En la Navidad de 2021, Alejandra Mendoza, de ocho años, hizo un dibujo y escribió un mensaje a su padre, el cronista deportivo Miguel Mendoza, uno de los 181 presos políticos de la dictadura nicaragüense. “Papi ya decoré el árbol de Navidad que me regalaste, te estoy esperando, te extraño mucho y no quiero pasar una Navidad sin ti.”
La niña le confesó a su madre Margin Pozo que dejaría de creer en los milagros si Mendoza no entraba por la puerta. El cronista fue arrestado el 21 de junio de 2021 en una ola de detenciones de más de cuarenta líderes políticos, sociales y empresariales, iniciada meses antes de las votaciones generales de noviembre en las que Daniel Ortega impuso el miedo y se reeligió sin competencia electoral.
Desde su captura ocurrida cuando Mendoza estaba con unos amigos, las autoridades policiales han permitido solo seis visitas, pero ninguna a Alejandra, quien ha sufrido “cambios de humor, a veces no quiere ir al colegio, no quiere jugar con otras niñas”, lamenta la madre en una conversación sostenida en marzo pasado, un mes después de que la justicia controlada por el partido de gobierno –así operan todos los poderes del Estado en el país centroamericano– lo condenó a nueve años de prisión por el delito de “menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua”.
Las condenas a Mendoza y al resto de reos de conciencia, realizadas casi a diario desde febrero pasado, fueron anticipadas por Ortega en su primer discurso después de su cuestionada reelección, cuando los llamó “hijos de perra del imperialismo”. Son días grises para la sociedad en general, pero más para quienes encerraron. De acuerdo con su esposa, el cronista ha perdido 33 libras desde el primer día de prisión. Esa situación es la misma que otros familiares de presos políticos han denunciado: los cautivos son sometidos a la privación de sueño, mala alimentación e interrogatorios continuos.
La historia de Mendoza, detenido por sus opiniones políticas, ilustra la persecución al periodismo. Seis días después de su detención, la vicepresidenta Rosario Murillo acusó a la prensa nacional de “inventar cualquier cosa para sembrar terror”, mientras calificó a los periodistas de “malignos”, “hipócritas”, “destructores” y “terroristas de la comunicación”.
Según la sentencia condenatoria al periodista deportivo, las principales pruebas aportadas por la Fiscalía –tras meses de investigación– fueron las publicaciones en sus redes sociales y los testimonios de oficiales asignados al caso, incluidos los que participaron en el allanamiento de su vivienda, los cuales fueron considerados elementos irrebatibles por el tribunal.
En la sentencia de diez páginas se cita la declaración del inspector Xavier Alberto Corea Martínez, de la Dirección de Auxilio Judicial, quien dice textualmente: “En la fecha 16 de abril de 2021, mediante la plataforma Twitter, el acusado Miguel Ángel Urbina Mendoza comentó en su cuenta de Twitter lo siguiente: ‘Presiento que el lunes como un homenaje al tercer aniversario de la lucha de abril y como regalo a mi cumpleaños @joebiden dejará caer potentes sanciones a funcionarios del régimen Ortega Murillo. Veremos si se cumple este presentimiento’.”
Nicaragua es hoy un país donde expresar las ideas puede colocar en la cárcel a cualquier ciudadano, periodista o escritor. A finales de 2020, tres leyes fueron aprobadas por el Parlamento de mayoría del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional: la ley de ciberdelitos, que castiga noticias falsas y es conocida como “ley mordaza”; la ley de defensa de derechos del pueblo, que permite procesar a quienes cometen supuestamente traición a la patria o conspiración como la atribuida a Mendoza; y la ley de agentes extranjeros, que regula el financiamiento de los organismos extranjeros y que el régimen ha usado para acusar a sus opositores de financiar un golpe de Estado en 2018.
