Un pañuelo y una consigna recorren kilómetros y narran la trama de un relato común. En él mujeres cisgénero, lesbianas, identidades trans y no binarias hablan de aborto y resignifican sentidos en torno a la maternidad. En una región asimétrica con la tasa de embarazos no planeados más alta del mundo, la realidad del aborto emerge como una problemática de salud pública.
Los datos del Instituto Guttmacher muestran que de 2010 a 2014 en América Latina y el Caribe se produjeron 6.5 millones de abortos con una tasa anual aproximada de 44 procedimientos por cada mil mujeres en edad reproductiva. A su vez, la organización informa que el 60% de los abortos realizados en la región fueron inseguros y responsables de al menos el 10% de las muertes maternas.
La pandemia hizo más compleja la situación. Según un comunicado de la Federación Internacional de Planificación de la Familia más de 5,600 clínicas (14% del total) cerraron en 64 países alrededor del mundo a causa del coronavirus. En América Latina y el Caribe, los países más afectados por esta medida fueron Colombia y El Salvador.
En relación a la legalidad del aborto, en América Latina el 97% de las mujeres en edad reproductiva viven en países con legislaciones restrictivas. La incidencia de estas políticas se explica por la importante presencia de instituciones religiosas y sus vínculos con el poder político. Actualmente, la posibilidad de interrumpir un embarazo de manera voluntaria y legal existe solo en Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guayana Francesa, en los estados mexicanos de Oaxaca y Ciudad de México y, recientemente, en Argentina. En El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana el aborto está prohibido y no se contemplan excepciones. Además, estos países son los que tienen mayores tasas de embarazos forzados y también de embarazos en adolescentes y niñas. En este sentido, la promoción de políticas públicas para la educación sexual integral en todos los niveles educativos resulta fundamental para combatir las violencias hacia las infancias y adolescencias.
Por otra parte, en los países donde se aplica un régimen de causales, como Brasil, Chile, Ecuador o Colombia, el acceso al aborto seguro sigue siendo muy limitado y con trabas burocráticas. En consecuencia, las mujeres no saben adónde acudir y la interrupción del embarazo puede no ser efectiva por la duración de los trámites.
El debate en torno a la despenalización del aborto echa luz sobre el manto oscuro de la clandestinidad, reivindica el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y habilita el acceso a procedimientos seguros y asistidos por profesionales de la salud. En América Latina y el Caribe el reclamo se mantiene firme. ¿Qué conquistas se han logrado y hacia dónde se dirige la lucha por el aborto legal en la región?
Argentina: el origen de la marea verde
“Yo aborté cuando el aborto no estaba sobre la mesa. Lo hice siendo aún chica, con diecisiete años, de forma clandestina con pocas medidas higiénicas. Fue una experiencia muy dolorosa. La legalización del aborto en Argentina significa mucho para que no haya personas que tengan que pasar por lo que yo pasé”, dice Laura emocionada mientras ve los resultados de la votación de la ley que permite la interrupción del embarazo.
El 30 de diciembre de 2020 fue una jornada histórica: con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Senado argentino aprobó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto en todo el país, que días antes había aprobado la Cámara de Diputados con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones. Hasta ese momento solo se podía llevar a cabo un aborto en caso de violación o a menos de que la vida de la persona gestante corriera riesgo. Desde entonces la marea verde estalló con júbilo en la calle.
Según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se realizan entre 370,000 y 520,000 abortos anualmente y se calcula que entre 1983 y 2016 ocurrieron 3,040 muertes maternas por aborto. Un estudio de 2015 a cargo de la Dirección de Estadística e Información de Salud revela que el 17.6% de las muertes gestacionales se debieron a abortos inseguros. A su vez, ese año se internaron 45,968 mujeres en hospitales públicos por complicaciones en procedimientos clandestinos y se registró una internación por aborto inseguro por cada quince partos en pacientes de quince a diecinueve años.
