Mientras esperamos el estreno de la cuarta temporada de Black Mirror, vale recordar el primer capítulo de la tercera, en el que se plantea un futuro distópico donde las personas se califican entre sí todas sus actividades y actitudes; el rating que obtienen determina el nivel de vida al que pueden aspirar. El capítulo provocó reacciones variadas, desde los miedos apocalípticos hasta la aceptación de que ya tenemos un pie en ese futuro. La controversia volvió a despertar recientemente, cuando se supo que China pretende instaurar un rating personal crediticio que se proyecta obligatorio para 2020.
No tenemos que imaginar un mundo en el que nuestras actividades cotidianas son monitoreadas, clasificadas e incluso evaluadas. Esto ya ocurre y abarca nuestros hábitos de compra, las páginas que visitamos, los mails que enviamos (con todo y su contenido, a veces) y la información que reúnen las aplicaciones que usamos. El análisis de dichos datos da para conocer quiénes somos y qué estamos haciendo de nuestra vida, y sirve para cosas que van desde la vigilancia extrema hasta la oferta de servicios y productos relacionados con nuestros intereses o angustias. La idea de los puntajes crediticios personales nació en 1950 y existen legalmente en Estados Unidos desde 1970. Desde entonces, ya se tomaban en cuenta características personales, además de las financieras, para determinar los puntajes. Lo que ha cambiado es la cantidad y el tipo de datos disponibles, así como el modo en que son procesados para dar lugar a dicho rating.
El giro, en el caso de China, es que el rating no será otorgado por la mano invisible del mercado, sino por la pesada mano estatal. Eso despierta suspicacias. En el “Esquema de plan para la construcción del sistema de crédito social”, el gobierno chino explica que a pesar de haber logrado avances para poner en marcha dicho sistema a nivel nacional, para 2014 no habían alcanzado los niveles deseados. Esto, debido a problemas tales como la falta de investigación crediticia que cubra a toda la población; información crediticia sumamente defectuosa; deficiencia en los mecanismos para incentivar y premiar a las personas por mantenerse socialmente confiables; costos sociales bajos ante la falta de honradez; carencia de normatividad para los mercados de servicios crediticios; mecanismos insuficientes para proteger los derechos e intereses de las personas sujetas a crédito; baja conciencia social del concepto de sinceridad; falta de una atmósfera social en la que los acuerdos sean confiables y honrados, así como una brecha entre la credibilidad judicial y la “expectativa de las masas”. Adicionalmente, la producción y venta de bienes falsificados, la evasión fiscal, los fraudes financieros y académicos y otros fenómenos similares parecen no tener fin, a pesar de las prohibiciones existentes.
En ese contexto, y considerando la actualidad de la economía de crédito, China se propuso reestructurar el sistema de mercado socialista en un sistema de crédito con cariz social. El proyecto busca promover y fortalecer la sinceridad, valor tradicional que, de la mano con el sistema propuesto, aumentará el crédito de toda la sociedad y creará un ambiente de crédito benéfico. El sistema se sostiene en dos pilares: la confianza y el crédito. Busca, entre otras cosas, afianzar la creencia de que “mantener la confianza es glorioso y perderla es motivo de desgracia” (punto 3) y propone la existencia de expedientes de sinceridad (punto 4). Menciona también una ideología conductora: promover la integridad, la ética y la disciplina como mecanismos clave para la construcción del mercado crediticio
Dado que todo el sistema se basa en la confiabilidad, los premios y castigos se otorgan a partir del grado en que ésta se tenga o se pierda. El grado de confiabilidad ciudadana o rating social es determinado mediante un algoritmo cuyo desarrollo ha sido dejado en manos de empresas privadas entre las que se encuentra Sesame Credit, parte de Ant Financial Services Group (la empresa fintech más grande del mundo) y que a su vez es afiliada del gigante chino Alibaba Group.