Hasta ahora, los organismos internacionales no han encontrado evidencia del señalamiento de Ortega. Todo lo contrario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló el uso excesivo de la fuerza contra los opositores, que dejó un saldo de 355 fallecidos entre abril de 2018 y julio de 2019. Las leyes de diciembre de 2020 sirvieron como base legal para encarcelar a siete precandidatos presidenciales, entre ellos periodistas y directores de medios, pero también a líderes políticos, sociales y empresariales, expandiendo el terror.
“La rebelión contra las dictaduras empieza siempre por las palabras y son las palabras la fiel compañía en la lucha por la democracia”, dijo el 19 de octubre de 2021 el novelista Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes, cuando el caso de Nicaragua atrajo la atención de la 77 asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que él participó como el orador principal.
A sus 79 años de edad, Ramírez vive en Madrid, España, luego de las amenazas de detención y la prohibición en Nicaragua de su más reciente novela Tongolele no sabía bailar, ambientada en un país desgobernado por Ortega y su esposa Murillo.
El escritor nicaragüense sostiene que la “dictadura no acepta distancias críticas, ni contradicciones a su discurso oficial, ni tolera la libertad de opinión, sobre todo porque tiene la cerrada creencia en un sistema político de partido único, sin opiniones ni oposición”.
Según Ramírez, el periodismo independiente representa una “anomalía subversiva” para el régimen y enumera varios hechos que considera fundamentales para entender esta situación: la confiscación de Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro Barrios, en 2018; la apropiación y cierre de 100% Noticias el mismo año y la prisión a Miguel Mora, su propietario, en junio de 2021; la ocupación policial del diario La Prensa en agosto de 2021 y el encarcelamiento de sus directivos: Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios –hermanos del director exiliado–, y del gerente Juan Lorenzo Holmann Chamorro este año, así como el exilio de centenares de periodistas.
Un informe reciente de Voces del Sur, una red de quince organizaciones que defiende la libertad de expresión en el continente y que ha dado seguimiento al caso de Nicaragua, indica que entre el 1 de abril de 2018 y el 28 de febrero de 2022 ocurrieron 3,259 violaciones a la libertad de prensa, entre ellas el proceso judicial de Mendoza.
Las amenazas a los periodistas también han golpeado en el seno de sus hogares. No solamente de aquellos que han perdido a sus seres queridos, sino los de los reporteros que están en la mira del poder. “No solo el periodista está en riesgo, sino también su familia cercana: sus esposos, sus padres, es doloroso que tu familia te diga que dejés el oficio, porque los ponés en riesgo, en otros casos te dicen no vengas a la casa, salite de eso”, explica Guillermo Medrano, investigador de Voces del Sur, quien se exilió tras el proceso por supuesto “lavado de dinero” abierto contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).
A la luz de la historia nicaragüense, Ramírez opina que la agresividad del régimen actual es comparable con la de la familia Somoza, pero cada uno guarda sus propias peculiaridades en su respectivo contexto. “Ortega también tiene su Código Negro, igual que Somoza, con sus leyes de ciberdelitos y otras que castigan a la prensa libre. Somoza mandó a bombardear La Prensa, Ortega la cerró militarmente. En 1978 Somoza mandó asesinar a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director de La Prensa; más de cuarenta años después Ortega encarcela y manda al exilio a sus hijos y sobrinos. Ambos han demostrado miedo a las palabras, a la libre expresión.”
Las amenazas emanadas desde el oficialismo están tocando la puerta de las casas de los periodistas. A las 4:30 de la mañana todavía reina la oscuridad en las calles estrechas del barrio creole de Beholden en Bluefields, en una postal rutinaria para aquellos vecinos que cambia rápidamente con la proliferación de uniformados.
