Desde 1946 —aƱo en el que se establecieron las condiciones generales de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la EducaciĆ³n (SNTE)— hasta 1992, las decisiĆ³n sobre la distribuciĆ³n de los puestos de maestros en todo el paĆs se tomaban entre la cĆŗpula sindical oficialista (SNTE) y la burocracia educativa federal (la SEP en los estados), con una pequeƱa participaciĆ³n de los gobiernos de los estados. Esta dupla repartĆa sus tajadas presupuestales de manera clientelista: ofrecĆan el puesto como un favor. Todo movimiento de adscripciĆ³n, ascenso y reconocimiento, era controlado por las comisiones mixtas (sindicato-gobierno) del Reglamento de escalafĆ³n de los trabajadores al servicio de la SecretarĆa de EducaciĆ³n PĆŗblica de diciembre 1973. En la prĆ”ctica la mitad de los ascensos o cambios los decidĆa el sindicato y la otra mitad la burocracia educativa.
A pesar del control clientelista y corporativo del SNTE sobre la mayorĆa de los maestros, a partir de 1979 empezĆ³ el poder en diversas secciones del sindicato, sobre todo en las zonas campesinas de Oaxaca, MichoacĆ”n, Guerrero, o Hidalgo. Los profesores de esas regiones provenĆan fundamentalmente de las normales rurales, donde habĆa subsistido una organizaciĆ³n de origen cardenista: la FederaciĆ³n de Estudiantes Campesinos Socialistas de MĆ©xico, en la que los comunistas de la dĆ©cada de 1930 tuvieron influencia. De ahĆ provienen los cuadros, el discurso y el estilo de negociaciĆ³n de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la EducaciĆ³n (CNTE), nacida como corriente que reclamaba la democratizaciĆ³n del sindicato y mĆ”s salario, pero con una simbologĆa que se identificaba con los iconos de las guerrillas campesinas de la dĆ©cada de 1960 y con un adoctrinamiento de carĆ”cter revolucionario. En plena crisis econĆ³mica el reclamo salarial de los maestros era justo y no era exclusivo de los mĆ”s radicales.
A partir de 1983 la CNTE que controlaba ya algunas secciones de la representaciĆ³n sindical, se convirtiĆ³ en un actor relevante en el reparto del poder, sobre todo por la estridencia de sus protestas, toleradas por el gobierno, temeroso de agitar su radicalismo y con ello echarlos pa’l monte, en tiempos en los que estaba reciente la proliferaciĆ³n de grupos armados. Cuando por fin se alcanzĆ³ la estabilidad econĆ³mica en 1989, la CNTE consiguiĆ³ que el aumento a los maestros fuera por encima del tope salarial y provocĆ³ la caĆda del lĆder del SNTE Carlos Jonguitud Barrios, en el poder desde los tiempos de EcheverrĆa. Hoy la CNTE representan a alrededor del 10 por ciento de los maestros de zonas muy pobres y de poblaciĆ³n indĆgena.
En 1992, como resultado de la limitada reforma educativa[1] impulsada por el gobierno de Carlos Salinas, la burocracia federal comenzĆ³ a perder poder de decisiĆ³n y las burocracias locales empezaron a ganarlo. El ejercicio de los recursos presupuestarios fue trasladado a los gobiernos estatales y con ello buena parte de la negociaciĆ³n con el sindicato, sobre todo lo relacionado a las comisiones mixtas que regĆan al administraciĆ³n de las plazas. Con el cambio demogrĆ”fico la demanda de maestros se redujo, por lo que las plazas se convirtieron en un bien escaso y su preciĆ³ aumentĆ³ notablemente. El resultado fue el nacimiento de mercados estatales de plazas de maestros con dos proveedores: el sindicato y las burocracias educativas, aunque tambiĆ©n participaban los maestros que se iban a jubilar y que podĆan disponer de su plaza de manera patrimonial.
En la medida en la que el PRI fue perdiendo el monopolio del poder, el SNTE mostrĆ³ la fuerza que el arreglo institucional le habĆa dado. No eran solo relaciones informales sino una serie de normas que jurĆdicamente le otorgaban el poder al sindicato, de ahĆ que gobiernos panistas o perredistas tuvieron que negociar con el sindicato para mantener la paz en sus estados. El mecanismo operaba igual en las secciones controladas por el PRI y en las dominadas por la CNTE.
Cuando Fox ganĆ³ la presidencia, el SNTE nacional, que habĆa logrado conservar la disciplina de sus cuadros locales bajo la direcciĆ³n de Elba Esther Gordillo, negociĆ³ que no se hiciera reforma alguna en la distribuciĆ³n de poder y mantuvo el control de su rebanada de recursos fiscales. La lĆder sindical hizo sentir su fuerza dentro del PRI, debilitado por la pĆ©rdida de la presidencia de la RepĆŗblica, e intentĆ³ controlar al partido. Fallado ese intento Elba Esther usĆ³ su capacidad de movilizaciĆ³n clientelista y creĆ³ su propio partido. A partir de las elecciones de 2006, Nueva Alianza se convirtiĆ³ en un nuevo instrumento de negociaciĆ³n de la dirigencia del SNTE, gracias a que podĆa movilizar una fuerza electoral significativa por medio de la coacciĆ³n clientelista de los maestros. Aquel profesor que querĆa una DirecciĆ³n o un cambio de adscripciĆ³n o una plaza para su hija tenĆa que participar en las tareas del partido, hacer campaƱa por Ć©l y mostrar que en su casilla aparecĆan los votos de su familia. Al ser un partido pequeƱo, el contrato clientelista resultaba relativamente fĆ”cil de monitorear.
