La principal razón por la que una reforma migratoria es urgente en Estados Unidos es que la ambigüedad legal ha generado una clase inferior que sufre una aberrante variedad de injusticias cotidianas. Basten algunos ejemplos. En los últimos meses en Los Ángeles hemos dado cuenta de abusos sexuales sistemáticos en las escuelas del distrito local. Los abusos ocurren invariablemente en escuelas con un alto porcentaje de hispanos, muchos de ellos sin documentos o con familiares sin documentos. Su situación legal los vuelve presas fáciles: a pesar de que se les garantiza protección, rara vez denuncian. Es repugnante, pero no debe sorprender a nadie que un maestro depravado sienta cierta tranquilidad de saber que sus víctimas optarán, casi por regla, por el silencio como recursos de supervivencia. Lo mismo ocurre con muchos de los padres de esos mismos niños, que trabajan en maquiladoras o campos donde sus derechos son transgredidos frecuentemente. Hace unos días, conversando con una joven mexicana con cuatro hijas, con tristeza, descubrí que asume con absoluta resignación el trabajar de sol a sol y a destajo en una fábrica de ropa en pleno Los Ángeles. Lamenta, claro, que no le paguen tiempo extra o le den prestaciones, pero asume que ese es el precio de la ilegalidad migratoria; el precio, digamos, de las sombras.
Ese desamparo ha alcanzado partes de la vida cotidiana que uno pensaría santuarios naturales para los indocumentados. Hace poco más de seis años, acompañé a David Rieff, reportero del New York Times, durante su investigación del papel que ha jugado por años la arquidiócesis de Los Ángeles en la protección de migrantes. La teoría de Rieff era que, si el catolicismo estadunidense había de tener futuro, lo encontraría en las congregaciones del sur de California, donde la Iglesia se ha enfocado en los más vulnerables. Rieff pensaba, con razón, que no había mejor lugar para comprobar su hipótesis que la arquidiócesis angelina. Aquí, desde hace décadas, el ejercicio diario del catolicismo gira alrededor de la experiencia migratoria, es en español, y representa una parte integral de la vida de la enorme comunidad hispana. El Cardenal Roger Mahony, angelino de nacimiento y conocedor de la lucha y el sufrimiento de las comunidades migrantes, se hizo de una bien ganada fama como defensor de los hispanos, sobre todo los indefensos legalmente. En español, hablaba de su niñez entre campesinos mexicanos. Su grey le llamaba Rogelio. Los brazos de Mahony eran, pues, un auténtico refugio para los migrantes.
Ya no lo son más. Resulta que el mismo Rogelio, famoso por defender con vehemencia a los migrantes, ha sido expuesto en los últimos días como uno de los encubridores más descarados de sacerdotes abusadores en California durante los años ochenta. Documentos de reciente desclasificación lo muestran trabajando arduamente para proteger no a las jóvenes víctimas, sino a los sacerdotes pederastas: analizando consecuencias legales, tamaño de indemnizaciones, atajos varios. Sobra decir, por supuesto, que muchas de las víctimas de los perversos sacerdotes amparados por Mahony eran, precisamente, hispanos. Para los católicos en Los Ángeles no debe haber peor y más dolorosa traición: Mahony, supuesto aliado histórico, era en realidad un encubridor más (el encubridor en jefe, en realidad). “Hizo muchas cosas bien, pero esta era la más difícil y la más importante. Y no hizo lo correcto”, le dijo al New York Times un feligrés después de misa este fin de semana. De ese calibre debe ser el agravio de muchos.
Por supuesto, es imposible asegurar que los hispanos estarían libres de este tipo de abusos si se aprobara una reforma migratoria. Sería ingenuo. Pero no lo es suponer que, armados con la seguridad de una ley que los ampara como a cualquier otro miembro productivo de esta sociedad, los niños y sus padres —en las escuelas, en las maquiladoras, y hasta en las iglesias— tendrían la presencia de ánimo para decir “basta”.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.
