No conozco ningún movimiento social en México ni en el mundo cuyo significado esté completamente contenido en su pliego de demandas. Siempre existe una brecha, a veces muy grande, entre el objetivo que aparece en el horizonte inmediato y la dimensión histórica del movimiento: los elementos que le confieren trascendencia y su inclusión en el imaginario político de una determinada colectividad. Esa brecha solo es salvada a través del discurso. Tomado literalmente, el pliego petitorio del movimiento estudiantil del 1968 tan solo exigía castigar una serie de excesos policiacos durante las primeras escaramuzas entre estudiantes y las fuerzas del orden. Eventualmente, el movimiento, a través de movilizaciones callejeras, pronunciamientos públicos y los recuentos de varios de sus protagonistas, logró posicionar el relato del carácter cerrado, profundamente autoritario y antidemocrático del régimen priísta, justo cuando el gobierno buscaba mostrarle al mundo la cosecha de décadas de estabilidad política y crecimiento económico. Así, el movimiento del 68 cambió para siempre las coordenadas del debate político en México.
En las movilizaciones actuales de estudiantes de varias escuelas del Instituto Politécnico Nacional se observa también ese desfase entre las peticiones concretas y el significado del movimiento. En la superficie, aparece como una desproporción entre el tamaño de la movilización y los cambios impugnados: un paro de casi dos semanas en una de las más emblemáticas escuelas de la institución y marchas multitudinarias exigiendo la derogación de una serie de reformas administrativas que parecen bastante inocuas en el papel. Aclaremos algo aquí: estas líneas de ninguna manera implican la expresión de un “sospechosismo” a la mexicana. Ningún agente infiltrado ni tampoco un virtuoso del activismo estudiantil tiene la capacidad de movilizar a los miles de estudiantes que hemos visto protestando en las calles, menos aún en una institución como el Politécnico, sin una tradición de hiperactivismo como la UNAM e históricamente asediada por el porrismo. Por ello esta reflexión parte del reconocimiento de la legitimidad de la movilización. Algo está pasando en el Poli que ha generado un profundo malestar y ha movido a miles de estudiantes a manifestarse públicamente.
Sin embargo, el significado del movimiento es todavía un proceso en marcha y por el momento solo se alcanza a ver el tremendo peso de los lugares comunes del discurso “antineoliberal”. Hay un esfuerzo muy apresurado por enmarcar el movimiento del Poli en la épica de la resistencia contra la “privatización” de la educación superior, lo cual le extendería automáticamente carta de membresía entre movilizaciones afines en los últimos lustros, como los paros de la UNAM en 1999 y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hace un par de años. La pregunta es si este marco de referencia le confiere legibilidad al movimiento del Poli en la opinión pública y entre otros actores.
Lo primero que tiene que explicar el discurso contra la “privatización” es la ausencia de cualquier referencia a la misma en las reformas propuestas. Lo mismo ocurre con el resto de los objetivos que se les endosan a los cambios, desde la idea de “abaratar” la mano de obra de los egresados hasta el temor de una degradación de los títulos emitidos por la institución. Hasta el momento, la argumentación ha sido más bien pobre y se ve amordazada por la analogía fácil y la crítica superficial. Los documentos para difusión pública del movimiento abundan en planteos poco convincentes, como la denuncia de que la Directora del IPN “acordó” disminuir la calidad de la educación ofrecida por las vocacionales para empatarla con la baja calidad de otras escuelas en el marco de un “bachillerato único” (aquí a partir de 1:45) y en una visión plana y bastante distorsionada del sector privado según la cual todo intento por vincular a los egresados con el mercado de trabajo aparece como plan para servirles mano de obra barata en bandeja de plata a las empresas.
¿Qué pasa si se cambia el punto de partida de la crítica? Cuando se afirma que los cambios en el plan de estudios de ESIA y el nuevo Reglamento Interno del IPN tendrían, entre otros objetivos, “abaratar la mano de obra” para las grandes empresas transnacionales que se instalarán en México a partir de las reformas del gobierno federal, pareciera ignorarse que los niveles de remuneración actuales de los profesionistas son ya de por sí bastante bajos y que una enorme proporción de egresados no labora en su área de formación. Pareciera afirmarse también que el único empleo deseable de los egresados es el sector público. Como el gobierno no puede emplear a todos los ingenieros, arquitectos, matemáticos y otro profesionistas altamente calificados que produce el Politécnico y otras instituciones, la cuestión no es si estas universidades deben vincularse o no con el sector privado para ampliar el mercado de trabajo de sus egresados, sino cuáles son las modalidades de esa vinculación.
Nuestras universidades son unas venerables instituciones fordianas que producen profesionistas a granel moldeados en las mismas líneas de producción. El producto genérico que ofrecen tiene un menor valor en el mercado de trabajo -incluyendo el sector público- que valora la adaptabilidad y, lamentablemente –otra vez: incluyendo al sector público- la flexibilidad laboral. Contra la solución común que consiste tan solo en estimular la competencia entre futuros profesionistas para garantizar empleos bien pagados, aunque sean temporales, a los “mejores”, las reformas que buscan adecuar la formación profesional a las condiciones del mercado de trabajo deberían enfatizar la capacidad del profesionista de actualizarse por sí mismo durante toda su vida laboral. Sin embargo, la mayor protección que el profesionista puede tener contra el abaratamiento de su trabajo es la organización gremial, y esa no la enseñan en las universidades, sino que es fruto de su conciencia como trabajador.
La cuestión a dilucidar, entonces, es hasta qué punto los jóvenes estudiantes pueden ser partícipes de las constantes transformaciones necesarias para evitar que sus instituciones sean fábricas de profesionistas uniformemente desempleados, y si sus órganos colegiados pueden procesar o no esa participación. Esta es una cuestión compleja a la que no se puede dar respuesta con discursos “antineoliberales” empaquetados y listos para consumo. Los estudiantes politécnicos movilizados tienen frente a sí el reto de encontrar sus propias coordenadas en esta discusión y plantear en sus propios términos su significado como movimiento al servicio de las futuras generaciones.
Politólogo, egresado de la UNAM y de la New School for Social Research.
