El hackeo realizado a los servidores de la Secretaría de la Defensa es apenas un síntoma –grave, sin lugar a dudas– de por lo menos dos de los muchos males que le ha generado el presidente López Obrador a la administración pública.
El primero es la reasignación masiva de recursos presupuestales de todas las dependencias hacia los proyectos prioritarios del presidente: los programas sociales, sus tres obras emblemáticas y el rescate de Pemex y la CFE. ¿De dónde ha salido el dinero para, por ejemplo, darle a Pemex alrededor de 900 mil millones de pesos, o 330 mil millones al aeropuerto Felipe Ángeles? Una buena parte, de la austeridad en el resto de las dependencias. Debe recordarse que una de las primeras disposiciones presidenciales fue el decreto que prohibía a todo el gobierno federal comprar computadoras y programas de cómputo durante los dos primeros años del sexenio, en nombre de una austeridad que en el conjunto del gobierno nunca ha existido: ha sido la coartada para financiar locuras y además inútiles.
El segundo mal es la ignorancia de López Obrador en cuanto a todo lo relacionado con la seguridad nacional. Algunos hechos que ilustran esa ignorancia, que se traduce en desprecio, son intentar desaparecer el Cisen y luego reubicarlo en la Secretaría de Seguridad, como si la seguridad nacional fuera un asunto dependiente de la seguridad pública; declarar sus obras de infraestructura como asuntos de seguridad nacional para eximirlas de todas las regulaciones presupuestales, administrativas, ambientales, sanitarias, etc., es decir, como coartada para anular el estado de derecho; y la inexistencia de un programa sectorial de seguridad nacional y de agendas nacionales de riesgos.
La combinación de esos dos males –ausencia de una política de seguridad nacional y escasez de recursos para la operación básica de las agencias de seguridad– se encuentra detrás de la ineficaz estrategia de ciberseguridad del Estado mexicano. Un funcionario de alto rango del gabinete de seguridad nacional renunció hace pocos meses, harto de la inutilidad absoluta de sus esfuerzos durante tres años por impulsar la estrategia de ciberseguridad (esa era su responsabilidad) en el gobierno.
Sin embargo, como los militares suelen tomarse en serio las cuestiones de seguridad interna, sorprende que la irresponsabilidad presidencial los haya contagiado de manera contundente.
Si no había autorización ni recursos para comprar tecnología informática que protegiera las comunicaciones y los archivos de la Defensa Nacional, bien pudieron recurrir al Conacyt para desarrollar tecnología propia con el apoyo de expertos de la UNAM y el IPN, pues ambas tienen científicos brillantes en esa materia. Buena idea, pero el Conacyt entregó el dinero de sus fideicomisos para, según la versión de su directora, María Elena Álvarez Buylla, contribuir a la construcción del Tren Maya. Lástima por la seguridad nacional y la confiabilidad del ejército mexicano.
Hay que decirlo porque el tema es preocupante. La ambición de poder le está ganado a la disciplina y doctrina militares. Tenían prohibido comprar software entre 2018 y 2020, al igual que el resto de las dependencias, pero en 2019 adquirieron Pegasus, el software que les ha permitido espiar a periodistas y a otros personajes que nada tienen que ver con la seguridad nacional. ¿No estaba prohibido disponer de recursos en la compra de programas de cómputo? ¿La Sedena de López Obrador se ha convertido en el centro de espionaje político, como lo fue la Secretaría de Gobernación de Peña Nieto? ¿En qué ley se le permite al ejército espiar con fines políticos?
El presidente López Obrador afirmó que la Sedena no espía, sino que hace inteligencia. Pues a los titulares del Ejecutivo y de la Sedena se les olvidó una verdad de Perogrullo: que la mitad de las tareas de inteligencia consisten en la contrainteligencia; es decir, en proteger e impedir que la inteligencia que produjeron sea robada. Ironías de la vida: el espía espiado y exhibido en y por su enorme torpeza.
