Ricardo Gil Lavedra es abogado y fue uno de los cinco magistrados que juzgaron a los comandantes de la dictadura militar argentina en 1985, en un proceso que fue adaptado al cine en 2022 en la película Argentina 1985. Gil Lavedra es autor de La hermandad de los astronautas. El juicio a las juntas argentinas por dentro (Debate, 2022), un libro riguroso que desentraña el juicio desde su experiencia personal.
El juicio a la dictadura de Videla no tenía apenas precedentes en el derecho comparado. Usted escribe que “no existían aún en nuestro derecho positivo los delitos de lesa humanidad ni tampoco la figura del genocidio”. ¿Cómo se abordó ese vacío?
Bueno, uno se lo inventa. Sí que había vestigios de juicios a dictaduras, había antecedentes aunque no eran tan parecidos. Por ejemplo, en Grecia en el 74, o en Portugal al caer Salazar. Pero como digo, no eran iguales. En Grecia el proceso fue de traición, no por violaciones de derechos humanos. El de Portugal se centró en delitos cometidos por una dirección de inteligencia de la policía. Lo que no había era un juzgamiento masivo, delitos cometidos masivamente. El reto era cómo organizar un proceso cuyo objeto son miles de hechos. ¿Cómo se hace para que sean asequibles humanamente esa cantidad de hechos en un tiempo adecuado? Empezamos aplicando las reglas de la justicia militar, porque el juicio originalmente se planteó en un tribunal militar, es decir, un juicio sumario en tiempo de guerra, un juicio en el campo de batalla. Pero nosotros queríamos un juicio oral y público, que a los testigos los escucharan tanto la gente como nosotros. También nos daba la posibilidad de un proceso más acusatorio, en el que el fiscal tuviera la carga de la prueba y los jueces fuéramos un “tercero imparcial”. Modificamos los plazos en beneficio de la defensa.
Al principio el presidente Alfonsín, por miedo al descontento del ejército, proponía una “justicia limitada” y era partidario del juicio militar, no civil. Era la idea del “autojuzgamiento”. Pero luego cambió de opinión.
Alfonsín era el que tenía la gran responsabilidad. Sin él nada de esto habría ocurrido. Veía un malestar creciente en el ejército. Durante la campaña electoral para las elecciones de 1983, nadie pedía un juicio contra los militares. De pronto Alfonsín se arriesgó y lo planteó. Y cuando colocó los derechos humanos en la agenda política, el tema creció tanto que cuando quiso volver a su idea inicial, más moderada, pagó costos políticos. Es la paradoja. En el 83 fue revolucionario al proponer un juicio; en el 87, cuando quiso retroceder, lo pagó políticamente. En el 87 se aprobó la ley de obediencia debida, que buscaba aplacar a los militares. Decía que todos aquellos que no tuvieron capacidad decisoria, que no tuvieron un puesto de mando relevante, quedaban amparados. Está mal, sin duda. Pero era para calmar a la masa.
Siempre ha habido una especie de dicotomía en las transiciones a la democracia entre justicia y paz. La justicia, y es lo que temían algunos contrarios al juicio, podía alterar la paz, hacer que se levantaran los militares. La paz, en cambio, implicaba en cierto modo la impunidad de muchos crímenes. ¿Se consiguieron la justicia y la paz con este proceso?
Todos los sectores que no querían juicio, que eran los empresarios, los medios, los militares, decían: “mirar para atrás divide, hay que mirar al futuro. Construyamos la democracia entre todos, hermanados, reconciliémonos”. Yo no sé cuál es la mejor manera de sanar las heridas que ha sufrido una sociedad. Lo que yo creo es que la reconciliación por decreto no funciona, no repara. La justicia es uno de los caminos, pero también la verdad. La verdad permite reencontrarse con la historia, permite esclarecer lo ocurrido, tranquiliza el espíritu. Es muy importante para las víctimas y familiares conocer la verdad. Las incertidumbres e incógnitas que les han angustiado durante años pueden desaparecer si se les dice: pasó esto. O sabiendo dónde está enterrado alguien. En Argentina se creó un equipo de antropología forense que ha hecho un trabajo extraordinario porque fue buscando e identificando gran cantidad de desaparecidos. Es un trabajo artesanal, minucioso, propio de un arqueólogo. No tengo el número exacto, pero se han llegado a identificar más de mil desapariciones. Por supuesto, los cuerpos de muchos de los asesinados fueron arrojados al mar, o fueron quemados, pero muchos otros están en fosas comunes. Para una familia, poder recuperar los restos es muy importante.
La justicia transicional y las comisiones de la verdad se han ido expandiendo por el mundo como forma de reparar los crímenes de una dictadura. Yo creo que en Argentina ya no hay polarización sobre este tema. Ya nadie discute lo que pasó. Hay un muy fuerte consenso de que lo ocurrido estuvo mal. Incluso ahora en las fuerzas armadas nadie defiende la metodología empleada por la dictadura. Esto permitió que en Argentina, que es un país donde es muy difícil llegar a acuerdos, se alcanzara un consenso, el consenso del “nunca más”. Eso ayudó muchísimo a la transición democrática.
Usted ha dicho que el juicio a las juntas fue “una sucesión de circunstancias afortunadas”.
Los jueces tomamos la decisión de que el juicio tenía que ser muy rápido. Si se prolongaba mucho, aumentaría el malestar militar. Había un sector del gobierno que estaba preocupado por los militares. Temían un alzamiento. Participaban de la idea de que mejor no molestar. Se quejaban de que se estaba produciendo muy rápido, que era mejor dilatar las cosas y que así los militares se irían calmando. Pero si no nos hubiéramos apurado quizá no se habría producido el juicio. ¿Qué pasaba si había un alzamiento militar antes del juicio? Se habría jodido.
