En un ensayo reciente el historiador Anton Jäger describe nuestro tiempo como el de la “hiperpolítica”. Se trata de una forma de construir lo político muy paradójica: por un lado, la política devora todas las esferas de la vida y obliga a entender todo gesto imaginable como la manifestación de una posición ideológica, pero a la vez resulta en una intervención cortoplacista, vaporosa y a menudo meramente semántica, sin capacidad de incidir en la realidad social, de crear instituciones sólidas o de cristalizar en cambios sustanciales. La esfera pública, esa es la hipótesis, adopta las reglas propias tanto de las redes como del mercado: se vuelve fugaz, cortoplacista, espectacular, genera cargas neuronales cíclicas, pero nada de ello se traduce en una imagen del mundo legible para el ciudadano, que aparece en ella como un ansioso consumidor (de indignación, protestas, proclamas morales, promesas de cambio, packs ideológicos, etc.).
La performance televisiva y sus mutaciones digitales
La radicalización de la dimensión escénica y teatral del juego político es otro de sus signos. Una política así concebida es sobre todo performance, es decir, una constante proyección de imágenes en la pantalla social, sin consecuencias claras más allá del horizonte efímero de la competición por el capital social (atencional, reputacional, ideológico). La tendencia no es un invento de las redes sociales, pues ya emergió con la television politics estadounidense, en la década de los sesenta. No es casualidad que ahora se esté recuperando la figura de uno de los claros precedentes del “estilo Trump”, el gobernador de Alabama George Wallace.1 Su gran momentum televisivo se produjo cuando en 1963 se plantó en la puerta de la universidad estatal para impedir la entrada de estudiantes afroamericanos, como símbolo de su defensa del régimen de segregación racial que entonces se estaba desmantelando. El post que la propia universidad publicó en el cincuenta aniversario del evento deja clara la naturaleza de este: “El desafiante plantón en la puerta de la universidad de Wallace fracasó en su intento de excluir a las minorías. Pero catapultó a Wallace en la escena de la política nacional.”2 La palabra clave es “escena”. Pues aquel show no habría sido imaginado por Wallace si no se hubiera convocado a las cámaras televisivas y de prensa. Y si no fue del todo inerte es porque sus efectos fueron proyectados precisamente en el reino de los perfiles mediáticos, y solo tras ello en el de los proyectos políticos. Wallace no llegaría demasiado lejos −las imágenes caducan rápido−, pero su legado fue un populismo televisivo que impregnó a Nixon y fue exportado al resto del mundo con estilos parcialmente diversos (que van desde Thatcher a Berlusconi).
Esa transformación de la política en una máquina de producción de escenas ha sufrido una radicalización con la llegada de los medios digitales. Las redes saturan el espacio social con una avalancha constante de gestos confrontacionales, convirtiendo el juego político en una guerra cognitiva o de marcos que apenas deja algo en pie de ese mundo común que llamamos esfera pública. La dinámica es muy invasiva y afecta a todos los espacios políticos, no solo a los gobiernos que más marcan el perfil escénico como el de Trump o el de Milei. En el plano doméstico, por ejemplo: ¿Qué sacamos los ciudadanos en claro de los debates parlamentarios, las comisiones de investigación, o las sesiones de investidura? Pues poco más que algunos cortes con zascas y polémicas en torno a detalles absolutamente banales que funcionan bien en TikTok y YouTube. Mucho ruido incívico. Y una feroz lucha por la atención online y la construcción de hiperliderazgos. Ponga el lector los nombres que mejor le convengan, el abanico es amplio y variado.
