Actualmente, Venezuela ocupa el lugar número 11 entre los países de América Latina con mayor tasa de homicidios: 26.8 asesinatos por cada 10,000 habitantes. En el año 2013, según cálculos de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)1, el país contabilizó 75 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, ubicándose en el puesto número 129 del Índice de Paz Global del Institute for Economics and Peace.
Detrás del actual descenso en las cifras criminales del país sudamericano subyace el ejercicio arbitrario del poder de Nicolás Maduro. Hugo Chávez, líder máximo de la llamada Revolución bolivariana entre 1998 y 2013, cumplió su palabra de no enfrentar la inseguridad ciudadana con “mano dura”, pero no ofreció ninguna alternativa viable para resolver tan grave problema. Tras su fallecimiento y el arribo a la presidencia de su heredero, el sector militar asumió el control de las políticas de seguridad pública.
La militarización y el empobrecimiento fueron de la mano: Maduró cerró su primer año de gobierno con la inflación más alta del mundo, calculada en 180.9%, y Venezuela experimentó un incremento del 6.7% en su tasa de pobreza. Entre febrero y mayo de 2014 tuvo lugar un ciclo de protestas antigubernamentales en todo el país, que ocasionó el fallecimiento de 43 personas y lesiones a otras 878. Además de la alta cantidad de protestas exigiendo cambio político, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 4,453 movilizaciones a causa de temas puntuales como los derechos laborales, la vivienda, la escasez de alimentos y la situación de la educación pública.
El apoyo al chavismo había disminuido, lo que aumentaba el riesgo de un enorme movimiento de masas en contra de Maduro, quien no contaba con el carisma de su predecesor ni tampoco con su abultada chequera petrolera. El descenso en los precios del crudo, unido a la mala gestión de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante el gobierno de Chávez, marcó el principio del fin de una enorme estructura clientelar.
En el año 2015, el ejecutivo autorizó una serie de acciones en los sectores populares, con la participación de elementos provenientes tanto de la Fuerza Armada como de las policías. La primera Operación de Liberación del Pueblo (OLP) ocurrió en una barriada aledaña a la Cota 905, una vía de comunicación de Caracas. En nueve meses se realizaron más de 135 operaciones en diferentes estados del país con un saldo de 245 personas asesinadas y 14,000 detenidas, de acuerdo a un informe de Human Rights Watch y PROVEA. Este muestra imágenes satelitales de la destrucción de cientos de viviendas usando topadoras, con la intención de “eliminar amenazas terroristas”. El argumento oficial para la alevosía de los operativos es que distintos barrios de Venezuela habían sido “tomados por paramilitares colombianos”, por lo que era necesario “liberarlos”.
Las razones para continuar esta política poco tuvieron que ver con sus resultados respecto al número de delitos y la conjugación de las supuestas amenazas de terrorismo; en realidad, la pobreza no hacía más que aumentar en vista de la destrucción del aparato productivo, consecuencia de la pésima gestión económica del gobierno, una verdadera máquina de fabricar pobreza. El descontento crecía cada vez más; después del fin del ciclo de protestas que ocurrieron en Venezuela entre los meses de abril a julio de 2017 –que dejaron por lo menos 139 personas asesinadas y 3,802 heridas–, el gobierno endureció sus posiciones todavía más. Se funda entonces un nuevo cuerpo de seguridad del Estado, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Las FAES se crearon, en teoría, para dar cuenta de delitos de alta peligrosidad (secuestros y terrorismo); en la práctica, pasaron a protagonizar acciones similares a las de las OLP, con la impunidad que le concedía su carácter especializado y el respaldo presidencial. Su letalidad llegó a ser tal que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó a las autoridades venezolanas en 2018 su disolución, bajo la premisa de que eran el instrumento de una política de control social. En efecto, los sectores populares ya sabían las posibles consecuencias de su inconformidad con el gobierno, por lo que su tejido asociativo se redujo al mínimo.
En Venezuela no ha habido una política de seguridad ciudadana planificada y racional, sino un ataque frontal a los sectores pobres con el fin de preservar el poder del gobierno de Maduro.
Las FAES desaparecieron oficialmente. De todas maneras, y aunque las autoridades nunca lo reconocieron, en el año 2022 se distribuyeron sus funciones entre otras instancias. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por Naciones Unidas, afirma que las funciones, los mandos y personal de las FAES pasaron a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).
El investigador Keymer Ávila, de la Universidad Central de Venezuela, denuncia que se han registrado, desde 2016, 14,500 casos de muertes por intervención de los cuerpos de seguridad. Semejante violencia de Estado y el colapso económico, que habría generado en otros países expresiones masivas de descontento, dieron lugar a una de las peores oleadas de migración forzada experimentadas en la región.
Roberto Briceño León, del Observatorio Venezolano de Violencia, afirma que emigraron 4 millones de jóvenes del país, entre los que se marcharon integrantes de bandas delictivas. Luis Izquiel, experto en criminología de la Universidad Central de Venezuela, señala que las bandas relativamente pequeñas que quedaron en el territorio rinden cuentas a grandes grupos criminales organizados, con poder sobre extensos territorios: “La prevalencia de las grandes organizaciones criminales hace que haya menos disputas entre bandas y baje el número de muertes. En los territorios que controlan, estos grupos imponen una especie de paz delictiva”.
En Venezuela no ha habido una política de seguridad ciudadana planificada y racional, sino un ataque frontal a los sectores pobres con el fin de preservar el poder del gobierno de Maduro. La disminución del número de homicidios es una consecuencia colateral.
La violencia de Estado contra las barriadas populares ya no es como en años anteriores. Marino Alvarado, miembro de PROVEA consultado para este artículo, reconoce dos razones para ello: en primer lugar, la presión de los organismos internacionales, especialmente la investigación de la Corte Penal Internacional respecto a crímenes de lesa humanidad; y, en segundo lugar, el cambio del patrón represivo de intervenciones masivas a operaciones selectivas, pero emblemáticas, sobre políticos, activistas y periodistas.
La trayectoria seguida por los cuerpos de seguridad y defensa del Estado venezolano demuestra que una política de seguridad ciudadana, en un contexto no democrático, puede ser usada para el control e inhibición de los sectores populares, empujados entonces a la migración o a sobrevivir sin protestar. Aunque los operativos en los barrios ya no constituyan la punta de lanza de la represión gubernamental, el daño está hecho. ~
- El Estado venezolano no publica cifras oficiales de delitos. PROVEA. (2013). Derecho a la seguridad ciudadana. Informe Anual Derechos civiles y políticos enero-diciembre 2013. ↩︎
Sociólogo. Coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Accion en Derechos Humanos (Provea).
