El progresismo reaccionario

8 octubre 2012

Hace ya más de ocho años que el gobierno de los asuntos públicos en la Argentina ha recaído en un grupo que, tímidamente al principio, y más estruendosamente a medida que percibía los réditos de la estrategia, ha venido reclamando para sí la titularidad del ideario progresista. Voluntariamente no programático, suficientemente impreciso como para poder acomodar allí aquello más oportuno en cada situación, ese ideario está alternativa o simultáneamente integrado por conceptos, valores o emociones que proceden del peronismo tradicional, de un izquierdismo rudimentario o de un nacionalismo ramplón.

Con escasa sofisticación intelectual, pero con alta eficacia política, el discurso oficial organizó dos campos simbólicos: el de los buenos y lo bueno, ocupado por el pueblo y sus abnegados gobernantes, acompañados por una creciente nomenklatura y secundados por grupos de académicos e intelectuales que ocupan los medios escritos, personajes famosos de una cultura glamorosa que se expanden por la radio y la televisión y un lumpemproletariado útil para disputar la calle, y el de quienes encarnan el mal: los medios “monopólicos” de comunicación, los empresarios ambiciosos, los nostálgicos del neoliberalismo, los lacayos del pensamiento hegemónico, los imprecisos imperios siempre amenazantes.

La entrada y salida de los actores en uno y otro escenario se sucede según un orden caprichoso, que obliga al coro a adecuar sus alabanzas y sus diatribas según el voluble estado de ánimo de quien dirige la escena. Camuflaje, máscara o disfraz, el discurso progresista ha resultado útil para satisfacer las exigencias morales de algunos sectores de la clase media sin afectar los intereses reales de casi ningún grupo de poder, manteniendo a la vez el control social de los sectores más desprotegidos de la sociedad por medio de los mecanismos clientelares clásicos.

Fundado sobre una serie de falacias, abonado por abundantes dosis de hipocresía y cinismo, enunciado por funcionarios que carecen de cualquier antecedente que haga verosímil la adopción tardía de un sistema de ideas y valores ajeno a sus tradiciones políticas y a sus prácticas corrientes, el “discurso progresista” del gobierno ha resultado eficaz no solo para integrar en sus filas a importantes sectores de opinión –que no distinguen, o simplemente disimulan, la distancia entre los valores declarados y los intereses defendidos–, sino también para silenciar a una oposición que, ingenua o cómplice, fue dejada sin habla, subyugada muchas veces por gestos engañosos a los que acompañó como si fueran verdaderos. Un discurso sesgado a la izquierda que, combinado con prácticas profundamente reaccionarias, satisfizo durante muchos años a un porcentaje muy amplio de la población.

Las falacias del progresismo reaccionario que gobierna a la Argentina son múltiples, variadas y mutantes. Bajo el manto neblinoso que han ido desplegando sobre la realidad, se ocultan ideas del mundo que, traducidas en políticas concretas, dan cuenta de una ideología conservadora en la concepción de la riqueza y en su idea de la cultura, y de una ideología reaccionaria en su concepción del poder y de la democracia.

La falacia del crecimiento, la distribución y el consumo, uno de los principales pilares de esa engañosa construcción, consiste en hacer creer que las mejoras de los ingresos de los sectores asalariados son el indicador más relevante para decidir el valor ideológico de una política económica. Sin embargo, en ausencia de una política fiscal y crediticia adecuada –y aún más cuando la inflación es del orden del 25% anual–, la mejora de ingresos de los asalariados es fundamentalmente una transferencia de renta a los productores de bienes y servicios, y su efecto más destacable es la contribución que hace para incrementar la concentración de la riqueza. La ausencia de políticas públicas progresistas impidió que la población convirtiera los mejores ingresos en ahorros, es decir en riqueza, condenándola a consumir los excedentes generados con su trabajo, sin posibilidad de capitalizarlos. Así, los autos, las motos y los televisores fueron en estos años los símbolos emblemáticos de una sociedad cuyo consumo producía, por una parte, votos para el gobierno y, por otra, ingresos extraordinarios para sectores empresariales muchas veces prebendarios, cuando no directamente predatorios.

