No se trata sólo del velo y del chador. El estatus de la mujer constituye el punto de encuentro del complejo de dualismos que caracteriza a la sociedad iraní a partir de la Revolución islámica de 1979, al ofrecer una extraña suma de modernidad y de profundo arcaísmo. Un paisaje social en que coexisten la intensa profesionalización de la mujer y la ocultación forzosa del cuerpo, una aguda sensibilización ante los propios problemas, de un lado, y el riesgo de flagelación o cárcel ante posibles infracciones a la sharía, de otro. Como ha escrito el historiador del chiismo Yann Richard, “a pesar de la regresión jurídica y de la obligatoriedad de tradiciones retrógradas impuestas por el régimen islámico a las mujeres residentes en Irán, iraníes o no, musulmanas o no, el movimiento de socialización y de movilización colectiva de las mujeres en Irán ha cobrado una fuerza creciente”. Siempre con un alto grado de tensiones y de conflicto.
En un primer momento se temió que el ayatolá Jomeini cancelara definitivamente el proceso de emancipación femenina iniciado bajo el Shah, por sus declaraciones contra el voto y el trabajo de la mujer. Pero no pudo cerrar los ojos ante la intensidad de la participación femenina en el proceso de movilizaciones que lo llevó a la victoria. “En el orden islámico –afirmó en consecuencia– las mujeres, en tanto que seres humanos, pueden tener una participación activa, junto a los hombres, en la construcción de una sociedad islámica.” La guerra con Iraq hizo el resto, impulsando la incorporación de las mujeres al trabajo y a la universidad: fue la llamada Revolución bajo el velo. Sólo que, al mismo tiempo, la entrada en vigor de la ley coránica determinó un brutal retroceso en la condición jurídica, tanto por la subordinación radical al hombre en la mentalidad social, como por una insalvable inferioridad en el plano normativo (matrimonio, herencia, testimonio, autonomía personal), cuyos emblemas fueron el uso obligatorio del velo, infracción castigada con decenas de latigazos y con la cárcel, aplicando el dicho de “el velo o el palo”. Es más, se puso en vigor aquello que en principio fue descartado por el propio Jomeini: el chador obligatorio para las actividades públicas o de hecho para quienes residen en centros religiosos (Qom). Una disyunción que estará en la base de la fractura actual en la sociedad iraní, entre la vinculación ciega de las mujeres tradicionales a una islamización global, propugnada por Ahmadineyad, y la de un movimiento de masas feminista, que apoyó vehementemente a Jatamí en 1997 y sostiene hoy a Musavi, el cual, como su figura emblemática Shirin Ebadi, aspira a la igualdad jurídica y a su único soporte posible, la libertad política.
La segunda dualidad planteada por la Revolución islámica, transitoriamente eficaz, a la larga insostenible, concernía al sistema político. Comparable sólo en la historia del siglo XX a Lenin, al tomar el poder el ayatolá Jomeini llevaba escrita en su cabeza la fórmula de su revolución: el vilayet e-faqih, el gobierno del jurisconsulto islámico, que habría de garantizar la islamización de la sociedad. Sólo que resultó imposible prescindir de un componente estrictamente democrático de la revolución, cuyas raíces se hundían en la experiencia nacionalista de Mosaddeq en los años cincuenta; algo presente con especial fuerza entre la juventud: de ahí que Jomeini cerrara casi de inmediato las universidades. Había, pues, que conjugar hasta cierto punto el poder islámico, la yumuriye islamí, con la aspiración a la libertad, azadí. El resultado fue una articulación asimétrica de a) el poder hegemónico hierocrático en el fondo, teocrático en la forma, con la oligarquía de altos clérigos presidida por el líder carismático, respaldado por una trama de Consejos –de guardianes, de expertos– que pronto unirá el poder económico al político, y b) de instituciones electivas en apariencia comparables a las de Occidente, con un presidente de la república a la cabeza y un parlamento, sólo que limitadas a competencias económicas y administrativas, en especial tras suceder Jamenei a Jomeini. Sin olvidar que el sistema electoral está desvirtuado por el filtro a los candidatos realizado desde el Consejo de Guardianes, que excluye a todo aquel inseguro a la hora de probar su lealtad al régimen. Aun así, al ser superado el trauma de la guerra con Iraq, las elecciones servirán de cauce para manifestar expectativas de cambio y oposición encubierta. La primera oportunidad llegó con las grandes movilizaciones que propiciaron en 1997 la elección del hoyatoleslam Jatamí como presidente, y la segunda ahora, con las que han sostenido a Musavi. La República islámica carecía de vocación democrática, aunque la tuvieran clérigos destacados, tales como el ayatolá Montazeri, que estuvo a punto de suceder a Jomeini. A pesar de ello no supo evitar que permaneciera abierta la rendija para que se expresaran con fuerza quienes deseaban una reforma.
