São Paulo en llamas: Milenio negro

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En Milenio negro, el escritor británico James Graham Ballard imaginó un grupo de conjurados de clase media que se levanta contra los imperativos de la sociedad de consumo, atacando entre sus más significativas representaciones el aeropuerto de Heathrow. Pero esa diversión dura lo que un pelado en la nieve, cuando a los revoltosos se les suman los excluidos de verdad. El estallido de violencia que puso en jaque a la ciudad de São Paulo las dos últimas semanas de mayo es una duplicación, corregida y aumentada, de ese argumento. Los incidentes blanquearon la ausencia de políticas públicas en las zonas más empobrecidas de Brasil. Así, quedaron abiertas las puertas a las organizaciones delictivas como el PCC o el Comendo Vermelho, que no sólo venden drogas y armas sino que dan lo que el Estado niega: servicios educativos y sanitarios, y una paradójica forma de movilidad social.

La ciudad todavía huele a pólvora y a sangre. En decenas de cárceles, los presos se amotinaron, incendiaron colchones, tomaron rehenes, fabricaron ganzúas y facas. En estos días, los narcos y sus asociados son algo más que una organización criminal de las que suele hablarse en los manuales policiales. El Comando Primeiro da Capital (PCC) es un Estado dentro de otro Estado, es un Estado naciente que reglamenta, dicta leyes, asesina, organiza ayuda social, subsidios, sueldos, seminarios, etcétera, y que con las armas en la mano, al menos en São Paulo, es un Estado que disputa poder al Estado brasileño, inutilizado para monopolizar la violencia, según las definiciones canónicas: y eso a pesar de que dispone de un presupuesto generoso, y de una de las policías militares más salvajes del planeta, infectada de “escuadrones de la muerte” desde hace más de treinta años.

En São Paulo viven más de veinte millones de personas. Anochece cuando llego a São Paulo; el clima es primaveral a pesar del otoño, pero repentinamente se calienta como una caldera: desde un cuarto piso, a tres cuadras de la Praça da Sé, veo los fogonazos de un tiroteo a no mucha mayor distancia de un viaje corto en taxi… y eso que se supone que hay tregua, que está funcionando un pacto, una moratoria firmada a sangre y fuego por las autoridades estatales y los capos del tráfico de las armas y las drogas, ese negocio que todo Estado que se precie quiere tener para sí y a veces no puede, como sucede en Brasil y como sucede en Colombia, donde los norteamericanos, si quieren prosperar –aunque no sea más que filtrando entretenimiento o cultura– tienen que hablar con el presidente Álvaro Uribe, por supuesto, pero también con los delegados de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y no en un hotel céntrico de Bogotá sino en la selva, entre los mosquitos, los moscardones y las arañas. ¿Brasil va camino a eso? Eso es lo que algunos piensan que quiere el círculo áulico de Bush, pero yo no lo creo. Digo: no creo que Brasil vaya camino a eso, aunque puedo acordar con lo otro. Los fundamentalistas de Washington están hartos de Brasil, y de la desobediencia de Brasil, que no obedece ni siquiera teniendo en el Planalto a un obrero metalúrgico, cierto que aburguesado y gordo pero obrero al fin. Los norteamericanos están hartos del presidente obrero como estaban hartos del presidente sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, que estaba disciplinado y había ordenado las cuentas y a veces pagaba con puntualidad, pero que estuvo durante años exportando teorías sobre la independencia económica que inspiraron a otros tantos sociólogos, muchos de los cuales, chilenos, argentinos, peruanos, venezolanos, ahora trabajan para las empresas globales con sede fiscal en los Estados Unidos. Pero tampoco parece prudente caerse para el otro lado, como Noam Chomsky o James Petras, que siempre cobraron de universidades e institutos norteamericanos y todos los días denuncian alguna nueva actividad de los norteamericanos en el exterior como un paso más en la estrategia de la zarpa imperial: eso es puro chauvinismo francés, y tampoco el chauvinismo francés parece prudente, menos siendo positivista o funcionalista. Porque en París, cualquier hijo idiota de Lacan, o Derrida, o Deleuze, se ríe en la cara de Chomsky o de Petras.

