Para reparar los daños al patrimonio arqueológico, histórico y artístico ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto estableció un plan maestro dividido en tres fases. La primera, de octubre de 2017 a marzo de 2018, se ocupó de la evaluación de los daños, los apuntalamientos y las salvaguardas de emergencia, la obtención de los esquemas de financiamiento y la gestión inmediata de los recursos de la póliza de seguros emitida por Banorte. Los daños se clasificaron en “severos”, “moderados” y “menores”.
Para la segunda fase, de abril a noviembre de 2018, todavía correspondiente a su sexenio, se asignarían los fondos para la totalidad de las obras de restauración, estarían listas las propuestas de intervención y los proyectos de mayor complejidad y se darían por terminados los trabajos menores y parte de los moderados. Para la tercera fase, de diciembre de 2018 a diciembre de 2020, según se anticipaba, se habrían concluido los trabajos de restauración.
Naturalmente, no sucedió así.
El 6 de septiembre de 2018, en el contexto del primer aniversario de la desgracia sísmica y a dos meses de cumplirse la segunda fase del plan maestro, la Secretaría de Cultura, encabezada entonces por María Cristina García Cepeda, informó a través de un comunicado que la cifra de inmuebles afectados ascendía a dos mil 340, distribuidos en once estados. La mayoría eran templos, conventos y capillas del periodo novohispano y del siglo XIX. Además, zonas arqueológicas, arquitectura vernácula, museos e inmuebles artísticos.
Del total, se clasificaron 431 con daños severos, 1,019 con daños moderados, y 890 con daños menores. La SC aseguró que se habían restaurado 450 inmuebles y 41 zonas arqueológicas, para un total de 491. Es decir, una cifra equivalente apenas a poco más de la mitad de los bienes inmuebles clasificados con daños “menores”, que debieron haberse concluido durante la fase dos, y a 21% del total. Este palpable atraso correspondió entonces al gobierno saliente.
Las cosas empeoraron para 2019, el segundo aniversario.
A causa de su ineficiente ejecución, la Auditoría Superior de la Federación emitió dos señalamientos al Programa Nacional de Reconstrucción. En su Informe de la Cuenta Púbica de 2019, estableció que el INAH no tenía un registro adecuado de la cantidad de inmuebles dañados y que la lentitud era tal que los trabajos concluirían no en los tres años establecidos por el plan maestro, que habrían transcurrido para diciembre de 2020, sino en 12 años que concluirían en 2029.
En otro reporte de 2019, la ASF informó que la Secretaría de Cultura había transferido a los estados afectados 194 millones de pesos del Programa entre el 30 y 31 de diciembre de 2019, lo cual impidió que el recurso se utilizase en el ejercicio fiscal para el cual se había asignado. Este creciente atraso, más el ineficiente ejercicio presupuestal, correspondió entonces al gobierno entrante.
Desde el primer aniversario y hasta la fecha, cada año se pospone la conclusión de las obras.
Para el tercer aniversario, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, compareció el 18 de noviembre de 2020 de manera virtual ante las comisiones de Cultura y Cinematografía, y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. El choque fue frontal, pues se había generalizado el rechazo a su gestión: el recorte al presupuesto anual, la extinción de los fideicomisos, el Proyecto Chapultepec que centralizaba el 25% de los recursos en una alcaldía de la Ciudad de México, la desidiosa política laboral.
En su intervención, Frausto aseguró que al respecto del patrimonio arqueológico e histórico dañado por los sismos y bajo la custodia del INAH habría un 90% de avance para 2022. Poco después, el 14 de enero de 2021, el instituto informó que se había restaurado más de 50% de los inmuebles y confirmó que para 2022 estarían concluidos “la inmensa mayoría”. Era la aceptación tácita de un atraso de al menos dos años, de acuerdo con el plan maestro inicial.
No avanzaban las gestiones con Banorte, que se habían dado por resueltas desde 2017, como parte de la fase uno del plan maestro. El 14 de enero de 2021, el INAH expresó su inconformidad. Una de las cláusulas del seguro establecía que, cuando sucediera un evento que causara afectaciones, el seguro se renovaría automáticamente. La suma asegurada ascendía a 3 mil 500 millones de pesos. La aseguradora solo reconocía el sismo del 7 de septiembre y no el del 19, “escamoteándole al pueblo de México” 2 mil millones de pesos.
