A cinco meses de las elecciones en México la percepción sobre el poder del voto va del pesimismo al cinismo en buena medida porque a las elecciones se le atribuyen poderes casi sobrenaturales para realizar cambios inmediatos. Lo mismo sucede con el desencanto relativo al voto de los mexicanos en el extranjero: en gran medida es el resultado de expectativas poco realistas.
Si contar con la credencial para votar es un requisito indispensable para que los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar, según algunas (dudosas) estimaciones, alrededor de 4 millones de mexicanos estarían en condiciones de votar. Pero como hasta la fecha se han recibido 62, 057* solicitudes, la decepción no se ha hecho esperar. Los más decepcionados hablan del gasto “desmesurado y poco justificado” que realiza el IFE considerando el “poco interés que hay”. Este argumento identifica interés con participación, lo cual podría ser erróneo. Aunque podemos suponer que los que participan demuestran su interés, no todos los que tienen interés pueden participar, ya sea por motivos formales, como la falta de la credencial para votar; o informales, como la falta de tecnología y tiempo para preparar la solicitud.
En los más de 100 países en donde también existe el voto desde el exterior el abstencionismo de los ciudadanos emigrantes también es muy alto, comparado con la participación de los ciudadanos residentes. Unos 13 países reservan un número de escaños del parlamento al voto de sus emigrantes -incluyendo a Francia, Portugal e Italia y, en nuestro continente, a Colombia-. Siguiendo este modelo, organizaciones de emigrantes mexicanos luchan por una “sexta circunscripción” que les represente en ambas cámaras y no solo en la presidencia. Esta demanda ha sido presentada en dos ocasiones al Congreso (en 2002 por el PRD y en 2009 por el PRI). Sin embargo, México considera a los emigrantes como parte de la misma comunidad política y no como un grupo con intereses diferentes; de ahí que los votos enviados desde el extranjero se sumen a los emitidos dentro del territorio nacional.
Argumentos del desencanto
I. Es absurdo invertir tanto en el voto de quienes no viven en México y podrían emitir su voto sin estar bien informados.- Este argumento es insulso pues gracias a la disponibilidad de información vía internet y otros medios de información transnacionales –y muchos medios locales que vinculan a los mexicanos en las comunidades donde residen en el extranjero- es posible que muchos emigrantes estén mejor informados que muchos votantes residentes en México. Por otro lado, y como reportó Romeo Guzmán, hay maneras de darle la vuelta al impedimento de no hacer campaña fuera de México.
II. Los que votan desde el extranjero podrían “darse el lujo” de no sufrir las consecuencias del gobierno que resulte electo.- Esta tesis es miope pues claramente los mexicanos que votan en el extranjero pueden sufrir las consecuencias del gobierno elegido si deciden regresar (ese es su derecho) o si, residiendo en el extranjero, tienen que asumir las consecuencias de cambios radicales en la imagen de México que se proyecta al exterior o si se legisla sobre su estatus como nacionales fuera de su territorio.
III. El costo per cápita de los votos desde el extranjero.- Primero es necesario aclarar que no existen estimaciones confiables entre el costo de los votos en el territorio nacional y los votos emitidos desde el extranjero. El IFE no provee esta información y las estimaciones que existen, a partir de datos generales del presupuesto del IFE, difieren radicalmente porque utilizan parámetros muy diferentes para calcular los costos. Tampoco las estimaciones internacionales son directamente comparables porque los métodos de voto desde el extranjero son muy diferentes, pero la razón del costo de un voto emitido en territorio nacional o desde el extranjero podría estar entre 1:3 y 1:10. Como sea, el argumento de la diferencia entre costos se ha utilizado de manera alarmista desde la reforma electoral de 2005; es decir, mucho antes de que hubiera siquiera datos certeros sobre el presupuesto destinado al voto desde el exterior. En ese entonces los adversarios a la extensión del sufragio estimaron que el IFE gastaría más de 500 millones de pesos, nada menos que el doble de la cifra que finalmente se autorizó gastar al IFE en esta área en el 2006. Algunos legisladores y académicos simpatizantes del voto desde el extranjero defendieron el costo desigual de los votos dentro y fuera del territorio haciendo referencia a la contribución de los emigrantes a la entrada de divisas para México por vía de las remesas. A pesar de que aquella era una defensa válida para la categoría agregada de “emigrantes mexicanos”, no lo era desde el punto de vista democrático. El derecho a votar no es premio por las remesas, porque enviarlas o no es una decisión voluntaria, individual y, en consecuencia, desigual entre los emigrantes. Más sutilmente, hay quienes han justificado el costo del voto desde el exterior subrayando el valor de las “remesas sociales, culturales y políticas”; es decir, el aprendizaje, las habilidades, ideas y prácticas que los emigrantes transmiten a sus lugares de origen. Esa es harina de otro costal, pero tampoco va al grano de la justificación.