Las leyes penales como escenarios para la dramatización
Para nosotros, los juristas, resulta revelador el modo en que esa pulsión escénica está afectando también a la esfera del derecho, y particularmente a las leyes penales, proyectos de los que se presume racionalidad, efectividad y planificación largoplacista. Hubo un tiempo en el que se concibió el Código Penal como un “producto cultural trabajosamente elaborado que se mantiene intacto a pesar del carácter dinámico de la política”.3 Ese tiempo no es, desde luego, el nuestro. En la anterior legislatura el legislador modificó el Código Penal diecisiete veces, de un total de casi cuarenta reformas desde 1995. Las escenas se suceden rápidamente unas a otras con las leyes como excusa: alguna de ellas ha sido bautizada con el nombre de una celebridad (“ley Rhodes”), otras obtuvieron su apoyo y activismo en redes (Perico Delgado y la “ley ciclista”); la mayoría son presentadas como una “victoria de las víctimas”, figuras con alto capital simbólico con quienes siempre conviene hacerse fotos y colgarlas en redes; en cualquier caso, todas ahondan en la imparable expansión del derecho penal, también hiperpolitizado. Y punitivo, con una sola excepción: algunas modalidades de malversación se beneficiaron de una rebaja de pena, precisamente aquellas de las que se acusaba a destacados miembros de partidos que la promovían.
Tampoco los intereses a los que se vinculan esas reformas permiten mucho espacio para idealizaciones. Quienes las promueven socialmente actúan a menudo como el consumidor competitivo e individualista en un juego de suma cero: lo que se conceda al delincuente –como la prescripción del delito o las exigencias probatorias– contará como menosprecio de víctimas, niños, mujeres, ciclistas o cualquier otro grupo en el fecundo mercado de singularidades. Y, como nadie desea perder el capital reputacional que se puede obtener de esos grupos si están contentos –esto es: si se hacen fotos contigo–, entonces la regla es que no se concede nada, al menos en público. Es decir, que el espectáculo sea siempre punitivo (con la excepción indicada).
La prisión permanente revisable y la “ley del solo sí es sí”
La tendencia a la performance legal es tan aguda en la política contemporánea que cada ciclo político necesita una de las grandes a su cuenta. El gobierno de Rajoy la tuvo en la prisión permanente revisable (LO 1/2015), que al menos en ese plano fue un éxito. A él le permitió hacerse fotos con padres de víctimas de crímenes horrendos y así contrarrestar su caricatura de líder blando, sin carisma y sin conexión con el público. También le permitió retratar a Ciudadanos, entonces opuesto a la medida, como un partido blando, y después, cuando giró y la apoyó, como un “partido veleta”. Y descalificar al resto de partidos, “progresistas” o “nacionalistas”, como contrarios a los intereses del ya mencionado “pueblo”. La intervención de un parlamentario popular a favor de mantener la prisión perpetua en 2018 da buena fe del tipo de escenificación:
¿Ustedes creen que los españoles quieren aplicar penas más leves a los delitos más graves? ¿Que el 80% de los españoles están equivocados? No miren al PP, miren a España. ¿Han podido comprobar el dolor, el daño y el sufrimiento que ahí sí a perpetuidad han causado en muchas familias españolas? […] Cuando suban a este estrado, no me contesten solo a mí, miren a la tribuna y convénzanles a ellos.4 [“Ellos” son las víctimas, al menos las que ocupaban la parte superior del Congreso, gesticulando a favor o en contra de las intervenciones.]
El miedo escénico que generó en el bando contrario esa identificación –típicamente populista– entre ley y pueblo fue tal que derivó en la definitiva normalización de la prisión permanente revisable. Primero fue Ciudadanos quien se unió a PP y Vox en la foto con las víctimas; PSOE y Podemos amagaron con apoyarla en momentos de alta carga escénica, y más tarde se contentaron con hacer desaparecer su derogación de la “agenda progresista”. Si lo que estos partidos habían dicho en 2015 era cierto, eso era tanto como dar por bueno un Código Penal fascista.
Con todo, la gracia de las performances legales es que sus efectos no están donde en principio deberían: en una década la prisión permanente se ha aplicado poco más que a cincuenta condenados, los cuales habrían recibido penas de varias décadas con la legislación anterior. En términos preventivos globales, la medida no es significativa.5 Pero eso da igual, pues en una era hiperpolítica su éxito no se mide por sus efectos materiales, sino por su utilidad a la hora de perfilar la imagen pública que un gobierno necesita entre la audiencia: en ese plano fue exitosa, y la prueba es su permanencia. Ahí sigue.
