transmitir en ejercicio de una concesión legalmente adjudicada.
Si la conducta de Azteca resulta escandalosa, quizá más preocupante fue la actuación del gobierno —al menos tres semanas después de la ocupación ilegal de las instalaciones del Canal 40. El “aseguramiento” que se hizo de la antena y la decisión de suspender cualquier transmisión por esa frecuencia constituyó un castigo suplementario para el propietario y los trabajadores de esa estación. A los ya despojados se les maltrató con una nueva exacción.
Al retener las instalaciones y la frecuencia, el gobierno contribuyó a exacerbar las dificultades del Canal 40. Aunque esa emisora seguía transmitiendo para los sistemas de televisión por cable que recogen su programación en varios estados del país, sin la señal abierta en el Valle de México el 40 difícilmente podía vender publicidad y sus finanzas se encontraban cada vez más exhaustas.
Infligirle ese castigo ha sido también una manera de sancionar al auditorio de esa televisora. Mal que bien, la programación del Canal 40 ha sido diferente de la que difunden Televisa y TV Azteca y las estaciones culturales propiedad del gobierno. Se ha tratado de una ventana, a menudo estrecha pero con matices de imaginación o búsqueda (incluso de notoria heterodoxia política) que no se advierten en otras televisoras. Así que, además de cómplice con el abuso cometido por una empresa privada, al favorecer en este litigio a Televisión Azteca el gobierno ha castigado a la sociedad al privarla de los contenidos del Canal 40. ~
Investigador en el IIS de la UNAM.