El nacimiento de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2005 abrió un nuevo capítulo en la lucha feminista argentina. La aprobación de la ley a finales del año pasado fue la culminación de quince años de trabajo arduo. Celeste Mac Dougall, docente y miembro referente de la Campaña, sostiene: “Creamos sentidos en relación al aborto y nos dimos a la tarea de la despenalización social. Sabíamos que para conseguir la ley teníamos que lograr un consenso social amplio que generara una presión ineludible para las autoridades políticas.”
Chile: el camino hacia la despenalización
La marea verde argentina tuvo un efecto en el país vecino. Si bien en 2017 se publicó la ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo solo en tres causales –peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación–, dos semanas después de la aprobación en el Senado argentino, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile inició el debate por la despenalización del aborto hasta la semana catorce de gestación.
El proyecto preparado por Corporación Humanas, un centro de estudios y acción política feminista, y previamente presentado en 2018 por diputadas pertenecientes a la oposición del gobierno de Sebastián Piñera, prevé la modificación de los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal con el objetivo de despenalizar la decisión de la persona gestante de interrumpir el embarazo y el accionar de un tercero que la asista.
“La criminalización del aborto constituye una gravísima violación de los derechos humanos de las mujeres que desconocen su condición de sujetas de derechos. Es criminalizar la capacidad moral y la autonomía para tomar decisiones respecto de sus vidas”, dijo Camila Maturana, abogada feminista de Corporación Humanas, al inicio del debate en la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 13 de enero.
De acuerdo con un reporte del Ministerio de Salud chileno publicado el 30 de junio de 2020, durante el periodo de enero a marzo de 2020 se registraron 142 interrupciones voluntarias de embarazo: 44 por riesgo vital de la persona gestante, 67 por inviabilidad fetal y 31 por violación.
“En muchas ocasiones las mujeres que se encuentran en algunas de las causales, particularmente en los embarazos producto de violación, prefieren buscar soluciones fuera de la red asistencial para evitar ser nuevamente victimizadas por profesionales de la salud que dudan de sus testimonios o juzgan sus decisiones”, explica en entrevista Gloria Maira, activista feminista e integrante de la Mesa de Acción por el Aborto de Chile.
Antonia Orellana, candidata constituyente del Frente Feminista Convergencia Social, agrega: “La ley 21.030 ya es insuficiente y su aplicación se ve sumamente cortada por la objeción de conciencia institucional y por todas las trabas que han puesto las autoridades y el personal médico para que se implemente lo menos posible.”
La votación del dictamen estaba originalmente prevista para el 21 de abril, pero se extendió para permitir la realización de las siete audiencias con ocho científicos, ocho académicos y dieciocho representantes de la sociedad civil. De manera que al cierre de esta edición aún es incierto el futuro de la iniciativa para despenalizar el aborto sin restricciones hasta la semana catorce de gestación.
Colombia: por el acceso a la educación sexual
Al igual que en Chile, desde 2006 el aborto en Colombia está despenalizado solo en caso de violación, malformación genética e inviabilidad fetal incompatible con la vida extrauterina. Joyce Torres, activista de los derechos sexuales y reproductivos de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Colombia, explica que si bien en el Código Penal el aborto sigue siendo considerado un delito tanto para la persona que lo solicita como para el profesional de la salud que lo practica, la Corte Constitucional habilita el acceso a la interrupción del embarazo mediante la causal de salud entendiendo que esta no es solo física, sino también mental, emocional y social.
En septiembre de 2020 el movimiento Causa Justa –integrado por activistas, organizaciones, prestadores de salud, centros de investigación y ciudadanos a favor del derecho a decidir– presentó una demanda de inconstitucionalidad solicitando que el aborto deje de ser un delito en el Código Penal. Esta fue aceptada por la Corte el 19 de octubre y se espera que en los próximos meses se pronuncie al respecto.
Por su parte, desde la Campaña también se centran en la despenalización del aborto y, a su vez, generan y promueven estrategias pedagógicas para concientizar respecto a los derechos sexuales y reproductivos.
