En Latinoamérica, las políticas liberales son una clara alternativa a los fracasos de las políticas estatistas, como las de la Argentina peronista o la Venezuela chavista. El liberalismo significa no solamente la defensa de la libertad individual como valor sino también una agenda de reformas. En el plano político propugna la racionalización y sometimiento a controles del Estado (Estado de Derecho) y, en el plano económico, la realización plena de la propiedad privada y de la libertad económica, con la mínima intervención posible del sector público (Estado mínimo, principio de subsidiariedad).
Costa Rica es un país libre, en la terminología de Freedom House y su reporte anual Freedom in the World, donde aparece siempre por encima de los 90/100 puntos respecto a los derechos políticos y las libertades civiles. Posee una cultura cívica que la hace excepcional dentro del panorama centroamericano y es una democracia estable. Constituye, además, una potencia de primera categoría a nivel mundial en políticas de protección del medio ambiente, respetuosas de los postulados liberales ya mencionados, ajustados a las prioridades ambientales del país. Ha tenido éxitos descollantes en tres aspectos: el aumento de la cobertura boscosa, el uso de energías renovables y la descarbonización de su economía.
Para el año 2022, la cobertura boscosa de Costa Rica ya abarcaba el 59% de su territorio y compensaba, con creces, sus emisiones de CO2. Este objetivo se logró sin necesidad de expropiaciones ni enfrentamientos con el sector privado de la economía. Fue creado el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), un mecanismo de incentivos financiado parcialmente mediante impuestos sobre los hidrocarburos, y administrado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.
Por medio de este fondo, el Estado le paga a los propietarios, arrendatarios o usufructuarios para que actúen en la mitigación de los gases de efecto invernadero y protejan los recursos hídricos, la biodiversidad y la belleza escénica (el paisaje). El PSA se encuentra entre los primeros diez programas de pagos por servicios ecosistémicos en el mundo y ha sido elogiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Y no solo es un programa de pagos por servicios: a los productores se les da asesoría para comercializar sus productos en el mercado internacional a los precios de dicho mercado, contrarrestando así las tendencias extractivistas de países como China, que buscan productos agroforestales sin pagar lo que estos valen.
En lo referido al uso de energías renovables, Costa Rica acumuló entre 2015 y 2019 más de 1,200 días de generación eléctrica cien por ciento limpia. En 2020, las principales fuentes de la matriz eléctrica costarricense se distribuyeron así: 71.9% agua; 14.90% geotermia; 12.39% viento, 0.54% biomasa y sol. El país prácticamente no contamina por generar, distribuir, comercializar y consumir electricidad. Lo más importante: aplica políticas medioambientales sin perturbar los procesos de mercado con resultados excepcionales. A título de comparación, mientras Costa Rica usa un 98% de energías renovables para generar electricidad, Alemania usa un 46% y Suecia un 56.39%.
En 2019, el gobierno de Costa Rica lanzó un ambicioso plan de 10 pilares cuyo objetivo es lograr la descarbonización total para el año 2050. Al haberse dado un cambio de gobierno en 2022, se podía esperar –como ocurre en nuestros países– algún giro significativo, pero no ha sido así y el gobierno de Rodrigo Chaves ha enfatizado la necesidad de alcanzar los objetivos del plan. La interrogante actual es el tema del transporte de bienes y personas; sin duda, el relevo de las energías fósiles es una posibilidad si se da de forma gradual y permitiendo a las personas adecuarse a las nuevas tecnologías, por ejemplo el automóvil eléctrico.
Son muchos los factores que han hecho a Costa Rica una potencia mundial en materia de protección al medio ambiente, pero quisiera destacar dos. En primer lugar, su protagonismo internacional, ya que ha suscrito casi cincuenta tratados en esta materia. La mayoría de estos han sido ratificados e incorporados a la legislación interna, como en los casos de la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (1993), la Ley del Ambiente (1995), la Ley Forestal (1996) y la Ley de Biodiversidad (1998). En segundo lugar, se ha invertido en la formación de técnicos especializados en el área, que ahora son buscados en todo el mundo, pues cada vez más países se han dado cuenta de la rentabilidad de los proyectos de protección del medio ambiente, que, incluso, reciben financiamiento internacional.
El tema de la rentabilidad es central en el caso de los países de la región. Como dijo en 2017 el entonces ministro del Ambiente de Costa Rica, Edgar Gutiérrez, la protección del medio ambiente es un buen negocio para el país, en el que intervienen los empresarios, el sector público y la sociedad civil. Refiriéndose concretamente al ecoturismo y su contribución a la economía costarricense, señaló: “Nos dimos cuenta que era un negocio. La conservación de nuestro entorno natural se convierte en un negocio muy positivo para el país que a la par de las otras actividades también empiezan a contribuir de forma sustantiva en la economía nacional.”
Esta política contrasta significativamente con proyectos ligados al turismo como el del Tren Maya en México, basado en expropiaciones y que ha despertado fuertes críticas a causa de su impacto ambiental. También contrasta con proyectos económicos como el Arco Minero, una iniciativa de la dictadura de Nicolás Maduro para obtener ganancias a corto y mediano plazo, que ha producido una catástrofe ecológica y humana.
Costa Rica es un ejemplo en materia medioambiental, pero también de coraje cívico, con un sector público dispuesto a generar sinergias con el empresariado y la sociedad civil para el beneficio de su país. Fue pionera en el mundo respecto a la eliminación de plásticos de único uso; para ello requirió que todos los actores sociales, económicos y gubernamentales se alinearan en la consecución de dicho objetivo, lo cual no fue sencillo. Otro logro ha sido el surgimiento de empresas de interés social, como COOPEAGRI, que emplea las amplias redes y los conglomerados de pequeños y medianos productores asociados al antes mencionado Programa de Pago por Servicios Ambientales , y vende la producción en grandes almacenes y tiendas a lo largo del país.
Es justo reconocer que no han sido únicamente la propiedad privada y la libertad económica las que han logrado tan significativos avances en la protección del medio ambiente. También ha sido necesaria una regulación inteligente para la promoción y defensa de los derechos humanos y los intereses de todos, sin sacrificar la libertad individual. Costa Rica demuestra cómo se pueden solucionar los dilemas de las sociedades actuales en un marco democrático liberal. ~
(Caracas, 1980). Abogado en ejercicio en España y Venezuela, profesor de derecho público (administrativo y constitucional) y de filosofía del derecho, y consultor independiente en proyectos de cooperación internacional.
