Arranca 2011 y por lo menos dos procesos constitucionales siguen pendientes: el nombramiento de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la designación de tres consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
La designación de los consejeros electorales inició en octubre del año pasado con el registro de 146 aspirantes. Después de que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados entrevistara a los candidatos (entre los que se contaban intelectuales, académicos, militantes partidistas de clóset y próceres de la sociedad civil) la lista se depuró a 17 y la falta de acuerdos hizo el resto. El 4 de noviembre, en contra de disposiciones constitucionales y legales, la Cámara de Diputados pospuso indefinidamente la elección de los tres nuevos consejeros.
En la designación del ministro de la SCJN, el presidente Felipe Calderón envió la terna a la Cámara de Senadores dos meses después de la muerte del ministro Gudiño Pelayo y 15 días antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones, de lo que se infiere que la completa integración de la Corte no era una prioridad en la agenda del Ejecutivo. Una vez recibida la terna, las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera entrevistaron a las candidatas durante una hora y el asunto se llevó al pleno el 14 de diciembre de 2010. Ese día, tras un discurso de 15 minutos por parte de cada una de las aspirantes hubo dos rondas de votaciones y en ninguna se alcanzó la mayoría constitucional requerida. Nada para nadie.
Los problemas inmediatos de estas “no decisiones” por parte del poder Legislativo y Ejecutivo se dejaron ver a finales de 2010. La Primera Sala de la Corte, que se integra por cinco ministros, desde la muerte del ministro Gudiño Pelayo, solo cuenta con cuatro; el ministro Arturo Zaldívar, presidente de esta Sala, ha expuesto el retraso en asuntos jurisdiccionales por empates en las votaciones de una Corte incompleta.
En el IFE, además de la concentración de trabajo que resulta de que hay 6 en lugar de 8 consejeros, la actual integración de las comisiones podría ser cuestionada respecto a su legalidad (Las 6 comisiones permanentes del IFE deben estar conformadas por tres consejeros y los consejeros electorales pueden participar hasta en dos de estas comisiones, según el COFIPE, art. 116 numeral 2 y 4). Además la actual conformación del Consejo General puede generar empates en resoluciones (COFIPE art. 366 numeral 6) que generen atraso o por lo menos incertidumbre electoral en Guerrero y Baja California Sur y, que en caso de ser recurridas ante el Tribunal Electoral, podrían ser declaradas inconstitucionales dada la incompleta integración del Consejo General del IFE.
En febrero de este año iniciará el periodo ordinario de sesiones del Congreso, mientras la SCJN seguirá acumulando casos y el IFE operará con comisiones y resoluciones frágiles que vulneran su propio marco legal. No pueden hacer más de que lo que ya están haciendo. La urgencia de gobernanza debería obligar a que estos nombramientos sean prioridad en ambas Cámaras y lo serán, pero solo en el momento en que puedan utilizarse como monedas de cambio. Posponer las designaciones para un año electoral permite negociarlas. 2010 se fue sin nombramientos no [solo] por la omisión, negligencia o desidia cortoplacista de los políticos sino porque existe la posibilidad real de sacar más provecho de estos nombramientos en un año en que se juegan 6 gubernaturas, 16 diputados locales y 22 presidentes municipales. Si no es así que alguien responda ¿Qué hará cambiar la posición de los grupos parlamentarios en los siguientes seis meses? ¿Otro discurso de 15 minutos?
– Iván García Gárate
Profesor de Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