Ustedes se preguntarán a qué he venido a São Paulo. Pues a comprar y vender: soy un hombre de negocios. Tal vez pida una mujer para pasar la noche. En los hoteles paulistas consiguen de todo, y de lo mejor, desde siempre. En la calle también se consigue, pero no precisamente estos días. De noche las calles están vacías; o peor, saturadas de macacos.

Hubo quien maliciosamente definió a América como una tierra que pasó de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización. São Paulo, capital industrial de América del Sur, pareciera dar la razón a esa malicia. São Paulo, hoy, es una ciudad sitiada. No es que parezca una ciudad sitiada sino que es una ciudad sitiada. Sitiada y aterrorizada. Se palpa enseguida, en el aire. En cada esquina hay policías armados hasta los tuétanos, el tránsito está pesado, lento, y los conductores, nerviosos, apurados por volver a casa. Las cafeterías están cerradas; las putas, encerradas. Los barrios están cerrados a cal y canto, y las cámaras rastrean y filman, encendidas de día y de noche. São Paulo es una prisión de puertas abiertas, sitiada por una policía y por una banda de criminales cuyas cúpulas negocian un secreto que es vox populi. En São Paulo hoy se vive en estado de sospecha permanente. Como nunca antes, el transeúnte, el cronista, el lustrabotas, el abogado, es un sospechoso en potencia. Como nunca antes, todo parece pender de un hilo.

En Tristes trópicos, Claude Lévi-Strauss escribe: “En 1935 decían que se construía una casa por hora en São Paulo. Había una compañía británica que abría los territorios al oeste del Estado y construía una línea de ferrocarril y urbanizaba una ciudad cada quince kilómetros. En esa época, uno de los privilegios de Brasil era poder asistir, de manera casi experimental, a la formación de ese fantástico fenómeno humano que es una ciudad”.

Durante cuatro días São Paulo permaneció paralizada por una serie coordinada de acciones a blancos civiles y militares y motines carcelarios que dejaron unos ciento setenta muertos, un centenar de heridos, noventa omnibuses incendiados, 54 comisarías arrasadas, dieciséis entidades bancarias atacadas con ametralladoras y bombas molotov y más de mil millones de dólares en pérdidas. La violencia se desató cuando la dirección en las sombras del Comando Primeiro da Capital (PCC), enterada del inminente traslado de 765 presos a cárceles de alta seguridad, dio luz verde a la escalada. Entre los deportados se encontraba el líder del grupo, Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, un ex carterista, aplicado lector de Sun Tzu y de Dante, devenido CEO de la organización.

En rigor, el PCC es una sigla que articula las actividades de traficantes de drogas y armas, especialistas en secuestros extorsivos y robos de alto calibre, compuesta por civiles y policías “corruptos”. La “empresa” está manejada desde el interior de las 89 cárceles del Estado de São Paulo.

Se estima que el PCC tiene ochocientos reclusos, entre diez y doce mil afiliados en las calles y 140,000 presos (el sesenta por ciento de todas las cárceles del estado) bajo su protección, lo que vuelve impensable una “rebelión espontánea”. Todos pagan una cuota, y según el diario O Globo, el patrimonio de la organización puede contarse en más de cincuenta millones de dólares (que restando los gastos de la “caja chica”, que no son pocos ni bajos, suma día tras día unos cuatrocientos mil dólares).

La hipótesis de una “rebelión dirigida” está abonada por otra que asegura la existencia de una estrecha interacción entre los jerarcas policiales y los mafiosos. Si esto es así, la lógica (militar) indicaría que una maniobra de semejante calado difícilmente sería ignorada por las autoridades del gobierno nacional.

Sin embargo, ambas hipótesis darían lugar a otra, todavía más siniestra: que los presidios serían piezas de cambio en el mercado político. Este es año de elecciones, y nadie descarta nada. Geraldo Alckmin, candidato socialdemócrata a la presidencia, renunció hace poco más de un mes al gobierno del estado, y el centroderechista Claudio Lembo, su sucesor, se quedó con la papa en la mano. Y como nadie nunca regala nada, Lula salió a decir, a coro con el gobernador, que si las clases dirigentes se ocuparan más de la educación de sus compatriotas y menos de su bolsillo, otra sería la historia.