Hacer que el crecimiento de la economía dependa del consumo está en las antípodas del pensamiento progresista, que habría estimulado el ahorro privado y público, y lo habría hecho derivar en inversiones que incrementaran la riqueza de los sectores populares y medios de la sociedad (promoviendo, por ejemplo, el acceso a la vivienda propia), que mejoraran la capacidad de producción de la economía y que fortalecieran la cantidad y calidad de los bienes públicos: salud, educación, cultura, justicia e infraestructuras.

La crítica de la “sociedad de consumo” ha sido central en la construcción del pensamiento progresista, pero ha estado ruidosamente ausente del discurso oficial. A la democracia de propietarios que proponía John Rawls, el gobierno kirchnerista opuso un capitalismo de Estado que no solo concentra la riqueza, sino también, necesariamente, el poder. Si la concentración de riqueza tiene su correlato en una concentración inaudita de poder es porque una economía de consumidores –y no de propietarios– se corresponde con una democracia de clientes –y no de ciudadanos.

Cuando el poder político está muy mal distribuido, inevitablemente –y el adverbio no es un recurso de estilo– provoca que aquellos que lo controlan lo utilicen en favor de sus propios intereses y en contra de los intereses del conjunto de la sociedad. Por eso, desde el liberalismo político hasta la izquierda, la distribución del poder es una reivindicación principal del pensamiento progresista. Reivindicación que nunca, ni cuando gobernaban una provincia de la Patagonia, ni desde que se asentaron en el gobierno nacional, fue compartida ni en el discurso ni mucho menos en sus prácticas por el grupo gobernante.

Aunque la falacia de la “distribución” y la falacia “del poder popular” son quizá las más reveladoras del carácter reaccionario del gobierno, sus políticas se sostienen sobre otras muchas: la de los “épicos combates”, por ejemplo, que en verdad el kirchnerismo nunca libró. El más emblemático de esos combates, el de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, no fue un conflicto político ni ideológico, sino tan solo una mal encarada negociación para la apropiación de renta. Las grandes batallas del gobierno no fueron, en general, otra cosa que eso: la expropiación de las acciones de YPF o la lucha contra la prensa independiente son intentos de incrementar el poder económico o político, no en beneficio de la sociedad –que finalmente termina dañada–, sino del grupo gobernante.

Junto con la falacia de los épicos combates es recurrente la “falacia de las cosas buenas”, que funciona como argumento de autoabsolución y como cierre de toda crítica acerca de la gestión del gobierno. Todo discurso opositor es cancelado con una enumeración de virtudes. Eso implica ignorar que todo gobierno –aun los peores– tiene en su haber “cosas buenas”. La falacia consiste en tomar el todo por la parte, y considerar que es un “buen gobierno” aquel que ha hecho “cosas buenas”. Sin embargo, las decisiones que el gobierno convierte en emblemas de sus virtudes no han sido más que gestos carentes de riesgos y carentes de costos, con los cuales acumular prestigio simbólico progresista.

El gobierno kirchnerista es, a diferencia del conservadurismo popular menemista de raíz thatcheriana que dirigió la Argentina en la década de 1990, un gobierno profundamente reaccionario: al agudizar la desigual distribución de la riqueza y empeorar la distribución del poder político, establece las condiciones para la permanencia de un régimen autocrático cada vez más corrupto, ineficiente y autoritario. Un régimen que intentó convencernos de que su política se inscribía en el ideario progresista, pero del cual es necesario recordar, parafraseando a Gore Vidal, que forma parte de una escena política en la que actúa un solo partido, un partido de derecha con dos alas: el peronismo conservador y el kirchnerismo reaccionario. ~