En la sociedad civil, cuenta Torres, el debate recién empieza y la presión de sectores antiderechos es fuerte: “La lucha que se viene en este momento va a ser bastante dura. Las redes antiderechos están muy organizadas a nivel global y lo que hacen es discriminar e intimidar a las mujeres y a todas las personas que quieran acceder a la interrupción del embarazo. Incluso están presentes tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.” Sin embargo, la victoria argentina trae esperanza a la lucha regional: “Para nosotras es inspirador y también es un síntoma de que estamos progresando”, agrega.
México: la búsqueda de justicia social
El Código Penal mexicano establece la legalidad del aborto bajo ocho causales: cuando el embarazo es producto de violencia sexual (rige en todo el territorio mexicano), cuando la vida de la mujer corre peligro (en 24 estados), cuando la salud integral de la mujer se ve afectada por el embarazo (en 16 estados), cuando el feto tiene malformaciones genéticas o congénitas graves (en 16 estados), cuando el aborto se da de manera involuntaria (en 30 estados), cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial forzada (en 13 estados), por razones económicas (en 2 estados) y por libre decisión de la mujer (en Ciudad de México desde 2007 y en Oaxaca desde 2019).
“El aborto fue la decisión justa para poder continuar con mi vida, con mis estudios y planes. Para mí, la mayor lección fue el no permitir que las mujeres que se acerquen a mí aborten solas porque el acompañamiento es muy importante, todas mis experiencias han sido solitarias y complejas”, cuenta Alexa, una joven que ha pasado por tres abortos.
Según cifras de la Secretaría de Salud, en la Ciudad de México entre 2007 y 2020 se realizaron 229,293 interrupciones voluntarias del embarazo y no se registraron muertes a causa del procedimiento. Desde su despenalización se dio un aumento en la cantidad de abortos hasta 2013 (20,765 anuales) y luego fue en descenso (8,861 en 2020).
“Cuando hablamos de aborto en México, no solo hablamos de la práctica de abortar, sino también de la justicia social y sexual que merecemos la población y, en particular, las mujeres. La sociabilización del aborto es algo imprescindible para que la ciudadanía deje de verlo como algo tormentoso y ajeno y se dé cuenta de que se trata de una práctica mucho más común y familiar que no necesariamente debería implicar angustia”, explica Chantal Aguilar, escritora, activista feminista y acompañante de aborto del Fondo maria (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento).
El pasado 2 de marzo, el Congreso de Quintana Roo impidió que este estado fuera el tercero en el país en establecer la interrupción legal del embarazo hasta la semana doce de gestación. Con trece votos en contra y siete a favor, el dictamen fue desechado. Pero, eso no detiene a las activistas. “Desde los feminismos populares, nos organizamos a través de colectivos para canalizar casos en cada uno de los estados, y así poder dar información y acompañamiento a quienes desean abortar”, agrega Aguilar.
El Salvador: penalización y opresión
El caso de El Salvador es uno de los que más ha llamado la atención de los organismos que defienden los derechos humanos, no solo porque según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud el aborto inseguro es una de las cinco principales causas de muerte de mujeres entre los 15 y 44 años de edad, sino por sus estrictas leyes antiaborto. Hasta antes de las reformas en ١٩٩٨ al Código Penal y a la Constitución, el aborto estaba tipificado como delito salvo en caso de violación o de riesgo para la vida de la madre, pero la legislación vigente establece que la vida comienza desde el momento de la concepción, por lo que el aborto está penalizado en todas sus formas –incluso si se trata de un aborto espontáneo– y se castiga a las mujeres hasta con cincuenta años de cárcel y con doce al personal médico que realiza la intervención.
Paula Ávila, experta en derechos reproductivos del Women’s Equality Center, explica que estos dos cambios legales provocaron una fuerte criminalización hacia las mujeres sin precedentes en la región. De esta forma, cualquier mujer que acceda a un aborto o que simplemente tenga una pérdida natural de un embarazo, se convierte en una posible criminal. “Yo perdí a mi hijo y fui condenada a treinta años de prisión por homicidio agravado, de los cuales cumplí diez”, dice Teodora Vásquez, una de las mujeres encarceladas por abortos espontáneos.
