“SOS Nicaragua”, el pequeño letrero escrito sobre un cartón no podía resaltar más en un entorno tan inusual. La carretera entre Acámbaro y Salvatierra, en los confines surorientales del estado de Guanajuato, se caracteriza por sus magueyes y antiguos cascos de hacienda, un marco de abandono rural que en diciembre se llena de trocas venidas del norte del río Bravo cargadas de regalos y paisanos. No es lugar habitual para ver otra cosa que sombreros y botas u oír algo distinto que corridos y novenarios.
“Estoy aquí porque no puedo ni quiero volver a Nicaragua”, me confiesa Giselle, de negra piel misquita y un cálido acento que usa el vos en lugar del tú; mientras sostiene, reivindicativa, dicho letrero en el cruce de caminos de la carretera estatal. Si bien Giselle representa una visión distinta del Bajío, su presencia y la de otros tantos compatriotas suyos en distintas partes de la geografía mexicana es algo cada vez más común. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), desde enero de 2018 se han registrado 2,513 solicitudes de asilo por parte de ciudadanos nicaragüenses.
((La Comar registra el número de solicitudes de asilo por nacionalidad. Esta y otra información relevante están disponibles en bit.ly/30yaeLy.
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Una cifra alarmante si tomamos en cuenta que, de acuerdo con la misma Comar, el número total de dichas solicitudes para el quinquenio que va de 2013 a 2017 fue de tan solo 208. El de Giselle es el rostro de un país en crisis.
“Hoy se vive con gran zozobra y temor. Sentimos una enorme frustración frente a un gobierno sanguinario y dictatorial que purga a estudiantes y a periodistas. Un gobierno para el que es un crimen protestar, es un crimen decir la verdad, es un crimen ser campesino que defiende la tierra”, afirma, categórica, Bianca Jagger, vía telefónica desde París. Con la misma tenacidad con la que ha denunciado, desde los ochenta, atrocidades alrededor del orbe contra minorías y grupos vulnerables, la activista apunta hoy a su país de nacimiento y a los sandinistas junto a los que alguna vez celebró la caída del infame Anastasio Somoza Debayle.
Más de un año ha pasado desde que las protestas masivas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se desatasen en abril de 2018. Casi un año y medio con más de quinientos noventa muertos, cerca de ciento diez presos políticos, miles de heridos y desaparecidos y más de 65 mil nicaragüenses en el exilio, en un país de poco más de seis millones de habitantes.
((Hay tres conteos diferentes del número de muertos como consecuencia del conflicto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos suma 325 hasta abril de este año, mientras que el gobierno de Ortega cuenta doscientos. Decidí usar la cifra de varias ong, en particular, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, para quienes la cantidad de muertos supera los quinientos (“La cidh exige a Nicaragua esclarecer…”, La Vanguardia, 1 de junio de 2019). Para el número de presos políticos, uso la cifra de la Alianza Cívica, el principal paraguas opositor con el que el régimen orteguista ha negociado la mayor parte del año y con quien se pactó la liberación de todos los presos políticos (Cindy Fuller, “Alianza Cívica registra 120 presos políticos…”, La Prensa, 30 de julio de 2019).
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Y la tragedia continúa, tanto para el pueblo nicaragüense como para su gobierno, cada vez más debilitado.
Con la firma por parte de Donald Trump del denominado Nica Act el pasado 20 de diciembre, la presión sobre el régimen de Ortega aumentó de manera considerable. La condicionalidad de préstamos por parte de instituciones financieras internacionales y la imposición de sanciones, aprobadas de forma unánime por el Congreso estadounidense, contra la misma Murillo y algunos de los miembros más cercanos al núcleo en el poder, acotan de forma importante la capacidad de maniobra de los sandinistas y garantizan una mayor visibilidad del conflicto ante un público internacional más amplio.
A ello se sumó a principios de enero la deserción de Rafael Solís del Frente Sandinista y su dimisión como magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Desde el autoexilio, Solís asevera en su carta de “denuncia y renuncia” que en Nicaragua hay “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes, que ha hecho desparecer todos los poderes del Estado”. Solís, quien fue testigo de la boda entre Ortega y Murillo y quien desde el supremo facilitó la reforma constitucional del 2009 que permitió la reelección indefinida, es hasta ahora la defección de más alto rango. Signo, para muchos, de la evidente ruptura al interior del orteguismo.
La gran interrogante es qué sigue para Nicaragua. La negativa por parte del episcopado de participar como testigo en el más reciente proceso de negociación del gobierno con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la renuencia de esta última a continuar con el mismo hasta que el régimen reconsidere su agenda temática y muestre de “manera contundente” que busca encontrar soluciones integrales, incluyendo el llamado a elecciones y la liberación de los presos políticos, indican que este renovado diálogo nació muerto. Entre julio y agosto, el régimen de Ortega decidió levantarse de la mesa de discusión.
((“Ortega cierra la puerta del diálogo”, France 24, 20 de julio de 2019; “Daniel Ortega da por terminado el diálogo…”, El País, 2 de agosto de 2019.
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De acuerdo con varios analistas, la designación, en marzo, de Luis Ángel Rosadilla como enviado especial de la Organización de Estados Americanos a Nicaragua compra tiempo a la dictadura de Ortega y Murillo y se lo quita a los nicaragüenses que se oponen a su continuidad, denostados como “terroristas” por el régimen. “Ortega revela que nunca tuvo voluntad… de reconocer su responsabilidad en la matanza y facilitar una salida política… urge máxima presión nacional e internacional”, denuncia al respecto, en su cuenta de Twitter, el director editorial del diario nicaragüense Confidencial y una de las voces independientes más respetadas del país, Carlos Chamorro, exiliado en Costa Rica desde febrero tras numerosas tentativas de los escuadrones paramilitares del sandinismo de amedrentar su trabajo periodístico.
Por su parte, para Jagger, la respuesta hacia el futuro pasa por la consolidación de la oposición en el país y un cada vez mayor involucramiento de actores y voces internacionales, pues reconoce que uno de los problemas más graves en Nicaragua hoy en día es la falta de líderes políticos. “No tenemos un Juan Guaidó; todos están en la cárcel o han sido asesinados”, argumenta.
En México tenemos que escuchar y ver. No podemos ser sordos ante la tragedia nicaragüense ni ciegos ante insostenibles aislacionismos nacionalistas. Debemos hacer caso a Giselle y a los miles de otros nicaragüenses que con letreros o sin ellos hacen un doble llamado: el SOS de alarma por la crisis en su patria y el “SOS” de eres, Nicaragua. Sí, vos también. ~
(Ciudad de México, 1977) es diplomático, periodista y escritor; su libro más reciente es “África, radiografía de un continente” (Taurus, 2023).