Pero el gobierno fue respetuoso, a pesar de sus recelos. Nos puso custodia. Controló la organización con la policía. El ministro de Interior nos habilitó unas partidas para que pudiéramos contratar a gente pagándole horas extras electorales. También colaboró con el testimonio de testigos del exterior, a los que trajo a Argentina para acudir al juicio.
Alfonsín creo que organizó todo esto porque pensaba que así se fortalecía el régimen democrático. Luchó contra la impunidad y defendió la verdad. El papel que tuvo la conadep, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, fue enorme y fue prácticamente la primera comisión de la verdad del mundo, y su ejemplo luego se desparramó, en Chile, en Brasil, en Perú, en Centroamérica, en Asia, en Sudáfrica…
Los militares decían que el juicio era “político” y no reconocían la legitimidad del tribunal. Pero también hubo quienes, por ejemplo, criticaron las bajas penas impuestas a los militares.
Una de las maneras de hacer el juicio posible fue no juzgando los miles de hechos sino un grupito muy limitado. Esto te impone límites. Se te caen hechos para imputar. Hubiera sido muy fácil para nosotros dictar penas durísimas para todo el mundo. Pero no habríamos sido jueces si hubiésemos actuado así. Lo que tratamos de aplicar era los criterios corrientes, juzgar en base a la prueba y la evidencia. La justicia evita la venganza privada. Tuvimos un testimonio de una persona que dijo que se había encontrado a su torturador en el subterráneo. Uno ve a su represor y cómo no va a querer romperle la cabeza. Para eso sirve la justicia, para evitar eso.
La defensa de los militares tenía esencialmente dos patas. La primera, que luchaban en una guerra contra la “subversión”. La otra, que los crímenes fueron excesos y no fueron consecuencia de órdenes de arriba.
Su argumento de la guerra era el más importante. Sostenían que en la guerra siempre suceden hechos no queridos, y que no son “justiciables”. Es decir, que los jueces no pueden poner bajo el rasero de la justicia lo que ocurre en un campo de batalla. Y que esta era una guerra no convencional, donde el campo de batalla son las casas de los terroristas. Desde principios del siglo XX la humanidad ha intentado que la guerra no sea salvaje. No hay ninguna convención internacional que permita el maltrato o la tortura al enemigo indefenso, inerme. Según las convenciones, el prisionero de guerra solo tiene que decir su grado y a dónde pertenece. Nada autoriza a torturarlo. Y aquí el método era la tortura. Y era gente inerme, porque los secuestraban en sus casas, en calzoncillos. No había nada de combate ahí. Y el otro argumento es que nada había sido ordenado. Pero las pruebas indiciarias, que mostraban que era un sistema ordenado por cada comandante, eran abrumadoras. Era igual en todo el país. La logística, el apoyo, todo era militar. Ninguno de los crímenes se podría haber cometido sin las órdenes de los comandantes.
El argumento de la guerra era también propagandístico. La población conocía la violencia política contra la que luchó el régimen.
Es cierto. Argentina vivió en la década de los setenta una altísima violencia. Las bandas terroristas que mataban, robaban, secuestraban, estaban claramente cometiendo crímenes. Los crímenes no tienen pertenencia, son crímenes. Pero la respuesta a ellos tenía que ser civilizada, había que juzgarlos. Los militares, al idear este sistema, provocaron que los autores de esos crímenes murieran inocentes. Porque no los juzgaron.
¿Había un debate sobre el rol de la justicia durante la dictadura? Una clave del juicio es que integra a jueces muy jóvenes, como usted, sin vínculos con el régimen.
Cuando sube Alfonsín, Argentina lleva cincuenta años de promiscuidad entre gobiernos civiles y militares. Esto había creado en la Argentina cierta cultura de acostumbramiento. Hubo jueces, no muchos, que quizá colaboraron con la dictadura. No tanto en el plan [en la guerra sucia], porque era secreto. Pero hay una enorme cantidad de jueces que no, que cumplieron su función. Se planteó tras la dictadura nombrar todo jueces nuevos. Es imposible. No puedes cambiar un poder judicial profesional y reemplazarlo. Alfonsín hizo entonces una política de integración. No todos los jueces recibieron un acuerdo del Senado; este confirmó un 70% de los cargos. A todos aquellos que tenían algún tipo de complicidad con el regímen no se les renovó y se fueron. Hubo un saneamiento.
Ha habido muchas críticas del papel de la justicia en la dictadura. Pero una de las características esenciales del plan criminal de los militares es que era clandestino. Si un juez le pregunta a un policía si se habían respetado los derechos de un detenido y le decían que sí, ¿qué puede hacer? ¿Cómo podía sospechar que el Estado para el que trabaja está mintiendo?
¿Por qué no le gustó la película Argentina 1985?
Bueno, intenta armar un relato atrayente. Es algo lícito, es ficción. Pero al presentarse como basada en hechos reales, se le puede exigir mayor rigor. Sobre todo cuando uno nota que hay un desapego innecesario con la realidad. Quizá sirve para la historia. Según la película, todo se produce en la acusación. El juicio es como una cosa natural, cuando el juicio es la sucesión de los hechos. Por supuesto que la acusación fue muy buena, pero fue un segmento pequeño de todo. ~
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).
