Los antecedentes y las acciones
Los primeros días del mes de junio indicaban la culminación de una de las etapas más álgidas en la defensa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en los últimos 20 años.
El día 5, un grupo de investigadores enviamos al presidente de la República una carta con más de 6 mil firmas, solicitándole que se exentara a los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto del INAH de la reducción del 75%, instruida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta historia inició en el mes de abril
((A aquella carta la precedió otra que sumó más de cien firmantes, entre quienes estaban varios de los profesores eméritos, entre otros académicos.
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y tuvieron que pasar casi dos meses y múltiples indagatorias de nuestra parte para que, el día 30 de julio, obtuviéramos respuesta.
La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, atendiendo la instrucción de la Presidencia de responder aquella carta, pidió
((Oficio Nº. SC/180/2020, de la oficina de la secretaria de Cultura.
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a Diego Prieto, director general del INAH, que “en ánimo de encontrar posibles soluciones al tema planteado, y tomando en cuenta que el mismo se encuentra dentro de las atribuciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mucho agradeceré analizar la petición y atender a los solicitantes”. La respuesta era que no había respuesta, o no se supo qué hacer con nuestra petición, la cual tenía una motivación y fundamentación incuestionables.
El 5 de agosto, Prieto envió una respuesta que en lo sustantivo decía dos cosas: primero, que no estaba en sus facultades como director del INAH exentar a dicha institución de la aplicación de la reducción presupuestal y, segundo, que haría las gestiones para que el presupuesto del Instituto para el próximo año fuera un “presupuesto sano”.
Es importante aclarar que jamás le pedimos que fuera él, como autoridad del Instituto, quien nos exentara de aquella reducción presupuestal. La petición se la hicimos al presidente López Obrador, quien además de ser el titular del Poder Ejecutivo, ha reiterado que es quien decide. Si lo solicitamos directamente a él fue porque esa misma ruta siguieron los centros públicos de investigación del Conacyt
((El Instituto Mora, el CIDE, el CIESAS, el Colegio de México, Michoacán, y San Luis, entre varios más.
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para solicitar que no se les aplicara el recorte presupuestal. A ellos los escuchó el secretario de Hacienda gracias a la gestión de los directores de aquellos centros de investigación y la directora del Conacyt, y finalmente se les exentó del recorte a su presupuesto.
Lo que solicitamos a los titulares del INAH y la Secretaría de Cultura era que atendieran nuestra petición, haciendo las gestiones necesarias para solicitar la exención. Por tal motivo, no bastaba con afirmar que estuvieron en comunicación con la Secretaría de Hacienda, sino que debía demostrarse con oficios, antesalas o mesas de trabajo con dicha Secretaría e incluso con la Secretaría de la Función Pública. Evidentemente eso no sucedió, como queda demostrado en sus respuestas. ¿Por qué la discriminación y la omisión en las gestiones de parte de la secretaria de Cultura y sus directores en favor de sus institutos?
Por otro lado, en la Ley de Austeridad se dejaban claras las bases para la reducción presupuestal de la Administración Pública Federal, sobre las cuales, es de suponerse, la dirección del INAH acordó con la Secretaría de Cultura los tres principios que guiarían los recortes: “1) no despedir a nadie, incluyendo a quienes son contratados por servicios técnicos o profesionales; 2) no afectar las remuneraciones, prestaciones o derechos de los trabajadores, y 3) no afectar el cumplimiento de las obligaciones del Instituto, establecidas en la Ley Orgánica del INAH y la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ni comprometer la continuidad de la operación sustantiva del mismo, en cuanto a sus tareas imprescindibles e impostergables vinculadas a la investigación”
((Oficio núm. 401.3C. 20-2020.1/148 de la Dirección General del INAH.
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Pues bien, otras cartas públicas desmienten el apego a dichos principios, exhiben la terca realidad que supera el discurso del “todo está bien, saldremos adelante” y muestran que, si no cambian las cosas, el costo que muy probablemente pagaremos por el desmantelamiento financiero del sector cultura será muy alto.
Entre dichas cartas se cuentan la de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, del 30 de junio de 2020, en donde se detallan las afectaciones que sufrirá la institución a consecuencia del recorte presupuestal; la denuncia pública de la cancelación de 37 materias en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, producto del recorte presupuestal y que se disfrazó de error administrativo, de la cual las autoridades tuvieron que retractarse, y la petición promovida en Change.org en contra del recorte presupuestal
((Petición iniciada el 12 de junio del 2020, que reunió prácticamente 32 mil firmas.
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a las labores de los centros INAH en los estados.
Hasta donde tengo conocimiento, hay otros casos. Zonas de monumentos arqueológicos como Dzibanché o Teotihuacan se deterioran por falta de mantenimiento o acciones mínimas de conservación ante daños provocados por intemperismo o fenómenos naturales como incendios o inundaciones. Los museos a cargo del Instituto se enfrentan a una situación precaria en el mantenimiento de sus inmuebles y sus colecciones. Muchos trabajadores por contrato han perdido ese estatus, otros han visto el retraso de su salario, y trabajadores de base aún no reciben el pago de sus prestaciones.
