Es común una frase entre los analistas públicos que hablan de la pandemia del Covid-19: “estamos en terreno desconocido”. Se utiliza principalmente para referirse a la crisis económica que se avecina y a los efectos políticos que tendrá. Sin embargo, también toca la seguridad: mientras la mayoría de los ciudadanos nos resguardamos en nuestros hogares, surge la incógnita de qué es lo que sucederá en el mundo del crimen.
Ni las organizaciones criminales ni las fuerzas del Estado son ajenas a este tipo de crisis. El crimen depende de su interacción con la sociedad y el gobierno, se ve afectado por los choques en la actividad económica y, como jugador de la globalización, es vulnerable ante cambios internacionales. Las fuerzas del orden, por su parte, tienen que priorizar esfuerzos y usar sus limitados recursos en nuevas tareas que les impone la coyuntura. Es inevitable: las contingencias tienen un efecto en la delincuencia y la violencia. La cuestión es en qué dirección y con qué profundidad.
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En México hay antecedentes para explorar la pregunta. Uno de ellos es la pandemia de la influenza A-H1N1 en 2009. La contingencia sanitaria fue decretada del 27 de abril al 25 de mayo de aquel año. Sabemos –gracias a los datos de homicidios del INEGI– que aunque en 2009 creció la violencia, entre los meses de abril y mayo se estabilizaron los homicidios. Esta estabilización sólo se presentó en 2009 y en ningún otro año del sexenio de Felipe Calderón (gráficas 1 y 2).
Más aún, la información sugiere que la estabilización de los homicidios durante la contingencia del A-H1N1 sucedió particularmente por la caída de la violencia entre organizaciones criminales. El rubro “Homicidios Dolosos Vinculados a la Delincuencia Organizada”, que se contabilizaba en el sexenio de Felipe Calderón, se redujo entre abril y mayo de 2019 en un 0.47%, mientras que, en los mismos meses de todos los años del sexenio, se incrementó en promedio 17%.
Hay otro tipo de contingencias, como desastres naturales, donde la caída de la violencia criminal ha sido más clara. Por ejemplo, el Huracán Manuel de septiembre de 2013, que golpeó principalmente a Guerrero, Jalisco, Colima y Sinaloa –estados con alta presencia de crimen organizado– coincidió con una reducción de los homicidios del 8% en esa región, mientras que en el resto del país los homicidios se mantuvieron estables con 0% de cambio.
Los hallazgos y el sentido común indican que entre menor actividad económica y social, menor actividad criminal. Es probable que esto se confirme durante abril, con una caída en la tendencia nacional de homicidios dolosos en México, pero estos efectos no serán homogéneos en todo el territorio ni necesariamente permanentes.
El asunto con el Covid-19 es que es de una complejidad mayor a los casos previamente expuestos. En primer lugar, porque se trata de una contingencia de mayor profundidad: ha tenido impacto global y por lo tanto ha afectado todas las etapas de la cadena comercial de negocios, entre ellos el narcotráfico. En segundo, porque la duración de esta pandemia y de las medidas de distanciamiento social será más prolongada que la de la emergencia sanitaria de hace once años o que el paro temporal de actividades durante un huracán.
Las organizaciones criminales en México son diversas y están dispersas. Algunas incursionan en el comercio de drogas complejas, como el Cártel de Sinaloa con el fentanilo, y verán disminuida su actividad por la caída del consumo en Estados Unidos y la menor llegada de insumos desde China, además de la mayor dificultad de contrabandear sus productos debido a las restricciones fronterizas. Para otras organizaciones que se centran en delitos como el robo de gasolina, este puede ser un periodo positivo para la producción, pero no para la venta.
Aunque enfrentamos una crisis inédita, es posible anticipar que el efecto también sea distinto al interior de los grupos criminales. No es lo mismo encontrarse en los estratos altos de una organización, desde donde se puede resistir el estrés financiero de la crisis, a estar en la base, donde se vive al día. Es posible que criminales de menor perfil dentro de las organizaciones eventualmente busquen obtener ingresos de manera desesperada, lo que generaría incrementos en delitos como los fraudes, ciberdelitos, robo de negocios, insumos médicos y autos, e incluso confrontaciones con otras organizaciones para pelear por las pocas oportunidades criminales disponibles (en el caso de las drogas, los precios en la dark web ya están aumentado debido a la escasez).
Otro factor que afectará la seguridad es el cambio en el despliegue y las prioridades de las fuerzas públicas. Según documentos internos, la Guardia Nacional será redistribuida para proteger carreteras, hospitales y centros comerciales que puedan ser objetivo de saqueos. Este nuevo despliegue implicará fortalecer la presencia en entidades con comunicaciones estratégicas y grandes zonas metropolitanas. Según el plan de despliegue, otras entidades conflictivas como Sinaloa y Michoacán verán reducida la presencia federal. Lo anterior abre la puerta a que conflictos preexistentes se profundicen.
También se debe poner atención a las prisiones, donde las medidas sanitarias restrictivas pueden generar descontento interno y detonar motines, como ya sucedió en Brasil y Colombia. Finalmente, la mezcla de desesperación social y vacío de autoridad que se hará presente en la etapa tardía de la pandemia puede ser aprovechada por organizaciones criminales para fortalecer su control sobre comunidades que consideran estratégicas o para el surgimiento de nuevos grupos de autodefensas.
En suma, los conflictos entre el crimen organizado y el Estado pueden disminuir en el corto plazo, pero el impacto económico y la duración de la pandemia puede desatar conflictos entre las propias organizaciones criminales, así como propiciar la incursión de sus miembros en otras actividades delictivas y el aprovechamiento de estallidos sociales en regiones conflictivas. Entre más dure la contingencia, mayores serán los riesgos.
Una vez que pase la tormenta, será importante estudiar cómo las organizaciones criminales se adaptaron a este entorno y qué efecto tuvo en el ejercicio que hacen de la fuerza. Este tipo de análisis nos permitirán entender mejor su interacción con la sociedad y con el Estado.
Por ahora, es indispensable que las instituciones de seguridad e inteligencia del país mantengan los ojos bien abiertos para evitar que la crisis sanitaria se desenvuelva en un estallido de ingobernabilidad. Los riesgos de la pandemia son mayores en México, no solo debido a sus vulnerabilidades económicas, sino también a su débil estado de derecho.
Politólogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia.
