Los últimos cuatro años han sido una auténtica montaña rusa económica, y lo cierto es que podemos estar contentos de que nuestras economías sigan en pie. Esta legislatura ha estado marcada por la pandemia y por la sangrienta guerra de Putin contra Ucrania, y es conveniente poner estos shocks en perspectiva. La pandemia, como abordábamos en otro libro colectivo coordinado por EsadeEcPol y publicado junto con Fedea y Nada es Gratis en el verano del 2020, supuso un choque sin precedentes para las economías occidentales (Roldán, Jimeno y de la Fuente, 2020).
En el año 2020, la economía española perdió un 11,3% de su PIB, siendo esta la mayor caída registrada en los datos en tiempos de paz, y también la más pronunciada entre las economías de la Unión Europea, cuyo PIB se redujo, en media, un 5,6% (según Eurostat). En el pico de la crisis más de siete millones de personas se encontraban protegidas por algún tipo de prestación o ayuda de sostenimiento de rentas, incluyendo a los más de cuatro millones de trabajadores que estaban en ERTE, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Hupkau, Roldán y Victoria, 2020). La incidencia de la crisis fue especialmente alta en España, fundamentalmente debido a la estructura de nuestra economía: más orientada hacia los servicios y el turismo, sectores a los que, por razones obvias, las medidas de distanciamiento social golpearon de manera mucho más intensa que a otros.
Los ERTE, una fórmula común en otros países y conocida en inglés como los short-time work schemes, eran hasta entonces una figura muy poco utilizada en España. Su razón de existir es sencilla: proporcionar la flexibilidad interna necesaria para que las empresas, que conocen mejor que nadie su realidad económica, puedan adaptarse a un entorno económico temporalmente desfavorable sin tener que romper la relación laboral con sus trabajadores. En las crisis anteriores la manera en la que había funcionado la economía española había sido a través de la expulsión masiva de trabajadores temporales, poco protegidos, que servían como mecanismo de ajuste a los ciclos. Esto tenía consecuencias muy negativas para los propios trabajadores (alta inestabilidad, precariedad, incapacidad para construir proyectos vitales) y para la economía en su conjunto.
El desplome de la economía española como consecuencia de la pandemia hace palidecer los datos de cualquier recesión previa. En lo peor de la crisis financiera de 2008, la economía española no llegó a perder más de un 3,8% al año (fue en 2009). Sin embargo, la reacción rápida y contundente de las instituciones europeas, el Banco Central Europeo y gobiernos sirvió para contener el sufrimiento social y evitar la ruptura masiva de tejido productivo como consecuencia de la ruptura de la cadena de pagos.
La recuperación desde entonces ha sido bastante rápida en comparación con la última crisis financiera, pero desigual. El impacto de la pandemia afectó de forma desproporcionada a las mujeres, que asumieron buena parte del peso de los cuidados, y también perjudicó más a los trabajadores autónomos y temporales (Roldán, Collado y Martínez, 2021). También los niños de entornos vulnerables lo tuvieron más difícil para conectarse y estudiar desde sus hogares (González y Bonal, 2021). Las pequeñas y medianas empresas vieron caer más su facturación y nivel de empleo durante la pandemia respecto a las grandes empresas dentro de cada sector, mientras que algunos sectores, como la hostelería y el comercio, padecieron más que otros (Roldán, Collado y Martínez, 2021). No ha sido hasta el primer trimestre de 2023 cuando España ha recuperado el nivel de PIB pre-pandemia, siendo la última de las economías europeas en lograrlo.
Aún no habíamos salido de la crisis de la pandemia y ya nos encontrábamos ante el siguiente shock: la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que provocó una crisis energética sin precedentes. Antes de la guerra la dependencia energética de Rusia era muy inferior en España a la de otros países geográficamente más próximos. En 2020, España trajo de Rusia un 10,43% de sus importaciones de gas, lejos de las cifras de Alemania (65,2%), Polonia (54,8%) o Italia (43,2%).
Como consecuencia de la guerra, por primera vez en treinta años, había riesgo de inflación fuerte en la Eurozona. Muchos economistas de mi generación tuvimos que volver a estudiar los trabajos de nuestros colegas macroeconomistas latinoamericanos para que nos recordaran los riesgos que se nos presentaban. Por suerte, mientras escribo estas líneas, las autoridades monetarias han conseguido controlar la inflación, mediante subidas sin precedentes de los tipos de interés y retiradas masivas de liquidez de la economía. Así, en 2022 el Banco Central Europeo (BCE) redujo el balance consolidado del Eurosistema (que comprende los activos y pasivos de los bancos centrales y del propio BCE frente a terceros) de 8,56 a 7,95 billones de euros.