Supuestamente la mĆnima diferencia de votos que acabĆ³ por darle la presidencia Felipe CalderĆ³n en la elecciĆ³n de 2006 se debiĆ³ a los votos de las clientelas magisteriales. Por ello se estableciĆ³ una coaliciĆ³n que beneficiĆ³ a los leales de Elba Esther con el control de parte sustancial de la polĆtica educativa y de su presupuesto.
Durante la campaƱa electoral de 2012 el candidato PeƱa Nieto se mostrĆ³ cauto y evitĆ³ dar seƱales de enfrentamiento con la dirigencia magisterial; sin embargo, despuĆ©s de la elecciĆ³n. el equipo del presidente comenzĆ³ a dar seƱales de que preparaba una reforma. El dĆa de la toma de posesiĆ³n PeƱa Nieto, en un reconocimiento implĆcito de que era el SNTE el que regĆa en ese Ć”mbito, anunciĆ³ que impulsarĆa la creaciĆ³n de un Sistema Nacional de EvaluaciĆ³n y de un Servicio Profesional Docente para recuperar la rectorĆa del Estado sobre el sistema educativo.
El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y la reforma constitucional impulsada desde el gobierno bajo el paraguas del Pacto por MĆ©xico mostraron la decisiĆ³n del gobierno de cambiar el equilibrio de poder en la educaciĆ³n a favor del Estado. Seis meses despuĆ©s las leyes secundarias de la reforma fueron aprobadas[2].
Con las reformas es probable que se modifiquen los derechos de propiedad y las relaciones de poder en el sistema educativo. En primero lugar, el mercado de plazas queda seriamente limitado, pues ahora todas las vacantes serĆ”n objeto de concursos de oposiciĆ³n organizados por las burocracias educativas locales, con lineamientos establecidos por el nuevo y autĆ³nomo Instituto Nacional para la EvaluaciĆ³n de la EducaciĆ³n (INEE) y con convocatorias aprobadas por la SecretarĆa de EducaciĆ³n PĆŗblica federal; con ello el sindicato pierde una fuente importante para establecer contratos clientelistas. Sin embargo, aunque acotado, el poder de las autoridades locales seguirĆ” siendo alto en la distribuciĆ³n de los puestos y quedan resquicios para la discrecionalidad.
En el caso de las promociones a puestos de DirecciĆ³n y SupervisiĆ³n, las nuevas reglas eliminan formalmente el poder sindical y limitan la arbitrariedad de las burocracias locales, pues tambiĆ©n serĆ”n concursos de oposiciĆ³n con lineamientos establecidos por el INEE y convocatorias aprobadas por la SEP. Sin embargo, la operaciĆ³n de los concursos queda en manos de las burocracias locales donde el sindicato mantiene una fuerte injerencia, pues en al menos 20 entidades son lĆderes del SNTE con plaza de Director o de maestros los que se desempeƱan como titulares, subsecretarios o funcionarios de primer nivel en la secretarĆas de educaciĆ³n locales. En Zacatecas, Jalisco, Chiapas y Colima los secretarios de educaciĆ³n provienen directamente de las secciones sindicales, mientras que en Guerrero, Tamaulipas y YucatĆ”n los subsecretarios de educaciĆ³n bĆ”sica son personeros del sindicato. En Puebla el secretario de educaciĆ³n, Luis Maldonado Venegas, es un operador polĆtico de Elba Esther Gordillo. En la medida en la que sean ellos los encargados de echar a andar la operaciĆ³n de la reforma, la posibilidad de que el proceso se pervierta es amplia.
Los mecanismos para que un maestro pueda cambiar de adscripciĆ³n seguirĆ”n siendo un procedimiento sometido a la discrecionalidad burocrĆ”tica con notable influencia sindical directa o a travĆ©s de sus representantes en las secretarĆas de educaciĆ³n locales, mientras que el programa que sustituirĆ” a la fallida carrera magisterial de 1993 tambiĆ©n serĆ” administrado por las burocracias locales y no tendrĆ” el carĆ”cter de un autĆ©ntico sistema de promociĆ³n en el puesto con incentivos positivos para la mejora en el desempeƱo. AdemĆ”s, con los cambios introducidos a Ćŗltima hora en la Ley del Servicio Profesional Docente, al sindicato le queda el tramo de poder derivado de los litigios laborales que se den como resultado del nuevo sistema de evaluaciĆ³n de los maestros, que puede conducir a su despido; el control clientelista tendrĆ” en ese proceso un nuevo cemento. AsĆ, las relaciones de poder y los “derechos de propiedad” en la educaciĆ³n mexicana apenas y se han transformado en los mĆ”rgenes.
[1] Producto del Acuerdo Nacional para la ModernizaciĆ³n de la EducaciĆ³n BĆ”sica, que descentralizĆ³ parcialmente la administraciĆ³n de la educaciĆ³n y estableciĆ³ el programa de carrera magisterial como un sistema voluntario de incentivos basado en el mĆ©rito que pronto fue desvirtuado, pues por presiĆ³n del sindicato se convirtiĆ³ en un mecanismo para aumentar el sueldo de los maestros sĆ³lo a partir de la presentaciĆ³n de constancias de cursos meramente presenciales sin evaluaciĆ³n alguna del desempeƱo
[2]Se reformĆ³ la Ley General de EducaciĆ³n y se crearon dos nuevas leyes: la Ley del Instituto Nacional para la EvaluaciĆ³n de la EducaciĆ³n y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