Por más que el presidente pretenda minimizar el hackeo y que la Sedena mantenga un silencio ensordecedor como si nada hubiera pasado, la gravedad de lo ocurrido se irá imponiendo:
- El ejército vulnerado y vulnerable. A una semana de las primeras revelaciones, ya comenzaron a difundirse documentos muy comprometedores que revelan situaciones preocupantes de la actuación del ejército: abusos sexuales, espionaje a políticos y activistas sociales; encubrimiento de su actuación en la masacre de Ayotzinapa; violaciones de derechos humanos; ambiciones empresariales que no tienen fundamento legal. En cuanto a la vulnerabilidad, se sabe que está disponible la nómina entera del ejército, nombre por nombre, con los ingresos de cada elemento, datos personales de muchos altos mandos y el despliegue territorial. No es difícil imaginar las consecuencias que podría tener esa información en manos equivocadas. Y la pregunta ya muy comentada pero preocupante: ¿cómo confiar en una institución que pretende cuidar a la sociedad si no fue capaz de cuidarse a sí misma y cuya actuación no siempre se apega a la legalidad?
- La penetración del crimen organizado en la política y las omisiones del ejército. Reportes sobre la penetración del crimen organizado en las estructuras políticas y policíacas en los estados de Tabasco, Veracruz y Morelos y el sureste en general. La complicidad de los mandatarios –incluido el actual secretario de Gobernación– de esas entidades es señalada con todas sus letras. También se difundió información sobre las estructuras operativas de grupos criminales y de acciones que realizarán sin que tengan instrucciones e intenciones de intervenir. La confirmación cruda de la política de abrazos y no balazos.
- La salud del presidente. La información sobre la salud del presidente en manos del ejército se debe a la desaparición del Estado Mayor Presidencial, ya que anteriormente este órgano era quien la resguardaba, y aunque era de origen militar se manejaba de manera autónoma. Ahora el cuidado del titular del Ejecutivo y de su familia está en la Sedena, lo que los hace muy vulnerables frente al ejército.
Al parecer, apenas ha asomado la punta del iceberg. Se habla de millones de correos y documentos y se desconoce exactamente quiénes los tienen y cómo y cuándo los darán a conocer. Pocas veces se ha hecho tan evidente el famoso dicho de que información es poder y, en este caso no existen muchas dudas de que el gobierno y el ejército estarán contra la pared durante el resto del sexenio.
El impacto de las revelaciones en la credibilidad y confiabilidad de los dos actores más importantes de la llamada 4T, el presidente y las fuerzas armadas, dependerá de su gravedad. Por ejemplo, hasta la fecha no han sido tocados funcionarios de alto nivel, familiares cercanos o militares de alto rango por temas de corrupción. Pero también es probable que, al haber mucha información poco relevante y muchos medios compitiendo por las exclusivas, lleguen a normalizarse los escándalos y pierdan fuerza. Eso sí, la polarización entre fanáticos y detractores del presidente se profundizará y el honor y la seriedad de las fuerzas armadas sufrirán un enorme daño.
Más allá del hackeo a la Sedena, quedan dos grandes preocupaciones. Una es la enorme vulnerabilidad cibernética del Estado mexicano. Sin política en la materia, sin sistemas de protección vigentes y/o actualizados ni recursos para blindar o reforzar por lo menos las áreas estratégicas (la Presidencia, el SAT, los sectores energético y de salud y el CNI, por mencionar algunos), la pregunta pertinente es ¿quién seguirá? La Auditoría Superior de la Federación le advirtió a la Sedena que su seguridad cibernética era muy débil y no hicieron nada para remediarlo; Pemex fue hackeado a principios del sexenio con fines de extorsión.
La segunda preocupación tiene que ver con la ausencia de la política de seguridad nacional. Todo indica que no existe ninguna agenda de riesgos en la materia, dentro de la cual deberían haber estado considerados ataques cibernéticos como el hackeo sufrido por Sedena. ¿Qué otros riesgos que acechan a la seguridad, a la democracia, a la población, a la soberanía o a la estabilidad económica del país no están en el radar del gabinete de seguridad por la sencilla razón de que el tema simplemente no existe? No importa, pues siempre habrá una canción de Chico Che para salir del apuro.
¿Alguien en el gobierno se ocupa siquiera de pensar cómo pueden afectar a México la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una nueva pandemia, el conflicto bélico en Ucrania y sus reacomodos geopolíticos, el riesgo de recesión económica mundial, el cambio climático, el probable regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, el incremento de los flujos migratorios que cruzan el territorio mexicano, las crisis políticas en El Salvador, Nicaragua y Cuba? ¿O lo único que les importa es repartir más dinero para generar clientelas electorales, perseguir penalmente a los opositores y destruir la autonomía del INE a fin de garantizar su triunfo, aunque sea por las malas, en 2024?
Es especialista en seguridad nacional y fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Es socio de GEA.
