Hay pocas señales más oscuras para una democracia que el amedrentamiento, la persecución y la censura de los críticos desde el poder. La libertad de expresión no es un lujo ni un accesorio: es el cimiento mismo del sistema democrático. La ciudadanía debe sentirse con el derecho absoluto de criticar a su gobierno, de burlarse de su gobierno, de satirizar a su gobierno. Comenzando, por supuesto, con el presidente del país. Cuando esa libertad esencial se pone en entredicho, todo el andamiaje de la democracia corre el riesgo de colapsar.

En Estados Unidos, esa tradición de crítica y sátira política ha sido especialmente robusta. Ningún presidente se ha salvado. Nixon, Ford, Reagan, Clinton, Bush, Obama… todos fueron blanco de la sátira, de la parodia y de la crítica sin restricciones. Tampoco se ha salvado Donald Trump. Pero él, a diferencia de todos sus antecesores, ha decidido usar todo el poder del Estado para censurar a quienes lo critican y, peor aún, para perseguir a voces incómodas de alto perfil.

El caso de Jimmy Kimmel, conductor del programa nocturno de comedia en ABC durante años, es un ejemplo particularmente alarmante. La secuencia que llevó a su suspensión y probable cancelación no deja lugar a dudas sobre la presión ejercida desde el poder ejecutivo. Tras un comentario sobre el movimiento MAGA a raíz del asesinato de Charlie Kirk –una observación discutible, pero completamente legítima dentro del marco de la libertad de expresión–, la maquinaria punitiva del gobierno se activó.

El presidente de la Federal Communications Commission (FCC), Brendan Carr, encabezó una campaña de presión pública contra Kimmel. “Este es un problema muy, muy serio en este momento para Disney (que es dueña de ABC)”, dijo Carr en un podcast. “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas compañías pueden encontrar la manera de tomar medidas contra Kimmel o habrá más trabajo por delante para la FCC.”

Aquí conviene subrayar un punto crucial: la FCC que Carr encabeza no tiene atribuciones legales para cancelar programas ni ordenar a una cadena de televisión qué contenido transmitir o no transmitir. Su mandato se limita a regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones, como licencias, espectro radioeléctrico y ciertas normas de indecencia en emisiones públicas. Nada más. Sin embargo, la influencia política del regulador puede ser determinante en otros ámbitos: cualquier empresa de medios que busque expandirse depende de su visto bueno.

Y ahí está la variable clave. Aquí entra en juego una empresa llamada Nexstar Media Group, un conglomerado que ya controla más de 200 estaciones locales y que busca consolidar su poder con la compra de un competidor mayor, una operación multimillonaria que solo puede concretarse con la aprobación de la FCC.

Para congraciarse con el regulador –y, por extensión, con el presidente Trump–, Nexstar decidió retirar el programa de Kimmel de buena parte de sus estaciones. El resultado sería devastador para Kimmel, que perdería una porción crítica de su audiencia nacional. El paso de Nexstar abrió la puerta para que Disney, dueña de ABC, terminara suspendiendo el programa.

Lejos de disimular, tanto Carr como Trump celebraron públicamente la cancelación. El propio Trump ya había advertido en redes sociales que “le llegaría la hora” a Kimmel y a otros comediantes críticos.

Y como ocurre en las dictaduras, la amenaza se cumplió.

El trasfondo de este episodio es aún más grave por la hipocresía que exhibe. La derecha estadounidense se ha quejado por años de los efectos perniciosos de la llamada “cultura de la cancelación”. El vicepresidente JD Vance viajó hace unos meses a Europa para pontificar sobre la importancia de la libertad de expresión. Donald Trump ha hecho de la “defensa” de la libertad de expresión un estandarte político: se ha presentado como víctima de censura en redes sociales, ha acusado a universidades de silenciar voces conservadoras y ha insistido en que la libertad de palabra es un valor sagrado. Ahora, desde el poder, usa la presión del Estado para acallar precisamente a quienes ejercen esa misma libertad.

Y además lo presume.

Esto no es solo una contradicción. Es un atentado directo contra el corazón del sistema democrático. Porque si un presidente puede instrumentalizar al Estado para castigar a quienes lo critican y premiar a quienes lo complacen, el mensaje para la sociedad es claro: la libertad existe solo mientras no incomode al poder.

Es el modelo de Viktor Orbán en Hungría para controlar los medios, casi al pie de la letra. El siguiente paso es transferir la tenencia de medios y plataformas a aliados del gobierno. En muchos casos ya está sucediendo. 

No puede haber una señal más peligrosa para la democracia estadounidense. ~