Si se piensa que Richard Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos por una investigación periodística de The Washington Post, bautizar como cuarto poder al poder de la prensa no sería una exageración o una impostura. Y si bien aquella investigación inauguró cierta época heroica, tiempo después se supo que las astucias y los enjuagues del ex presidente republicano ya habían sellado su destino político. Si a eso se le suma la vigilancia de los medios, que nunca soltaron la presa, la renuncia era sólo cuestión de meses o de días.
Esta introducción acaso sirva para ilustrar el caso argentino, donde el gobierno de Cristina Fernández está enfrentado a grupos monopólicos que atacan sin piedad, desde sus terminales informativas, a la administración de la primera mujer presidente del país. La democracia pospolítica –en la que parecen importar más las personas que las ideas– es una guerra entre corporaciones políticas, sindicales y empresariales que dicen tener ideología pero que juegan su permanencia en un campo de batalla donde el botín es la opinión pública… y la economía.
En América Latina las empresas periodísticas ya no son sólo empresas periodísticas sino corporaciones que cuidan sus intereses y arreglan, informan, niegan, sesgan o inventan de acuerdo con esos intereses y los de sus accionistas. El Grupo Clarín, convertido en bestia negra del gobierno, según el balance de 2008, facturó 2 mil millones de dólares, con ganancias de 500 millones más. Es cierto que hasta el conflicto rural de marzo de ese año (cuando la administración criolla intentó aprobar una ley para subir las retenciones a la soja), las relaciones con el Gran Diario argentino, como se lo conoce, no habían conocido las rispideces que se desataron, con marchas y carteles denunciando los negocios del grupo, que operó –con éxito– en contra de la medida tributaria. Entre otras cosas porque uno de sus gerentes, además de tener millones de hectáreas sembradas con el grano de oro, es accionista de Monsanto y jefe de redacción de la sección agro del diario. Pero, nobleza obliga, hasta ese momento las relaciones entre los Kirchner y las autoridades de la empresa no eran del tenor de las que tenía Hugo Chávez con los medios venezolanos, muchos estatizados o expropiados. Sin embargo, desde entonces todo cambió. La política parlamentaria cambió (el vicepresidente Julio Cobos votó en contra de las retenciones, y sin renunciar a su puesto es hoy uno de los presidenciables con mejor imagen para las generales del próximo año, representando a la Unión Cívica Radical, de la que había sido expulsado por acompañar en la fórmula a la actual presidente). Y el escenario político, claro, también cambió, cuando en junio del año pasado Kirchner fue derrotado en elecciones provinciales por Francisco de Narváez, accionista de medios gráficos, radiales y televisivos.
El ex presidente encajó el golpe y, antes de que cambiara la composición de las cámaras legislativas, promovió la sanción de una serie de leyes que tuvieron la virtud de la oportunidad. Clarín controla las asociaciones empresariales ligadas a los medios de comunicación (televisión de aire, cable, radios, incluso extranjeros, la Sociedad Interamericana de Prensa, sip, es un ejemplo), además de revistas, agencias de noticias, diarios, repetidoras de televisión y el precio del papel de diario que, según parece, obtuvo gracias a negocios espurios con la última dictadura cívico-militar, al quedarse con el paquete mayoritario de la empresa Papel Prensa, en sociedad con el diario La Nación y una parte del Estado. Papel Prensa está siendo investigada por esas maniobras. Pero el precio del papel de diario, que estrangulaba a los medios más chicos, que no podían competir con los grandes, es un negocio en vías de extinción. A continuación, el gobierno anunció “Fútbol gratis para todos”, quitándole al grupo una de sus principales fuentes de ingresos. La excusa fue la deuda que Clarín tenía con los clubs de futbol, que cobraban los derechos de televisación de tanto en tanto, al punto que muchos evaluaban declararse en quiebra. Negociar con los señores de la Asociación del Fútbol Argentino (afa), en su puesto desde la época de Jorge Rafael Videla, no fue problema. Y si no existía una declaración de guerra, a su manera la transmisión “estatizada” del futbol cumplió ese papel.
La oposición política no reaccionaba, y en su desconcierto los que llevaban la contra eran los diarios masivos, que dejaban a los profesionales del parlamento como unos inútiles o como empleados de esos holdings. Fue cuando el gobierno volvió a golpear planteando la necesidad de cambiar la ley de medios de la última dictadura. A la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (parodiada como “ley de medios K”) se le podrá discutir su calidad de emisión cuando esté en funcionamiento, pero no su legitimidad parlamentaria. Por cierto, detenida su aplicación por una medida cautelar que ya está en poder de la Corte Suprema de Justicia, también supuso otros movimientos, como el intento del gobierno de armar un bloque de medios favorables a su gestión. Los cronistas conservadores sostienen que con la nueva ley “se escuchará más música nacional; pequeñas cooperativas tendrán más espacio para operar radios y canales, aunque podrían ser financiadas por publicidad del Estado o de los gobernadores y, tal vez, los canales de aire queden obligados a transmitir un partido de la Champions League europea porque participan argentinos como Carlos Tévez o Lionel Messi”.
Pero no sólo es eso, o eso es lo de menos. El problema de fondo es la economía. La nueva ley también impulsa el arribo de la telefonía al negocio del cable (internet, telefonía y televisión, o triple play). Clarín pretendía quedarse con Telecom (en Argentina asociada a Telefónica) pero el gobierno, amparado por la nueva legislación antimonopólica, no hizo lugar, dándole entrada al mexicano Carlos Slim. El artículo 38.2 de la ley prohíbe, por ejemplo, que una misma empresa sea titular de un canal de televisión abierta y de un cable; tampoco que una empresa de cable posea más de una señal. Y eso pese a las airadas protestas de los argentinos, siempre generosos con sus compatriotas. ¿Será un monopolio por otro monopolio? Puede dudarse, la relación de fuerzas no autoriza una interpretación homogénea. Autoriza una interpretación política.
Pero para explicarse este sainete también hay que preguntarse qué unía a Kirchner con Clarín cuando todo era armonía. Porque si un gobierno tiene que defender los intereses de sus representados, una empresa tiene que defender sus intereses. La explicación del desastre que había dejado el presidente interino Eduardo Duhalde (que pesificó las deudas en dólares del Grupo Clarín) es conceptualmente pobre. Acaso Kirchner no pudo o no quiso regular la especulación financiera que siguió engrosando los paraísos fiscales. La política es un juego de toma y daca. Pero a las empresas monopólicas sólo la política puede limitarlas. Como los votos a la política. ~