Los esfuerzos escénicos que la coalición progresista escamoteó a la derogación de la prisión permanente los reorientó a la que sería su gran espectáculo legal de la legislatura, la “ley del solo sí es sí”. Convertida en campo de batalla ideológico, tanto dentro del gobierno como frente a la oposición, la norma generó una intensa producción de imágenes distorsionadas. Quienes enseñamos en facultades de derecho y tratamos de explicar la reforma en el aula nos vemos de entrada obligados a derribar esas imágenes: tanto la que atribuye a la ley la superación de un sistema en el que el consentimiento no contaba como, en el extremo opuesto, la que anuncia el final de la presunción de inocencia de los hombres o la obligación de suscribir contratos para cada relación sexual.6¿Cómo no van a incurrir los estudiantes en caricaturas de fácil consumo si estas eran moneda de cambio incluso entre los “expertos” de plató?
Resulta que también el tortuoso itinerario de la ley opera como un signo de los tiempos. Si esta no duró más de cinco meses en vigor hasta ser contrarreformada por otra ley más punitiva, no fue porque la “liberación de cientos de violadores” –así se presentó en los medios– fuese a añadir un peligro objetivo al que ya existe, pues las rebajas de pena tenían un impacto real limitado y todos esos agresores habrían salido igualmente poco después. Tampoco fue solo un efecto de la cuestionable interpretación que los jueces realizaron de la aplicación de la ley, aunque eso sin duda jugara un papel. Si la ley no sobrevivió al escándalo de las excarcelaciones, fue por un factor menos explorado, pero no menos significativo, a saber: que en un contexto donde los partidos compiten ferozmente por explotar la alarma social y las ansias punitivas, se vuelve imposible defender que aumentar las penas no siempre reduce el delito, que los ciudadanos que entran en la cárcel tarde o temprano deben salir de ella, y que eso es lo normal en una democracia.
La fragilidad de las mayorías de gobierno en esta última legislatura trae al menos una buena noticia, y es que no hay grandes espectáculos penales a la vista. De hecho, solo ha prosperado la reforma que agrava las penas para la multirreincidencia patrimonial (LO 1/2026). Aprobada por el PSOE y la derecha parlamentaria, la ley fue por razones obvias publicitada con un perfil bajo por el gobierno. No así por los diputados de Junts que la habían impulsado, que salieron del Congreso a certificar ante las cámaras su triunfo escénico y, de paso, resumir su concepción de la política criminal. En palabras de su portavoz en el Congreso: “Los ladrones que antes entraban por una puerta y salían por otra con esta ley entrarán por una puerta, pero ya no saldrán.” Show must go on. ~
- Son muchos los artículos que exploran ese precedente, dos ejemplos representativos: Peter Baker, “Elección 2020: Donald Trump se compara a sí mismo con Nixon en 1968, pero se parece más a George Wallace”, The New York Times (12.06.2020):https://www.nytimes.com/es/2020/06/12/espanol/mundo/trump-2020.html; Brucie Porter, “History offers a warning about Donald Trump’s brand of populism”, Time (05.12.2024):
https://time.com/7198869/george-wallace-donald-trump-populism/.
↩︎ - Ver “An unsuccessful stand” (11.06.2013): https://throughthedoors.ua.edu/an-unsuccessful-stand.html.
↩︎ - Naucke, en La insostenible situación del derecho penal, 2000, p. 534.
↩︎ - B. de Castro, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, xii Legislatura, n. 110, 15.03.2018, p. 17.
↩︎ - Ello era advertido ya por el Grupo de Expertos en Política Criminal (gepc), “La prisión permanente revisable, el paso definitivo hacia el ‘populismo punitivo’”, 27.02.2018: https://politicacriminal.es/prision-permanente-revisable-cadena-perpetua.
↩︎ - A quien le interese una interpretación que evita –como es deseable– ambas caricaturas: Castellví, “¿Actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona? Sobre el significado del ‘solo sí es sí’ y la definición del consentimiento sexual”, ADPCP, vol. LXXVIIl, 2024. ↩︎
