El arresto del general Salvador Cienfuegos es un terrible golpe para la credibilidad de las instituciones mexicanas. Más allá de los riesgos para la soberanía nacional que implica tener a un general secretario en manos de una potencia extranjera, la detención reaviva los cuestionamientos sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior y pone en tela de juicio una de sus principales justificaciones: la de su integridad.
Para los críticos de la presencia militar en territorio mexicano, el salto lógico ha sido casi inmediato: el arresto del general es la prueba de que los militares no deberían estar combatiendo al crimen organizado, pues su actuación se presta a arbitrariedades. Las acusaciones penales en contra de Cienfuegos son de tal calibre que es casi imposible rebatir este señalamiento.
Si no es su integridad y disciplina, ¿qué justifica entonces la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior? Desde mi punto de vista, lo hacen las características del fenómeno que enfrentamos en el país. México atraviesa por una crisis de hegemonía estatal que se manifiesta en la presencia de grupos armados que mantienen el control sobre diversos territorios de nuestra geografía. Esto se traduce en una dinámica de conflicto armado y en la necesidad de expandir la presencia del Estado pues, aunque el gobierno se repliegue, los conflictos entre grupos criminales persistirán y seguirán desestabilizando al país.
En este contexto, no podremos prescindir de la presencia de las Fuerzas Armadas de forma sencilla. No solo porque las instituciones policiacas de estados y municipios son en su mayoría débiles, sino porque el problema requiere de una estrategia que, aunque atienda condiciones locales, debe ser consistente en todo el territorio nacional. Eso solo se puede lograr con corporaciones capaces de tener un nivel de despliegue y unidad de mando como el de las fuerzas federales.
Incluso si lo que se pretende es avanzar en la pacificación del país a través del desescalamiento de los conflictos criminales o mediante mecanismos de diálogo, en las condiciones actuales son el gobierno federal y sus instituciones de seguridad quienes pueden echar a andar esas estrategias alternas.
El problema entonces no está en la presencia de las fuerzas federales en el territorio nacional, sino en que existe un gran espacio para que estas actúen de forma arbitraria e ilegal –tal y como lo demostrarían, en caso de ser ciertas, las acusaciones contra Cienfuegos. No es un asunto solo de militares. Así lo prueban también las acusaciones contra Edgar Veytia (el ex fiscal de Nayarit vinculado al caso de Cienfuegos) o contra Genaro García Luna.
La corrupción y la lógica de impunidad generalizada en la que opera el país es dinamita para esta área de gobierno. Los operadores del aparato de seguridad, inteligencia y justicia en México, dada la naturaleza del conflicto que enfrentamos, entran de manera frecuente en contacto con organizaciones criminales: ya sea para combatirlas, para obtener información de ellas, para construir alianzas implícitas y priorizar esfuerzos, o incluso para construir pactos que reduzcan enfrentamientos.
Estas interacciones, que para muchos son un secreto a voces, pueden constatarse con mayor claridad en las dinámicas de poder locales; buena parte de los mandos policiacos y militares del país han sido partícipes de ellas. Cuando estas interacciones ocurren en un marco de debilidad institucional e impunidad, sucede que los servidores pasan de usar estos contactos para garantizar la paz y el orden, a utilizarlos para obtener beneficios económicos. El cúmulo de recientes detenciones nos deberían llevar a pensar en una respuesta institucional
Valdría la pena empezar por lo interno; construir un sistema de seguridad nacional que realmente sea controlado por el poder civil que emana del presidente. En México, el Consejo de Seguridad Nacional es una instancia integradora de documentos y no realmente de coordinación y control de las actuaciones de cada corporación. Lo mismo sucede con el Centro Nacional de Inteligencia que, al estar subordinado a una secretaría, no realiza labores de vigilancia sobre otras instituciones. Incluso puede ser necesario reabrir el debate de contar con un civil como secretario de la defensa. En suma, se requiere de figuras que permitan al presidente tener una mirada clara de las operaciones que las fuerzas federales realizan y vigilar que estas respondan a objetivos gubernamentales.
Por otro lado, es necesario también que el poder dentro del gabinete de seguridad se disperse entre corporaciones, para construir equilibrios. Justamente, la existencia de la Policía Federal representaba un contrapeso operativo frente a los militares, lo cual permitía evitar controles absolutos de las operaciones, la información y los territorios. Hoy, con la militarización de la Guardia Nacional, el debilitamiento del secretario de Seguridad y el desdén hacia la Marina, ese contrapeso se ha perdido, y el ahora cuestionado Ejército tiene casi control absoluto del aparato federal.
Es necesario también tener mayores controles externos, empezando por una Fiscalía General verdaderamente independiente que cuente con unidades especiales que se dediquen a observar lo que pasa en las corporaciones; que den seguimiento al patrimonio y a la actividad de quienes están en esa línea delgada de interacción con organizaciones criminales, y que investiguen las violaciones a los derechos humanos que suceden desde y al interior de las corporaciones. Su trabajo debe conducir a que se investigue en México y no en el exterior.
El Congreso también tiene un rol que jugar. Hoy en día la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional es un adorno. Apenas y se dedican a revisar documentos programáticos. No hacen investigaciones ni tienen impacto real en las decisiones presupuestales en la materia. Se requiere empoderar y profesionalizar el control legislativo por medio de atribuciones de vigilancia, fiscalización y rendición de cuentas. Muchos de los asuntos de seguridad nacional se deben mantener lejanos del ojo público, pero nuestros representantes deberían actuar como garantes del control ciudadano sobre el actuar de las corporaciones.
En suma, hace falta una seria discusión sobre las instituciones para la seguridad nacional en México. Mientras no la tengamos, los encargados de actuar frente al reto de los conflictos criminales en México, sean civiles o militares, seguirán operando en una zona gris de ilegalidad y expuestos a los perversos incentivos de la corrupción. Necesitamos reglas e instituciones que los limiten y aseguren que su actuación esté al servicio del Estado y no de sus intereses particulares.
Politólogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia.
