El conflicto entre organizaciones criminales y de ellas con el Estado mexicano no se ha contenido. La declaraciĆ³n unilateral del fin de la guerra por parte de LĆ³pez Obrador y el repliegue inicial de su gobierno no lograron terminar con la violencia criminal del paĆs. AsĆ lo confirma el intento de asesinato del secretario de seguridad capitalino, Omar GarcĆa Harfuch, que es apenas la punta de un iceberg que nunca ha dejado de estar a la vista. MĆ”s allĆ” de las argucias aritmĆ©ticas de Alfonso Durazo, los homicidios dolosos se encuentran en su mayor nivel de la historia reciente y su permanencia durante la pandemia nos muestra que la mayor parte de ellos se relacionan al crimen organizado. Tan solo en las Ćŗltimas semanas, un juez federal de asuntos penales fue asesinado; en Sinaloa, Sonora y Zacatecas, por mencionar algunos casos, diversos enfrentamientos dejaron muertes que se cuentan por decenas.
Quienes viven fuera de la Ciudad de MĆ©xico nunca dejaron de experimentar esta violencia, y hoy los capitalinos la conocen de primera mano. Por primera vez, una organizaciĆ³n llevĆ³ a cabo un atentado contra el titular de la fuerza de seguridad pĆŗblica mĆ”s grande del paĆs. El hecho de que se haya capturado con prontitud a 19 de los atacantes muestra lo irracional que es realizar una operaciĆ³n de este tipo en un lugar con 26 mil policĆas en las calles y 15 mil cĆ”maras de vigilancia. De ahĆ que sea al mismo tiempo intrigante y alarmante que los responsables encontraran los incentivos suficientes para correr el riesgo y ejecutar esta operaciĆ³n.
Hasta ahora, todo apunta a que el CĆ”rtel Jalisco Nueva GeneraciĆ³n (CJNG) es responsable del acto, sobre cuya lĆ³gica existen dos hipĆ³tesis centrales. Una dice que habrĆa sido consecuencia de los golpes que la corporaciĆ³n al mando de GarcĆa Harfuch ha asestado en contra de organizaciones de narcomenudeo en la ciudad, de las que ese cĆ”rtel era proveedora. SegĆŗn la otra, serĆa un acto en represalia a las afectaciones que en diversos frentes ha recibido esta organizaciĆ³n, como la extradiciĆ³n de RubĆ©n Oseguera (hijo del lĆder del CJNG), el arresto de mĆ”s de 600 personas vinculadas a ellos en Estados Unidos y el congelamiento de diversas cuentas financieras. Puede ser, tambiĆ©n, una combinaciĆ³n de ambas hipĆ³tesis.
Pero mĆ”s allĆ” de las razones especĆficas detrĆ”s del atentado, importa lo que ha dejado a la vista. Primero, que el crimen organizado estĆ” en pie de guerra y resuelto a entablar una ofensiva contra el Estado mexicano. Segundo, que hay disposiciĆ³n para escalar la violencia criminal y pocos incentivos para restringirla, dada la pasividad del gobierno federal. Tercero, que los perpetradores pueden vulnerar el aparato de seguridad mexicano. AsĆ, el atentado, lejos de ser una seƱal de progreso, como tramposamente han querido enmarcarlo algunos funcionarios, es un anuncio de peores noticias.
Las carencias de la polĆtica de seguridad de este gobierno son causa indirecta del atentado. Hasta ahora, el presidente ha sido incapaz de formular una estrategia clara frente a un problema que no termina de entender. ApostĆ³ por reducir la confrontaciĆ³n contra las organizaciones criminales con la esperanza de que ello generara un desescalamiento de la violencia. Claramente, eso no funcionĆ³. En el intento enviĆ³, imprudentemente, seƱales de una aparente tregua con el CĆ”rtel de Sinaloa. Haya sido aquello intencional o no, pudo ser interpretado asĆ por organizaciones rivales como el CJNG, quienes vieron alicientes para tomar represalias. Hay que aƱadir que el presidente se ha encargado de construir una imagen de poca voluntad para reaccionar ante las acciones criminales, diluyendo las lĆneas rojas que deberĆan marcar lĆmites infranqueables para los grupos de la delincuencia organizada.
