Nakary Mena Ramos y Gianni González están casados y tienen una hija de cinco años. Vivían en Los Teques —una ciudad del estado Miranda ubicada a 40 minutos de Caracas—. Ambos se dedicaban a la comunicación. Ella como periodista del medio Impacto Venezuela y él como asistente de cámara.
El 8 de abril de 2025 fueron a Caracas para hacer una cobertura periodística, pero desaparecieron durante casi tres días. La última vez que los vieron fue en Plaza Venezuela, en el Distrito Capital. La mamá de Nakary los estuvo buscando. Estaba preocupada, no recibía respuestas. ¿Dónde estaban su hija y su yerno? ¿Se encontraban con vida? Setenta horas después, el 10 de abril, se hizo público lo que les había pasado: funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) los detuvieron la tarde del 8 de abril. El Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas ordenó su privación de libertad.
¿Cuál era el motivo? ¿Habían cometido algún delito? La Fiscalía venezolana los acusó de “instigación al odio” y “difusión de noticias falsas” por la publicación en Impacto Venezuela de un reportaje audiovisual sobre el presunto aumento de robos en Caracas. Dos meses después, el 15 de junio de 2025, el tribunal ratificó la privativa de libertad y el pase a juicio de la periodista. Hasta la fecha, Nakary permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y su esposo en el centro penitenciario Rodeo II. Sus nombres se suman a la lista de 15 trabajadores de la prensa privados de libertad por acusaciones de terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio, de acuerdo con el monitoreo del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).
Informar con miedo
En sus ocho años de carrera, Elena* no había sentido tanto miedo como el que experimentó los días posteriores a las elecciones presidenciales de 2024. El Consejo Nacional Electoral (CNE), sin presentar actas, declaró como ganador a Nicolás Maduro y hubo protestas ciudadanas en todo el país. Después de esa fecha la persecución y el hostigamiento a los trabajadores de la prensa se agravó.
La organización Espacio Público registró entre el 28 de julio y el 29 de agosto de ese año ciento treinta casos de violaciones a la libertad de expresión, que incluyeron censura, intimidación, hostigamiento, anulación de pasaportes, detención de periodistas y deportación de corresponsales internacionales. Por su parte, IPYS Venezuela documentó que 27 trabajadores de la prensa se vieron obligados a huir de sus lugares de residencia para resguardar su libertad, mientras que otros 11 periodistas fueron detenidos después de las presidenciales, sin que las autoridades responsables ofrecieran información oportuna y suficiente en diez de esos casos.
Elena* recuerda que no podía dormir porque se sentía vulnerable y en riesgo. Las pocas veces que lograba hacerlo tenía pesadillas en las que un grupo de funcionarios del Estado rompía la puerta de su casa y se la llevaba detenida por informar. Más que ser privada de libertad, a la periodista le causaba pánico la desaparición forzada, por no hablar de los procedimientos usuales: ser presentada en una audiencia telemática sin derecho a la defensa privada o que la llevaran ante tribunales con competencia en materia de terrorismo para imputarle delitos como incitación al odio. Una sentencia en este contexto significa una pena superior a los 10 años de cárcel. “Ser periodista no es un crímen”, se repetía. A pesar del miedo, cada mañana se levantaba y sostenía una reunión virtual de pauta con su equipo para definir el contenido que saldría al aire en el noticiero local del que formaba parte.
¿Qué le pasó a Carlos Correa?
Aproximadamente a las 5:00 pm del martes 7 de enero de 2025, un grupo de encapuchados vestidos de negro interceptaron a un hombre y lo obligaron a subir a un vehículo sin placas. Cuarenta y ocho horas después no había información sobre su paradero. La persona víctima de desaparición forzada era el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa, también director de la ONG Espacio Público. Correa se ha destacado por su dedicada labor a la defensa de la libertad de expresión e información en el país, así como a la defensa de periodistas. Su caso, en palabras del también periodista Andrés Cañizález, parece un mensaje claro para todos: “En este país cualquiera es susceptible de ser atrapado”.
