Para Andonella, Brianda, Luciano, María José y los millones de jóvenes mexicanos y mexicanas que son dignos sucesores de la lucha por la libertad democrática de los valientes mexicanos que los han antecedido.
Era 1983 y en Chihuahua, por primera vez, el PAN había ganado de manera inesperada la presidencia de los principales municipios de aquel estado del norte, con Luis H. Álvarez en el gobierno de la capital del estado y Francisco Barrio en el de Ciudad Juárez. Fue un duro golpe al PRI, el partido hegemónico en el poder del siglo XX en México. La reacción a esa derrota vino tres años después, en las elecciones a gobernador en las cuales, mediante el llamado “fraude patriótico”, el régimen impidió que Barrio accediera ahora al cargo de gobernador del estado, para imponer en su lugar al candidato oficial, Fernando Baeza.
El PRI no esperaba la reacción que obtuvo no solo de parte del PAN, sino de diversos sectores políticos en aglutinaciones tan desconcertantes como convencidas de la necesidad de un frente común que hiciera frente al abuso del poder político. Esto fue el Movimiento Democrático Electoral, conformado por movimientos católicos, los comunistas del PSUM, algunos políticos de partidos como el PPS, y económicos, como la Cámara de la Industria y del Comercio en Chihuahua. Un grupo de 20 intelectuales, escritores y artistas, entre ellos Octavio Paz, Gabriel Zaid, Enrique Krauze, Isabel Turrent y Carlos Monsiváis, firmaron una carta de protesta dirigida al presidente, que fue publicada incluso en diarios de Estados Unidos e Inglaterra.
En 1987, ciudadanos mexicanos de diversas condiciones sociales y corrientes ideológicas, como Porfirio Muñoz Ledo, Roger Bartra, Ana Irene Arellano, Arnoldo Martínez Verdugo, Alejandro Gurza, Carlos Castillo Peraza, Marie Claire Acosta y Salvador Abascal, se reunieron en la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo para la defensa de los derechos políticos de todos los mexicanos y la eliminación del control del PRI-gobierno en la organización de las elecciones. Por cierto, en aquel entonces, el secretario de Gobernación era el actual director de la CFE, Manuel Bartlett.
La indignación ciudadana alcanzó un punto de no retorno en las elecciones presidenciales de 1988, cuando la infame “caída del sistema”, que públicamente salió a reconocer el propio Bartlett, alimentó las sospechas de un fraude electoral en contra del entonces candidato opositor de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas.
La Asamblea Democrática evidenció el fraude a nivel internacional, y de sus propuestas emergió en 1990 una nueva legislación electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue copiada por varios países. Incluía diez medidas antifraude, como la creación de un padrón confiable, funcionarios de casilla sin partido, credenciales con fotografía, boletas de votación foliadas e infalsificables, urnas transparentes, actas de escrutinio infalsificables, tinta indeleble en el pulgar de los votantes, cartulinas o póster con los resultados de conteo a la vista del público, castigos por delitos electorales, el acceso a los partidos a los medios de comunicación y sobre todo, la creación del primer Instituto Federal Electoral, que alcanzó plena autonomía e independencia del poder ejecutivo hasta en el nombramiento de sus consejeros en el año 1996, cuando José Woldenberg fue designado al frente.
Este IFE independiente y autónomo fue el encargado de organizar, vigilar y certificar la primera elección presidencial del siglo XXI, en la que por primera vez en su historia México entró a la puerta grande del escenario político mundial como un país democrático y de alternancia en el poder, al ganar la presidencia el candidato del PAN, Vicente Fox Quesada, en total respeto a la voluntad popular expresada en la emisión del voto. Desde entonces, nos han gobernado candidatos del PAN, del PRI y de Morena. Este mismo IFE, que adoptó el nombre de INE para dejar clara su naturaleza ciudadana al incluir a la nación en su denominación en 2014, es el que este 2022 ha sido galardonado con el premio “Cátedra de Democracia” por el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica.
Este mismo 2022, sin embargo, el presidente López Obrador, es decir, el gobierno, ha mandado una reforma electoral que pretende desaparecer o suprimir –en sus propias palabras– este instituto que es el resultado de años de lucha ciudadana por el respeto a la voluntad popular y la libertad democrática.
Mediante esta reforma, el poder pretende suprimir no solo al INE, sino a los órganos electorales estatales, concentrando el control de todo proceso electoral en una institución cuyos consejeros serán designados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que estarán obligados a responder a quien los postuló y no a los ciudadanos. Lo mismo aplica para el Tribunal Electoral, que también se pretende modificar y cuyos magistrados deberán hacer campaña por el país, lo que harán también los candidatos a consejeros con el fin de obtener el voto popular.
Además, los partidos políticos perderán tiempo de promoción en los medios, mientras que el gobierno podrá en todo momento promover propaganda oficial, lo que creará inequidad entre el partido en el poder y el resto. Adicionalmente, la reforma propone reducir la representación popular local, lo que en realidad acarrea una menor representación ciudadana. Por cierto, la iniciativa de reforma plantea que todos los diputados, senadores y ayuntamientos sean elegidos mediante listas de representación proporcional. Es decir, mienten los impulsores de la reforma al afirmar que desaparecerán los plurinominales: al contrario, de aprobarse, todos nuestros representantes serán plurinominales vinculados al partido, no a los ciudadanos.
En resumen, la reforma electoral es una propuesta del poder. Y los intereses del poder, por definición, siempre serán contrarios a los intereses ciudadanos. El poder trata de obtener para sí más control sobre los ciudadanos. Los ciudadanos, más libertad y vigilancia sobre el poder. El Instituto Nacional Electoral, tal y como está constituido hoy, es un triunfo de los ciudadanos sobre el poder, que queda sujeto a la aprobación, vigilancia y elección ciudadana. Es el resultado de años de lucha para que los gobiernos, del partido que sean, no vuelvan jamás a tener control y poder sobre las urnas, que es exactamente lo que busca obtener la reforma electoral, arrebatando el poder de la libertad de elegir a la ciudadanía. Y el gobierno de López Obrador se ha caracterizado por su capacidad para destruir todo lo que toca. Por eso yo defiendo al INE. Por eso, yo sí voy a la marcha.
El INE no se toca.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