El futuro del presupuesto
Es claro que el problema del drástico recorte presupuestal es irreversible por acción y omisión del Poder Ejecutivo y que, por más legal que sea, no deja de ser letal para las instituciones públicas de cultura. Ante la dura situación financiera del sector cultura, he hecho referencia a la que considero que ha sido una de las acciones más importantes proveniente de la comunidad académica de la institución, que ha contado con el apoyo de miles de personas e instituciones, tanto nacionales como internacionales.
Sin embargo, en el momento actual, asumiendo que este año fiscal está perdido, con consecuencias que no sabremos sino con el paso del tiempo, es fundamental trabajar en el problema presupuestal, tanto en la responsabilidad que corresponde al propio INAH, como en lo que toca a la Secretaría de Cultura y a la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Según conozco, el director general del INAH envió acertadamente un proyecto presupuestal que pretende que se devuelva al Instituto, por lo menos, el equivalente al presupuesto que tenía en 2015, de 4 mil 632 millones de pesos. Aun si así fuera, y si a ello sumáramos los recursos autogenerados, producto de los servicios que presta el Instituto, que en una proyección podrían ser de 800 millones de pesos en 2021, el INAH no llegaría a superar el gran problema de su déficit presupuestal.
Estarían quedando fuera de una solución tanto el problema de las prestaciones laborales, como el de los programas de estímulos a la docencia y la investigación, pues para ello, de acuerdo con lo expresado por el director general, la SHCP debe aprobar una partida presupuestal destinada a solventar dicho adeudo. En el caso de las prestaciones laborales, la autoridad ha afirmado que fue una omisión de administraciones anteriores al no buscar la aprobación de dicha Secretaría antes de depositar las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) ante los tribunales laborales. Cabe decir que, si se prueba la omisión de las administraciones anteriores, también implicaría responsabilidades para aquellas, en tanto que habrían incumplido con parte de sus obligaciones establecidas en el artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Tampoco el Programa de Estímulos al Desempeño a la Investigación y la Docencia –que tiene sustento legal en la creación del Sistema Nacional de Investigadores (1984) y el Programa de Estímulos al Desempeño Académico (1990), diseñado en la Secretaría de Educación Pública, ambos aplicados en el contexto del deterioro salarial generado por la crisis económica de los años ochenta que provocó la fuga de cerebros de muchos cuadros jóvenes formados a nivel posgrado– se ha cumplido a cabalidad en la presente administración.
En el caso del INAH, este programa se aplicó prácticamente desde su creación y se cumplió con el mismo de forma ininterrumpida, tal y como sucede prácticamente en todas las universidades y centros de investigación, independientemente de su naturaleza jurídica. Es fundamental recordar esto, porque cuando se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Cultura, y con ello incorporar a los órganos desconcentrados, quedó claramente establecido, en el segundo párrafo de los artículos Séptimo y Octavo transitorios, que todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el secretario de Educación Pública, concerniente al extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes o los órganos administrativos desconcentrados que este coordinaba, continuarían en vigor.
El programa referido sigue vigente y, al aceptarse y cumplirse ininterrumpidamente desde hace ya prácticamente 30 años, constituye un derecho adquirido de los trabajadores que no podría derogarse o abrogarse de facto, por lo que esta administración está obligada a cumplirlo. El argumento de la insuficiencia presupuestal no puede estar por encima del cumplimiento de un derecho, y eso no está considerado en el presupuesto que la autoridad del Instituto está proponiendo a la Cámara de Diputados.
El día 10 de agosto, académicos del Instituto formulamos esta problemática al director general, quien se comprometió a publicar la convocatoria del programa en un tiempo breve y, además, a enviar en un término no mayor a diez días una respuesta formal a los investigadores y docentes en el mismo sentido. Este compromiso aún está pendiente de cumplirse.
Los desafíos próximos
En esencia los problemas siguen siendo críticos para el sector cultura y en particular para el INAH. Esto se refleja en dos hechos: el primero es que el día 11 de agosto el diputado Sergio Mayer presentó ante la Comisión Permanente una propuesta de Punto de Acuerdo en donde, argumentando los derechos laborales de los trabajadores, así como las implicaciones de la reducción presupuestal de 700 millones de pesos a los 3 mil 900 millones autorizados al INAH para el presente año fiscal, exhortaba a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y de Cultura, a convocar una mesa de trabajo para analizar y buscar soluciones para la problemática de los trabajadores del sector cultural, así como a impulsar una política de regularización de dichos trabajadores. De acuerdo con los datos que da el diputado Mayer en su propuesta, los trabajos de restauración han quedado prácticamente en la miseria presupuestal, y los programas de investigación científica están prácticamente detenidos, al contar únicamente con 15 millones derivados del recorte para desarrollarse en lo que queda del año. A pesar de ser reduccionista e incompleta, al dejar de lado múltiples funciones y servicios como los de la docencia, el registro de bienes, los museos, bibliotecas, archivos, protección legal, etc., que presta el Instituto, la argumentación del diputado Mayer pone en evidencia que la situación es grave para el patrimonio cultural competencia del Instituto.
