Durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador convirtió el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en uno de sus caballos de batalla. Su postura en contra era clara. Desde entonces la discusión ha pasado de lo técnico a lo político, y se han presentado argumentos para cancelarlo, darlo en concesión a la iniciativa privada o seguir adelante. Al tiempo que diversos estudios han demostrado su idoneidad, otros tantos han expuesto las afectaciones ambientales y sociales que traería su construcción. Incluso se han planteado alternativas, como la construcción de un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y la ampliación del actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca.
Desde el punto de vista político, la situación para el presidente electo es complicada. Todo se ha centrado en cómo hará para cumplir su palabra y cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, o en cómo justificará su cambio de opinión ante quienes votaron por él, para continuar la obra.
La solución que ha encontrado es trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de esta decisión para reducir el costo político. Por esta razón el presidente electo ha convocado a una consulta pública, que se llevará a cabo entre el 25 y el 28 de este mes. Serán los ciudadanos, y no los políticos, quienes decidan el futuro del nuevo aeropuerto, a pesar de que la mayoría no sean especialistas en la materia ni tengan el tiempo para analizar y tratar de entender los estudios que se están difundiendo para participar de manera “informada” en la consulta.
Independientemente de las preguntas que surgen ante este traslado de responsabilidades, cabe preguntarse cuál podría ser el resultado del ejercicio participativo.
La empresa Spin realizó este ejercicio a través de una encuesta nacional, cara a cara en vivienda, donde le preguntaron a 2 mil personas sobre el tema. Los resultados de la encuesta en vivienda nos pueden dar una idea del nivel de conocimiento que tienen los ciudadanos sobre la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana del Valle de México, si están de acuerdo o no en que se siga adelante con su construcción, y si la iniciativa privada debería colaborar con el gobierno.
De forma general, los datos muestran lo siguiente:
- Solo el 51% de los encuestados dijo haber escuchado de la construcción del nuevo aeropuerto, aunque fue uno de los temas principales de AMLO durante su campaña.
- De las personas que habían escuchado sobre el tema, el 56% opinó que se debe terminar de construir el aeropuerto y el 35% dijo que debería de ampliarse el de Santa Lucía para que opere de manera simultánea con el actual aeropuerto.
- Ese 35% de personas que opinan que debería de ampliarse el de Santa Lucía representan solo un 19.6% del total de los encuestados.
- Por otra parte, el 57% de aquellos que han escuchado sobre la construcción del nuevo aeropuerto considera que sería más barato terminar de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco que cancelarlo y optar por Santa Lucía.
- El 41% de quienes conocen el tema, prácticamente cuatro de cada diez, considera que el gobierno y la iniciativa privada deberían no solo continuar con la construcción del nuevo aeropuerto, sino también operarlo juntos.
La necesidad de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México es indiscutible. Desde los años 90 se tiene conocimiento de las problemáticas ocasionadas por la saturación de los servicios aeroportuarios. Los últimos 18 años han transcurrido entre ampliaciones del aeropuerto actual, que pronto resultaron insuficientes, y proyectos que no despegaron. Y hoy, una vez más, una necesidad técnica y pública se ha tornado en un problema político. La responsabilidad de destrabarlo está en los ciudadanos.
¿Seguirá adelante este proyecto o no? A través de esta y otras encuestas nos podemos dar una idea de cuál será la decisión final desprendida de la consulta: continuar con su construcción y descartar la opción de Santa Lucía de manera definitiva.
Más allá de que la consulta reducirá la discusión a una sola pregunta que se le hará a una sociedad con un conocimiento parcial del tema, vale la pena cuestionarse acerca de la metodología de dicha consulta, pues la información que se ha proporcionado no es suficiente. Las siguientes preguntas son solo algunas de las que deben responderse para dar mayor certidumbre a la consulta:
- ¿Cómo se aplicarán los cuestionarios en las casillas durante la consulta y durante la aplicación de la encuesta?
- ¿Cuál es la aplicación que en ambos casos se utilizará para recibir los datos recolectados?
- ¿Cuál es el criterio para realizar la consulta en 538 municipios?
- ¿Hay algún proceso de muestreo para estos municipios?
- ¿Cuál es la empresa encargada del levantamiento de los datos de la encuesta? (Más allá de si es una empresa reconocida o no, la ciudadanía tendría que conocer su sistema de trabajo).
- ¿Ha habido un proceso de capacitación para los encuestadores y las personas que estén en las mesas de la consulta?
- ¿Habrá algún tipo de supervisión en campo en ambos ejercicios, que genere mayor certeza a medios de comunicación, gobierno, academia y sociedad civil?
- ¿Habrá proceso de ponderación para dar los resultados, y si es así, cuál será?
- ¿Qué peso tendrán las preguntas de la consulta y los de la encuesta en la decisión final?
- ¿Las bases de datos se harán públicas?
En un tema tan trascendente, la transparencia sobre la metodología es importantísima. La información no puede ser parcial. La decisión que los ciudadanos tomen también puede depender de eso.
Politólogo apasionado, creyente de la metodología por encuestas. Director General de la firma de opinión pública Defoe