En buena hora. Lula acaso se olvida no sólo del hacinamiento carcelario (a los presos los llaman “murciélagos”, por tener que dormir de pie y atados a los barrotes) sino también de la política que lleva adelante el Partido de los Trabalhadores (PT) en el gobierno, más ortodoxa que heterodoxa, más fiscalista que liberal: los recursos que los cientos de pixotes consiguen como dealers al menudeo, quintuplican al de un repositor de supermercado con todos los papeles en regla. Entretanto, en todas las favelas del país suena el top-ten de Renatinho e Alemão, Taliban. En la tapa del disco, el dúo, a la manera de Batman y Robin, se destaca contra una imagen coloreada del World Trade Center derrumbándose.

La ventaja con la que cuentan los comandos es la manifiesta incapacidad del Estado brasileño para eliminar las desigualdades étnicas y económicas, crear empleo, educar a la población y reducir a “niveles decorosos” los índices de pobreza y exclusión social. Así las cosas, la velocidad de esos cambios siempre será inferior a la rapidez de las mafias para sacar provecho de la situación. En el mejor de los casos, pasarán décadas antes de revertir esos indicadores, menos escandalosos en São Paulo y Río de Janeiro que en el nordeste, del cual hoy nadie parece querer acordarse. El PCC acrecentará su poder sin solución de continuidad.

Para muchos analistas, la reducción de inversiones en áreas sociales y de seguridad pública es la fuente del problema. Es una mirada reduccionista, determinista, pero explica bastante. Loic Wacquant, un discípulo de Pierre Bourdieu que funge como sociólogo en Berkeley, publicó un artículo demoledor en la Folha de São Paulo, augurando la segura repetición del desastre:

En las últimas décadas, las elites políticas brasileñas han usado el Estado penal-policial como único instrumento, no sólo del control de la criminalidad sino de la distribución de la renta. Expandir ese estado de cosas no hará nada para acabar con las causas del crimen, especialmente cuando el propio gobierno no respeta las leyes que dice velar: la policía de São Paulo mata más que las policías de todos los países de Europa juntas, y casi con impunidad.

Lo de casi es una amabilidad de Wacquant para con sus editores. “Los tribunales actúan con preconcepto de clase. Y el sistema penitenciario es el campo de concentración de los pobres. Entonces, ¿cómo puede esperarse que ese trío calamitoso (por el gobierno, la policía y el sistema judicial) pueda establecer justicia?” La pregunta es retórica, y se contesta sola: si no puede “ese trío calamitoso”, ¿quién puede?: nadie, o bien un poder supranacional, o las mafias. Así, nunca falta el gracioso que diga que un Estado que funciona es precisamente eso, una mafia.

El dilema parece claro: los estragos de la crisis empiezan a hacerse sentir en los sondeos de opinión y en la figura de Alckmin, a punto tal que es más que un rumor la existencia de una reunión de urgencia en Nueva York entre el ex presidente Cardoso y Tasso Jeressatti, titular del PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña), con el objeto de cambiar, a dedo, al candidato. El elegido sería José Serra, ex alcalde de São Paulo, que ya perdió justamente las presidenciales frente a Lula. Este clima explicaría por qué los tucanos no aceptaron, en el peor momento de la “guerra callejera”, la oferta (“envenenada”, según confesó a esta revista un funcionario paulista) que llegó desde Brasilia: fuerzas militares y gendarmería para asegurar el orden en la ciudad.

Pero es un axioma: en política, si no es por la fuerza bruta, nadie abandona nada. En su lanzamiento como candidato, inmediatamente después de los incidentes (y sabiendo a la perfección lo que se estaba negociando a sus espaldas), Alckmin no tuvo ningún empacho en vocear la necesidad de “crear un movimiento en la sociedad para recuperar los principios perdidos durante este gobierno”, porque “es preciso remover al presidente más corrupto e incapaz de nuestra historia”.

¿De quién estaría hablando?

