Elba Esther Gordillo fue jefa delegacional de la Gustavo A. Madero. No se trata de un dato muy conocido, es verdad, pero incluso quien se adentre a indagar más sobre él va a encontrarse con inexactitudes. El nombramiento, de acuerdo con un artículo publicado en Expansión, fue en 1988 y vino directo de Carlos Salinas de Gortari, “aunque solamente estuvo en el cargo cuatro meses”. No obstante, una crónica de Proceso sobre el ascenso de Gordillo a la secretaría general del PRI menciona que en abril de 1989 todavía era delegada. No queda claro dónde está el error, aunque las discordancias son comunes a la hora de investigar las biografías de las mexicanas en el poder. Y esto en parte se debe a que la mayoría de ellas no han contado sus propias historias.
Para echar luz en esa zona de omisiones e información contradictoria, Georgina Cárdenas Acosta ha querido trazar, en Mujeres gobernando lo local, un mapa de la participación de las mujeres como titulares de los poderes ejecutivos estatales y municipales en nuestro país. Presentada como parte de su trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la unam, la investigación hace un conteo de las presidentas municipales que han gobernado desde 2005, aunque Cárdenas Acosta cuenta con información desde 2002. Retomando el caso de Gordillo, una de las aportaciones más valiosas del estudio es que permite llevar un mejor control de la historia de las mujeres en la política. Poco a poco, a través de este mapa, es posible establecer relaciones entre datos y contextos echando mano de información que, en ocasiones, no está disponible en otras fuentes.
Ahora sabemos, por ejemplo, que entre el 2002 y el 2017 el total de presidentas municipales aumentó de 92 a 349; esto es, que las mujeres pasaron de gobernar el 3.7% al 14.28% de los municipios. Estas cifras recuerdan a las del acceso a los escaños legislativos antes de que se introdujeran las cuotas de género, lo cual deja ver una paradoja. Si bien su presencia en el poder legislativo de nuestro país es una de las más altas en el mundo –debido, insisto, a las cuotas–, las mujeres han tenido una escasa participación en el ejecutivo local y federal. No es la única paradoja: en los países de América Latina donde han gobernado presidentas, la entrada de las mujeres al nivel ejecutivo es más bien baja –en la Argentina del 2015 apenas llegaron a ocupar el 20% de los gobiernos locales–. Estas “contradicciones” confirman la urgencia de investigar a profundidad la presencia de las mujeres en la política.
Otra buena razón para analizar el mapa de Cárdenas Acosta es el tipo de preguntas que suscita. La mayoría de los municipios gobernados por mujeres en 2002 son de baja marginación, mientras que en 2017 prevalecieron en los de alta marginación; un dato relevante que serviría para investigar los diferentes factores que inciden en la entrada de las mujeres al poder. En este sentido, sería bueno contrastar el mapa de Mujeres gobernando lo local con otros registros sobre la violencia de género en el acceso a la política.
Es curioso –por decir lo menos– que esta compilación de nombres y años no esté disponible en otras fuentes. La labor de distinguir las estadísticas por sexo es una obligación estatal de acuerdo con la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por México en 1995, y el artículo 36 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Sin embargo, en la práctica esta tarea se ha llevado a cabo de manera deficiente.
Veamos algunos ejemplos: el Instituto Nacional de las Mujeres se encarga de elaborar el Sistema de Indicadores de Género, que muestra las estadísticas de la participación local de las mujeres, pero se limita al año en curso; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica el anuario titulado Mujeres y hombres en México, pero sus datos suelen ser del año pasado al de la publicación; el Instituto Nacional Electoral cuenta con la sección en línea “Mujeres en cargos de elección popular” que solo presenta información sobre el poder legislativo. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en quien recae la facultad de vigilar el cumplimiento de la política nacional de igualdad, lleva un sistema de “indicadores de igualdad” que no monitorea a las mujeres que ocupan cargos públicos. Finalmente, se puede consultar, uno por uno, a quienes gobiernan en los 2,446 municipios del país en el Sistema Nacional de Información Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, sin embargo, sus resultados apenas indican el nombre de las personas, y no su sexo, lo que hace ambiguos algunos casos como los de “María José” y “Guadalupe”, y en ocasiones los datos de contacto de los municipios no están actualizados o son de difícil acceso.
Al respecto, Cárdenas Acosta advierte que las mediciones en este tema son esporádicas y carecen de continuidad. Más bien, son números que se sacan a colación cada 8 de marzo –cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer– y cada 25 de noviembre –el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer–. Por ello, recae en la academia la tarea de rastrear las huellas de la participación de las mujeres en la política.
En alguna ocasión, ante las alumnas de la Universidad de Cambridge, Virginia Woolf conjeturó que el pensamiento y los hábitos de la mujer isabelina debían estar por ahí, “esparcidos quién sabe dónde”. Insinuaba de ese modo que alguien tendría que buscar esa información, porque no estaba simplemente a la vista. Lo mismo sucede con la participación de las mujeres en la política. Varios organismos gubernamentales publican cifras sobre el tema, pero lo hacen en el mínimo nivel requerido. El gobierno cumple pero no cumple –otra paradoja–, mientras las mujeres seguimos esperando un mapa propio, una historia política propia. ~
estudió relaciones internacionales en el ITAM. Es feminista y consultora en igualdad de género.