Ese mismo 7 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) publicó un informe en el que se señalaban las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto electoral, y calificaban casos como el de Correa en términos de “prácticas de terrorismo de Estado”. En la madrugada del 16 de enero de 2025, Carlos Correa fue excarcelado con medidas cautelares, después de ocho días de detención en los que no tuvo comunicación con sus familiares ni abogados, quienes tampoco tuvieron acceso al expediente judicial del periodista.
Vigilancia total
Ha transcurrido más de un año desde las presidenciales de 2024, pero el clima de persecución sigue casi intacto. Mónica*, una joven periodista de investigación en Caracas, se siente agotada, incapaz y en estado de alerta ante la falta de oportunidades y la censura. En una situación similar se encuentra Ángela*, una periodista con 15 años de experiencia que vive en Falcón, un estado ubicado al noroeste del país. El miedo y la ansiedad la han llevado al insomnio: “No sé qué pueda pasar mientras duermo”, comenta con preocupación.
Sus historias no son casos puntuales. En Venezuela existen mecanismos diseñados por el gobierno de Maduro para vigilar a periodistas, a la disidencia política y a la ciudadanía. Una investigación publicada por La Hora de Venezuela en la plataforma CONNECTAS detalló las estrategias del poder político para intimidar, censurar y perseguir.
Uno de estos métodos es el de las intervenciones telefónicas a gran escala. En junio de 2022, Telefónica publicó el informe de transparencia del año 2021, en el que la compañía admite que el Estado venezolano le solicitó interceptar las comunicaciones de más de 3,5 millones de usuarios, de los cuales cedieron los datos de tráfico en tiempo real de 1,58 millones de ellos, que equivalen al 21% de su base de clientes. El reporte también destaca que se llevaron a cabo intervenciones de llamadas, mensajes de texto y tráfico de internet, a solicitud de cuerpos de seguridad y el Ministerio Público. IPYS Venezuela también señaló en su momento que, en el informe correspondiente al año 2022, la compañía omitió las cifras sobre el país.
Otra de las estrategias que figuran en el reportaje de La Hora de Venezuela es el monitoreo en redes sociales y el uso de las herramientas forenses como Cellebrite. Esta permite acceder a la información de un teléfono móvil y copiar su contenido completo, incluso si está protegido por contraseña. Igualmente, los cuerpos de seguridad del Estado echan mano de aplicaciones estatales como VenApp, que guarda datos personales y de geolocalización. Si bien el propósito inicial de VenApp consistía en denunciar fallas de servicios públicos, durante las protestas postelectorales de 2024 fue empleada para denunciar a periodistas y opositores.
De acuerdo con la organización Freedom House, el gobierno venezolano, con asesoría de China, construyó “un aparato de control digital que incluye interceptaciones masivas de llamadas, aplicaciones oficiales que recolectan datos sin consentimiento, monitoreo constante de redes sociales y acceso forzado a dispositivos móviles”. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que, después de las elecciones presidenciales, funcionarios del Estado realizaron registros arbitrarios de teléfonos móviles de ciudadanos en busca de vínculos con la oposición. Estas acciones no solo comprometen la privacidad individual, sino que debilitan los derechos digitales.
El aparato legal como herramienta de castigo
La CIDH y la RELE han advertido que en Venezuela las detenciones de periodistas representan una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno con fines de intimidación, censura o represalia por su trabajo. Parte de ese patrón consiste en hacerlo sin orden judicial o fundamento jurídico.
A Rory Branker, periodista del medio digital La Patilla, lo detuvieron la tarde del jueves 20 de febrero de 2025. Se lo llevaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y presuntamente fue trasladado hasta El Helicoide, un centro de reclusión que también es sede del Sebin. Pero, horas más tarde, su familia fue a buscarlo y no obtuvieron información sobre su paradero.