La guerra contra los marginados agrava todo. La periferia, como lo reprimido, siempre retorna. Henri Lefebvre leyó la Comuna de París de 1871 como “una suerte de réplica popular a la estrategia de Haussmann” y las elites francesas, haciéndose eco de Haussmann, repetían que “los obreros, expulsados hacia los barrios y comunas periféricas, se volvieron a apropiar del espacio”. El problema contemporáneo es que en las periferias urbanas viven más de mil millones de pobres, ni siquiera excluidos ni explotados, la palabra que mejor les calza acaso sea “supernumerarios”.

El periodista Mike Davis equipara las revueltas de las periferias, como la que vivió Los Ángeles en 1992, la que vivió Buenos Aires a finales del 2001, a “un motín por el pan con formas posmodernas”. “Si el imperio utiliza tecnologías de represión orwellianas, sus marginados tienen a los dioses del caos de su parte”.

Es cierto, a condición de no soñar que la política pueda ser otra cosa.

Fuentes extraoficiales no tienen dudas: es la misma policía, la policía del “gatillo fácil”, la que vende las armas más pesadas a las bandas criminales que operan en San Pablo y alrededores. Exactamente lo mismo que sucede en Río de Janeiro, donde las favelas cumplen el papel de las prisiones en el centro industrial del país. En la Cidade Maravillosa, el lugar del PCC lo ocupa el Comando Vermelho, y el de Marcola, Fernando Beira-Mar, Fernandinho.

Fuentes oficiales dicen que la asociación comercial entre el PCC y el Comando Vermelho se basa en el envío de drogas (cocaína, pasta base) de São Paulo a Río, y de Río a São Paulo, la gentileza es devuelta en armas de todo calibre. “La fracción paulista manda drogas para Río y los cariocas mandan armas. Pero la cosa no se da apenas en el ámbito de los jefes. Se da mucho más por los socios, que tienen sus negocios paralelos y transfieren dinero para los dos comandos”, explica a Letras Libres el comisario Ruiz Ferrunde Fontes.

–¿Socios?

–Socios.

–¿Transfieren dinero?

–Sí, señor.

–A cuentas corrientes…

–Exacto, señor.

–¿Y quiénes son los socios?

–Ah, ni idea, señor.

En un ciber de Santo Amaro abro el correo electrónico. Hay un mensaje de una amiga que está en Europa, una foto, en el campo, entre unas flores blancas. “No son amapolas, no te preocupes”, dice. Leo más: “cuidate”. “Cuidate vos”, contesto. Y está también el mensaje que esperaba, de Río de Janeiro, con una dirección en Campo Grande, al sur de São Paulo, zona de operaciones del juez federal Odilón de Oliveira. El tipo acaba de declarar a un medio paraguayo que el PCC está infiltrado por las FARC, y que varias piezas maestras de las FARC actuaron en São Paulo, en las noches más negras. Decido que lo mejor es ir, que por teléfono no me va a contestar y por correo, menos. Salgo a la media tarde pegajosa. Santo Amaro también está vacío, es una barriada, clase media baja, todas las casas con tele, todas las casas con miedo. “Acá”, me cuenta el dueño del ciber, “los vigilantes pusieron, hace poco más de una semana, a seis o siete pibes contra la pared, los palparon de armas, les sacaron la plata, algunos porretes, y se los llevaron”. Nadie sabe dónde están, las madres están desesperadas. “Eran malucos nada más, no estaban en nada raro, no eran del PCC”. Están entre los fusilados que el Estado tuvo que reconocer días después, los seis o siete.

El juez Odilón de Oliveira no me atiende. Dice no recibir periodistas. Esto me lo dice su secretario, que me mira de arriba abajo, y eso que hoy estoy con corbata. ¿Argentino?, pregunta. Argentino, digo, y trato que no se me note lo que pienso de mi país, y del Paraguay. No hace mucho estuve en la Triple Frontera. La Triple Frontera es el Mercosur realmente existente: tráfico de drogas, venta de pasaportes dobles, espías, y más drogas y más espías, y busconas, contrabando, venta de órganos, pedófilos, armas, todo en alegre promiscuidad multicultural.

–No lo va a poder recibir.

–¿Por qué no?

–Usted se imagina… Es un hombre ocupado.

–Viajé de Buenos Aires a São Paulo, y de ahí hasta acá…

–¿Para entrevistar al doctor?

–Para entrevistar al doctor.

–Bueno, lo lamento mucho.

