El pasado 31 de octubre, la primera sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico y personal de la marihuana, al aprobar dos amparos presentados por los ministros Norma Lucía Piña y Arturo Zaldívar. Por ser la quinta vez que la corte falla en el mismo sentido, esta resolución creó jurisprudencia. Se trata de una decisión histórica que obliga a todos los jueces del país a otorgar un amparo a cualquier mexicano que por la vía judicial solicite a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) un permiso para consumir marihuana de manera recreativa y personal.
En el 2015, México Unido contra la Delincuencia A.C., creó la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) para “presionar a la sociedad y al poder judicial a discutir de manera pública un tema que era tabú”, de acuerdo con Pablo Girault, uno de sus fundadores. En un intento por sentar un precedente judicial, él junto con Lisa Sánchez, Armando Santacruz y Francisco Torres Landa solicitaron a la COFEPRIS, la única dependencia facultada para expedir autorizaciones sanitarias relacionadas con el control de estupefacientes y psicotrópicos, permiso para producir y consumir cannabis con fines personales y sin ánimo de lucro. Al ser negada su petición, interpusieron una demanda de amparo, por considerar que se violaban sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la disposición de la propia salud.
La Primera Sala de la SCJN tomó el caso una vez que un Tribunal Colegiado se declaró incompetente para resolverlo. El ministro Arturo Zaldívar elaboró un proyecto de sentencia a su favor donde argumentó la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud “en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar), en relación únicamente y exclusivamente con el estupefaciente ‘cannabis’”. Con cuatro votos a favor y uno en contra, el proyecto de sentencia fue aprobado el 4 de noviembre de 2015, lo que obligó a la COFEPRIS a darle permiso a los solicitantes para consumir cannabis con fines recreativos.
Aram Barra es un activista por los derechos humanos que ha trabajado en la reforma de la política de drogas desde hace una década. Como parte de los litigios estratégicos para cuestionar si la prohibición es una medida apropiada para que México lidie con las drogas, solicitó este año un amparo ante la Primera Sala de la SCJN. Al tratarse del quinto caso, sentó jurisprudencia y ahora todos los tribunales del país deberán seguir el mismo criterio.
De acuerdo con el fallo de la SCJN, “el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan –sin interferencia alguna– qué tipo de actividades lúdicas desean realizar y protege todas las acciones necesarias para materializar esa elección”. Por lo tanto, “las afectaciones a la salud que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta a su consumo”. Como resultado, la COFEPRIS tendrá que autorizar a los mexicanos mayores de edad interesados en consumir marihuana de manera recreativa e individual a hacerlo, sin que eso signifique que la puedan comercializar o que tengan permitido el consumo de otras sustancias.
La decisión de la SCJN no implica automáticamente que todos los mexicanos cuenten con la posibilidad de sembrar y consumir marihuana. Cualquier persona puede pedir autorización a la COFEPRIS (el colectivo de pacientes y familiares en favor del uso terapéutico de cannabis, Autocultivo Medicinal en México, ha compartido este formato para facilitar este trámite); si dicha instancia niega la autorización, el solicitante podrá pedir un amparo, y el juzgador estará obligada a otorgarlo. Según Barra, “la decisión de la SCJN revela que la prohibición es inconstitucional y que hay que buscar otras formas de lidiar con las sustancias”.
Después de esta decisión, la bancada del PRI en el Senado, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal con la finalidad de permitir el consumo lúdico de marihuana y despenalizar la posesión personal hasta 28 gramos. No obstante, su comercialización y distribución seguirán considerados delitos.
Por su parte, la futura secretaria de Gobernación y actual senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, presentará una iniciativa en el Senado para regular el uso de la marihuana. Su propuesta plantea la promulgación de una Ley General que contemple la regulación y control de cannabis para usos comercial, terapéutico, científico y personal; la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC), cuya función será regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar la producción de marihuana; y el consumo en lugares públicos, excepto en aquellos 100% libres de tabaco. Para el consumo personal en propiedad privada, propone la siembra de hasta 20 plantas de cannabis cuya producción anual no exceda los 480 gramos.