Para la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), la falta de garantías judiciales durante los arrestos (sin acceso a un abogado ni información sobre dónde está recluido), es una señal alarmante de cómo se criminaliza el periodismo en el país suramericano. “La detención arbitraria de Rory Branker es un ejemplo más de la política sistemática de represión contra la prensa en Venezuela. Exigimos su liberación inmediata, la anulación de los procesos judiciales en su contra, y garantías de que no se mantendrá a los periodistas incomunicados”, considera Artur Romeu, director de RSF en América Latina.
El 29 de agosto de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a Branker para proteger sus derechos. La Comisión reconoce que el periodista está en una situación de gravedad y urgencia, por lo que solicitó al Estado venezolano que informe si se encuentra bajo su custodia. Tras 206 días de desaparición forzada, el lunes 15 de septiembre de 2025 se conoció que Branker se encuentra privado de libertad en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleita, Caracas. De acuerdo con datos de Un Mundo Sin Mordaza, su madre pudo verlo, pero todavía no hay información oficial sobre cargos ni presentación ante tribunales.
¿Por qué seguir haciendo periodismo cuando todo está en contra?
En Venezuela hay historias que es fundamental seguir contando. El periodismo ayuda a que la ciudadanía tenga acceso a información plural, oportuna y verificable a la hora de tomar decisiones y también amplifica realidades muy locales, que afectan a poblaciones vulnerables. Fabiana* considera que el periodismo se ha vuelto una profesión cambiante que te obliga a mutar como profesional. “Quedarse en la forma clásica de ejercerlo representa un riesgo alto a la hora de hacer coberturas sensibles. Cuando hace unos años era usual y relativamente sencillo contactar con autoridades del Estado, hoy nos da la idea de que podríamos terminar tras las rejas”, explica.
En este sentido, los periodistas venezolanos se han organizado para crear alternativas ante la censura. Algunas de estas son: Noticias sin Filtro, una aplicación móvil desarrollada para leer noticias de manera sencilla y sin la complejidad que representa el uso de VPN; El BusTV, un medio offline que hace papelógrafos con resúmenes noticiosos y cuyos reporteros leen las noticias en los autobuses; Redsonadoras, la plataforma de periodismo con perspectiva de género de la Red de Periodistas Venezolanas; Mediosur, un medio independiente del estado Zulia con enfoque derechos humanos y medio ambiente. La Red de Periodistas de Investigación de Venezuela también es un ejemplo de periodismo colaborativo con perspectiva local y de frontera. Recientemente revelaron cómo el cambio climático junto con la omisión del Estado exacerban problemas de erosión costera en comunidades empobrecidas de la Guajira venezolana.
Alicia* afirma que el trabajo colaborativo ha sido una estrategia clave para seguir haciendo periodismo. “He tenido la oportunidad de ir a otros países y reunirme con periodistas de distintas nacionalidades y conocer cómo funciona el periodismo de sus países; hay que reconocer que Venezuela es pionera y ejemplo de periodismo colaborativo, no solo en América Latina sino en el mundo”. La periodista destaca que el mismo contexto de represión, persecución, obstáculos y censura llevó a los comunicadores a tener que trabajar en colaboración para seguir ejerciendo. “Lo hemos hecho desde el genuino apoyo, desde el compromiso vital con la información y la necesidad de informar por encima de cualquier diferencia respecto a líneas editoriales, perspectivas o intereses económicos. Esto no es fácil de lograr, pero lo estamos haciendo”.
IA como alternativa a la censura: la historia de la chama y el pana
En el contexto de la represión postelectoral de 2024 las alianzas informativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela, bajo la coordinación de CONNECTAS, desarrollaron el proyecto Operación Retuit con el propósito de contrarrestar la censura. En esa alianza participaron doscientos treinta y cinco periodistas ubicados en treinta y un ciudades de Venezuela y quince de otros países que trabajaron de forma colaborativa con el objetivo de presentar a la ciudadanía información verificada y rigurosa, sin poner en riesgo a los reporteros. Con ese fin crearon La chama y el pana, dos avatares hechos con Inteligencia Artificial (IA). Se trataba de “’hackear” el cerco informativo y ofrecer acceso a contenidos de interés público.
