Jornada electoral ejemplar y una contienda manchada por la ilegalidad
El dos de junio México vivió una jornada electoral que, en el contexto de inseguridad y violencia que asola múltiples espacios del territorio, fue fundamentalmente pacífica y cívica. Un millón de ciudadanos, sorteados y capacitados por el Instituto Nacional Electoral (INE), se hicieron cargo de instalar las casillas, de recibir a sus vecinos, de entregarles las boletas electorales, de contar los votos y llenar con su puño y letra las actas que sustentan la validez legal de los comicios. Así, más de sesenta millones de ciudadanos votaron, en secreto y libertad, para elegir a más de 20 mil cargos de gobierno y representación a nivel federal y en las 32 entidades federativas de la república. Ese es el lado venturoso de la elección.
Lo anterior no borra la inequidad en la contienda a favor de la coalición electoral del gobierno ni la constante intervención, anticonstitucional, del presidente a lo largo de todo el proceso. No se puede obviar el adelanto de las precampañas hasta por dos años respecto al plazo que dicta la ley. Hubo un uso de ingentes cantidades de dinero que no fue fiscalizado y cuyo origen es del todo opaco, contraviniendo la obligación de rendición de cuentas que existe en nuestro sistema electoral desde fines del siglo pasado. Hay que sumar la abierta intencionalidad de dañar y controlar a las autoridades electorales, al grado tal que por decisión de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se decidió, por primera vez en la historia de un instituto electoral autónomo, no nombrar por consenso a su presidencia y varios de sus consejeros, sino que se dejó al azar, a un sorteo; después, desde el Senado se incumplió el deber constitucional de integrar el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejando dos magistraturas vacantes aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación había conformado las ternas respectivas. Además, el INE emitió más de medio centenar de medidas cautelares contra el presidente por violar el artículo 134 constitucional que lo obliga a no incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía; pero el propio INE se inhibió de acudir a la figura de las medidas cautelares precautorias para prohibir las conferencias de prensa matutinas del presidente a sabiendas de que eran, reiteradamente, un instrumento de abierta violación constitucional como la propia autoridad acreditaba una y otra vez. El propio Tribunal Electoral determinó en mayo que el presidente incurrió en “uso indebido de recursos públicos”, pues desde la conferencia matutina –que se financia por el erario– vulneró los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad; el desvío de recursos públicos con fines electorales es, por cierto, un delito.
Hay un enorme contraste entre la jornada electoral libre y la inequidad e ilegalidad de toda la contienda, con la interferencia abusiva del poder político. El exembajador de Estados Unidos en México Jeffrey Davidow, en una mesa de análisis de las elecciones que se realizó en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego el 6 de junio, sintetizó lo ocurrido de forma precisa: “Mexico had a free election but not a fair election.” Limpia en las urnas, pero injusta en el resto.
La infundada denuncia de fraude
La perplejidad de distintos líderes de partidos de oposición, analistas y ciudadanos ante la contundencia del resultado electoral dio pie a que se extendieran denuncias de un fraude, incluso de un fraude mayúsculo en los comicios. Si por fraude electoral se entiende la alteración de los votos depositados en las urnas, este no existió.
Se hizo correr la voz de que a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se modificaba el sentido del resultado. No es posible: el PREP toma los datos de las actas, cuyas imágenes se publican para que se pueda verificar que los números corresponden con lo que los funcionarios de casilla asentaron. Pero, además, sería inútil alterar el PREP: no tiene validez legal ni efectos jurídicos, de tal forma que su propósito es estrictamente informativo.
En 2006 fue López Obrador quien inventó que había ocurrido un fraude en el PREP, a partir de un algoritmo que cambiaba los resultados. Fue una patraña que nunca se demostró, pues jamás existió. No deja de ser una triste paradoja que entre los críticos acérrimos del presidente haya quienes se comportan igual que él.
Otro argumento que ha corrido estos días es que se alteraron los votos porque en algunos lugares, como Compostela en Nayarit o Miahuatlán de Porfirio Díaz en Oaxaca supuestamente hubo más sufragios que habitantes. Falso: Compostela es la cabecera del distrito 03 de Nayarit, el cual abarca otros nueve municipios. Lo mismo ocurre con Miahuatlán: es la cabecera del distrito electoral federal 10 de Oaxaca, no quiere decir que solo puedan votar los residentes de ese municipio.