Tres de las categorías que se toman en cuenta para determinar la calificación ciudadana son relativamente sencillas y objetivas: historial crediticio, capacidad de cumplimiento de obligaciones y verificación de información personal. Las siguientes categorías, en cambio, tienen sus claroscuros: comportamiento, preferencias y relaciones interpersonales. No es solo preocupante el hecho de que las empresas que recolectan y procesan datos, así como el Estado, tengan en su poder todos los datos personales; lo es también la incertidumbre respecto de los parámetros con los que algoritmo medirá los elementos subjetivos que definirán la calificación de los ciudadanos.
Las consecuencias que el sistema de crédito social pueda tener en la sociedad están por verse. El temor es que, al saberse vigiladas, las personas se autocensuren y censuren también a personas que forman parte de sus redes interpersonales por publicaciones o comentarios que pudieran afectar su calificación. Este es el efecto que busca la arquitectura carcelaria del panóptico, aunque con un giro modernizador: ofrecer recompensas en forma de una calificación que, al ser sinónimo de honestidad y confiabilidad, determinará el nivel de vida al que se pueda acceder. Según el sistema de crédito social, se debe “motivar al sujeto confiable”, para lo cual “se establecerán mecanismos de autoayuda, estímulo social y autocorrección para faltas menores […] a través del arrepentimiento”. Los individuos no confiables se irán a la lista negra de crédito (punto II – c). Esto se podría considerar obediencia ludificada, un comportamiento condicionado a la existencia de un premio o castigo, casi cual experimento de Pavlov.
En China, solo 320 millones de personas, de un total de 800 millones susceptibles de tenerlo, cuentan con historial crediticio. Basta con no tener carro, casa o tarjetas de crédito para estar fuera de ese sistema. Dicha nación no es la única que ha tratado de llegar a ese mercado. En México la Política nacional de inclusión financiera existente dio paso al anteproyecto de la Ley Fintech, cuya finalidad es llegar, mediante tecnología financiera, a sectores de la población que no utilizan el sistema tradicional de crédito. En Reino Unido se utiliza la figura de los areneros regulatorios (regulatory sandbox) para poner a prueba productos de innovación tecnológica, tales como productos financieros. Lo peculiar del enfoque chino es que está basado en premios y castigos, y puede devenir controlador. No obstante, desde otro punto de vista la diferencia radica en las perspectivas: la occidental considera al crédito desde el punto de vista puramente económico, y en la china el crédito tiene además una connotación social: se refiere a cumplir promesas y ser confiable.
Rasul Majid, experto en psicología del juego, afirma que, en vista de lo cotidiano de la recolección de datos y a pesar de la visión pesadillesca que occidente tiene del sistema de crédito social chino, éste al menos es una aproximación honesta a la vigilancia que nace en una sociedad donde se privilegia la armonía. Desde este punto de vista, si un ciudadano sabe que todas sus actividades están siendo monitoreadas, es preferible saberlo y conocer las reglas a vivir en la ignorancia, soñando que la privacidad todavía existe. Ma Jingke, abogada china, afirma que difícilmente se logrará el objetivo de monitorear el comportamiento de toda la población, entre otras cosas, por cuestiones presupuestales y por la dificultad de que exista una política nacional homogénea. Entonces, su obligatoriedad para 2020 está en veremos.
Independientemente de si se trata de una cuestión de perspectiva o no, el sistema de crédito social implica una recolección masiva de datos personales que, de cumplir con los principios aplicables, no tendría que ser necesariamente perniciosa. El problema viene cuando la recolección masiva e indiscriminada (donde sea que se lleve a cabo) se normaliza en pos de ideologías, como en el caso de China, donde la honradez y confiabilidad se determinan a partir de un sistema de control basado en premios y castigos, y que puede poner en riesgo la libertad ciudadana por efecto de la autocensura.
Nació el mismo año que se estrenó Blade Runner. Abogada, especialista en tecnología y protección de datos.