Y se da media vuelta, con un giro de taquero, o de taquito militar, abre una puerta, le dice algo incomprensible (por el sonido) a una secretaria y se pierde en el interior del juzgado.

Estoy quieto, duro, asoma una sonrisa en la cara de la secretaria.

–Sólo atiende periodistas paraguayos –confiesa la secretaria.

Los problemas entre las cancillerías brasileña y paraguaya exceden por mucho el marco del Mercado Común y los corrillos más o menos públicos. Se trata de antiguos, antiguos problemas de frontera, y de porosidad fronteriza. Odilón de Oliveira se supone que recibe un cheque emitido mensualmente en Brasilia, pero algunas ONG que asesoran a indígenas cuyas tierras están en litigio desde antes de la existencia de Brasil y Paraguay como estados independientes, aseguran que el hombre recibe otros sobres, con indicaciones bien precisas: sembrar dudas sobre la compra y venta de armas del PCC y el Comando Vermelho en la Triple Frontera, armas que llegarían desde la cuenca amazónica, a lomo de mula o vaya a saber qué, pero con franquicia de las FARC, que además tendría un laboratorio y pista de entrenamiento en esa misma frontera que no se sabe si es Paraguay o es Brasil o al revés, de acuerdo a los intereses en juego, en este caso funcionales, por supuesto, a la voracidad estadounidense por patentar todo lo posible en un territorio enorme, vasto, una cuarta parte del cual permanece inexplorado justo cuando despunta a escala más que millonaria, en euros, dólares o libras esterlinas, la industria genética. El juez selectivo ha dicho tener en su poder un video donde puede verse a varios miembros de las FARC dando entrenamiento a los del PCC. No pude verlo, pero estoy seguro que no estaba Tirofijo.

Los financistas y otros hombres de negocios dicen que el teléfono celular es una herramienta perfecta para dirigir desde la cárcel todo tipo de transas y eventualmente, ataques coordinados. Esa gente sabe de qué habla, y por eso tienen miedo. No obstante, la mayoría piensa que “pactar con el PCC sería como si Bush lo hiciera con Al Qaeda”. La asociación no puede ser más sugerente que conspirativa, e igual de verdadera como de falsa; es decir, imposible de probar.

Se trata de política, pura y dura. Eso es lo que sostienen los miembros de la ONG CEJIL (Centro para la Justicia y el Derecho Internacional), con sede en Río de Janeiro: “Esto pasa hace años, y en todo el país; la justicia no existe, se está criminalizando la pobreza con el expediente del narcotráfico, pero resulta que el setenta por ciento de los presos está en esa condición sin sentencia, y por delitos contra la propiedad”, dice Liliana Tojo, abogada, especialista en derechos humanos.

“Nosotros [por CEJIL] hemos llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ni siquiera así se consigue que la policía cumpla su función”. En efecto: días antes de los ataques, cuatro jóvenes cuyos casos iban a ser tratados en San José, fueron asesinados por la policía en la mismísima cárcel de Tatuapé, dependencia de la Fundación de Bienestar del Menor (FEBEM).

El supuesto de un retorno de los “escuadrones de la muerte” no es un desvarío de mentes afiebradas. El asesinato de treinta personas a manos de encapuchados, con posterioridad a los días más ásperos, es funcional a las tesis y amenazas de Marcola, que muy suelto de cuerpo, desde la cárcel y en horario central, dijo que “pueden ocurrir más ataques. La policía militar sigue matando inocentes. Quisimos que nos escucharan por las buenas. No lo hicieron y entonces tuvimos que llamar la atención. Ellos tomaron la iniciativa de trasladarnos y quebraron la ley, la Constitución”. Elizeu Teixeira Borges, capo de los uniformados, ni lo dudó. “Esto es una guerra. Y en las guerras no se retrocede: la caza continúa”, dijo antes de amartillar un fusil frente a las cámaras de la televisión global.

“Hay preocupación de que [la lista de muertos] pueda estar constituida por inocentes. Sabemos que ciertos sectores de la policía actúan fuera de la ley. Algunas muertes pueden ser pura venganza”, dijo a este cronista el asesor de la Fiscalía de São Paulo, Carlos Cardoso.

