El sábado, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, presentó el Paquete Económico 2019 que incluye las estimaciones de ingresos, gastos y deuda, así como las políticas económicas que se llevarán a cabo durante el primer año de la administración lopezobradorista. Los recortes a rubros sensibles –como cuidado del medio ambiente, cultura, salud y educación– para financiar los proyectos prioritarios del nuevo gobierno provocaron cuestionamientos entre especialistas y varios sectores de la sociedad.
Bajo los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción, el presupuesto busca reorientar el gasto “hacia programas con un alto impacto en el bienestar de los mexicanos y hacia la infraestructura para el desarrollo de largo plazo”, como se lee en un comunicado de la SHCP. Durante la campaña presidencial, López Obrador afirmó que rompería con el modelo económico predominante. Aún así, su presupuesto muestra una postura más mesurada que busca tranquilizar a los mercados. De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), “al analizar los principales programas presupuestarios (por el monto del presupuesto que se les asigna respecto del total), la estructura presentada en 2019 resulta muy similar a la del 2017”, pues los 24 programas presupuestarios que tienen asignado más del 1 % del presupuesto total, son los mismos que en aquel año. El cambio, señalan, está en el “replanteamiento filosófico de la política social”, que implica que las transferencias económicas se harán de manera directa a los beneficiarios de los programas, sin que haya intermediarios, como se había hecho en el pasado.
En materia fiscal, no se proponen aumentos en las tasas actuales ni la creación de nuevos impuestos. Para incrementar la recaudación, se apuesta por una mejora de la administración tributaria. Los ingresos totales para 2019 están estimados en 5.274 billones de pesos, de los cuales 19.8% corresponden a ingresos petroleros, 62.3% a ingresos tributarios, 2.3% a ingresos no tributarios, y 15.6% a ingresos de organismos y empresas. Sin embargo, estos pueden variar dependiendo de los precios del petróleo y del crecimiento de la economía, como destaca The Economist.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con un presupuesto de 100 mil millones de pesos, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, al que se le asignarán 44.3 mil millones de pesos, y los programas de infraestructura ferroviaria, carretera y aeroportuaria, que en total requieren 30.4 millones de pesos, son los principales beneficiarios del plan de distribución de los recursos públicos.
Uno de los rubros donde más se cuestionó la cantidad de recursos asignados fue la educación. En comparación con los presupuestos anteriores, hay un incremento del 0.9%, pero esto no es perceptible porque varios de los programas existentes tendrán recortes para redirigir ese dinero hacia la educación básica y la educación media superior. Para las universidades públicas, como la UNAM, el IPN y la UAM, se contempló una reducción presupuestal. En un comunicado de prensa, la UNAM externó su rechazo al recorte en más del 6% porque “no corresponde a la trascendente e importante labor de la institución de enseñanza superior más grande de América Latina”. Asimismo, quince rectores y el presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) señalaron en una reunión con Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que los recortes afectarían a los profesores, las becas y las investigaciones. Ante la presión del sector educativo, el presidente aseguró que el recorte fue un “error” y se comprometió a hacer un ajuste al gasto de operación del gobierno para que las universidades mantengan el mismo presupuesto que el año pasado más el porcentaje de la inflación.
Por otra parte, en el sector salud hay un incremento del 1.4% en contraste con el presupuesto aprobado para el 2018. Se trata de una reasignación del presupuesto, pues se recorta a programas específicos de la Secretaría de Salud y se incrementa a la mayoría de los programas del IMSS, el ISSSTE y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos a la población que no cuenta con seguridad social. Tras el anuncio del presidente de sustituir el Seguro Popular con un sistema de salud federalizado, los analistas del CIEP concluyen que el presupuesto es insuficiente.
A pesar de que otros países prefieren invertir en energías limpias y de que López Obrador se reunió con Al Gore para trabajar juntos en el desarrollo de energías renovables, el 91.9% del presupuesto asignado al sector energético se concentrará en los hidrocarburos. El gobierno está apostando por obtener mayores ingresos gracias a su explotación, aunque desde 2014 la caída de los precios internacionales del petróleo provocó que en los últimos cuatro ejercicios fiscales se redujera el ingreso en este sector. Tanto Moody’s como Fitch Ratings consideran que la política energética genera incertidumbre, pues es “poco probable que el presupuesto revierta lo suficiente la disminución de [Pemex] y la contracción de las reservas de petróleo”. Por lo que a la larga, la empresa paraestatal se convertirá en una carga que impactará en el perfil crediticio del gobierno. Además, el recorte de más de 11 mil millones de pesos al presupuesto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revela el poco interés que ha mostrado el gobierno en la conservación ambiental.