Las denuncias irresponsables de fraude son, además, peligrosas porque atentan contra el binomio que hace posible que el voto libre y secreto se emita y se respete: la estructura profesional permanente del INE en todo el territorio y la ciudadanía que instala las casillas y cuenta los votos. Fue el gobierno quien quiso, a través de los intentos de reforma electoral del “plan A” y el “plan B”, desaparecer al INE, primero, y después borrar a su estructura profesional. Los críticos más radicales del gobierno, en su insensatez, le ayudan a lastimar el prestigio del Servicio Profesional Electoral del INE que sigue siendo la columna vertebral del trabajo imparcial de organización de los comicios.
Los ataques a la estructura del INE y a la ciudadanía que estuvo a cargo de las casillas pueden ser un búmeran contra la integridad de las elecciones por venir. ¿En serio debemos prescindir de ese modelo? ¿No se dan cuenta de que, eliminando la estructura profesional y permanente del INE en el territorio, se abre la puerta a que las próximas elecciones las operen, directamente, los servidores de la nación pagados y controlados por el gobierno?
Defender y valorar la limpieza del procedimiento de la votación y el conteo de votos es defender y valorar lo que aún resiste de nuestra democracia. Hay que poner alto a la irresponsabilidad que acaba beneficiando a las pretensiones autoritarias que agobian a México.
El verdadero peligro: sobrerrepresentar y alterar el peso del voto ciudadano
Al día siguiente de la jornada electoral, el 3 de junio, en Palacio Nacional la secretaria de Gobernación dio a conocer cómo se integrarían las cámaras del Congreso de la Unión. Lo volvió a hacer el miércoles 5. Se trató de una flagrante intromisión del poder en las atribuciones que le corresponden a un órgano constitucional autónomo, al INE. Otra vez, una conducta abusiva, ominosa e irresponsable que incluso tuvo efectos sobre los mercados financieros y el tipo de cambio de la moneda nacional.
Según la secretaria de Gobernación, a la coalición de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) les deben corresponder 372 diputados, el 74.4% de la Cámara a pesar de que esos tres partidos recibieron solo el 54.1% de la votación total e, incluso si se restan los votos por candidatos no registrados e independientes, los nulos y los del Partido de la Revolución Democrática que perderá su registro, llegarían al 57.9% con datos del PREP del INE. Es decir, el gobierno busca, en el mejor de los casos, una sobrerrepresentación del 16.5%.
Además de ser un despropósito, es una clara violación a la Constitución que desde 1996 establece, en su artículo 54, párrafo V, un límite máximo de ocho puntos porcentuales entre el porcentaje de votos recibidos en las urnas y el porcentaje de diputados.
Los impulsores de la sobrerrepresentación buscan hacer creer que el límite de ocho puntos en exceso de la Constitución no aplica a las coaliciones. Es falso, pues precisamente en 1996 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) precisó, en su artículo 60, párrafo 4: “A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido.” Más tarde hubo una reforma legal menor y pertinente para separar en la boleta electoral los emblemas de los partidos coaligados y así no se traspasaran votos y se pudiera saber quiénes perdían el registro. Pero esa reforma jamás se planteó como una vía para que las coaliciones pudieran saltarse el límite del ocho por ciento constitucional. Quienes quieren hacerse de una supermayoría de casi tres cuartas partes de la Cámara con apenas algo más de la mitad del voto ciudadano no van a poder demostrar que el Legislador, y menos aún el constituyente, haya en algún momento cambiado la ley para contravenir el límite constitucional de sobrerrepresentación del 8%, que debe prevalecer.
La gráfica 1 muestra lo que quiere el gobierno: que el PVEM, siendo la quinta fuerza en preferencias ciudadanas, se convierta en la segunda bancada y que el PT, siendo el sexto partido en votos, se convierta en la cuarta bancada. Es una operación para inflar inconstitucionalmente el voto por los partidos del gobierno y para comprimir el valor del voto ciudadano que respaldó a otras opciones. Es un atentado contra el principio elemental de la democracia: que cada voto valga igual.
La tarea democrática hoy no es denunciar fraudes inexistentes, es defender el valor del voto ciudadano depositado en las urnas y que no se altere en su traducción en escaños. Ahí nos jugamos la democracia y el orden constitucional. ~
Economista por la UNAM, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro La economía del futbol (Cal y arena, 2014).