En España los datos más recientes indican que la inflación ha caído en junio de 2023 por debajo del 2% por primera vez desde marzo de 2021 situándose como la inflación más baja de la Unión. El crecimiento de la economía española es, por su parte, aproximadamente el doble. Una parte significativa de ese diferencial de crecimiento (entre 8 y 10 décimas) se puede atribuir a la inversión de fondos europeos Next Generation EU.
El principal legado de estas dos crisis es un alto endeudamiento. Entre 2019 y 2023, la deuda como porcentaje del PIB ha pasado del 95,5% al 113%, alcanzando su máximo en 2020 (120,4%). Si nos alejamos más en el tiempo, la trayectoria de la deuda es todavía más preocupante: desde el año 2005 la deuda pública ha aumentado en 70 puntos porcentuales en relación con el PIB. Esto no representaría un problema particularmente grave en la medida en que los tipos de interés de esa deuda fueran manejables y el crecimiento económico mantuviera un ritmo razonablemente positivo.
No obstante, como recordamos bien los economistas que analizamos de cerca la crisis de la deuda soberana en la zona euro, la situación puede deteriorarse rápidamente si por una u otra razón se produce una pérdida de confianza, tal como ocurrió con el sudden stop de 2008, entrando en una dinámica de profecías autocumplidas. En este sentido, la última legislatura ha incorporado algunos gastos estructurales importantes que no han sido compensados con ahorros o aumentos estructurales de ingresos. Solamente sumando los efectos de la reforma de pensiones, el aumento de personal en la administración pública, los compromisos de aumento de gasto en defensa, la implementación del Ingreso Mínimo Vital y el incremento del gasto sanitario y de cuidados de larga duración asociados al envejecimiento, el crecimiento del gasto estructural anual supera con creces los tres puntos de PIB.
En lo que se refiere a reformas estructurales ha habido luces y sombras. Se han aprobado leyes cuyo impacto está siendo muy positivo, como por ejemplo la nueva regulación laboral aprobada en diciembre de 2021 (muy alineada con un informe de EsadeEcPol publicado en marzo de ese mismo año). Después, la incidencia de la temporalidad ha caído en picado en tiempo récord, pasando del 24.2% en el primer trimestre de 2022 al 17.3% en el primer trimestre de 2023. Además del número de fijos discontinuos –la nueva modalidad de contrato puesta en marcha por la Ley– el porcentaje de contratos indefinidos también ha aumentado. Al mismo tiempo, e incluso cuando el salario mínimo ha subido más del 46% desde 2018, las cifras de empleo están alcanzando récords históricos. Ahora, en el verano de 2023, contamos con casi veintiún millones de afiliados a la seguridad social. Es cierto que, como ha sucedido también en otras economías avanzadas, el número de horas trabajadas permanece por debajo de los niveles pre-pandemia. Queda por valorar, con perspectiva temporal más amplia, si este ha sido uno de los mecanismos que las empresas han utilizado para compensar el aumento de los costes laborales, también afectados por el aumento de las cotizaciones a raíz de la reforma de pensiones.
Por otro lado, el gobierno ha impulsado una reforma de las pensiones que, cuando menos, es incompleta. Aunque aborda el problema de la suficiencia de las pensiones –garantizando que los pensionistas de ahora no pierdan poder adquisitivo–, no se enfrenta al problema de la sostenibilidad del sistema. Esencialmente se han adoptado dos medidas orientadas hacia la sostenibilidad: incentivos para retrasar la edad de jubilación de forma voluntaria, aumentos en las cotizaciones sociales y una senda de incremento de la cotización máxima (un 40% en las próximas décadas) mientras que se congela la pensión máxima, restando así contributividad al sistema. La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) estima que en ausencia de nuevas reformas en veinticinco años pasaremos a tener, bajo el supuesto de evolución económica positiva, un gasto en pensiones del 16,2% del PIB —uno de los más altos de la Unión— frente al 13% actual.
En la película No mires arriba (Don’t look up), estrenada en 2022, unos astrofísicos descubren un meteorito gigante que se acerca peligrosamente a la Tierra. Los científicos coinciden en que, dada la trayectoria de la roca, un impacto potencialmente catastrófico para la humanidad es altamente probable. Sin embargo, políticos, medios y sector privado son incapaces de colaborar para ofrecer una respuesta efectiva a la amenaza común. La película tiene un evidente mensaje político de fondo en relación con el reto del cambio climático. Pero la analogía —tomada con un grano de sal, como dicen los ingleses— también sirve para entender el reto político del envejecimiento y las pensiones.
