El 18 de febrero, con un voto del PT y la ausencia de los senadores del bloque de oposición –integrado por independientes y representantes del PRI, PAN, PRD y MC–, Morena consiguió aprobar en comisiones unidas un nuevo proyecto de dictamen de la Guardia Nacional que no contempla las propuestas de las organizaciones civiles y los partidos políticos de oposición. Los senadores de Morena modificaron el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados en enero, al incluir, a petición del presidente López Obrador, un artículo transitorio para establecer de manera “excepcional” que las Fuerzas Armadas trabajarán en tareas de seguridad pública de manera permanente; eliminar la adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, proponer una dirección compuesta por dos mandos militares y uno civil y suprimir la obligación a actuar con perspectiva de género y a colaborar con las entidades de la federación. El bloque de oposición busca que el dictamen se modifique en el pleno del Senado para impedir que la Guardia Nacional tenga un mando militar y para limitar su actuación a un plazo de cinco años. El jueves 21 de febrero se discutirá y votará en lo general y en lo particular el dictamen final.
La semana pasada se realizaron audiencias en el Senado, en la cuales expertos en materia de seguridad dieron a conocer, una vez más, sus puntos de vista sobre la Guardia Nacional. Para Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de aprobarse el dictamen actual de la Guardia Nacional se violarían estándares internacionales de derechos humanos. Como Jarab recuerda, la intervención militar en las tareas de seguridad debe estar sometida a un régimen estricto de temporalidad y vigilancia, el cual no está claro en el dictamen. Según el dictamen, las fuerzas armadas también contarán con atribuciones que anteriormente eran competencia de las autoridades civiles, como la ejecución de órdenes de aprehensión, entrevistas a víctimas y testigos, aseguramiento de bienes y tareas de investigación. De acuerdo con Jarab esto “conlleva una clara violación al derecho al debido proceso de aquellas personas presuntamente involucradas en un hecho delictivo, la vulneración de su derecho a la libertad personal y podría comprometer su derecho a la integridad”.
La misma preocupación tiene Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, quien durante su participación en las audiencias planteó una serie de preguntas a los senadores. Sobre la falta de una regulación temporal en las actividades de la Guardia Nacional interrogó: “¿Qué pasaría si el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene un enfoque militar de mano dura con poderes sin límites? […] Tendríamos que preguntarnos si queremos que el poder militar goce de más autonomía e independencia no sólo hoy, sino en el futuro”. De acuerdo con Amnistía Internacional, las fuerzas armadas no deben ser desplegadas para tareas de seguridad pública si el Estado no puede garantizar que haya mecanismos de evaluación apropiados que permitan el fortalecimiento de las policías.
Por su parte, las víctimas de abusos cometidos por integrantes del Ejército y la Marina aprovecharon las audiencias para pronunciarse en contra de la creación de la Guardia Nacional, pues temen que los delitos cometidos por sus miembros queden impunes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, realizada por el INEGI a la población carcelaria, la Marina es la institución que mayores abusos cometió en contra de los detenidos al momento de su arresto, seguida por el Ejército. Pese a que las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional disminuyeron de 1450 en 2012 a 298 en 2018, un análisis de las recomendaciones que el organismo le dio a las fuerzas armadas revela que las violaciones graves a derechos humanos, como tortura y desaparición forzada, se incrementaron en el último sexenio. Esto indica que no hay garantía de que se reduzcan las violaciones de los derechos humanos con la creación de la Guardia Nacional.
Ante esto, la CNDH exhortó al Congreso de la Unión a analizar el dictamen para no “privilegiar soluciones parciales y de carácter reactivo sustentadas en el uso de la fuerza o la restricción de derechos”. El Cuerpo Colegiado de la CNDH considera que, en los términos planteados y desde la perspectiva de los derechos humanos, el proyecto de la Guardia Nacional “no es pertinente ni viable” porque no garantiza el fin de la impunidad, debilita la institucionalidad y contraviene a la sentencias dictadas por instancias internacionales que el país está obligado a cumplir.