La falta de liderazgo presidencial tambiĆ©n ha causado estragos en un segundo Ć”mbito: al interior del gabinete de seguridad, donde no existe coordinaciĆ³n ni consistencia. El desmantelamiento de la fuerza civil del gobierno āla PolicĆa Federalā generĆ³ una grave asimetrĆa en favor del ejĆ©rcito. La presencia del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, lejos de ser la del integrador de los esfuerzos de las corporaciones bajo una visiĆ³n estratĆ©gica comĆŗn, es mĆ”s bien la de un vocero y cuantificador de delitos. En el Ć”mbito operativo pareciera que los mandos militares regionales actĆŗan segĆŗn su entendimiento, por falta de una directriz clara, y estĆ”n mĆ”s resueltos a cumplir con las mĆ©tricas de despliegue que a verdaderamente hacer algo con el nĆŗmero adicional de elementos disponibles. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos, que cuenta con vĆnculos directos con diversas instancias del aparato de seguridad mexicano, puede estar impulsando acciones que no han sido necesariamente acordadas entre las diversas corporaciones. Sin una estrategia clara y sin unidad de mando, el golpeteo al CJNG y a otras organizaciones parece mĆ”s bien irreflexivo y no necesariamente cumple con un objetivo estratĆ©gico cuyas consecuencias hayan sido previamente calculadas.
La falta de coordinaciĆ³n y el descuido institucional en el aparato de seguridad se reflejan tambiĆ©n en la falta de seguimiento al trabajo de la comunidad de inteligencia. Como reportaron los periodistas Ćscar Balderas y RaĆŗl RodrĆguez CortĆ©s, hace unas semanas, el Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) supo, a travĆ©s de intervenciones telefĆ³nicas y tras detectar el despliegue de criminales provenientes del PacĆfico hacia la Ciudad, de un posible atentado contra altos funcionarios federales y locales. No fue pues, un ataque de un lobo solitario. Se tratĆ³ de una operaciĆ³n planeada y coordinada de la que fue alertado el gabinete de seguridad, pero que no pudo ser desmantelada.
Contra lo que piensa el presidente LĆ³pez Obrador, alertar sobre un posible atentado no completa una operaciĆ³n exitosa. Si bien ello permitiĆ³ reforzar la protecciĆ³n de GarcĆa Harfuch, el solo hecho de que terminara en el quirĆ³fano nos habla de lo cerca que estuvo de tener consecuencias fatales. ĀæQuiĆ©n dio seguimiento a la amenaza? ĀæQuĆ© operativos detonaron estas alarmas para frenar la llegada de armas y sicarios a la capital del paĆs? La poca importancia que se le da a nuestros sistemas de inteligencia no es nueva, pero pareciera que se ha agudizado. La salida del Cisen de la SecretarĆa de GobernaciĆ³n para pasar a la SecretarĆa de Seguridad y ProtecciĆ³n Ciudadana es un error de diseƱo, pues su funciĆ³n no es la seguridad pĆŗblica sino la nacional. TambiĆ©n se perdiĆ³ un Ć”rea de inteligencia civil al desaparecer la PolicĆa Federal y ponerla bajo control del ejĆ©rcito. Dada la falta de mando en el gabinete de seguridad, es probable que no haya fusiĆ³n de la informaciĆ³n y que por ello las fuerzas federales no cuenten con una ventaja operativa. Lo sucedido en la Ciudad de MĆ©xico es un llamado a reordenar la inteligencia para la seguridad nacional. Se requiere una verdadera oficina integradora de inteligencia, asĆ como su uso para la toma de decisiones y para contar con capacidades operativas que frenen atentados contra el Estado.