El impacto y la calidad de esta iniciativa fue reconocido con el primer lugar en la categoría Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, galardón de referencia en Iberoamérica, organizado por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Batallar contra la desinformación
De acuerdo con el Informe semestral de Libertad de Expresión 2025 publicado por la organización Un Mundo Sin Mordaza, durante el primer semestre de este año se registraron 126 incidencias con 61 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales en Venezuela, en los que el Estado utilizó mecanismos directos e indirectos para restringir el acceso a la información. Ante este escenario, cobran valor alternativas como la mencionada aplicación Noticias Sin Filtro, el uso de VPNs, el trabajo de verificación de información que hace Cazadores de Fake News, y la suscripción a boletines informativos como Arepita, que se caracteriza por contar información verificada de una forma rápida, creativa y vía correo electrónico.
En un ecosistema mediático censurado, la desinformación aumenta en contextos en los que es esencial que la ciudadanía cuente con información verificable. Un caso reciente y muy actual ha sido el del despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe venezolano para combatir cárteles de droga, que ha sido propicio para la especulación en redes sociales.
Como ya se sabe, el 2 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video del ataque a una lancha supuestamente cargada de drogas y proveniente de Venezuela. Durante el procedimiento murieron once hombres que, de acuerdo con el mandatario estadounidense, pertenecían a la banda delictiva “El Tren de Aragua”.
Ese mismo día, el ministro de Comunicación de la administración de Maduro, Freddy Ñáñez, aseguró a través de la red social Telegram que el video publicado por Trump era producto de la IA. Pero la organización Cazadores de Fake News explicó que los argumentos del ministro para desmentir la veracidad del video no son válidos, ya que no basta con consultar solo una herramienta de IA para determinar si un contenido fue generado con inteligencia artificial. La Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por los medios digitales El Pitazo, Runrun.es y TalCual, ha estado haciendo coberturas casi a diario de la situación y sus implicaciones. De este modo se supo que la lancha destruida zarpó desde San Juan de Unare, en el estado Sucre. Días después, el 11 de septiembre, el ministro de Interior y Justicia de Maduro, Diosdado Cabello, reconoció el ataque a la lancha y aseguró que las autoridades venezolanas determinaron que las personas fallecidas no estaban relacionadas con el narcotráfico. “Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos utilizando una fuerza letal”, sentenció. La incoherencia informativa gubernamental se entiende por sí sola.
Anonimato generalizado
En Venezuela, cada vez es más frecuente que los periodistas que trabajan en medios digitales independientes no firmen sus notas como medida de seguridad ante la persecución contra la prensa. Alicia* considera esto como algo terrible porque si el periodismo es riguroso, veraz, ético y responsable, no tiene por qué ir sin firma, pero la represión ha obligado a que sea así. Esta medida afecta la credibilidad de los medios y de las historias. “En una época en que la gente busca evadir las noticias, no poner tu nombre y ocultar los de la mayoría de las fuentes que se atreven a darte un testimonio, todo sumado a la ausencia de data pública oficial y declaraciones de los funcionarios del gobierno, son demasiados elementos que hacen que pierda fuerza el relato periodístico que estás contando, y esto por supuesto se traduce en que la gente pueda dudar de lo que estás diciendo allí”, asevera.
Alicia* reflexiona sobre lo que ha significado el anonimato en su propio ejercicio periodístico: “A veces, aunque publico sin firmar, tengo el miedo de que puedan saber que fui yo. Hay un sustico cuando el trabajo sale. Por más que trates de controlar el temor en un sistema represor como el que tenemos es muy difícil, ¿no?”.
*Nombre falso