El 13 de febrero, en su conferencia matutina, López Obrador acusó a los organismos no gubernamentales de “poner trabas” a la Guardia Nacional. “Ya basta también de la simulación, de estar nada más haciendo análisis de la realidad sin transformarla. Puro experto, puro diagnóstico, estudios, contratación de asesores, pero no se hace nada por cambiar las cosas. Lo de la Guardia Nacional es urgente, es una preocupación”, declaró el presidente cuando se le preguntó si las recomendaciones de los especialistas cambiarían su postura.
A pesar de los señalamientos de los representantes de la sociedad civil en contra del dictamen, un sondeo realizado por El Financiero muestra que el 72% de los mexicanos está a favor de la creación de una Guardia Nacional. A la pregunta de si prefieren que la seguridad esté en manos de los policías o de los militares, 68% respondió que prefiere a los últimos. Para 54%, la Guardia Nacional es la mejor opción con la que cuenta el gobierno para enfrentar la inseguridad, mientras que 42% opina que hay mejores opciones. Por último, solo 20% percibe riesgoso el incremento de las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares.
La aprobación de la ciudadanía es una de las justificaciones de los defensores de la Guardia Nacional. El activista por los derechos humanos de los migrantes y sacerdote católico Alejandro Solalinde expresó que si bien la Guardia Nacional “es el mal menor”, la situación de violencia en el país amerita su creación.
Tras una reunión con el gabinete de seguridad, diez de los doce gobernadores priistas mostraron su apoyo a la Guardia Nacional. Con esta postura, los gobernadores están abandonando el fortalecimiento de las policías estatales para dejar las tareas de seguridad en manos del gobierno federal, aunque eso implique una militarización de los territorios que gobiernan. A través de su cuenta de Twitter, Manelich Castilla, el último Comisionado General de la Policía Federal, opinó al respecto: “Gobernadores que piden se apruebe ya la #GuardiaNacional, sería deseable comprometan al mismo tiempo su palabra para fortalecer capacidades locales, cronograma y mecanismo de seguimiento en mano. No hacerlo, en nada cambiará condiciones de seguridad en el país”.
Por su parte, el grupo parlamentario de Morena en el Senado redactó un documento para refutar los “mitos” en torno a la Guardia Nacional, entre estos, que López Obrador propuso en campaña regresar al Ejército a los cuarteles o que la Guardia Nacional no es de carácter civil. No obstante, una investigación de Animal Político dio a conocer que Morena usó datos “engañosos” para justificar su proyecto de dictamen. Por ejemplo, en 2012 el entonces candidato presidencial López Obrador sí manifestó su rechazo al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el dictamen actual no contempla un mando civil, sino uno mixto.
En su columna del diario Milenio, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, defendió la Guardia Nacional argumentando que es una “fuerza de seguridad intermedia entre el Ejército y las policías locales” que combina “la disciplina, la organización y el adiestramiento militar” con “parámetros de conducción, evaluación, calificación y fiscalización civiles”, que “casi medio centenar de países” emplea. Pero para Álvaro Vizcaíno Zamora, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el modelo planteado es “obsoleto”. A partir de un estudio comparativo de las 47 gendarmerías y guardias civiles que hay en el mundo, Vizcaíno llegó a la conclusión de que tres de cada cuatro gendarmerías se encuentran en dictaduras, mientras que nueve de cada diez guardias civiles pertenecen a democracias. “La propuesta que hoy hace el gobierno de México se asemeja al modelo venezolano”, dijo durante su participación en las audiencias públicas convocadas por el Senado. Una investigación publicada en El Heraldo de México muestra que solo 4% de las fuerzas intermedias de seguridad que hay en el mundo son de mando mixto –tales son los casos de España y Portugal– mientras que el 50% de los países con policías con preparación castrense le responden a un mando civil. El caso más emblemático es el de la Gendarmería de Francia, que a pesar de tener una doctrina militar responde al Ministerio de Interior desde 2009.