Según la dependencia, Banorte se habría esperado hasta principios de 2019, fecha del vencimiento del seguro, para darle una interpretación distinta a la cláusula en disputa, y reportarle que la suma asegurada contemplaba los dos eventos. No pagaría tampoco 400 mdp de IVA. Las negociaciones entre las partes no fueron exitosas, la póliza no se renovó para 2020, el conflicto escaló y derivó en una demanda administrativo fiscal.
Existe otra versión. La lista de anomalías es larga, de acuerdo con solicitudes de información y entrevistas a involucrados y especialistas para una investigación publicada por la organización civil Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER. Para empezar, algunos de los acuerdos entre la aseguradora y el INAH solo fueron verbales y no quedaron plasmados por escrito.
Además, el instituto no tiene registros de los contratos de Banorte con las constructoras, por lo que no es posible saber con precisión cómo se han utilizado los fondos. Imperó la discrecionalidad, lo cual permitió que el presupuesto pudiera utilizarse para otros fines, que se lo repartieran entre algunos contratistas y personal de la institución, o inclusive que algún responsable de obra del INAH recibiera los recursos para llevar a cabo las tareas de restauración.
Según PODER, Salvador Camarena Rosales, entonces coordinador operativo de la oficina de sismos del INAH y hoy director de Estudios y Proyectos, negó que hubiera corrupción. Banorte, por su parte, aseguró que la póliza cubría ambos eventos, que había cumplido con sus compromisos a cabalidad, y dejó de ser la aseguradora del instituto. Al respecto del IVA, la póliza y las conciliaciones bancarias son contradictorias.
Ante el desinterés de más de diez aseguradoras, el instituto finalmente contrató a Agroasemex, S.A., aseguradora del Estado. La póliza de seguro de bienes patrimoniales y de transporte con la que contaba para 2021 no contempla terremotos, sismos ni erupciones volcánicas, reportó la investigación. Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, el INAH intentó aclarar la situación.
El seguro cubre “daños menores” provocados por sismos y otros siniestros. Es “paramétrico”, es decir, su monto y cobertura depende de los eventos fortuitos incluidos en la póliza y que sean “parametrizables” o medibles. El instituto paga 165mdp de prima anual pero no aclaró el máximo de la cobertura para los “daños menores”. El ex Fonden, que pasó de fideicomiso a programa presupuestario, cubriría los “daños de mayores consecuencias”, o al menos ese es el “compromiso”, según la institución. La grandeza de México quedó en el desamparo.
Un año después de la fecha establecida por el plan maestro que no se cumplió, el reporte del INAH del 13 de septiembre de 2021 dejaba constancia de los atrasos en las cinco entidades más afectadas. En Puebla, 421 inmuebles restaurados de 621 afectados (67.7%); en Oaxaca, 228 de 587 (39%); en el Estado de México, 237 de 279 (85%); en Morelos, 161 de 260 (62%); en la Ciudad de México, 59 de 197 (30%).
Estos porcentajes están sujetos a una variable. Las autoridades decidieron iniciar con la restauración de los inmuebles con menos daños, y dejar los más afectados para después, lo cual naturalmente demorará más la conclusión de las obras. A la vez, el reporte dejaba claro que el ritmo era más consistente durante la administración pasada, pese a los atrasos desde el primer año de las obras. De los dos mil 340 inmuebles, mil 432 habían sido restaurados. De ese total, 483 fueron atendidos en el lapso de un año, entre septiembre de 2017 y noviembre de 2018. En tanto, los 947 restantes recibieron atención en el lapso de tres años, de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, 315 por año, una cifra anual 34.7% menor que la alcanzada en el primer año.
Para ese cuarto aniversario, el INAH esperaba concluir la restauración de los inmuebles de la capital para 2023, tres años más tarde de lo establecido por el plan maestro. Si en cuatro años apenas habían concluido menos de un tercio del total, lo previsible es que concluyeran en ocho años más, para 2029, tal como estimó la Auditoría Superior de la Federación. A la lentitud de la administración saliente y a la lentitud e ineficiencia de la actual se adicionaron la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, los recortes presupuestales al sector y, en menor medida, la pandemia.
Expertos dentro y fuera del INAH han señalado que varios inmuebles históricos permanecían meramente apuntalados, expuestos a las lluvias, a la actividad sísmica, a los incendios y a la degradación de los materiales. Eso fue lo que sucedió con la iglesia de la Santa Veracruz, a la que azotó un incendio que dañó el campanario, vitrales, lienzos y el órgano, que difícilmente podrá recuperarse. El instituto, aseguraron, mantenía una visión reactiva, a la que calificaron de absurda, y no proactiva y preventiva, la adecuada para evitar daños futuros. Poca o nula atención se les brindaba a las estructuras históricas, los sistemas eléctricos, la impermeabilización y la revisión anual de los muros.