Los datos son abrumadores: nos enfrentamos a un invierno demográfico. Estamos entre los cinco países con mayor esperanza de vida. Solo en los últimos cuarenta años, la esperanza de vida a los 65 años ha aumentado desde los 16 a los 21,5 años. Y también somos el segundo país con la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea. Desde 1980, el número de personas mayores de 65 años ha aumentado aproximadamente siete millones. De esta manera, hemos pasado de tener unos 4,1 millones de pensionistas en 1980 a cerca de 10 millones en la actualidad. Según las proyecciones, en los próximos veinticinco años se añadirán otros cinco millones de pensionistas, hasta llegar a los 16 millones. Para entonces, la ratio de personas en edad de trabajar por cada pensionista —lo que en jerga económica llamamos tasa de dependencia— pasará del 26% actual (cuatro por cada pensionista) al 53% (dos por cada pensionista) en 2050. España posee, además, uno de los sistemas de pensiones más generosos de la Unión: la compensación que los pensionistas reciben en relación con su salario se encuentra entre las más altas de Europa, solo por detrás de Grecia e Italia (Martín y Ramos, 2023).
Dado que los recursos públicos no son infinitos, debería tenerse en cuenta en este debate que los pensionistas son el grupo generacional que ha estado más protegido desde el inicio de la crisis financiera. En lo que respecta a la riqueza de los hogares, desde el 2008, los mayores de 65 años son el único grupo de edad que ha logrado incrementar su riqueza neta en más de un 10%, un cambio que es aún más evidente si tomamos como referencia el año 2002, al comienzo de la burbuja inmobiliaria. Desde entonces, la riqueza neta de los hogares encabezados por personas de entre 65 y 74 años aumentó de 200.000 a 370.000 euros, mientras que la de los hogares con un cabeza de familia de más de 74 años pasaron de 155.000 a una de 370.000 euros. Durante ese mismo periodo, la riqueza neta de los hogares encabezados por un menor de 45 años ha experimentado una disminución de su patrimonio neto de hasta un 37%. En el caso de los hogares más jóvenes, en 2020 tan solo poseían una riqueza neta de 68.000€.
Cuando el gobierno anunció la subida de pensiones con el IPC, desde EsadeEcPol propusimos una revalorización por tramos, más limitada para los pensionistas de mayores ingresos (Martínez, Galindo y Roldán, 2022). Es evidente que no existe una solución mágica y que los retos de economía política para poner en marcha una reforma sostenible y que suponga una menor carga para las generaciones futuras son enormes.
Un desafío no menor es que los mayores de 55 años son mayoría entre los votantes de los dos grandes partidos representados en el Parlamento: el 52,3% para el PP y el 52,4% en el PSOE. Además, este porcentaje ha crecido en ambos partidos en más de 10 puntos desde el año 1995, cuando se firmó el Pacto de Toledo. Eso hace a los grandes partidos más sensibles a las preferencias de los mayores (Roldán, 2022).
Juan Francisco Jimeno, Ángel Martínez y Javier Martínez proponen una reforma a partir del reconocimiento de tres realidades. La primera y principal, es inviable continuar sustituyendo las rentas laborales a tasas tan elevadas como las actuales. En segundo lugar, las pensiones deben ser suficientes y estar blindadas ante la inflación. Por último, enfatizan que el sector privado debe jugar un papel más importante en la provisión de rentas vitalicias.
Pero el desafío de gestionar una sociedad en proceso de envejecimiento requiere también reformas en otros ámbitos, como es, sin duda, el de la salud. No podemos obviar que de aquí a 2050 el gasto (como porcentaje del PIB) sanitario se incrementará significativamente y el gasto en cuidados de larga duración asociados al envejecimiento se duplicará. Para abordar estos nuevos retos, así como las deficiencias estructurales de las que adolece el sistema actual, Lucía Cobreros y Carlos Sunyer plantean una reforma del sistema de atención primaria, con seis propuestas relacionadas con los profesionales, la tecnología y la demanda de servicios.
Este es un fragmento del libro Un país posible. Manual de reformas políticamente viables (Deusto), coordinado por Teresa Raigada, Lucas Gortazar, Jorge Galindo y Toni Roldán.
es director del Center for Economic Policy and Political Economy de ESADE.
