El sector salud se encuentra una vez más en el ojo del huracán. El 8 de agosto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró que no hay vacunas doble y triple viral contra el sarampión, rubéola y parotiditis disponibles y que el laboratorio Birmex las recibirá hasta diciembre. Cuatro días después, el presidente López Obrador fue cuestionado por el desabasto de vacunas a lo que respondió: “hay mucha difamación”. Horas más tarde, López-Gatell confirmó que se cuenta con todas las vacunas del esquema de vacunación, salvo aquellas contra el sarampión que llegarán hasta fin de año. A pesar de esto, las autoridades descartan el riesgo de una epidemia.
Este es solo uno de los problemas por resolver ahora que el Congreso discutirá la creación de un Instituto de Salud para el Bienestar. El 3 de julio, el diputado Mario Delgado presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Entre otros temas, la iniciativa se enfoca en desaparecer a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, responsable del Seguro Popular, para crear el Instituto de Salud para el Bienestar. Se trata del primer paso para construir un sistema de salud universal. Los desafíos son numerosos y la falta de claridad en la transición podría dejar en el desamparo a la población más vulnerable.
El Seguro Popular surgió en 2004, durante la administración de Vicente Fox, como un mecanismo de protección financiera dirigido a la población que no cuenta con seguridad social. Los recursos se obtienen de un financiamiento tripartito, donde el gobierno federal y el estatal subsidian la mayor parte y los beneficiarios realizan aportaciones según su nivel de ingreso. El Catálogo Universal de Servicios Médicos que cubre el Seguro Popular enlista 294 intervenciones médicas agrupadas en cinco categorías –Prevención y promoción en salud, Medicina general y de especialidad, Urgencias, Cirugía general, Obstetricia–, 633 claves en medicamentos y 37 insumos. Sus propósitos son garantizar el acceso a unidades médicas de primer y segundo nivel de atención y brindar cuidado médico de alta especialidad a quienes no pueden pagarlo. El Seguro Popular contempla un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) que cubre los gastos de 66 enfermedades de alto costo que ponen en riesgo la vida y el patrimonio familiar y un Seguro Médico Siglo XXI para los menores de 5 años.
En su conferencia del 7 de agosto, López Obrador declaró que el Seguro Popular era “lo más ineficiente que ha existido” y que “ni es seguro ni es popular”. Pero los datos dicen otra cosa. A juzgar por el último informe de resultados, el programa tiene presencia en todas las entidades y atiende a 53 millones 505 mil 187 personas, el equivalente al 43% de la población total. El 54.4% de sus afiliados son mujeres y el 45.6% son hombres. 7 millones 182 mil indígenas y más de 63 mil repatriados están afiliados a él. El CONEVAL lo calificó como una “efectiva intervención en salud pública”, ya que “responde tanto a razones económicas y de justicia social” y “se rige por el principio de universalidad”.
Su desaparición “anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo”, de acuerdo con seis exsecretarios de Salud: Guillermo Soberón Acevedo, Julio Frenk Mora, José Ángel Córdova Villalobos, Salomón Chertorivski, Mercedes Juan López y José Narro Robles. A través de una carta, le pidieron al presidente y al Congreso analizar la iniciativa para evitar “el empobrecimiento de las familias ante la eventualidad de una enfermedad muy grave”.
Por su parte, el también exsecretario de Salud Juan Ramón de la Fuente se pronunció en contra de ellos y afirmó que la corrupción que se descubrió en la ejecución del Seguro Popular “es inadmisible”. El Representante Permanente de México ante la ONU se refiere a las irregularidades cometidas por gobiernos estatales que se detectaron en 2011. En algunos estados no había suficientes medicamentos o las instalaciones médicas estaban en condiciones deplorables, a pesar de que el gobierno federal enviaba los recursos. Entre 2015 y 2017 no se comprobaron los recursos en Michoacán, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Nayarit, Morelos y Sonora. Hasta mayo de este año, las investigaciones no habían arrojado culpables. Algunos de los gobernadores de esas entidades ahora enfrentan procesos judiciales por uso indebido de recursos públicos, como Javier Duarte, o defraudación fiscal, como Guillermo Padrés.
La iniciativa del grupo parlamentario de Morena propone utilizar los recursos humanos, financieros y materiales que actualmente se destinan a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para crear un Instituto de Salud para el Bienestar. El INSABI no solo realizará las tareas del Seguro Popular, sino que, en coordinación con la Secretaría de Salud, impulsará la integración de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, “a fin de generar condiciones que permitan que toda la población goce de un estado de completo bienestar”.
Además, la iniciativa también plantea regular la situación laboral de 80 mil médicos del sector salud que tienen contratos temporales o por honorarios. Conforme a las estimaciones del CONEVAL, en 2017 solo había 14 médicos en contacto con los pacientes por cada 10 mil habitantes, por lo que hay un déficit de prestadores de servicios médicos. Para hacer frente a esto, el presidente ha propuesto llamar a médicos y enfermeras jubilados y utilizar los recursos del FPGC para pagarles. Pese a que es urgente mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud, esto “no puede conseguirse a costa de destruir la base que soporta y financia la atención a las enfermedades catastróficas que se presentan en la población no derechohabiente de la seguridad social”, según los exsecretarios firmantes de la carta.
La opinión entre quienes trabajan directamente con los beneficiarios de este esquema de atención es similar. “El Seguro Popular es un arma de dos filos”, comenta María A., residente del primer año de pediatría en un hospital del ISSSTE, “permite a las personas con enfermedades crónicas contar con el tratamiento, pero no cubre a quienes llegan a la clínica por trauma y necesitan una cirugía”. Como médico, ella considera que es necesario reformarlo en beneficio de los pacientes. Si desaparece, los afectados serán quienes no pueden pagar una consulta o tratamiento en un hospital privado. El nuevo instituto tendría que garantizar el derecho a la salud sin criterios de exclusión, es decir, que todas las personas, de todas las edades y con todos los padecimientos puedan tener acceso a servicios de salud de calidad.
El Seguro Popular es un programa que podría mejorar en materia de transparencia y fiscalización para evitar desvíos millonarios o irregularidades en la compra de medicamentos e insumos, pero su cancelación tendría graves consecuencias económicas y sociales. De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, la iniciativa no contempla cuatro aspectos esenciales para conseguir la universalidad del sistema de salud: la transición del Seguro Popular al INSABI, la integración de todos los subsistemas (IMSS, ISSSTE, PEMEX, Prospera y Seguro Popular) para homologar costos y servicios, el financiamiento sostenible que contemple los cambios demográficos y epidemiológicos y la responsabilidad para evitar que el sistema de salud colapse. La iniciativa no está lista para votarse y los legisladores deben continuar su discusión para atender a las peticiones de la sociedad civil y de la comunidad médica.
Con investigación de Karla Sánchez.