En efecto, esa parece ser la política de Estado. Sobre la reciente caída de una barda en la ex Casa de Alvarado, sede de la Fonoteca Nacional, la Secretaría de Cultura explicó que “el paso del tiempo, sismos y lluvias, reblandecieron el muro, causando el colapso de hoy”, sin mención alguna al mantenimiento de prevención. Aunque no sufrieron tantos daños, los especialistas subrayaron que el mantenimiento en las zonas arqueológicas es igualmente deficiente.
Y llegó el quinto aniversario. El 29 de junio de 2022, la Secretaría de Cultura afirmó que había un avance de 55.9%, aunque no especificó cuántos edificios dentro de ese porcentaje corresponden a los “severos”, los “moderados” y los “menores”. Al mes siguiente, el 22 de julio, el INAH aseguró que había un avance de 60% “global”. De las once entidades afectadas, para el año que transcurre concluirían los trabajos en Tabasco, Veracruz, Hidalgo (las tres entidades menos afectadas), Guerrero y Chiapas, y se alcanzaría 90% en Morelos, el Estado de México (dos de las cinco más afectadas) y Tlaxcala. De tal modo, en 2023 se concentrarían los “esfuerzos” en Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México (las tres restantes más afectadas), lo cual nuevamente confirmaría el pronóstico de la ASF: acaban para 2029.
Hay testimonios de que los procesos de restauración son ineficaces y ocasionan daños de distinta naturaleza. En la Ciudad de México, el ex delegado del INAH, un restaurador de la ENAH y la autoridad eclesiástica aseguraron que la reconstrucción de los templos de San Bernardino de Siena, Santa Cruz de Acalpixca y San Gregorio, ubicados en la alcaldía de Xochimilco, y el templo de La Asunción de María, en la alcaldía de Milpa Alta, careció de supervisión. Las intervenciones han modificado sus diseños originales y se han utilizado materiales incompatibles con los empleados para su edificación, como el cemento y el concreto. Para colmo, a pesar de haber sido restaurados, en algunos casos comienzan a advertirse huellas de humedad.
En San Cristóbal de las Casas, el cronista de la ciudad y el ex delegado del INAH reportaron numerosas anomalías. Las intervenciones a la Catedral afectan la visual original. En el Templo de Santa Lucía se utilizó también concreto para la reparación de las torres y el campanario y en el Templo del Carmen no hubo un dictamen estructural. En el Museo de la Ciudad se llevó a cabo una restauración mutilada debido a que se utilizaron criterios heterogéneos a la tipología constructiva del edificio. Tan solo algunos ejemplos de lo que con seguridad sucede en otras partes, y sobre lo cual no hay vigilancia.
Para celebrar el quinto aniversario, el INAH redondea la cifra de los avances a 68%, de acuerdo con Arturo Balandrano, director General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural: 12% más de lo señalado por la Secretaría de Cultura y 8% más de lo señalado por el INAH a mediados de 2022, tan solo con dos meses de diferencia, y nuevamente sin llamar la atención de que los “esfuerzos” de reconstrucción se “concentrarían” en tres de los estados más afectados a partir de 2023.
Es causa asimismo de estupor que el instituto actualice la lista de los inmuebles afectados, de 2 mil 340 a 3 mil 325, 42% más. Al parecer no importa. “Los avances logrados hasta la fecha representan un logro que no es común ver en otros países del mundo, por lo que, a través de este esfuerzo, México ha sido señalado como un referente mundial en materia de protección, conservación y restauración de monumentos del patrimonio cultural”, sentencia Balandrano.
A cinco años de los sismos, y tras innumerables piruetas con las cifras, lo más verosímil es que apenas vayan a la mitad y no acaben sino hasta el próximo sexenio.
Y, para colmo, el 22 de septiembre volvió a temblar.
Es autor del libro digital 80 años: las batallas culturales del Fondo (México, Nieve de Chamoy, 2014), de Política cultural, ¿qué hacer? (México, Raya en el Agua, 2001, y de La palabra dicha. Entrevistas con escritores mexicanos (Conaculta, 2000), entre otros. Ha sido agregado cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú y en el Consulado General de México en Toronto.