La criminalización provoca que las mujeres lleguen al hospital cuando su vida ya está en peligro, en medio de una emergencia obstétrica. Según Ávila, los doctores, en vez de brindar a las mujeres la atención que necesitan, interponen una denuncia como primera acción. “Debido a este procedimiento, muchas mujeres terminan sentenciadas hasta con cuarenta años de cárcel por homicidio agravado”, afirma.
En agosto de 2019 se hizo famoso el caso de Evelyn Hernández, una joven de veintiún años que a los dieciocho fue acusada de homicidio agravado por haber tenido un aborto espontáneo. Tras 33 meses en la cárcel, la joven fue absuelta porque al revisar su caso el juez no encontró suficientes pruebas en su contra. Como ella, más de ciento cincuenta mujeres han sido encarceladas injustamente, la mayoría con sentencias de quince a treinta años. Lo que ha provocado que organizaciones feministas inicien campañas por su liberación y poco a poco las mujeres levanten la voz. De acuerdo con Ávila, la lucha por la liberación y la reducción de condenas “ha sido uno de los grandes logros de la marea verde en El Salvador, encarando un sistema opresor donde tanto la fiscalía, la policía, y el hospital están en contra de las mujeres”.
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Honduras: prohibición a toda costa
Al igual que en El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam, en Honduras el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. Se trata de un país en el que, según la ONU, se realizan entre 51,000 y 82,000 abortos en condiciones de riesgo por año, y donde la tasa de embarazos adolescentes es la segunda más alta de la región.
A poco menos de un mes de que el Senado argentino aprobara la despenalización del aborto, el Congreso hondureño ratificó el decreto propuesto el 21 de enero para blindar la prohibición del aborto y del matrimonio igualitario. Para que en el futuro se puedan reformar estas leyes es necesario que voten a favor una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional. “Al ver que la marea verde está creciendo, medidas como estas envían un mensaje político al impedir toda posibilidad de reforma, una consecuencia directa de lo que pasó en Argentina”, sostiene Ávila.
Otro de los temas que preocupan a las organizaciones feministas es que, a pesar de ser el país con la tasa más alta de violencia sexual de la región, la píldora de emergencia está totalmente prohibida porque en la Constitución se establece que la vida debe respetarse desde la concepción. Como recuerda Ávila, los índices de violencia sexual en Honduras son de los más altos en países que no están en conflictos armados. Por lo que estas medidas solamente refuerzan la desigualdad.
Pese a los obstáculos en contra, las mujeres hondureñas encuentran formas de resistir colectivamente. “El aborto me cambió la idea de todo. Una vez que tomé la decisión, ese miedo que arrastraba desde niña desapareció. Yo lo viví distinto gracias al acompañamiento, tenía la idea clara y estaba muy preparada. Sin embargo, cuando fui a ver a varios médicos ninguno me quiso apoyar. Aquí el aborto es una cuestión de dinero”, explica una joven hondureña que abortó con el apoyo de una organización de la sociedad civil y cuya identidad permanece en el anonimato por seguridad.
Ecuador: una ley que no protege a las víctimas
En el artículo 150 del Código Penal ecuatoriano el aborto está despenalizado cuando la salud y vida de la madre están en riesgo o si una mujer con discapacidad mental fue violada. Pese a varios intentos –uno en 2019 y otro en 2020– por lograr que la violación a cualquier mujer sea considerada una causal válida para la interrupción del embarazo, el legislativo ecuatoriano no lo ha permitido.*
Según la periodista Ana María Acosta, el aborto es la segunda causa de morbilidad femenina en el país. Es decir, es más común que las mujeres accedan al hospital por las consecuencias de un aborto mal realizado que por una diarrea, una neumonía o una infección a las vías urinarias. Como explica Acosta, si bien los datos de mortalidad oficial no son tan altos como en otros países, lo llamativo es que la mayoría de mujeres que llegan a un hospital a causa de un aborto son mujeres pobres, indígenas o afrodescendientes y casi la mitad de las mujeres que mueren son menores de 24 años.