La voz de Kalúa Salazar debe oírse en la transmisión del noticiero Tras la Noticia media hora después, pero no logra llegar a tiempo y debe empezar el programa desde su casa con el apoyo de la tecnología. Ese 19 de abril de 2021, frente a su vivienda, un pequeño vehículo es requisado por policías. En él viajan sus compañeros de trabajo que la llevarían segura las seis cuadras que la separan de La Costeñísima, una emisora popular a la que los ciudadanos llaman para denunciar al poder, hartos de tanto abuso y olvido. El objetivo de la policía es impedir que Salazar salga de su vivienda en primer lugar, pero los agentes permanecen ahí por cuatro días, en la que se convirtió en una de las más agresivas jornadas de asedio por parte de la policía del régimen contra quienes denuncian o ejercen la crítica.
Un video sobre este episodio circula aún en las redes sociales y muestra a la patrulla policial 1100 en el sitio; también a un oficial que graba con su celular a la periodista y a otros más en los alrededores, inquietando a los vecinos y sembrando miedo. Al verlos agredir a sus compañeros, Salazar quiso intervenir, pero ella misma declara que fue inmovilizada con una llave en la espalda. A empujones, la hicieron regresarse a la casa desde donde únicamente podía gritar y desahogarse.
“Son unos atrevidos, ni siquiera me dejan salir a trabajar. ¡Cochón
{{ Cobarde. }}
–se dirige a un oficial–, hasta me golpeó queriéndome robar mi teléfono! ¡Aquí no se puede hacer nada, tenés que quedarte con las tapas
{{ La boca. }}
cerradas!”
Las autoridades querían evitar que se discutiera en los medios de comunicación el aniversario de la muerte del periodista Ángel Gahona, quien, en 2018, mientras transmitía en directo en sus redes las protestas de los ciudadanos contra el régimen en Bluefields, fue asesinado, un caso en la impunidad que ha sido denunciado por sus familiares en reiteradas ocasiones. Así como evitar que se mencionara el clima de intolerancia a las libertades de los ciudadanos y los medios de comunicación, un asunto cotidiano.
La animadversión contra el periodismo reinició oficialmente en 2007, cuando la estrategia de comunicación de la vicepresidenta Murillo, número dos del régimen, prohibió a los ministros brindar entrevistas a medios independientes para evitar la “contaminación” de la información.
Los funcionarios suelen hablar únicamente en los diarios digitales y en las televisoras controladas por la familia presidencial o el partido. Cuando, en 2011, Ortega se reeligió violando la Constitución –mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia–, acusó a los periodistas de mentir y ser “hijos de Goebbels”, el famoso ministro de la propaganda nazi. La red de medios de la familia presidencial es una de las facetas de quienes supuestamente defienden a los pobres en sus discursos y en la práctica son potentes empresarios que se benefician del Estado.
Desde La Costeñísima, adonde a finales de marzo Salazar pudo llegar ya sin policías vigilándola –aunque a veces reaparecen–, ella dice que ya perdió la cuenta de los actos de intimidación y el riesgo que ha corrido su familia. Una de las imágenes más duras del asedio en su contra fue cuando una de sus hijas jugaba en la acera, frente a su casa, con los policías armados a un lado. El nerviosismo intranquiliza a su madre que en más de una ocasión se ha preguntado en qué en momento decidirán arrestarla. ¿Lo harán de noche?
Para Salazar, administradora y periodista de vocación, estos actos policiales se convirtieron en un peligro frecuente al que está expuesta. “Todo ese odio de la policía lo vieron mis hijas: una de diez años, otra de tres y otra de dos años. Cuando estaban haciendo su relajo en la madrugada, se levantaron mis tres hijas. Nosotros vivimos con el miedo de que nos lleven presos sin haber cometido ningún delito. Informar y estar del lado de la población ahora es como que seas un delincuente cuando legalmente no lo es.”
Para seguir trabajando, los reporteros nicaragüenses han tomado otras decisiones para evitar persecuciones: emiten cero opiniones en las redes sociales, no toman fotografías si el riesgo de ser detenido por autoridades es latente, hacen consultas periodísticas a las autoridades solo cuando es necesario, los programas de televisión en su mayoría son de entretenimiento para no incomodar al poder. Desde hace tiempo las notas en los diarios no se firman por “asuntos de seguridad”.
