La corrupción es un tema medular en la contienda electoral. La publicación del Índice de Percepción de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional revela lo poco que hemos avanzado en la materia: de 180 países medidos, México ocupa el lugar 135. Pero lo que más llama la atención ahora no son las propuestas para combatir el problema, sino los escándalos en los que podrían estar involucrados los candidatos presidenciales.
Como mencionamos en nuestra Bitácora electoral No. 4, hace unos meses El Universal y Proceso publicaron investigaciones periodísticas sobre los negocios inmobiliarios que permitieron el enriquecimiento de la familia política de Ricardo Anaya. Una nueva investigación judicial involucra al candidato de la coalición Por México al Frente en una supuesta triangulación de recursos.
Dos empresarios, que se han identificado como Daniel N. y Alberto N., denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) ser víctimas de amenazas por dar a conocer la triangulación financiera que se realizó en beneficio de una empresa propiedad de Anaya. En una conferencia de prensa, el abogado Joaquín Xamán McGregor declaró que sus defendidos fueron contratados entre el 2016 y el 2017 por Manuel Barreiro Castañeda para que, a través de empresas fantasma y el traslado a paraísos fiscales, depositaran 54 millones de pesos a Juniserra, la empresa de Anaya y su suegro Donino Ángel Martínez Diez, por la compra de una nave industrial ubicada en El Marqués, Querétaro.
En una entrevista, el candidato descalificó las acusaciones contra él y señaló que no le vendió su propiedad a Barreiro. Para el candidato, se trata de una estrategia del PRI para arruinar su imagen y distraer la atención del desvío de recursos de Sedesol, organismo del que fue titular José Antonio Meade.
Manuel Barreiro es investigado desde octubre del año pasado. El 21 de febrero, la PGR lo citó a comparecer por el presunto delito de lavado de dinero, pero el empresario fue ubicado en Canadá. Las cuentas bancarias de tres de sus empresas fueron congeladas y las oficinas de la inmobiliaria Advance Real Estate fueron aseguradas por la PGR. Días después, un juez federal negó la suspensión definitiva que solicitó Barreiro para frenar las investigaciones de la PGR, lo que abre la posibilidad de que la PGR ordene su aprehensión.
En un video publicado en sus redes sociales, Anaya explicó de manera detallada cómo fue el proceso de compraventa de la propiedad y culpó al PRI por usar a la PGR en una guerra sucia en su contra. Horas después, acudió a las oficinas de la PGR a entregar una carta donde exigió que se aclarara si estaba siendo investigado o si había pruebas en su contra por el supuesto delito de lavado de dinero.
Hoy acudí a la PGR. Exijo que dejen de utilizar las instituciones del Estado Mexicano para hacer guerra sucia en contra de los opositores. También, exijo que hagan público que no he cometido ilícito alguno. pic.twitter.com/Oj3GHvfkMo
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 25 de febrero de 2018
La PGR respondió en un comunicado de prensa que Anaya rechazó rendir su declaración ministerial, a la cual fue invitado en diversas ocasiones. En respuesta a las acusaciones del candidato sobre el uso electoral de la PGR, el organismo señaló que “actúa conforme a la ley […] y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas”.
Las bancadas del MC y PAN, PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán una solicitud de juicio político en contra del actual encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, por considerar que usó la institución para dañar la imagen de Ricardo Anaya. A su vez rompieron lazos con el grupo parlamentario del PRI y descartaron todo acuerdo legislativo como manifestación en contra de lo que han denominado una “persecución política de la PGR contra Ricardo Anaya”.
Margarita Zavala, aspirante a una candidatura independiente y exmilitante del PAN, calificó a Anaya de “mitómano” e incitó a los panistas a votar por ella en un tuit que más tarde dejó de estar en su cuenta.
Los ataques contra Anaya llegan después de que un artículo en The Economist lo describiera como “Mexico’s young hopeful”, el único candidato que podría ganarle a López Obrador. En su columna en El Universal, León Krauze escribió: “De pronto, por arte de magia, las dudas sobre la conducta de Anaya se convierten en asunto de primera plana, los recursos del Estado volcados en su persecución y exhibición. […] todo el peso del Estado se concentra en la prioridad: descalificar a Ricardo Anaya de la contienda electoral. Para el PRI, como siempre, primero es el poder y después es el poder”.
Por su parte, el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, apoyó la investigación de la PGR: “La ambición de poder y de dinero se ve, se refleja y en esta economía, en este momento donde cada vez hemos puesto más instrumentos de información en manos del ciudadano, es más difícil esconderse de las inconsistencias entre la forma de vivir y la forma de ser y eso tendría que ser investigado”. También su vocero de campaña y antiguo militante panista, Javier Lozano, se pronunció en contra de Anaya y presentó en un video documentos públicos que contradicen su defensa.
No obstante, el propio Meade ha sido blanco de las críticas por su desempeño como funcionario público, de cara a los supuestos desvíos de recursos de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y por ser “tapadera de la corrupción desmedida de este gobierno”, de acuerdo con un comunicado de prensa de la coalición Por México al Frente.
En su defensa, el candidato del PRI declaró que los involucrados en los casos detectados por la Auditoría Superior de la Federación deben rendir cuentas: “Que se asuman consecuencias”.
El candidato de Morena y del Partido Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que sus contendientes “forman parte de la misma mafia, la misma corrupción” luego de que insistiera en que la PGR también debería de llamar a declarar a Meade y a Videgaray por los casos de corrupción que ocurrieron mientras estuvieron al frente de Hacienda.
Sin embargo, la inclusión de Napoleón Gómez Urrutia en la lista de candidatos plurinominales de Morena ha despertado las dudas sobre la vara anticorrupción con que López Obrador mide a sus colaboradores. El candidato presidencial defendió una vez más al líder minero: “¿Por qué no dan a conocer el proceso judicial y las órdenes de aprehensión?, que aclaren este asunto, eso es lo que se tiene que hacer y no utilizar con procesos políticos electorales la justicia”.
Anaya, quien ha usado el combate a la corrupción como bandera, se ve envuelto en un escándalo que pone en riesgo su candidatura. Meade debe cargar con el peso de un partido político desprestigiado. López Obrador ha reclutado en su partido a personajes involucrados en casos de corrupción, aunque insiste que él es el único libre de mancha. Además de convencer al electorado con sus propuestas, para ganar las elecciones los candidatos tendrán que rendir cuentas y sobrevivir al escrutinio público. Una prueba difícil de superar.