En cuanto al gasto federalizado, algunos gobernadores, como Enrique Alfaro y Javier Corral, se mostraron inconformes con el presupuesto porque consideran que ignora las necesidades de los estados. Si bien las entidades federativas tendrán más recursos por las participaciones y aportaciones, hay una reducción en el Ramo 23, así como en los convenios descentralizados, la protección social en salud y la provisión y aportaciones para la educación. De acuerdo con los analistas del CIEP, el incremento en las participaciones es positivo porque permitirá reducir el nivel de endeudamiento de los estados y los gobiernos contarán con más recursos para programas sociales que ayuden a disminuir el rezago social. No obstante, el recorte al Ramo 23 puede tener como consecuencia un daño a las finanzas estatales. Según José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Desarrollo Económico (Idic), más que un recorte, hubiera sido preferible una revisión y regulación del instrumento de política presupuestaria para “erradicar malas prácticas como desvíos de recursos o los famosos moches, en lugar de poner entre la espada y la pared a las entidades federativas”.
Otro de los puntos polémicos del presupuesto es el recorte a los programas de la Secretaría de Cultura. En comparación con el monto asignado en el ejercicio fiscal del 2018, hay una disminución del 7.6% y solo se recibirán 12 mil 394 millones de pesos. El INBA sale especialmente afectado, pues se le descontarán 176.5 millones, Pero también Canal 22, IMCINE, Radio Educación, INEHRM, INALI, la Dirección General de Bibliotecas, la Dirección General de Publicaciones y la Dirección General de Culturas Populares sufrirán recortes. El único programa con un incremento presupuestal es el de Protección y conservación del Patrimonio.
En un comunicado de la Secretaría de Cultura se aclara que los recortes corresponden a la duplicidad de funciones (-2.1%), materiales y suministros (-9.3%) y “rentas onerosas, contratos de vehículos, gastos superfluos y privilegios de altos funcionarios” (-5.8%). Por lo tanto, “hay recursos suficientes para las actividades sustantivas del sector cultural”.
Varios creadores y gestores culturales expresaron su inconformidad en una manifestación afuera del Palacio Legislativo. Entre ellos, Daniel Giménez Cacho, quien aseveró que la cultura no es prioridad para el presidente López Obrador: “No la conoce, no va al teatro ni va al cine. No es una actividad de su vida ni la entiende”. Más tarde, en su Twitter, el actor se disculpó por juzgar al presidente, pero reafirmó que la cultura parece no tener un lugar prioritario en las políticas públicas. Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, habló con los manifestantes y se comprometió a revisar el presupuesto para que haya un incremento en este rubro.
Aunque el gobierno se ha pronunciado en favor de los programas de bienestar social, y el incremento al presupuesto en este rubro lo refleja, hay una preocupación por los recortes a programas de atención a mujeres. El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas no cuenta con recursos asignados en el presupuesto. Su desaparición implicaría la eliminación de quince programas transversales que atienden a mujeres víctimas de violencia. A su vez, la desaparición del Fondo de Coinversión para la Sociedad Civil en temas de género y la reducción del 50% al programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género dejarían sin apoyos a mujeres en situaciones vulnerables.
Por ello, integrantes de 58 organizaciones sociales dirigieron una carta al presidente y al secretario de Hacienda para manifestar su rechazo al presupuesto, el cual, consideran, no ayudará a disminuir la brecha de desigualdad ni la violencia de género. Su petición fue atendida por Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, quien aclaró que el proyecto de presupuesto puede ser modificado a partir de las inquietudes de las activistas.
El incremento al 6% del gasto refleja que la austeridad no aplica para los proyectos prioritarios. Siete secretarías tendrán aumentos, entre ellas SEDENA, Bienestar (antes Desarrollo Social), Sener y STPS, pero para las instancias que tendrán recortes, hace falta una explicación que vaya más allá de la “racionalidad” y “los ajustes a gastos operativos” que el secretario de Hacienda ha defendido.
En la prensa se han vertido opiniones de distintos signos. En La Jornada, León Bendesky describió al primer presupuesto de López Obrador como un ejercicio que indica “estabilidad para la economía”, aunque esta se encuentra “muy condicionada por el entorno externo”. Por su parte, Enrique Quintana comentó desde El Financiero que, a pesar de la tranquilidad que da el presupuesto, este no entusiasma puesto que “si continúan las trayectorias ofrecidas, quizás para 2020 y 2021 el gasto podría ampliarse, y si no hay ajuste en los ingresos, sería muy difícil alcanzar las metas fiscales ofrecidas”. Desde Excélsior, Javier Aparicio considera que los beneficiarios de los programas que ahora presentan recortes tendrán un papel importante en la aprobación del presupuesto. “Aunque el gobierno cuente con una mayoría holgada en la Cámara, la negociación del Presupuesto de Egresos 2019 pondrá a prueba diversos contrapesos del mundo real en nuestro país”, concluye.
Las discusiones en torno al presupuesto revelan el gran interés de la ciudadanía por conocer cómo y en qué se gastará el dinero público. Por lo demás, el escrutinio sobre el gasto del gobierno no debe limitarse a esta primera etapa, sino que debe extenderse al manejo que se haga de los recursos una vez que el Congreso apruebe el presupuesto y al seguimiento de sus resultados.
Por lo pronto, los mercados han reaccionado favorablemente al proyecto presupuestal, pero habrá que esperar a su ejecución para ver si será suficiente para cumplir con todos los compromisos asumidos. Para The Economist, “el presupuesto muestra que López Obrador sigue siendo un populista, pero que espera ser fiscalmente responsable”.