Además de las tareas de seguridad, el replanteamiento de las Fuerzas Armadas contempla otorgarles tareas de obra pública y adquisiciones, como la construcción y administración del aeropuerto en Santa Lucía, la venta de terrenos militares para construir departamentos de lujo y la operación de pipas para regularizar el abasto de gasolina. La CNDH ve en esto un peligro, pues “generaría el riesgo de reducir los incentivos para que, una vez superada la situación de emergencia por la que atraviesa el país, renunciaran a tales atribuciones en favor de las autoridades e instancias civiles, perpetuando así una situación atípica que en nada beneficia al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho”.
Pero nada de esto parece preocupar al presidente López Obrador, quien, durante la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario del Ejército, reiteró que este es necesario “para serenar al país, para que haya paz y tranquilidad”.
La presión en contra del dictamen continúa. Después de que los senadores desecharon la propuesta del colectivo Seguridad sin guerra, la cual eliminaba todo componente militar en la operación y conformación de la Guardia Nacional, académicos, celebridades, escritores y miembros de sociedad civil utilizaron en sus redes sociales la etiqueta #GuardiaCivilSinSimulación para exigirle al Senado que la Guardia Nacional cuente con un mando civil y no militar.
Desde hace dos sexenios se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos criminales, pero los índices de violencia e inseguridad no han ido a la baja. Al contrario, la militarización ha tenido como consecuencia el incremento en los casos de tortura y abusos cometidos por sus elementos. La reforma constitucional tendrá como consecuencia otorgarle mayor poder y menos control a los militares. El presidente y su partido insisten en que la creación de la Guardia Nacional es parte de un plan de pacificación que tiene como eje el respeto a los derechos humanos, pero en su creación se violarían los preceptos internacionales que los protegen. En la opinión de Tania Reneaum, “Estamos frente a un populismo punitivo que no busca atacar las raíces de los problemas estructurales de la inseguridad sino que estigmatiza y criminaliza a patrones arraigados en la sociedad mexicana como es la pobreza”. Resulta alarmante que tras los numerosos posicionamientos en contra de la Guardia Nacional, sus impulsores continúen ignorando los datos y argumentos de los especialistas.
El dictamen ya se subió al pleno y se realizó su primera lectura. Pero aún no es el definitivo, pues se espera que el jueves se modifique, incorporando aportaciones de la oposición. Si el jueves dos terceras partes del Senado votan a favor del nuevo dictamen, este regresará a la Cámara de Diputados para su aprobación y después se enviará a los 32 congresos estatales. De aprobarse en 17 de ellos entrará en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, el Congreso contará con 90 días para promulgar dos leyes complementarias que determinen su organización y regulación: la Ley de la Guardia Nacional y la Ley General de Uso de la Fuerza.
Con investigación de Karla Sánchez.
Actualización:
La mañana del jueves 21 de febrero, los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo sobre la Guardia Nacional. Entre las modificaciones que se hicieron a la minuta aprobada por las comisiones unidas se encuentran la adscripción del nuevo cuerpo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el mando civil, la eliminación del fuero militar, la reglamentación del uso de fuerza bajo los estándares internacionales, el fortalecimiento de las policías estatales y una temporalidad de cinco años. En el documento presentado por los senadores durante la conferencia de prensa se lee “el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Académicos y miembros de la sociedad civil se pronunciaron a favor del acuerdo conseguido. Catalina Pérez Correa tuiteó: “El dictamen que circula para #GuardiaNacional es un logro de todos: los partidos de oposición que resistieron, la ciudadanía que ha acompañado esta discusión, los senadores de morena que negociaron y las fuerzas armadas #GuardiaNacionalSinSimulación”. El político independiente Pedro Kumamoto también celebró el acuerdo: “Aquí un logro de la sociedad civil, de la academia, de activistas y de quienes nunca pararon en señalar que sí se puede construir otro horizonte, uno de #SeguridadSinGuerra. Una gran felicitación para todas/os ellos”.
