Desde la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar construyó un elegante edificio lógico a través de premisas cuidadosamente falseadas para concluir que la Guardia Nacional puede estar formada por soldados y bajo el mando de un general, pero eso no significa que sea militar.
Para su mala fortuna, tanto el sentido común como la verdad normativa estuvieron del lado de una mayoría de ministros que no fue afín a sus argumentos y que terminó por declarar anticonstitucional el control operativo del secretario de la Defensa sobre esa fuerza policial federal. La Guardia Nacional debe regresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ignoro el blindaje político con el que se cubrieron los ministros para detener el rumbo militarista del actual gobierno, pero lo celebro, pues la contundencia del proyecto podía verse alterada por la presión de una bota y el acoso gubernamental. Por mucha autonomía institucional que tenga la Suprema Corte, la pinza se podía cerrar por un lado con zanahorias o garrotes y por otro, con una tesis que abriera la puerta y justificara la decisión. El ministro Zaldívar intentó construir esa tesis y el análisis de sus argumentos da luz, no tanto sobre la operación política, como del desatino al que puede llegar un letrado (la ministra Esquivel no cuenta) que renuncia a la fuerza de la razón.
El eje sobre el que Zaldívar elaboró su tesis consistió en advertir que había un error en la definición y la idea de lo militar. ¿Cómo que la Guardia Nacional ya no es civil? ¿Qué es civil, qué es militar?
Sus premisas no tienen desperdicio:
“[…] existen dos grandes elementos o características fundamentales que permiten distinguir las funciones militares de las funciones civiles de la seguridad pública. El primero tiene que ver con los objetivos y funciones de cada una de ellas. Mientras que los cuerpos militares están orientados en general a tareas relacionadas con el conflicto armado y la seguridad nacional, los cuerpos policiales están dirigidos al mantenimiento del orden público interno, la seguridad ciudadana, el control de la criminalidad común y la violencia interna. El segundo está relacionado con el entrenamiento y capacitación de sus integrantes. En este sentido, mientras el entrenamiento de las Fuerzas Armadas está dirigido a derrotar al enemigo, el de los entes policiales está dirigido a la protección y control de civiles […] Si de acuerdo con la jurisprudencia internacional la naturaleza se define por los objetivos y el entrenamiento, cabe concluir que el hecho de que personal militar colabore con la Guardia Nacional e incluso lleve a cabo funciones de control no desnaturaliza su carácter civil.”
¡Inaudito! Casi me convence de que un soldado que no está matando a un invasor no es un soldado y que un soldado que vigila a la población civil tampoco es un soldado. Por poco. Entre eso y que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente, que ni soldado es, estuve a punto de creer que, de hecho, ni siquiera tenemos fuerzas militares. Y claro, si no hay fuerzas militares, entonces se desprende, siguiendo la falacia de Zaldívar, que nadie está violando la Constitución, ese libro que dice que no se puede militarizar la seguridad pública y que la Guardia Nacional es una fuerza civil.
Es increíble que haya encontrado un camino para justificar la militarización revisando los conceptos. Es una forma de alteración de la realidad similar a la que han usado muchos populistas al presentar datos alternos. Algunos tienen otros datos, él tiene otras definiciones.
No traigo esto a colación para hacer mofa de Zaldívar. Lo recupero de la discusión en el Pleno porque ilustra las pocas razones que encuentran los más lúcidos defensores del presidente para justificar la militarización. No hay marco jurídico que la sostenga y no lo hay porque la historia ha enseñado, aquí y en otras partes del mundo, que los resultados de meter soldados a policías son nulos en materia de seguridad, destructores en el ámbito institucional y perversos en la esfera política.
La virtud del proyecto
El proyecto que propuso la inconstitucionalidad, a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara, tiene una extraordinaria estructuración temática que dio claridad al debate. El proyecto separó la discusión sobre la adscripción de la GN a la Sedena para no contaminarla con otras modificaciones alusivas a la participación del ejército en la formación, el régimen laboral y el servicio de carrera. En esos temas no hubo muro de contención. El ejército puede seguir teniendo colaboración con la Guardia Nacional, como con otras instancias gubernamentales. El proyecto puede leerse completo aquí y el resultado es brillante. ~
es politóloga y analista.