“En general, los periodistas que aún siguen en Nicaragua han adoptado nuevas destrezas para sobrevivir al régimen, sin dejar de informar”, dice un reportero consultado para esta historia bajo condición de anonimato. Dos más aceptaron explicar el contexto en el que trabajan, pero igual sin mencionar sus nombres para evitar represalias. Para ellos, el sistema de Ortega es el más violento y represivo que “ha existido en la historia de Nicaragua contra el periodismo y la libertad de expresión en general”.
Los reporteros coincidieron en que la limitación de opinión en las redes sociales también se extiende a la publicación de otros materiales informativos y, cuando logran llegar a las instituciones para hacer una consulta formal a las fuentes oficialistas, se encuentran con un ambiente hostil. “¿A ustedes quién los dejó entrar?”, les preguntan.
Esta situación estresante, reconoce uno de los entrevistados, los ha vuelto paranoicos hasta en los trajines de su vida cotidiana. Desconfiar es una regla general con un gobierno tan conspirativo. No se diga el doble de esfuerzo que supone convencer a las fuentes independientes, cada vez más silenciadas para evitarse problemas. “Muchos periodistas seguimos dando la batalla, aprovechando las nuevas tecnologías”, sostiene uno de los entrevistados. Otros decidieron que lo mejor era irse.
Para Julio César López, director del programa radial Onda Local, quien se fue al exilio en junio del año pasado después de que las autoridades de Migración le quitaron arbitrariamente su pasaporte en la frontera de Peñas Blancas, el periodismo enfrenta diversos retos, el principal es el económico.
López sostiene que lo más importante para los periodistas es preservar la libertad para seguir “informando y documentando las violaciones a los derechos humanos”, un trabajo que hace con su equipo desde el 4 de agosto del 2000.
El organismo independiente Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN), creado el 1 de diciembre de 2018, estima que ciento veinte comunicadores se fueron al exilio producto de la represión iniciada ese año.
Aunque López dice que no hay ningún estudio elaborado por algún organismo independiente o entidad gremial sobre la situación laboral de los reporteros en el exilio, tiene la impresión de que la mayoría carece de un empleo formal y trabaja para plataformas digitales muchas veces sin tener garantizado su salario mensualmente. “La mayoría no tiene acceso al seguro social”, agrega.
¿En qué momento se deja todo y se acepta correr otro tipo de riesgos para sobrevivir? La periodista María Flordeliz Ordóñez, de familia opositora, decidió abandonar Nicaragua con su pareja y su hijo de seis años a causa del asedio policial del que era objeto. El camino a la libertad fue un trayecto de miles de kilómetros hacia Estados Unidos.
Ordóñez trabajaba en la televisora Notimatv, que transmite desde el norte de Nicaragua. Matagalpa, la ciudad de donde es originaria, es un paraíso entre montañas, ubicado a ciento treinta kilómetros al norte de Managua, hasta donde el brazo largo del poder llega sin miramientos. Ahí el control del poder del partido oficialista es tan excesivo como en cada uno de los 153 municipios del territorio nacional.
(( El FSLN gobierna en el noventa por ciento de las alcaldías de Nicaragua.))
Su salida ocurrió el 17 de febrero de 2022. El periplo duró veinte días. Como ella, cada vez más nicaragüenses optan por migrar a Estados Unidos para escapar de la represión. Entre enero y octubre de 2021, el país norteamericano registró 58,000 aprehensiones de migrantes nicaragüenses. Un recuento elaborado por Confidencial revela que en los primeros tres meses del año ocho migrantes fallecieron intentado cruzar el río Bravo y una embarazada murió asfixiada, abandonada por los coyotes.