Para Girault, es un logro ver que se ha generado jurisprudencia y que existan iniciativas en el legislativo para tener un mercado regulado de la marihuana: “Este es solo un primer paso porque creemos que se deben regular todas las drogas, ya que es un mercado que debe estar bajo el control gubernamental y no bajo el control de los grupos delictivos”. Barra también considera que la legalización es el camino para frenar la violencia que ha generado el narcotráfico: “México es uno de los países que más ha llevado a sus últimas consecuencias la prohibición y esto se ha traducido en un inmenso número de muertos, desaparecidos, desplazados y violaciones categóricas de derechos humanos. Creemos que con una regulación de la marihuana podemos por primera vez en nuestra historia establecer una política sensata e inteligente”.
Algunas organizaciones civiles, como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), consideran que la regularización del consumo de marihuana podría tener un efecto nocivo en los niños y jóvenes. Leonardo García Camarena, presidente de la UNPF, opinó sobre el fallo de la SCJN que el organismo “da la espalda a la sociedad y deja fuera el derecho humano a la salud, el cual se debe gozar sin distinción alguna, para que las personas puedan vivir dignamente. México no necesita más drogas”.
La legalización de la marihuana para uso recreativo es una medida que varios Estados han tomado para controlar desde la siembra hasta la ingesta de cannabis y sus derivados. Uruguay fue el primer país en hacerlo, en 2013. Más allá de buscar el lucro de las empresas y del Estado, la llamada “ley de la marihuana” tiene como objetivo lograr el bienestar colectivo, al asegurarse de que lo que consumen sus ciudadanos es de calidad y, a su vez, fortalecer los programas de prevención y rehabilitación. Desde 2017, los uruguayos registrados pueden comprar hasta cinco gramos de marihuana en farmacias que cuentan con permisos especiales. Pero el gobierno ha establecido un control estricto para evitar la interferencia del mercado negro. Solamente dos proveedores abastecen a las farmacias y el precio de venta es controlado por el gobierno. Este oscila alrededor de 1.30 dólares por gramo, resultando en marihuana más barata y de mejor calidad que la que se encuentra en las calles.
Aunque es pronto para conocer los resultados de estas medidas, Michael Komorn, presidente de la Asociación de Marihuana Médica de Michigan, considera que se trata de “algo bueno para el país” y “la chispa de un renacimiento económico”.
El 17 de octubre de este año, Canadá se convirtió en el segundo país en despenalizar el consumo lúdico de la marihuana. Las nuevas regulaciones del gobierno establecen que una persona puede portar hasta 30 gramos de marihuana para uso personal en espacios públicos, pero a diferencia de Uruguay, donde el gobierno federal tiene el control absoluto de cannabis, cada provincia canadiense es la responsable de delimitar los lugares de venta y consumo dentro de su territorio, así como el precio por gramo. La iniciativa la presentó hace tres años Justin Trudeau durante su campaña presidencial para contener el consumo y frenar los ingresos del mercado negro, los cuales superan los 4 mil millones de dólares anuales. Se espera que dentro de un año se alcance “la cima de la legalización” cuando el gobierno apruebe la venta y consumo de los productos hechos a base de marihuana, como cremas y comestibles.
De acuerdo con Aram Barra, México podría aprender de Canadá y Uruguay cómo regular el mercado de la marihuana privilegiando la salud de los ciudadanos: “Es necesario que las iniciativas de ley establezcan un ente regulador que ayude a poner criterios sobre quién puede producir, cómo se puede transformar, quién puede comprar, qué tipo de empaquetamiento se necesita y cuáles son los controles de calidad”.
La posibilidad de regular el consumo recreativo de la marihuana en nuestro país es un primer acercamiento a una política de drogas que no busca criminalizar, sino restar el poder que tienen los grupos criminales. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, la marihuana es la droga ilegal que más consume la población, tendencia que ha ido al alza en los últimos años. Esto revela la falta de éxito de las medidas prohibicionistas. Ante este panorama, es necesario formular nuevas políticas públicas. Como se ha visto en California, donde se espera que las ventas de cannabinoides superen los 3 mil millones de dólares al final del 2018, la reglamentación de estas sustancias puede ser benéfica para la salud pública y un importante motor para la actividad económica.
