Luego de las protestas del año 2017, en las cuales fueron asesinadas al menos 124 personas, los mecanismos internacionales en materia de protección de derechos humanos se activaron respecto a Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó el Mecanismo Especial de Seguimiento en el año 2019; la Organización Internacional del Trabajo nombró una Comisión de Encuesta para Venezuela en marzo de 2018; el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderado por Michelle Bachelet, visitó Caracas en junio de 2019, para firmar un acuerdo de trabajo con las autoridades que incluye la posible apertura de una oficina en el país. Adicionalmente, la Corte Penal Internacionalen 2018 anunció el inicio de un examen preliminar con el fin de indagar sobre los posibles crímenes contra la humanidad, para luego pasar en noviembre de 2021 a fase de investigación, algo que nunca había ocurrido en América Latina.
Por otra parte, en el año 2019, ONG internacionales como Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y Amnistía Internacional realizaron, en conjunto con sus homólogas venezolanas, una campaña para que Naciones Unidas aprobara una comisión de investigación, una propuesta que debía resolverse en el 41º Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Venezuela argumentó, a raíz de esta campaña, que su supuesta colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos era suficiente “muestra de voluntad”.
Ante las dudas de los representantes europeos, las gestiones del Grupo de Lima fueron decisivas para que se aprobara un instrumento adicional de presión y seguimiento, en una reñida votación con 20 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. De este modo, en septiembre se creó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (MIIDHV), con el mandato de investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
En un primer informe (septiembre de 2020), la misión constató que el gobierno y los diferentes agentes estatales habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos y que Nicolás Maduro, así como otros altos funcionarios, tenían conocimiento al respecto: “[…] Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”. Un año después (septiembre de 2021), el segundo reporte se centró en la actuación de jueces y fiscales: “[…] las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano con un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política estatal para silenciar, desalentar y aplastar a la oposición del gobierno desde 2014”. Su tercer y más reciente informe [septiembre de 2022] se ocupó tanto de la actuación de los servicios de inteligencia estatales como de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el Arco Minero del Orinoco.
Entre reporte y reporte se realizan actualizaciones sobre la situación en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos. La más reciente tuvo lugar el pasado 22 de marzo, en el marco del 52º Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al inicio de su intervención, frente a delegados de 47 países, la misión afirmó: “[…] hemos documentado la existencia de graves violaciones de derechos humanos y delitos internacionales, especialmente en el marco de la política para silenciar, desalentar y anular la oposición al gobierno”. También denunció que seis activistas sindicales habían sido arrestados. Aunque sus conclusiones no sean vinculantes con la investigación que realiza la Corte Penal Internacional, estos informes se convierten en un importante insumo para la potencial aplicación del Estatuto de Roma, no solo a los responsables materiales de los crímenes sino especialmente a la cadena de mando, los funcionarios que dieron las órdenes y encubrieron los delitos.
Las ONG venezolanas no tienen buenas noticias respecto a la situación de los derechos humanos. Sin embargo, están convencidas de que la situación sería exponencialmente peor si estos organismos no estuvieran monitoreando las actuaciones de los funcionarios estatales. Aunque una opinión recurrente es que la comunidad internacional no tiene mecanismos efectivos para abordar el quiebre democrático de países como Venezuela, las actuaciones de la Corte Penal Internacional y de la MIIDHV se han convertido, de hecho, en la única contención al autoritarismo con la que cuenta la población. Para los defensores de derechos humanos en el terreno, cumplen una importante labor de disuasión: “En el año 2020 registramos 3,034 ejecuciones extrajudiciales –dice el abogado Marino Alvarado, miembro de la ONG Provea–; un año después la cifra disminuyó, por primera vez en la última década, a 1,414 casos. La única explicación que hemos encontrado ha sido por el impacto del trabajo de la misión, pues los funcionarios tienen miedo de verse reflejados en sus informes y, por ello, ser investigados luego por la Corte Penal Internacional”.
Estos temores han aumentado luego de que la corte emitió una orden de arresto internacional contra Vladimir Putin por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra. Una muestra de esta sensibilidad ocurrió en mayo de 2022, cuando el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, demandó a las ONG Provea y Centro Gumilla tras ser mencionado en un informe sobre ejecuciones extrajudiciales. La pregunta que se hacen los activistas, en voz baja, es hasta cuándo esta amenaza seguirá siendo creíble o, para decirlo en términos, cantinfléricos: hasta qué punto los funcionarios del chavismo seguirán actuando como caballeros o como lo que realmente son. ~
Sociólogo. Coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Accion en Derechos Humanos (Provea).