Triangulando las preferencias electorales y el perfil socioeconómico de los votantes mexicanos en el exterior algunas voces pesimistas sugieren que estos costosos votos están limitados a unos cuantos privilegiados, probablemente con residencia asegurada o incluso una segunda ciudadanía. En lugar de desencantarnos, tal sugerencia tendría que hacernos reflexionar que para los emigrantes mexicanos menos privilegiados la participación por medio del voto desde el extranjero es la única oportunidad de ejercitar su derecho democrático y que está en nuestro interés -por la salud de nuestra democracia- promocionar y facilitar el proceso electoral para que participen todos los que tengan interés en hacerlo.
IV. Un foco de controversia es precisamente el voto de quienes tienen doble nacionalidad, porque se asume que tienen “doble voto” y dañan el principio democrático de “una persona, un voto”.- Esto es falso. Lo correcto es decir que las personas con dos nacionalidades tienen derecho a votar en dos comunidades políticas diferentes, donde su voto se cuenta solo una vez.
Para el caso de quienes dejaron de vivir en su país de origen hace décadas o quienes son ciudadanos-nacionales de un país por vía de sus padres, sin haber vivido jamás ahí, no hay una respuesta fácil. Pero parece obvio que los emigrantes de primera generación merecen ser incluidos y representados porque aún dependen de la protección de su país de origen porque todavía son afectados por sus gobiernos, y porque, por razones vinculadas a sus biografías tienen un legítimo interés en el futuro de su país de origen.
Por último, un antídoto para el pesimismo respecto al voto desde el exterior es recordar que México es novato en el área. Cuando se habla de “costos desmedidos” se olvida, por ejemplo, que en el 2006 una cuarta parte de los 238 millones de pesos ejercidos por el IFE se destinó a la difusión del nuevo derecho y otra buena parte a crear la infraestructura organizativa mínima para arrancar: nuevas plazas estructurales, plazas por honorarios. Estos gastos pueden amortizarse conforme el voto desde el exterior se vaya volviendo rutina. Desde la reforma electoral de 2005 hasta las elecciones de 2006 el tiempo que tuvo el IFE impuso límites a la planeación y aún así, realizó consultas y estudios antes de elegir métodos de difusión y mecanismos de votación remota que fueran incluyentes, sin sacrificar los principios que deben caracterizar al voto (autenticidad, neutralidad, secreto, etc.). Moviendo recursos dentro del mismo instituto, el IFE ya programó para el proyecto del voto desde el exterior en 2012 un presupuesto 40% más bajo que el ejercido en 2006, a pesar de que ya asumió el costo del envío de las solicitudes de registro y fortaleció la difusión en internet (no solo en su página, sino en los sitios más visitados por mexicanos en el extranjero), medios de comunicación locales y transnacionales y embajadas. Tratando de evitar la experiencia del 2006 el IFE ya flexibilizó sus criterios de validación de las solicitudes a fin de rechazar el menor número posible, y hace apenas unas semanas (21 de febrero), consejeros del IFE, líderes migrantes y representantes de partidos políticos acordaron impulsar cambios legales para facilitar aún más el proceso del voto desde el extranjero. La propuesta del IFE incluiría campañas de credencialización y la posibilidad de explorar otras opciones de voto extraterritorial, por ejemplo, vía internet –lo que ya se hace en Estonia y Noruega y se utilizará este año para elegir al jefe de gobierno del DF. Para cada una de estas propuestas deberán sopesarse, otra vez, los riesgos y las posibilidades entre la accesibilidad de un método, el control de costos y la necesidad de respetar la integridad del voto. Todavía es necesario mejorar y para ello la crítica y la presión de la sociedad civil han sido fundamentales para provocar cambios y evaluar costos. Eso sí, vale la pena dirigir nuestra capacidad crítica conmiras a la inclusión, no al cinismo.
Los votantes mexicanos en el extranjero merecen votar porque siguen siendo mexicanos y el Estado está obligado a proteger y hacer valer el que es el derecho fundamental de la ciudadanía. Hay grandes discusiones normativas respecto a la pertinencia de seguir identificando la ciudadanía con la nacionalidad, o si se les debería disociar. Está claro que para millones de personas en el mundo la idea de conservar de por vida la nacionalidad-ciudadanía que se obtiene al nacer ha quedado rebasada por una realidad de movilidad laboral, uniones familiares internacionales, pertenencias múltiples y cambiantes y, sobre todo, por el derecho de dejar el país de origen para buscar un mejor futuro.
* En 2006 se registraron 54, 780 solicitudes que terminaron siendo 32, 632 votos.
es candidata al doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Bremen. Le apasiona investigar la relación entre políticas de ciudadanía y de migración en regímenes democráticos.