Tal cual. Ahora se sabe que una cantidad importante de los ciento nueve civiles muertos fue asesinada a tiros en la nuca (de arriba hacia abajo), o por la espalda, sin medias tintas. Eran negros (y no es una ironía), obreros industriales. Y se presume que unos cuantos cadáveres fueron enterrados a escondidas.

El periodista Leonardo Sakamoto dice que São Paulo vive un conflicto armado desde hace tiempo, y que la única diferencia con la tercera semana de mayo fue que “el campo de batalla, antes restringido a la periferia, se trasladó al centro”. Ese criterio fue manejado por funcionarios de la Defensoría Pública y el Movimiento de Derechos Humanos, en base a relatos de los familiares de las víctimas, que están exigiendo una investigación inmediata.

La alianza entre las cúpulas policiales y los narcos no es –al menos para la segunda línea del PCC– algo digno de ser reivindicado, sino una muestra de poder. En cambio, que un abogado, especialista en defensa de los derechos del preso común, vaya como candidato a diputado en las generales a dirimirse el próximo 1 de octubre, sí que es causa de orgullo. José Bravos resultó el hombre que los capangas han elegido para representar “la causa” del PCC en el Parlamento del estado.

“Así como la FIESP (Unión de Industrias de São Paulo), los negros, los comerciantes y los metalúrgicos tienen sus candidatos, ¿por qué los presos no pueden elegir quien los represente?”, pregunta Bravos posando de inocente. Y sigue: “Confirmo todas mis presencias en los presidios porque soy investigador universitario y tengo que conversar con todos”, dice este profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Marilia.

Enterado de la noticia, Lembo, que ya no sabe qué hacer o para dónde salir, le pidió al diputado nacional Fernando Gabeira, que combina el activismo rosa con el verde (y que supo de torturas, cuando a fines de los sesenta militaba en un estrambótico grupúsculo guerrillero ¡que llegó a raptar por unas horas al embajador norteamericano en Brasil!), que barriera la candidatura de Bravos de la futura lista verde. Gabeira no prometió nada, pero se desmarcó del PCC. “El Partido Verde suspendió la candidatura de Bravos a la Asamblea Legislativa de San Pablo. A veces el partido se abre demasiado y realiza asociaciones erradas”, dijo al diario económico Valor, pero lo que no dijo es que estaba hablando a título personal.

Francisco de Oliveira sostiene que la criminalización de la pobreza permite a las elites descargar su violencia como una “forma de domesticar la violencia de los pobres”. En 1993, las masacres de la Candelaria, donde los escuadrones policiales ametrallaron a 45 niños de la calle matando a ocho; y la de la favela Vicario General, en Río de Janeiro, donde asesinaron a más de veinte personas, se saldaron sin penas, castigos ni investigaciones. El año pasado, en la Baixada Fluminense –donde la mitad de las viviendas no tiene agua potable ni cloacas–, los “escuadrones de la muerte” asesinaron a unas treinta personas que estaban en la calle. Pero repetir como un sonsonete retro marxista que la violencia paramilitar se descarga en las periferias porque las clases dominantes sienten a los pobres como enemigos, es entender la mitad del problema, porque la otra mitad, si es que puede pensarse así, combina una cultura política inexistente, un Estado ausente en las áreas centrales, y una prepotencia clasista que sólo logra quebrar el fútbol. En Brasil, el veintisiete por ciento de los jóvenes de quince a veinticuatro años no trabaja ni estudia: no se trata de dolce far niente, como piensa un conocido que en la Argentina vota al empresario Mauricio Macri, sino de falta de igualdad y oportunidades. Sí, suena políticamente correcto, y lo es, pero es menos políticamente correcto que los hijos de la burguesía paulista hagan sus estudios primarios y secundarios en escuelas privadas para después dar el examen de ingreso a la universidad pública sin problemas, y menos todavía que los hijos de los marginales que logran terminar su educación formal en la escuela pública, no puedan ingresar a la universidad por la diferencia de formación (intelectual y económica): ese círculo vicioso es el truco que las elites usan para su reproducción como elites.

Pero de tanto en tanto algo juega en contra: expulsado, pero intelectualmente muy sólido, de ese caldo infernal emergió Marcola. ~