El choque de trenes estaba así garantizado a largo plazo, y si no surgió antes fue por el cierre de filas nacionalista forzado por la agresión de Iraq. Bajo el despotismo político del Shah, tal y como sucediera entre nosotros con el franquismo, había ido configurándose una sociedad civil, con unas élites económicas, la penetración de ideas y usos occidentales y el progreso de la mujer respecto de su posición en la sociedad tradicional islámica. Ese proceso de modernización siguió adelante a partir de 1989, aun coartado por la presión político-religiosa y por el peso de un sector público de grandes dimensiones en manos del clero y de notable ineficacia. De ahí la situación actual, marcada negativamente por una inflación muy alta, déficit tecnológico –Irán importa gasolina– y grandes bolsas de pobreza, que legitiman la oposición radical de las élites. Contra esa depauperación comenzó a luchar el Estado bajo Jatamí, y ahora sigue haciéndolo con un sentido populista Ahmadineyad. Sin modificar el estatus privilegiado de los ayatolás, se ha consolidado así desde el gobierno un islamismo de los pobres y, lo que es peor, de los basiyis, de los cientos de miles de integrantes de la fuerza parapolicial que constituye el soporte principal del régimen por su labor permanente de vigilancia y represión sobre los ciudadanos. Ambos sectores, islamismo populista vinculado al Guía de la Revolución y reformismo económico y político, eran conscientes de lo que se jugaba en la partida, y nada mejor para ilustrarlo que el enfrentamiento registrado en torno al resultado de las elecciones del 12 de junio.
Los recursos de unos y otros eran, no obstante, desiguales. A la firmeza de los ciudadanos que votan en unas elecciones verosímilmente trucadas y que salen a la calle con riesgo de sus vidas, se opone el poder hierocrático de los ayatolás primero, y de los grupos armados que encarna Ahmadineyad a su lado ahora, dispuesto a vulnerar si es preciso sus propias normas para salvaguardar lo que para ellos es la soberanía de Alá (teocracia formal). Conviene recordar que el régimen islamista no renunció desde un principio a la práctica, incluso con elementos estalinianos, de la tortura, de las ejecuciones sumarias y del terrorismo, dentro y fuera de las propias fronteras. Los atentados y los crímenes contra los colaboradores y seguidores de Jatamí, organizados desde los aledaños del Guía de la Revolución, Alí Jamenei, probaron durante la presidencia del clérigo liberal cuál era la verdadera naturaleza del supuesto poder benéfico de un islamismo arcaizante inspirado en el Imán Oculto, a quien presta Ahmadineyad su devoción. El veto puesto en 2000 por el mismo Jamenei a una ley de libertad de prensa dejó asimismo claras las cosas en la superficie, entre una cascada de normas parlamentarias vetadas por el Consejo de los Guardianes, más la exclusión de los candidatos reformistas en 2004. Las únicas esperanzas residían en la visible confrontación dentro del sistema de poder entre el sector pragmático de la hierocracia, personificado por el ex presidente Rafsanyani, con fuertes poderes institucionales y económicos, y el desplazamiento hacia la base de masas del régimen, encarnada en Ahmadineyad. Única línea de fractura, visible hoy, susceptible de alterar la asimetría de fondo entre el bastión defensivo y los reformadores.
El verosímil fraude electoral del 12 de junio no ha sido, pues, sino una exigencia técnica que entra del todo en la lógica de Jamenei, ya expresada a principios de los ochenta: “No somos liberales como Mosaddeq o Allende, a quienes la CIA pudo borrar de un plumazo. Adoptaremos drásticas actuaciones para preservar nuestra recién nacida República Islámica.” Así, en las pasadas elecciones, antes de que el tinglado quedara al descubierto con las decenas de localidades en que hubo más votantes que electores y sobraron en consecuencia millones de votos, fue el comportamiento del Ministerio del Interior durante la propia jornada electoral, con el anunciado cierre informativo, la proclamación en cuatro horas –no en veinticuatro como en 2005– de resultados globales sin mención alguna de su origen territorial, y la eliminación de toda observación exterior, lo que fundamentó la tesis de un fraude: ante una victoria tan espectacular, hubiera debido existir todo el interés por hacerla transparente a la opinión pública. Y tras la sorpresa de las movilizaciones contra el resultado oficial, represión a fondo con el elemento totalista de los basiyis en primer plano. De ahí la lógica de un grito ya pronunciado con anterioridad: “¡Abajo el dictador!”, que por debajo del eufemismo, al no nombrar al Guía de la Revolución, Alí Jamenei, demuestra la imposibilidad de hacer efectiva la democracia en el marco de un régimen islamista.~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).