Ordóñez conserva decenas de fotografías y videos de su trayecto. En una foto que envía desde su celular se puede observar a decenas de migrantes subir a un contenedor, sin siquiera una ventana. En ese trayecto, se salvó de ser secuestrada a manos de una banda del crimen organizado que se hizo pasar como policía mexicana en Córdoba, Veracruz.
Un golpe seco en el autobús en el que su familia viajaba con otros 45 pasajeros la condujo al terror. Cuatro hombres armados se quedaron abajo cuidando que no se acercaran extraños al automotor. Dos más subieron al vehículo, ordenando que bajaran todos aquellos que no tuvieran documentos y entonces su cabeza, la de su marido y la del niño se volvieron un mar de confusión y miedo. El chiquillo se escondió asustado debajo de uno de los asientos. La presencia de los policías lo inquietó porque pensó en los oficiales de Nicaragua, acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Ocho minutos duró la tensión. “A mí no me agarraron. Dios me hizo invisible en ese momento. Ellos pidieron 3,500 dólares por cada uno de los migrantes secuestrados, que fueron unos veintitrés”, cuenta la periodista.
Cuando su familia llegó a la frontera con Estados Unidos, en Camargo, Tamaulipas, se sintió libre, a pesar de haberse entregado a las autoridades estadounidenses. Igual que todos los periodistas entrevistados para este reportaje, ella está segura de que la persecución policial en su contra se debió a su trabajo profesional. “En mi periodismo –exclama–, siempre hice lo que mi corazón me dictaba, aunque mi jefe no me mandara, y yo iba a cubrir ciertos momentos que tenían que ver con la situación política que se vive. Ahí es donde me señalan.” Víctima del Estado en Nicaragua, ya segura en Estados Unidos, señala a la funcionaria nicaragüense que la agredió en Matagalpa, Karla Flores. “Me golpeó, la persecución no es de ahora… es por ejercer el periodismo. Por eso me exilié”, argumenta.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, exilio significa la “separación de una persona de la tierra en que vive”. Lo que se siente no es un saber tan enciclopédico. A veces la tristeza lo golpea a uno, otro tanto la rabia.
Salí de Nicaragua el 24 de junio de 2021, un día después del Día del Padre. Soy reportero, de esos que investigan la corrupción pública, desde hace más de diez años, que ha publicado notas también sobre el entorno de Ortega y Murillo, pero también sobre la depredación del medioambiente y los enriquecimientos inexplicables. En mis veintitrés años de ejercicio profesional nunca antes la noticia había sido yo, hasta ahora.
La agresiva represión desatada contra periodistas y opositores quizá se explica con la definición de política que un diplomático argentino me dijo hace mucho: “es un partido de rugby, un deporte de contacto”. Como sea, el proceso judicial contra la FVBCh, donde dictaba clases de periodismo a mis colegas en programas de formación técnica, me puso en la lista de sesenta comunicadores requeridos al Ministerio Público para ofrecer explicaciones sobre el vínculo laboral.
En los medios oficialistas nos llamaban “la prensa pagada por la CIA”. El objetivo principal fue inhabilitar de sus aspiraciones presidenciales a Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la FVBCh y la opositora más popular para competir contra Ortega. En segundo lugar, se trataba de infundir miedo entre los periodistas, quienes implementaron un silencio prudente en sus coberturas a partir de entonces. Cuando me tocó despedirme de mis hijos, sin que ellos supieran que me iba del país, sentí un enorme vacío. Les di un beso aquella noche inmensa.
En esos días de angustia, estábamos reporteando calladamente con un equipo de Confidencial una historia sobre el patrimonio de la familia presidencial. Era suficiente para volvernos a poner en el ojo del huracán. El diario, como ya mencioné antes, fue confiscado en 2018.
La decisión de salir de Nicaragua fue necesaria para seguir investigando al poder. En agosto, apenas unos meses después de mi salida, envié una consulta a la primera dama para conocer sus opiniones sobre los hallazgos documentales de la investigación sobre su patrimonio y fui avisado por mi esposa, ya cuando me encontraba en el extranjero, de que dos policías me buscaron cuatro horas después de que envié dicha solicitud.