Finalmente, el desorden en materia de seguridad no solo se ha hecho presente en el Ć”mbito federal. La fata de un liderazgo nacional ha llevado a algunas entidades federativas a desentenderse de la labor de combate al crimen organizado. Otras, sin embargo, han optado por tomar la iniciativa. Es el caso del esfuerzo que encabeza el secretario de seguridad de la Ciudad de MĆ©xico, quien pertenece a una escuela formada en el combate frontal al crimen organizado muy lejana a los abrazos y no balazos. MĆ”s allĆ” de sus antecedentes familiares, a sus 37 aƱos Omar GarcĆa ya dirigiĆ³ la Agencia de InvestigaciĆ³n Criminal de la entonces PGR y la DivisiĆ³n de Inteligencia de la tambiĆ©n extinta PolicĆa Federal, en el sexenio anterior. Es una persona que conoce profundamente a las organizaciones criminales del paĆs y que las ha combatido de manera consistente. Su estrategia en la Ciudad de MĆ©xico ha sido similar a la aplicada en sexenios anteriores a nivel federal. Ha orquestado fuertes golpes a La UniĆ³n Tepito y a otras organizaciones como el CĆ”rtel de TlĆ”huac.
La falta de coherencia entre la postura del presidente y lo que sucede operativamente en los estados puede estar generando resultados contradictorios para los objetivos de cada gobierno. Esta inconsistencia entre esfuerzos federales y locales no es nueva, pero ahora se ha invertido. Que los gobiernos estatales tomen la delantera debido a una postura ambivalente en el Ć”mbito federal representa riesgos para las propias corporaciones locales y reduce la capacidad conjunta de actuaciĆ³n. La mayorĆa de las entidades federativas no estĆ”n preparadas para la reacciĆ³n del crimen organizado en contra de ellas. Hoy fue el caso de la Ciudad de MĆ©xico, pero maƱana puede ser Tamaulipas, donde el gobierno estatal tambiĆ©n ha hecho suya la responsabilidad al utilizar fuerzas especiales y operativos focalizados para desmantelar al CĆ”rtel del Noreste. Sucede tambiĆ©n en Guanajuato, donde tres dĆas despuĆ©s de lo sucedido en Ciudad de MĆ©xico el gobernador denunciĆ³ descoordinaciĆ³n y falta de apoyo del gobierno federal.
ĀæQuĆ© sigue entonces despuĆ©s de este atentado? Analistas como Eduardo Guerrero no han dudado en calificarlo como una declaraciĆ³n de guerra. Mucho hay de cierto en ello, pues lo de nuestro paĆs se asemeja mĆ”s a un conflicto armado no convencional que a un asunto de seguridad pĆŗblica. Como consecuencia, existe tambiĆ©n cierto consenso en que al ataque debe seguirle una respuesta contundente del Estado mexicano con el objetivo de disuadir futuros atentados como este. La retaliaciĆ³n del gobierno deberĆa dejar claro a las organizaciones criminales que enfrentarĆ”n consecuencias proporcionalmente mayores al nivel de violencia que ejerzan. Se trata de sentar un precedente: cruzar lĆneas rojas tiene secuelas graves.
El asunto es que lo anterior nos regresa a los problemas de fondo aquĆ descritos. ĀæCĆ³mo esperar una reacciĆ³n estratĆ©gica y coordinada por parte de un gobierno que subestima el conflicto, que carece de unidad de mando, sin claridad de objetivos, con deficientes capacidades de inteligencia, sin un gabinete federal coordinado y con esfuerzos encontrados con las corporaciones estatales?
La reacciĆ³n a este desafĆo marcarĆ” la interacciĆ³n entre grupos armados y el Estado en los aƱos por venir. Este gobierno aĆŗn se encuentra en una etapa relativamente inicial. AĆŗn puede ajustar su polĆtica de seguridad, por no decir definirla, mĆ”s allĆ” de delegarla al EjĆ©rcito. Es momento de sacudir las ideas del presidente y tambiĆ©n de sacar del letargo a su gabinete de seguridad. Es momento incluso de pensar en cambios de quienes estĆ”n al frente de este esfuerzo o de recomponer el equilibrio de fuerzas para articular una respuesta a la altura del reto. Tal vez aĆŗn no sea demasiado tarde.
PolitĆ³logo por la UNAM. MPA en Seguridad y ResoluciĆ³n de Conflictos por la Universidad de Columbia.