El segundo hecho, aún de mayor trascendencia, es el retorno a las actividades en el sector, el cual considero que es una carrera desenfrenada hacia la reactivación económica que no está midiendo suficientemente las consecuencias sanitarias, al no proporcionar los requerimientos necesarios, tanto para trabajadores, como para el público que acude a los recintos culturales.
El problema no es de forma –entiéndase protocolos, lineamientos o requisitos–, sino de recursos que permitan garantizar el equipo básico que asegure la salud de trabajadores y publico que asistirá a museos, zonas de monumentos arqueológicos, escuelas, etc.
El equipo mínimo que se necesita para regresar a las actividades constaría por lo menos de gel antibacterial y sus respectivos despachadores, cubrebocas que cumplan con las indicaciones de seguridad, caretas, guantes desechables, cinta funcional para señalamientos, termómetro infrarrojo digital, jabón, desinfectante y bombas correspondientes para desinfectar instalaciones, tapetes sanitizantes, acrílicos para separar en mostradores o escritorios; materiales útiles para la señalética diferenciada para cada lugar en filas, sana distancia, acceso a lavado de manos, zonas de descanso y asientos, material informativo de prevención, etc.
Buena parte de este equipo debe considerarse para todo el personal que labora en una dependencia. Áreas administrativas del Instituto han argumentado que dicho cuidado y equipo es responsabilidad personal. Sin embargo, no es así cuando se desempeñan responsabilidades laborales en una institución.
Pero lo relevante de todo esto es que, según la información que tengo, los techos presupuestales autorizados a varios centros de trabajo para adquirir estos insumos son irrisorios, y en muchos casos con trabajo llegan al 10% de lo que solicitan en su presupuesto. Así, se está jugando con la vida de la gente y de las instituciones. En todo caso, el argumento es que no hay dinero.
Mientras tanto, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, a dos de los proyectos faraónicos, el Bosque de Chapultepec y el Tren Maya, se le asignan presupuestos de 3 mil 508 millones de pesos y 36 mil 208 millones de pesos, respectivamente. Además, en términos reales, el único sector del ramo cultura que crece es el sector central, al cual se le asigna un presupuesto de 6 mil 50 millones de pesos. ¿Por qué un presupuesto miserable para instituciones históricas de cultura que mucho han aportado a este país y su funcionamiento es vital para millones de personas?
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No cabe duda que, en este contexto de múltiples crisis, sería irresponsable no apoyar al gobierno en su lucha por enfrentar la pandemia, así como en el combate a la pobreza y en procurar la reactivación económica para que no se pierdan más empleos. Sin embargo, señalo un problema legal de fondo, en el sentido de que la Ley de Austeridad, así como los oficios expedidos por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, pueden estar en contradicción con ordenamientos como la Ley Orgánica del INAH, la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y ciertas disposiciones administrativas que tienen plena vigencia. Aun si se está de acuerdo con la política de austeridad, esta debería aplicarse en el marco del cumplimiento de las funciones sustantivas de las instituciones de la Administración Pública Federal, no pasando por encima de estas, ni de los derechos subjetivos de los trabajadores, pues de lo contrario nuestro Estado de derecho se debilita.
La Cámara de Diputados debe resolver próximamente el problema presupuestal. Desafortunadamente, considero que los representantes ignoran mucho de la problemática de las instituciones públicas culturales y educativas, y se han limitado a conocer solo algunas, como podrían ser los fideicomisos –que, por cierto, buscan desaparecer a como dé lugar–, los órganos constitucionales autónomos o los órganos de la Administración Pública Centralizada. Llego a esta conclusión luego de un breve acercamiento de un grupo de académicos con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que en su discurso muestra interés, pero con su actuar expresa desdén para resolver los problemas mencionados. Por su parte, la Secretaría de Cultura no da mayor muestra de apoyo y la de Hacienda es poco sensible, como muestra el hecho de haber recortado la propuesta presupuestal enviada por el INAH de 4 mil 632 a 3 mil 820 millones de pesos, dejando así de atender las demandas urgentes de estas instituciones. En tal sentido, esperaría que los diputados reconsideren dicho monto.
El panorama es más desolador si tomamos en cuenta que el secretario de Hacienda declaró, hace unas semanas ante los diputados de Morena, que en 2021 no se contará con recursos provenientes de los fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, ni tampoco de los guardaditos de los que disponía el gobierno de México para enfrentar las emergencias, ya que todos se absorberán para seguir enfrentando los efectos de la pandemia de la covid-19.
Por otra parte, el presidente de la República, en un mensaje con motivo de su Segundo Informe, dedicó el mayor tiempo referente a la política cultural a hablar del Fondo de Cultura Económica y su programa de publicaciones, mientras que lo que hacen las demás instituciones se redujo a unos segundos para decir que “siguen apoyando el arte… y restaurando monumentos dañados por los sismos”.
Ante este panorama, ¿qué podemos esperar? Se avecinan tiempos aún más difíciles, en los cuales, considero, la comunidad cultural y la de los institutos deben ser aún más proactivas, y no reactivas ante esta avalancha de sucesos.
Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH.