Mis hijos y esposa empezaron a dormir en distintas casas para resguardarse. Yo seguí haciendo periodismo, pero me enfoqué en que estaríamos juntos pronto. El periodismo –que también es esperanza– me salvó. Escribí reportajes, notas e hice radio en los meses que siguieron a mi salida de Nicaragua.
Con el equipo de Confidencial, coincidimos en que investigar en una dictadura es como hurgar en la oscuridad y necesitábamos fuentes desde adentro que se convirtieran en nuestros ojos en un país paralizado por el miedo, donde aún es posible encontrar a funcionarios que no se doblegan anónimamente o que sorprenden al mundo rompiendo sus lazos con el régimen, como el exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields.
La investigación sobre los Ortega Murillo reveló que su grupo empresarial está constituido por veintidós empresas –entre ellas las televisoras que difunden su propaganda–, en las que participan dieciocho ejecutivos que actúan como socios y que les garantizan el control financiero. Medios de comunicación, publicidad, petróleo y construcción son algunos de sus giros. Las principales fuentes de riqueza son el Estado o la cooperación venezolana que forjó una nueva clase social leal al poder.
El 8 de septiembre de 2021 –Día Internacional del Periodista– vino otro golpe para mí. Mi hermano gemelo Francisco Emilio Enríquez Cabistán falleció a consecuencia del coronavirus. Dos tíos fallecieron antes que él. Ese fue el momento más cercano al naufragio que experimenté. A veces lloraba y en cuestión de minutos explotaba de risa. No sé cómo explicarlo, pero el consuelo de mis amigos y familiares me hizo renacer, igual que el amarillo de los girasoles que compraba cada semana.
A Emilio le escribí un homenaje. “Me quedé sin palabras cuando supe la noticia, pero tengo algunas que quiero decirle a Isaac (mi sobrino, de cuatro años) en medio del dolor: ‘Tu padre, hijo, fue un gran ser humano y jurista…’” Cuando pueda regresar a Nicaragua, visitaré su tumba y le diré a Emilio, acompañando mis palabras con flores, lo mucho que me hace falta.
En estos meses de exilio, conocí también la generosidad de quienes me acogieron con un inmenso respeto por el periodismo de Nicaragua, “ese que no calla” –me dijeron–. Al llegar a un tercer país, en donde me encuentro, traje como recuerdo de mis primeros días de exilio un libro en el que mis amigos escribieron dedicatorias para animarme. Lo atesoro con lealtad y entusiasmo.
La intimidación directa decidió la suerte de mi familia. En diciembre pasado, nos reencontramos. Somos ya una familia de exiliados. Lo primero que hice, antes de tenerlos conmigo, fue buscar un árbol de Navidad para decorarlo. Los villancicos me recordaron que estaba vivo y los retos del porvenir.
Otros colegas viven dificultades peores en el exilio, pero hay esperanza. Es cierto, coincidimos en que se extraña recorrer nuestras calles perdidas –esperamos pronto volver a ellas– y comer el gallopinto en casita, pero hay que seguir reporteando duro, aunque “herida tengo la patria, lejos no quiero partir”, como dice en uno de sus poemas Juan Carlos Duarte, el director de Radio Camoapa, otro periodista hostigado por las autoridades.
Una frase de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal inspira a una generación de periodistas para que sigan fiscalizando al poder. “Mientras haya una máquina de escribir, un papel, un micrófono, una plaza pública, un balcón, un espacio, aunque sea en la celda de una cárcel, seguiremos denunciando a los inmorales, especialmente cuando trafican con la necesidad de los más pobres.” ~
(Managua, 1980) editor y reportero, se define como "enamorado de las investigaciones periodísticas y fiel devoto de la crónica en América Latina". Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Ortega y Gasset y el Premio Rey de España.
