Si entiendo bien, el principal reproche que el Dr. Emilio Zebadúa hace a mi artículo radica en no haber alabado lo suficiente las acciones del actual gobierno del estado de Chiapas. Sigo pensando que es una labor que no me compete. Para eso están los hombres políticos. Mi obligación como "científico" es dar a conocer los "hechos incómodos" para todas y cada una de las corrientes de opinión. No tengo ningún reparo en reconocer que el actual gobierno —junto con el nuevo obispo de San Cristóbal de Las Casas— ha hecho mucho por avanzar en la reconciliación entre los indígenas de distintos municipios. El que el gobierno actual procure tranquilizar a los grupos enfrentados, los invite a dialogar y les ofrezca garantías —en vez de azuzar los conflictos, demonizar a una de las partes y encubrir la violencia de la otra, como hicieron los gobiernos de Ruiz Ferro y de Albores Guillén— ha contribuido a distender el ambiente en Chiapas. Sin embargo, los que se reconcilian son los propios indígenas. Son ellos los que en varios municipios —en especial en el de Chenalhó— han sido capaces no sólo de llegar a un acuerdo, sino de refrendarlo día tras día, al convivir, en los mismos espacios (por ejemplo en Los Chorros), familiares de las víctimas de Acteal con familiares de los que perpetraron la masacre. Vale la pena aclarar —ya que me tachan de determinista— que pienso que el esfuerzo de muchos indígenas por encontrar nuevas formas de convivencia será siempre frágil, además de que no es compartido por todos (prueba de ello, el conflicto que enfrenta actualmente a la ORCAO con simpatizantes zapatistas en la Selva Lacandona).
Ciertamente no me detuve a analizar las razones que han llevado a muchos indígenas a buscar la reconciliación, sin embargo jamás pretendí que fuera un "fenómeno de generación espontánea". Por el contrario, estoy convencido de que, aunque la reconciliación se haya acelerado desde la toma de posesión del nuevo gobierno, tiene raíces anteriores. Para empezar conviene recordar que no en todos los municipios indígenas se han producido enfrentamientos violentos. Un caso ejemplar es el de San Andrés Larráinzar. A pesar de que en 1994 la mitad del pueblo era priista y la otra mitad zapatista, y a pesar de que personas ligadas al gobierno de Ruiz Ferro incitaron —sin mayor éxito— a los priistas a armarse para "contrarrestar" la influencia del EZLN, en el municipio no se ha producido ningún enfrentamiento de gravedad. Los andreseros, a diferencia de otros indígenas, comprendieron desde un principio que no lograrían resolver ninguno de los gravísimos problemas que los aquejan dejándose arrastrar por la violencia fratricida propiciada desde fuera. A una conclusión similar llegaron otros indígenas después de la masacre de Acteal. De hecho, para quien quiera ver los hechos sin anteojos partidistas, la violencia entre indígenas ha venido disminuyendo desde aquel trágico acontecimiento.
Tal vez se trate de una deformación profesional, pero reconozco que, en tanto que historiador social que carece de toda ambición política, me interesa mucho más lo que sucede entre las personas de a pie que las acciones de los "grandes hombres", sin negar por ello que éstas puedan llegar a tener importantes consecuencias históricas. Por ello mismo, no le pido a los políticos que nos salven de la ignominia, sino tan sólo que alienten, abran espacios y consoliden los cambios positivos que se producen entre las personas comunes y silvestres. Dos terceras partes de mi artículo están dedicadas a analizar estos cambios silenciosos.
Si me ocupé también en criticar a la clase política chiapaneca (y no sólo al gobierno actual, como podría deducirse de la carta del Dr. Zebadúa) fue porque juzgo que un buen número de sus acciones ha alimentado el prejuicio popular de que los políticos sólo buscan su provecho propio y sólo le aplican todo el peso de la ley a sus enemigos. Me refiero a la disolución de la Alianza por Chiapas tras la conformación del gabinete, a los "inexplicables" bandazos de los diputados del PRI y a las "súbitas" renuncias de los presidentes del Supremo Tribunal de Justicia, del Congreso y del Instituto Estatal Electoral que se habían enfrentado en un momento u otro al actual gobierno. A estos hechos se han sumado desde entonces la renuncia del rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que ya anticipaba; y, sobre todo, las declaraciones del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que después de que unos desconocidos dispararan contra su domicilio, ha declarado que ha recibido presiones de personas ligadas al gobierno para que renuncie a su cargo.
Reconozco que el tipo de investigación que llevo a cabo —histórica y social, y no judicial o periodística— no pone en mis manos información privilegiada que me permita explicar cabalmente todos estos hechos lamentables. Sólo sé lo que escriben los periódicos locales y lo que las personas dicen en la calle y en las tertulias entre amigos. Ojalá tanto los unos como los otros estén equivocados. Espero de todo corazón que el atentado contra el presidente de la cedh sea obra de grupos que buscan desestabilizar al actual gobierno (cualquiera de las otras dos hipótesis que se han manejado sería aterradora).
Los políticos chiapanecos en su conjunto deberían, sin embargo, preocuparse seriamente por la imagen tan negativa que están proyectado entre la opinión pública, y de la que yo me hice eco en mi artículo. Los ciudadanos no esperamos componendas en lo oscurito, sino posiciones claras y un debate de altura, abierto y franco. El Dr. Emilio Zebadúa, en su carta, ha tenido la sabiduría de abrirlo en los mejores términos posibles. Ojalá otras personas se sumen a este debate. –
(ciudad de México, 1954), historiador, es autor, entre otras obras, de Encrucijadas chiapanecas. Economía, religión e identidades (Tusquets/El Colegio de México, 2002).