A la vez Ecuador es uno de los países con la tasa más alta de embarazos de niñas y adolescentes. “Cada día dan a luz siete niñas menores de 14 años, lo que resulta al año unas 2,500 niñas. En Ecuador, legalmente, todo acceso carnal a una menor de 14 años es violación”, explica Acosta. Desde el 2013, las organizaciones feministas reclaman que se amplíe el causal violación para todas las mujeres. Como consecuencia de la marea verde argentina, en 2019, movimientos feministas integrados por jóvenes, indígenas y afrodescendientes propusieron ampliar el causal violación y añadir otras cuatro causales: inviabilidad fetal, malformación del feto, incesto e inseminación no consentida. Pero estas medidas no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Aún así las feministas consiguieron introducir el aborto en la agenda pública y electoral, siendo un tema que los candidatos presidenciales discutieron en la pasada campaña.
*El 28 de abril, después del cierre de esta edición, la Corte Constitucional de Ecuador, el máximo tribunal del país, declaró inconstitucionales los artículos 149 y 150 del Código Penal, lo que da luz verde a la despenalización del aborto por violación.
Brasil: el poder de la derecha
Como explica Nalu Faria, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres, el movimiento feminista brasileño es amplio y está organizado en varios sectores: mujeres urbanas y rurales, negras y sindicalistas que, además del reclamo por la despenalización del aborto o la denuncia de la violencia machista, cuestionan el modelo capitalista, racista y heteronormativo.
Aunque la interrupción legal y voluntaria del embarazo está en discusión, el momento político brasileño es muy distinto al argentino. En Brasil, el aborto solo se permite si la vida de la madre está en riesgo o si el embarazo es resultado de una violación. En el 2012 se introdujo la posibilidad de interrupción si el feto sufre anencefalia, un defecto de nacimiento en el cual carece de partes del encéfalo y el cráneo.
Sin embargo, a raíz del proceso de destitución de Dilma Roussef, Brasil está viviendo bajo el mandato de Jair Bolsonaro un periodo de derechización con tintes neofascistas, revela Faria. Un ejemplo de esto es que la pastora y también ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, intentaba impedir que una niña de doce años, que fue violada durante años por un familiar y que estaba embarazada, accediera a una interrupción legal “poniendo en riesgo los derechos conquistados por las mujeres por años de lucha feminista”, en palabras de Faria. A pesar de las sombras, Farias dice que la victoria argentina renueva la esperanza.
Un largo camino por recorrer
En el resto de la región el aborto es permitido bajo duras restricciones. En Guatemala y Venezuela es ilegal en todos los casos excepto cuando corra riesgo la vida de la gestante. En Perú, Costa Rica, Paraguay, Trinidad y Tobago está permitido si el embarazo amenaza la salud de la mujer. Panamá y Bolivia amplían estas causales incluyendo la violación.
Mientras tanto, algunas islas del Caribe tienen legislaciones un poco más permisivas, por ejemplo, Barbados y Puerto Rico, donde es legal pero no gratuito; Guyana, donde está permitido hasta las ocho semanas, o Haití que impulsó un nuevo artículo para su despenalización el año pasado y que entrará en vigor, si no se deroga, en 2022.
Los desafíos son múltiples, pero la marea verde se alza con voz decidida para lograr una mayor autonomía sobre el propio cuerpo, disminuir las muertes maternas y evitar la criminalización. Las activistas y organismos de la sociedad civil a lo largo de la región trabajan para que algún día la consigna “Aborto legal, seguro y gratuito. Ni una muerta más por abortos clandestinos” se convierta en una realidad. ~
es periodista especializada en medioambiente, energía, género y derechos humanos.
